México: Atacan a reportera en Oaxaca como “mensaje del gobernador”

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México: Atacan a reportera en Oaxaca como “mensaje del gobernador”

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Nadia Altamirano Díaz (CIMAC)

La agresión a la reportera Rebeca Luna, ocurrida el viernes pasado en esta ciudad, se suma a los 39 casos documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la entidad, que se coloca en el segundo lugar a nivel nacional, en agresiones contra integrantes de los medios de comunicación, sólo después del Distrito Federal.

La reportera de un diario local, corresponsal de Enfoque Radio Mil México y el portal local Bbmnoticias, narró que el viernes a las 9:00 de la mañana fue atacada por un hombre que estaba dentro de un automóvil tipo tsuru, color blanco, sin placas y con los vidrios polarizados:
“Iba llegando a casa de mi mamá y antes de llegar a una esquina vi el tsuru blanco. Del asiento del copiloto salió un sujeto que trató de obligarme a subir a la parte de atrás del vehículo”, forcejeamos, me pegó en el rostro quizá con la puerta del carro y me aventó al suelo: alcancé a escuchar que dijo “este es un mensaje del gobernador”.
Por temor, no le dijo nada a nadie, se puso una venda en el brazo y el sábado por la mañana empezó a recibir llamadas a su celular, la voz de un hombre le preguntaba “¿Te gustó el saludito que te mandó el gobernador?”. Entonces se decidió a presentar la denuncia.
El agente del Ministerio Público, el indicó que requería una valoración médica y acudió a la delegación de la Cruz Roja, donde fue hospitalizada.
Presenta una luxación de segundo grado en el brazo izquierdo y alteraciones metabólicas por una crisis nerviosa, hipertensión arterial e hiperglicemia. En el rostro tiene un golpe en el ojo izquierdo. El cuello lo tiene inmovilizado.
Entrevistada en el hospital, donde espera que un traumatólogo y el médico internista la den de alta, la comunicadora consideró que “estamos en un vacío de poder y que alguien se quiere aprovechar”.
Vía telefónica el gobernador Ulises Ruiz le aseguró a Rebeca que “van a detener a los dos sujetos”; la titular de la PGJE, María de la Luz Candelaria Chiñas, le dijo que se van a realizar todas las investigaciones y en una entrevista colectiva, el gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, condenó estos hechos que “no pueden seguir sucediendo”.
En abril del 2009, la reportera Rebeca Luna, quien realiza investigaciones, la mayoría policíacas y de política, también fue atacada por dos hombres que iban en una motocicleta. Le rompieron los vidrios del auto y sustrajeron la computadora portátil, el hecho sigue impune.
Insegura, impotente, con coraje y también temor, la reportera se muestra desalentada por la falta de justicia y subraya las condiciones laborales de quienes están en los medios de comunicación: “No cuento con seguridad social, nadie te respalda”.
La Comisión para la defensa de los derechos humanos de Oaxaca, inició un expediente de queja y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) una averiguación, sin embargo ella duda que realmente se detenga a los responsables.
Del 2005 a la fecha, CIMAC ha documentado 36 agresiones a mujeres periodistas, el 20 por ciento de los casos han ocurrido en Oaxaca, incluidos los asesinatos de las locutoras triquis Felicitas Martínez y Teresa Bautista, así como el caso de Ixtli Martínez, quien fue baleada cuando cumplía con su trabajo.

Tras la intervención de legisladores, Rebeca Luna aceptó ser atendida en un hospital privado. Los gastos serán absorbidos por la Secretaría de Salud local.

Ecuador: Pedro Páez Pérez, “Hay que consolidar en América Latina nuevas lógicas económicas para lograr un modelo alternativo de desarrollo”

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miércoles 24 de noviembre de 2010

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Fernando Arellano Ortiz (CRONICON, especial para ARGENPRESS.info)

“La del sistema del capitalismo es una crisis de un modo de vida que está colapsando y lo que está en juego es el sujeto histórico, la capacidad de reaccionar, por ello es necesario poner en marcha otras lógicas económicas para darle sustento a un nuevo tipo de relaciones humanas, así como a otro tipo de modos de producción”. La reflexión es del economista Pedro Páez Pérez, director de la Comisión Técnica Presidencial del Ecuador para la Nueva Arquitectura Financiera y embajador plenipotenciario del primer mandatario Rafael Correa en esta temática.

