Difusión Cencos México D.F., 24 de mayo de 2010
 
Boletín de pensa
Observatorio de política social y derechos humanos
 
Cada tres meses el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
publica los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). A
través de los datos de la ENOE se pueden conocer los cambios que se están
dando en el corto plazo en el mercado de trabajo. Por ejemplo, durante 2008 y
2009 la ENOE sirvió para observar trimestralmente los impactos que estaba
teniendo la crisis económica en la dinámica del empleo en México.
 
Los datos de los últimos meses de la actividad económica muestran que el
país ha comenzado a salir de la crisis en la que estuvo sumergido. El mercado
de trabajo también se verá beneficiado de estos síntomas de reactivación
económica. Los datos de la ENOE del primer trimestre de 2010 muestran una
disminución en la tasa de desocupación y en la tasa de ocupación parcial y
desocupación. Ambas tasas reflejan que la población interesada en trabajar ha
comenzado a encontrar empleos. Evidentemente, estos indicadores son generales y
se debe de revisar otros como los ingresos promedio, la composición de la
población ocupada según nivel de salarios mínimos recibidos, la tasa de
ocupación en el sector informal, entre otros.
 
La crisis económica reciente centró las miradas en las variaciones del corto
plazo del mercado de trabajo. Ahora que parece que todo está volviendo a la
normalidad conviene revisar, más allá de la crisis, qué ha pasado en los
últimos 10 años en el mercado laboral mexicano.
 
El uso de series armonizadas de INEGI permite hacer comparaciones sobre algunos
indicadores del mercado de trabajo en México. En el año 2000 la población
económicamente activa tenía una escolaridad promedio de 8.2 años, diez años
después el promedio es de 9.2. Es decir, existe una fuerza laboral que ha
pasado más años en la escuela y que, por tanto, presumiblemente está más
capacitada. En el 2000, 38 millones de mexicanas y mexicanos se encontraban
trabajando. Diez años después, la cifra ascendió a 43.6.
 
En materia salarial, el 15% del total de la población ocupada ganaba hasta un
salario mínimo en el 2000, para el año 2010 el porcentaje se sitúa en 13%. En
el siguiente estrato de ingresos, en el año 2000, 27 de cada 100 personas
ocupadas ganaba más de un salario mínimo y hasta dos salarios mínimos. Diez
años después la relación es de 24 de cada 100. En las escalas de ingresos
laborales medios, 34 de cada 100 personas ocupadas ganaban en el 2000 más de
dos salarios mínimos y hasta 5 salarios mínimos. En el 2010 la relación es de
38 de cada 100. Finalmente, en la escala salarial más alta, en el 2000, 11% de
las personas ocupadas ganaban más de 5 salarios mínimos, para el 2010 el
porcentaje se redujo a 9%.
 
Algunas conclusiones de esas cifras son las siguientes: en el periodo 2000 y
2010 disminuyó la proporción de personas que tenían ingresos laborales
precarios, aumentó el porcentaje de personas que tiene ingresos laborales
medios y se redujo la proporción de personas que ganaba más de 5 salarios
mínimos. Esto pese a ser correcto tiene algunas imprecisiones. Uno de los
hechos más significativos es que en el 2000, 4.3 millones de personas ganaban
más de 5 salarios mínimos y que diez años más tarde la cifra se redujo a 3.8
millones. Otro hecho interesante es que en absolutos no disminuyó el número de
personas que gana hasta un salario mínimo: en el 2000 eran 5.7 millones y en
2010 son 5.8 millones.
 
Los números absolutos indican que el crecimiento de la proporción de personas
ocupadas con ingresos medios ha crecido por la disminución de personas con
altos ingresos. Esto quiere decir que en 10 años el desempeño económico del
país fue insuficiente para ajustar a la alza los ingresos por trabajo de la
población.
 
Más allá de los ingresos, las condiciones laborales son un determinante del
nivel de vida de los trabajadores y de sus familias. El porcentaje de la
población ocupada con acceso a instituciones de salud en 2010 es idéntico al
de 2000: 35%. En absolutos, en el 2000, 25.5 millones de personas ocupadas no
tenían acceso a instituciones de salud, diez años después la cifra creció a
28 millones.
 
Dentro de la población ocupada, los trabajadores subordinados y remunerados
son aquellos que se contratan con un patrón bajo condiciones relativamente
formales (contrato con plazos determinados, mínimos de seguridad social, etc.).
Por tanto, se esperaría que estas personas tuvieran un mayor acceso a
prestaciones a través del empleo. En México, en el año 2000, de los 24.3
millones de trabajadores subordinados y remunerados, el 58% tenían
prestaciones. Para el año 2010, el porcentaje aumentó a 60%. Sin duda, son
porcentajes bajos para lo que en teoría impondría como estándar de
contratación un empleo subordinado y remunerado.
 
La política social guarda una relación estrecha con la económica.
Actualmente esta relación no es horizontal. El argumento es que empleos de
calidad permitirán a las personas satisfacer sus necesidades básicas. De esta
manera, si el empleo falla, la política social reacciona. El problema radica en
que en los últimos 10 años el empleo se ha convertido en una falla permanente,
una grieta estructural que impide a las personas acceder con libertad a
alimentos, educación, viviendas dignas, vestido, calzado, transporte y demás
bienes y servicios sociales.
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