Páez Pérez lidera dicha comisión que viene formulando una serie de recomendaciones y reformas en el plano socioeconómico en su país, así como impulsa mecanismos de integración regional financiera que permita construir un modelo de desarrollo alternativo y sustentable.
Considera que en América Latina están dadas las circunstancias para enfrentar la crisis capitalista mediante una nueva arquitectura financiera internacional, porque lo que se observa hoy en día es que “hay un desmadre generalizado de los mecanismos de la economía del mercado, así como un problema de coherencia de producción y de consumo”.
“La institucionalidad internacional –señala- ha evidenciado que aún vivimos un mundo unipolar con el fracaso de la Cumbre sobre cambio climático en Copenhague, razón por la cual las naciones latinoamericanas deben concretar una agenda regional para avanzar hacia un mundo multipolar”.
Advierte desde su experiencia internacional que la “salida” (entre comillas) a la actual crisis económica “la están trabajando desde las esferas especulativas vinculadas en relación de socio-rival con el complejo industrial militar, quienes han impulsado el proceso de reformas del fundamentalismo del mercado y la respuesta a los problemas de rentabilidad del capital durante las últimas décadas, en una red de complicidades y lealtades con fuerte presencia en todo el mundo, lo que ha ocasionado que esté amenazada no sólo la vida, sino también la dignidad de la humanidad”.
Por eso su conclusión es perentoria: “hoy, no se puede salir de la crisis del capitalismo sino salimos al mismo tiempo del capitalismo en crisis”.
Nueva Arquitectura Financiera Regional
Desde el Gobierno del Ecuador, Páez Pérez viene trabajando por lograr una integración entre los países latinoamericanos que posibilite en el corto y mediano plazo generar una nueva arquitectura financiera regional.
Los pilares básicos de esta propuesta, explica, incluyen:
Una banca de desarrollo de nuevo tipo, como la iniciativa del Banco del Sur, con un conjunto de nuevas prioridades en materia de alimentación, energía, cuidado de la salud, ciencia y tecnología, conectividad física, financiamiento de la economía popular y nuevas prácticas bancarias.
Una banca central alternativa, comenzando por la conexión directa, en red regional, de los bancos centrales, enlazados a sistemas de compensación de pagos, mercados virtuales de liquidez, sistemas multilaterales de créditos recíprocos, facilidades de emergencia de balanza de pagos, caja fiscal, y un fondo común de reservas regional.
El desarrollo de un espacio monetario común, incluyendo la emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG) regionales en el marco de convenios de compensación de pagos como la experiencia del SUCRE dentro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos (ALBA).
Bloquear la restauración del poder de chantaje de la vieja arquitectura financiera, pues el FMI ha dado más créditos desde la explosión de la crisis que en toda la década previa, y espera aún mayores aportes.
Crear espacios para la política fiscal. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), por ejemplo, ha sugerido una moratoria inmediata de la deuda externa que debe ser combinada con la generalización de procesos de auditoría que podrían aprender críticamente de la experiencia ecuatoriana articulándose a la formación de un Tribunal Internacional de Arbitraje.
Bloquear con medidas efectivas la ofensiva de los especuladores a nivel mundial.
Para evitar retaliaciones políticas y sabotajes económicos a los procesos democráticos, es necesario impulsar una definición pronta y universal de controles de capitales y un impuesto a través de la denominada Tasa Tobin.
Por un modelo económico alternativo
En esta entrevista con el Observatorio Sociopolítico Latinoamericano, Pérez Páez ahonda sus conceptos en torno del modelo económico alternativo por el que viene trabajando, y explica en qué estado se encuentra el proceso de concreción del Banco del Sur.
Este asesor presidencial con rango de embajador, es Ph.D y M.Sc. en Economía por la Universidad de Texas, Máster en Desarrollo y Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fue profesor visitante de la Universidad de Utah, y del Instituto de Altos Estudios de América Latina IHEAL- Université Paris III, Sorbonne Nouvelle, Francia en la Cátedra Simón Bolívar, así como también de la Facultad de Economía de la Escuela Superior Politécnica del Litoral de Guayaquil.
Durante la actual administración del presidente Rafael Correa también se ha desempeñado como Viceministro de Economía y como Ministro Coordinador de Política Económica.
- ¿En qué va el proceso de la puesta en marcha del Banco del Sur?
- Ya está firmado el acuerdo por los siete presidentes de los países miembros y estamos esperando la ratificación de los congresos, pero hay una propuesta que estamos impulsando desde el Ecuador y consiste en que el Banco del Sur pueda comenzar a través de un mecanismo de fideicomiso, lo cual permite una serie de flexibilidades, como por ejemplo, la participación de naciones que no están involucradas en la negociación de este proyecto como la propia Colombia, o inclusive países extra UNASUR que podrían participar con una cláusula de compromiso. Es decir, que una vez se protocolice la institucionalidad del Banco del Sur y comience a operar, pasaría a funcionar teniendo en cuenta los compromisos adquiridos mediante ese fideicomiso. Temas como la construcción de una red de ferrocarriles en toda América Latina, la producción de medicamentos genéricos en todo el continente, el proyecto de soberanía de alimentaria, infraestructura energética, el desarrollo de las artes y de las ciencias, el proyecto de apoyo a la economía popular, a la producción de conocimiento a nivel continental, son elementos particularmente importantes para posibilitar e integrar otras fuerzas de países hermanos.
- ¿Es decir se abre la posibilidad de ampliar la participación accionaria?
- Así es. El convenio constitutivo define un capital autorizado de 20 mil millones de dólares, pero el capital suscrito es solamente de siete mil millones. Primero porque se espera que de los siete países actualmente participantes: Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil, Paraguay y Uruguay, se pase, al menos, a los 12 países de UNASUR. Pero además se intenta que haya distintos tipos de socios. Los países miembros de UNASUR son socios de tipo A, pero hay categorías tipo B y C, que incluyen la posibilidad de que organismos financieros internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), y otras instituciones de desarrollo en la región puedan participar a título individual.
- El presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), Eric Toussaint, sostiene que un obstáculo para la concreción del Banco del Sur es Brasil. ¿Usted qué opina?
- Creo que hay un proceso de negociación muy difícil, las fuerzas del pasado son muy fuertes, hay una inercia que es necesario vencer, pero con la movilización, la discusión, el debate, porque aquí nadie tiene el monopolio de la verdad, es posible generar otro tipo de condiciones para que todos estos proyectos se hagan realidad.
- ¿Cuál es el espíritu alternativo del proyectado Banco del Sur?
- El Banco del Sur es una propuesta centrada en la transformación de la banca de desarrollo. La idea es contar con una institución que permita convocar al resto de los bancos de desarrollo ya existentes en el continente. Hay más de 100 instituciones, entre bancos regionales, subregionales, nacionales y subnacionales. El problema es que muchos de ellos perdieron el norte, y entonces hay que darles el sur. Hay que instituir un Banco del Sur que se replantee prioridades con otras formas de funcionamiento, que revalorice el papel y las funciones de las monedas nacionales y regionales. Y con otro tipo de prácticas bancarias que, desde el ejemplo, vaya sentando las pautas de lo que debe ser la banca de desarrollo de nuevo tipo necesaria para construir un modelo alternativo.
- En el proceso de integración financiera regional se ha logrado concretar por algunos países el Sistema Único de Compensación Regional (Sucre). ¿En qué consiste?
- El Sucre es básicamente una tarjeta de crédito que los bancos centrales se abren unos a otros. Básicamente empieza con eso. Es una herramienta que podría funcionar a la perfección en torno de la cuestión de los multiplicadores cruzados. Un sistema de crédito recíproco de los bancos centrales para financiar y promover exportaciones en circunstancias en que, además, existen problemas en el comercio internacional y su financiamiento. El diseño del Sucre es gradual. Puede empezar con lo mínimo e ir creciendo, como una tarjeta de crédito. Su crecimiento en el tiempo puede ir generando más y más funciones de defensa de las monedas nacionales. A diferencia del euro, el Sucre posibilita las condiciones, el paraguas que ampara una recuperación de las funciones y las propiedades de las monedas regionales y medios de pago alternativos, inclusive en el nivel territorial.
- Tras el periodo neoliberal que proclamó la “independencia” de los bancos centrales y cuya experiencia ha sido negativa, ¿cuál es su visión respecto del rol que deben cumplir estas instituciones?
- La banca central tiene que superar el dogmatismo neoliberal de los últimos años y reconocer que puede ser incluso autónoma pero no extraterritorial. La banca central forma parte de nuestros países, tiene una responsabilidad con nuestras naciones. En ese sentido, debe ser muy proactiva en términos de dar respuestas a los retos gigantescos que plantea la crisis. Esta es una crisis de nuevo tipo, nueva en su ferocidad, en su profundidad, en las dimensiones cuestionadoras de aquello que se asumía desde el pensamiento único en las últimas décadas. Los bancos centrales están muy imbuidos de ese asunto. Creo que hay que partir del análisis concreto de la situación concreta. ¿Cómo va a lograrse un funcionamiento más eficiente, más transparente, más ágil, más oportuno, que permita a nuestros países defenderse frente a la crisis? Por ejemplo, las posibilidades de ataques especulativos contra las monedas nacionales, contra las reservas monetarias, con corridas bancarias, con la construcción artificial de escasez y carestías, de acaparamiento. La cuestión del lavado, de la volatilidad en el manejo de capitales. Todo esto requiere respuestas concretas y no desde el dogmatismo ideológico. ¿Por qué tienen que ser tabú los controles de capitales? Hoy los bancos centrales tienen plataformas informáticas absolutamente homologadas. No hay ninguna dificultad para que estén conectados directamente unos con otros, sin necesidad de pasar por el SWIFT (Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales).
- Usted ha advertido que la financiarización especulativa no sólo es parásita sino que va a ser autodestructiva del sistema capitalista, ¿por qué?
- No en el futuro, ya lo es, porque hoy por hoy está socavando las bases fundamentales del funcionamiento del mercado, por ejemplo, al destruir los fundamentos de la propiedad privada con el tema del short-selling, mecanismo que permite a ciertos especuladores vender cosas que no tienen, o con el hecho de que se venden en papel riquezas que no existen, o porque a través de los títulos sintéticos estructurados se está separando el proceso de generación de una deuda y su proceso de cobro, produciendo una incertidumbre y una maraña en los derechos de propiedad y en los reclamos sobre una riqueza que es muy inferior al monto de títulos valores que están circulando en el sistema. Si a eso sumamos la distorsión de los mecanismos de formación de precios relativos, la cada vez más patente insolvencia estructural del sistema financiero, y por tanto la destrucción, la desintegración de los sistemas de crédito, los sistemas de confianza en la relación proveedor-cliente, en la relación de abastecimiento de los circuitos de valorización que ya tienen una dimensión planetaria, pues estamos viendo que el peligro latente es enorme y por tanto hace falta que haya iniciativas muy serias y rigurosas de parte de los pueblos para recuperar y garantizar la coherencia en la producción y el consumo.
- Uno de los grandes retos que usted ha planteado para consolidar el proceso de cambios que se viene dando en buena parte de América Latina es la movilización social y la irrupción de nuevas fuerzas políticas. ¿Hay una reconfiguración del sujeto político en la región?

- Sí, pero yo creo que no hay que esperar con los brazos cruzados que eso pase, porque es responsabilidad de todos, aquí todo el mundo cuenta, es necesario replantearnos el tema del sujeto histórico, todos podemos hacer la diferencia. Esta es un bifurcación civilizatoria e histórica que puede dar lugar a una degradación de la civilización que es el proyecto que están llevando a cabo las fuerzas del poder oligopólico, especulativo, guerrerista que están controlando los acontecimientos, o puede darse la posibilidad de una salida más democrática, humanista que se fundamente en otro tipo de relaciones sociales y humanas, y de eso tenemos que encargarnos cada uno de nosotros, no es posible que nadie nos dé haciendo las cosas, la historia la tenemos que hacer nosotros mismos: individuo por individuo, colectivo por colectivo, país por país.

La triada golpista ya no es tan poderosa

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miércoles 24 de noviembre de 2010

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Manuel E. Yepe (especial para ARGENPRESS.info)

La repudiada triada oligarquía-militares-embajada americana que por tanto tiempo ha ejercido dominio sobre las naciones de Latinoamérica luego de haber conquistado éstas su independencia de España hace dos siglos, no ha cesado como realidad ni como inminente peligro en este hemisferio; pero ya no es invencible.

El golpismo tiene hondas raíces, tanto en Latinoamericana como en la política de dominación hemisférica de Estados Unidos.
Juega un papel sobresaliente en la cadena de intervenciones y agresiones de Estados Unidos contra América Latina y el Caribe que comenzó en 1822 cuando Washington decretó que la región era su esfera de influencia. Tal ambición quedo plasmada en la Doctrina Monroe, promulgada en 1823, según la cual las naciones que emergían a la independencia en Hispanoamérica serían territorio vedado a los apetitos imperiales europeos y espacio natural de influencia estadounidense.
Poco después enunciaron el principio del Destino Manifiesto y lanzaron la guerra de 1848 contra México, al que despojaron de los territorios de los actuales estados de California y Nuevo México.
En 1898, la voladura del acorazado estadounidense Maine en puerto habanero -acción considerada por muchos historiadores una autoagresión-, fue el pretexto para entrar en guerra contra España, con la vista puesta en la conquista de sus territorios coloniales remanentes: Filipinas, Hawai, Puerto Rico y Cuba.
En el curso de las siguientes tres décadas, Estados Unidos invadió treinta y cuatro veces a los países de la cuenca del Caribe y ocupó a México, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Haití, Cuba, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. La fuerte competencia británica, por su presencia comercial, financiera y de infraestructura, impidió a Washington extender entonces su penetración imperial a América del Sur.
Al llegar a la Casa Blanca Franklin Delano Roosevelt a inicios de la década de los años treinta, en medio de una muy profunda depresión económica, con el prestigio estadounidense afectado por su sucia campaña contra Augusto Cesar Sandino en Nicaragua y con un fuerte movimiento nacionalista latinoamericano incitado por la Revolución Mexicana, Estados Unidos proclamó la “política del buen vecino”.
Washington anunció una estrategia de no intervención en Latinoamérica y retiró las fuerzas de ocupación en el Caribe.
Al concluir la II Guerra Mundial con Estados Unidos como su máximo beneficiario frente a la enorme devastación que dejó tanto en el resto de los vencedores como en los vencidos, se inició la Guerra Fría, que conformó un mundo bipolar con América Latina como retaguardia de la superpotencia norteamericana.
Sobrevino entonces un período en el que América Latina se debatió entre la obediencia y la rebeldía reprimida con invasiones o acciones intervencionistas militares directas o encubiertas contra Guatemala (1954, 1966-67), Panamá (1958, 1964, 1989), Cuba (1961, 1962), República Dominicana (1965-66), Chile (1973), El Salvador (1981-92), Granada (1983-84), Honduras (1984), Bolivia (1986), Nicaragua (1981-90) y Haití (1994).
Luego vendría una guerra secreta contra el independentismo que se extendía por la región. La Operación Cóndor fue un vasto operativo de inteligencia y coordinación de los servicios de seguridad de los regímenes militares en Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia impulsado y patrocinado por la CIA.
Cóndor constituyó, de hecho, una organización clandestina internacional para practicar el terrorismo de Estado contra los movimientos populares de Latinoamérica. En casi todos los países suramericanos, dejó miles de asesinatos, torturados, desaparecidos y otras fechorías ejecutadas por intermedio de las fuerzas militares locales, entrenadas y orientadas por asesores estadounidenses.
Cuando, finalizada la Guerra Fría, el Consenso de Washington decretó la sustitución de la dominación autoritaria por la hegemonía económica, se planteó dentro de la superpotencia una confrontación entre una corriente que pretendía imponerse mediante sutilezas en el terreno económico y otra que exigía el ejercicio del poder imperial sin equívocos ni consentimientos.
De ahí que no cesaran los métodos violentos para derrocar a los desobedientes. Tentativas golpistas han habido en Venezuela (2002), Bolivia (2008), Honduras (2009) y Ecuador (2010). Todas contra países que viven procesos de transformación económica y social con fuerte apoyo popular, unidos por su integración al ALBA.
Solo que, a diferencia de los tradicionales golpes de la triada que solo hallaban resistencia más o menos dispersa de núcleos de obreros, campesinos y estudiantes desarmados que pagaban con sus vidas la osadía o resultaban apresados, golpeados y torturados, ahora han encontrado pueblos alertas y con un mayor nivel de organización para la auto-defensa. Solo en Honduras el imperio logró sus fines y, aún allí, no ha podido obtener un reconocimiento pleno de los golpistas y ha debido soportar un alto costo político.

Nadie puede dudar que América Latina haya cambiado. Ya la triada oligárquico-militar-hegemónica no parece tan poderosa ni tan omnipresente… y los pueblos mas alertas para la defensa de sus soberanías.

Sobre ejércitos y policías en Latinoamérica: ¿Quién dijo que las empresas públicas son ineficientes?

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miércoles 24 de noviembre de 2010

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Marcelo Colussi (especial para ARGENPRESS.info)
El escándalo de la Inquisición no hizo que los cristianos
abandonaran los valores y las propuestas del Evangelio. Del mismo
modo, el fracaso del socialismo en el este europeo no debe inducir a
descartar el socialismo del horizonte de la historia humana.
Frei Betto
Desde hace unos cuantos años ya pasó a ser común el prejuicio por el que consideramos de excelente calidad todo lo que sea iniciativa privada, mientras que vemos como malo, corrupto e ineficiente todo lo que sea público. Por supuesto que, como todo prejuicio, exagera determinadas características, generalizando indebidamente sin ningún criterio crítico. Lo cierto es que, una vez puestos a circular, esos prejuicios son muy difíciles, cuando no imposibles, de contrarrestar. No cabe ninguna duda entonces que, hoy por hoy, a nivel global hablar de lo público pasó a ser sinónimo de ineficiencia y corrupción.

 

Ahora bien: ¿de dónde sale ese mito? Definitivamente va de la mano del triunfo omnímodo del capital transnacional que tiene lugar en estas últimas décadas, tras la caída del muro de Berlín y la extinción del campo socialista soviético. Allí se entroniza el mito de la eficiencia de la empresa privada: la globalización de la que comienza a hablarse es la del capital triunfador sin enemigos que le hagan sombra. Más allá que sea eficiente para ganar dinero y no otra cosa, el mito que se ha entronizado y repetido hasta el hartazgo es que lo privado trabaja mejor que la iniciativa pública, no desperdicia, no derrocha, busca la calidad fundamentalmente eliminando el burocratismo y la pérdida de tiempo, es hiper productivo. Es, para decirlo con términos a la moda: “competitivo”. En definitiva: es un ganador exitoso sobre el perdedor decadente que representa lo estatal.
Sin dudas eso es mito, relato novelado, porque en lo que sí es eficiente sin ninguna duda es en lo primero: en ganar dinero. Lo demás: no cuenta. Si para obtener ganancias tiene que explotar el trabajo de miles y miles de trabajadores o destruir la naturaleza, ello es apenas una consecuencia colateral. Desde la lógica del lucro, eso no se ve como pérdida. La obtención de ganancias lo justifica todo. Luego se encargará la mentira mediática de arreglar las cosas. ¿Pero quién podría tomar en serio la eficiencia de la empresa privada cuando ella tiene como premisa la catástrofe medioambiental en curso? ¿Por qué seguir repitiendo tamaña estupidez?
Sin dudas que lo estatal, lo público, puede ser ineficiente, pesado y burocrático; ejemplos al respecto sobran, por supuesto. Un análisis sopesado, crítico y veraz del fenómeno nos muestra que todavía estamos muy lejos del mundo de “productores libres asociados” que soñaron los fundadores de socialismo hace 150 años; en todo caso, la mediocridad dominante en la cotidianeidad del campo de lo público nos pone más cerca aún de la pesadilla kafkiana que describía el autor checoslovaco a principios del siglo XX en algunas de sus célebres novelas que de un mecanismo ágil, dinámico y eficiente. La visión estereotipada del empleado público como haragán, siempre listo para el soborno, poco creativo y conservador, lamentablemente en muy buena medida es una realidad. Si en la pantalla de la computadora el nombre de la persona de carne y hueso que consulta aparece como “muerto”, lo más probable es que el empleado tras la ventanilla le insista al vivo que reclama que “usted está muerto”…, y lo manda a hacer fila en otra ventanilla.
¿Quién en Latinoamérica no ha sufrido en carne propia este tipo de cosas, estos abusos y mediocridades? El clima kafkiano no es una pura ensoñación literaria: es una cruda realidad de cualquier oficina pública. Pero con objetividad hay que decir que entre los dos modelos, lo público al menos tiene la intención de beneficiar al colectivo; la empresa privada sólo beneficia a sus dueños, lo cual ya marca un límite insalvable. Aquello de que “usted no es un cliente, ¡es un amigo!” no puede pasar de burda manipulación mercadológica; en el momento en que el tal “amigo” no paga, inmediatamente deja de ser amistoso y pasa a ser deudor. Y si es necesario embargarlo, se lo hace sin miramientos. En la lógica mercantil no hay amigos ni solidaridad: hay fríos intereses. ¡Y punto!, más allá de las banalidades publicitarias. El Estado, aunque deficientemente, intenta al menos ser un regulador social para la totalidad de la población.
Ahora bien: el Estado de bienestar keynesiano que dominó buena parte del siglo pasado ha salido de escena, siendo reemplazado por esta idea omnímoda de la liberalización absoluta del comercio y la entronización del individualismo triunfal. De esa cuenta, la libre empresa se presenta como figura principal, victoriosa, desplazando en el imaginario colectivo al Estado, quien va quedando reducido al papel de parásito bobalicón, torpe e ineficaz.
Pero ahí es donde se descubre la mentira en juego: la receta neoliberal nos ha tratado de convencer –lográndolo en muchos casos– de la inservibilidad de ese Estado, aunque la libre empresa siga necesitando imperiosamente de él. Ante la reciente crisis financiera que sacudió la economía mundial, en los Estados Unidos fue el Estado quien salió a asistir a las grandes empresas en bancarrota, como la General Motors o a los bancos arruinados. ¿Ahí sí fue eficiente el Estado? ¿Dónde quedó entonces toda la prédica antiestatista?
Pero si en algo puede verse la incongruencia, o más bien la hipocresía del doble discurso dominante del capitalismo, es en el campo de la seguridad (“seguridad”: eufemismo por decir: mantenimiento seguro de la propiedad privada de los grandes propietarios, valga aclarar. Porque de la seguridad de las grandes mayorías… ni hablar). Es allí, en el campo de esa sacrosanta “seguridad” donde el Estado sí juega un papel predominante. Lo juega a través de sus distintos cuerpos armados: ejército, aeronáutica militar, marina de guerra, policía, guardia de fronteras, etc. Aunque la seguridad vaya experimentando también a pasos agigantados el fenómeno de la privatización (agencias privadas de seguridad –el rubro que más creció en América Latina en estos últimos 10 años–, “contratistas” dentro de las Fuerzas Armadas como vemos en Estados Unidos), es el Estado quien lleva la voz cantante en la materia. ¿Podría decirse que en esto es ineficiente?
Cuando se trata de defender aquello para lo que están concebidos, los cuerpos armados de cualquier país no se equivocan, no son ineficientes, corruptos ni burocráticos. Lo cual demuestra –patéticamente, claro– que cuando el Estado tiene que funcionar, lo hace a las mil maravillas. Quizá no hay nada más elocuente del papel real del Estado que lo que ponen en juego los cuerpos armados: son la violencia de clase organizada, el aparato de defensa de los grandes propietarios.
Valga como muestra lo sucedido recientemente en Latinoamérica en décadas pasadas: cuando la protesta y la movilización populares crecieron dando paso incluso a expresiones de insurgencia armada, los distintos países sufrieron las peores guerras internas de su relativamente corta historia como naciones modernas. Los Estados, en representación y explícita defensa de las clases privilegiadas, reaccionaron brutalmente, y el continente entero se vio conmovido por feroces conflictos contrainsurgentes. El mensaje fue claro: ¡que nadie ose tocar lo que no se debe tocar! El mensaje fue tan brutal que se sigue perpetuando aún por varias generaciones. Si bien la guerra es siempre la negación misma del hecho civilizatorio, de la normal convivencia apegada a normas sociales, la forma de guerra contrainsurgente que adquirió en estas últimas décadas –Latinoamérica es la más monstruosa expresión de ello– presentó características peculiares, inéditas; si algo define estas estrategias de los Estados en su combate a las protestas de clase es su total y más absoluta deshumanización.
Entiéndase bien: las guerras nunca son “amorosas” precisamente; pero lo que vamos viendo en estos últimos años, no como circunstancia azarosa sino como doctrina militar fríamente concebida, académicamente pensada y de la que los Estados son el garante absoluto, es una guerra que ya no distingue entre enemigo y población no combatiente, una guerra que echa mano de los recursos más arteros que anteriores instrumentos jurídicos internacionales (las Convenciones de Ginebra, por ejemplo) prohibían. Guerras, en definitivamente, que se fundamentan en ser “tramposas”, tortuosas, engañosas. Guerras “sucias”, básicamente.
Uno de sus principales ideólogos, el francés Roger Trinquier, a partir de la experiencia de la tristemente célebre guerra colonialista de Argelia que libró su país contra la nación africana y quien luego fuera retomado por la doctrina militar estadounidense transformando su enseñanza en la obligada escuela de toda la oficialidad latinoamericana en estas últimas décadas, enunció las tesis de la guerra moderna, o guerra sucia, amparada siempre en la impunidad de Estados contrainsurgentes y estructurada, sobre los siguientes ejes:
1. La clandestinidad: La represión se basa en el ocultamiento de los centros de detención, desaparición de personas y eliminación de los cuerpos. Uso de personal militar [y paramilitar] vestido de civil, formado en comandos y recorriendo de noche los centros urbanos en busca de víctimas o sospechosos.
2. La moralidad estrecha: La construcción de un “enemigo interno” bajo un marco moral tan rígido y reducido que posibilita la persecución de cualquier acto calificado como desviación o crítica política, y en consecuencia, cualquier desviación debe ser perseguida y eliminada.
3. La presión psicológica: Concepción por la cual la guerra se hace en todos los ámbitos de la vida social. Los espacios de la vida cotidiana pueden ser invadidos a través de una guerra psicológica que se transforma en una herramienta privilegiada. Se practica para “ganar los corazones y las mentes de quienes están siendo violentados”. Se desata una “guerra preventiva” que pretende influir sobre la “conciencia social”. Los medios de comunicación, en esa lógica, cobran una importancia decisiva.
4. La ilegalidad: Aunque no enunciado explícitamente, el modelo expone que “cuando el poder político está en peligro, los militares son los únicos que disponen de medios suficientes para establecer el orden y, en una situación de emergencia, la ley es un obstáculo”.
Es decir que los Estados, cuando se desenmascaran y tienen que cumplir su verdadero papel –defender a las clases dominantes– no son ineficientes en modo alguno. También lo podemos ver con el accionar de las policías o con los servicios de inteligencia: el control que ejercen sobre las poblaciones es perfecto, absoluto, totalmente funcional a su cometido institucional.
Dicho en otros términos finalmente: cuando hay voluntad de hacer las cosas, se hacen. Si la empleada pública, que indolente ante la fila de ciudadanos no deja de limarse las uñas y trabaja a media máquina, es forzada/estimulada/conducida a hacer eficientemente su tarea, sin dudas la puede hacer (la NASA es una empresa pública, y nadie pondría en discusión que funciona bien). Si hay una generalizada cultura de desidia, apatía y falta de compromiso en la esfera estatal, ello no es natural, producto irremediable de las acciones públicas; responde a un proyecto político. Nadie dijo que sea fácil cambiarlo, pero tampoco es imposible. La prueba más contundente son los cuerpos armados. Cuando el Estado tiene que funcionar, funciona, más allá que la implacable publicidad que padecemos desde hace años nos haya convencido que es irremediablemente un elefante en un bazar. En Latinoamérica, donde desgraciadamente se sabe mucho de golpes de Estado, dictaduras militares y climas de terror, ¿quién podría decir que las policías o los ejércitos no hacen bien su trabajo?
Esto nos lleva entonces a una nueva pregunta: si el Estado sí puede funcionar eficientemente, ¿qué hace que el policía o el militar cumplan a cabalidad su cometido institucional y esa empleada que poníamos como ejemplo –podría ser cualquier funcionario público en infinidad de circunstancias, por supuesto– no salga de su modorra y siga limándose las uñas impasible ante la fila de molestos usuarios? Desde una lectura liberal a ultranza podríamos decir que eso no sucede en la empresa privada por la sencilla razón que “el ojo del amo engorda el ganado”. En el ámbito de la iniciativa que busca el lucro no se puede permitir que algo “deje de dar ganancias”.
Hasta allí, todo encajaría con el mayor rigor lógico. Pero ¿qué hace que un torturador funcione bien, que los órganos de seguridad y vigilancia de la población controlen tan bien a las mayorías, que los ejércitos latinoamericanos estén siempre listos y operativos para los golpes de Estado, y no suceda lo mismo en otras dependencias públicas, siempre lentas, parsimoniosas, apáticas? ¿Dónde está la diferencia entre uno y otro agente público? Si ahondamos en los análisis, también se descubrirán ineficiencias, actos corruptos y mediocridades varias en los cuerpos de seguridad (distintos niveles de soborno, las “mordidas” y ese tipo de delincuencia “normalizada” son el pan nuestro de cada día en los países latinoamericanos cuando se trata de uniformados). ¿Por qué podemos decir entonces que son eficientes? Descartado el mito que la empresa privada es siempre eficiente y a prueba de errores (es eficiente para explotar la fuerza de trabajo, y los servicios que presta también pueden ser deplorables, no olvidarlo –ahí están las empresas telefónicas para recordárnoslo, por ejemplo–) insiste el interrogante: ¿qué hace que el policía o el militar sea implacable a la hora de controlar a las poblaciones? Se trata del mandato en juego. Es ahí, en su función de control, de panóptico, de vigía del statu quo, cuando se descubre lo que es verdaderamente el Estado. Para proveer servicios puede ser más o menos eficiente: en los países escandinavos, con presupuestos abultados, brinda respuestas más eficientes que en Latinoamérica; en nuestros países, su papel es más bien patético. Pero cuando se trata de defender el estado de cosas desde el mandato que imponen los grupos dominantes, ahí es donde se descubre su verdadera naturaleza. En eso no falla en ninguna latitud. Y aunque sus agentes sean igualmente corruptos y mediocres (¿acaso todos los policías serán incorruptibles defensores de la ley como nos muestran las banales películas de Hollywood?, o ¿todos los militares serán Rambos preparados para cualquier misión, a prueba de errores y sin flaquezas a la vista?), aunque los actores de carne y hueso en muchos casos no se diferencien del empleado público de cualquier ventanilla que nos desespera por su lentitud e ineficiencia, a la hora de cumplir con su misión institucional última no falla. Esa misión es, en definitiva, proteger la propiedad privada.

Lo cual muestra que nuestra sociedad planetaria está regida aún por esta categoría con una fuerza que nos sobredetermina implacablemente, que funda nuestras más profundas maneras de entender y relacionarnos con el mundo, que marca nuestra historia de un modo lapidario. De lo que se trata, entonces, es de emprenderla contra ese freno, contra esa barrera. El enemigo del pueblo no es directamente el uniformado que lo reprime: es aquello que él, sin saberlo, está defendiendo: la propiedad privada.

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