viernes 9 de septiembre de 2011

 

Guillermo Navarro Jiménez (especial para ARGENPRESS.info)

En el foro que sobre la regulación de la competencia empresarial en Ecuador y Latinoamérica, organizara la Pontificia Universidad Católica y la consultora Prófitas, realizado el día de ayer, miércoles 7 del mes y año en curso, ponentes y entrevistados han expuesto una serie de acotaciones al proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, las que merecen atención, sea por su falta de rigurosidad académica, por el desconocimiento del tema o por constituir simples expresiones en defensa de los intereses privados sobre los públicos. Examinemos cuáles son esas posiciones y las precisiones que ameritan.

1. El profesor Pablo Dávalos, según lo difunde el diario El Comercio habría afirmado: “Mis críticas van hacia la forma como se ha estado denominando a la ley. Esta no es antimonopolio porque de ninguna manera se busca restringir los monopolios en el país. El objetivo de la norma es diferente, es decir, busca regular las prácticas de abuso del poder del mercado, las que pueden afectar al consumidor. Lo que hace la ley es controlar las prácticas de los grupos que tienen una alta concentración” . Aseveración crítica totalmente pertinente respecto a la denominación utilizada por los medios de comunicación social y los gremios empresariales o empresarios en particular, los cuales, en el afán de crear una opinión pública adversa al proyecto de ley, hacen uso de tal incorrecta denominación, puesto que la que corresponde es Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Siendo esto así, la tesis del profesor Dávalos es totalmente adecuada, ya que a su conocimiento no escapa que en tanto el proyecto de ley opera a nivel de la política económica, el problema de la monopolización atiende la economía política, esto es que los dos temas se inscriben en niveles de abstracción totalmente diferentes, por lo que en tanto el proyecto hace a acciones volitivas, la monopolización lo es a la esencia, es consubstancial a la formación económica y social capitalista, por lo que, de ninguna manera, pueden inscribirse como sinónimos. Bien por la rigurosidad de Pablo Dávalos. Muy mal por los medios de comunicación social, quienes insisten en este desafuero.
2. La aseveración del profesor Dávalos, tiene un segundo componente con el cual hemos de discrepar. Efectivamente Pablo Dávalos afirma que: ” Esta no es antimonopolio porque de ninguna manera se busca restringir los monopolios en el país”. Aseveración que no se compadece del contenido del proyecto de Ley si estudiamos con atención lo establecido en la Sección 4 que trata, precisamente sobre la concentración económica. Artículos en los cuales se establece cuales son las operaciones de concentración económica que requerirán de una Resolución previa y obligatoria de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Resoluciones que deben negar las operaciones que posibiliten la creación de una posición de dominio del mercado o el fortalecimiento de posiciones existentes de dominio del mercado. La aseveración de Pablo Dávalos igualmente no procede si se analizan las reformas contenidas en las Disposición Vigésima Quinta, numerales 3, 4 y 5. O en la Disposición Vigésima Sexta. Disposiciones respecto a las cuales han manifestado su desacuerdo los gremios de empresarios, banqueros y medios de comunicación social, precisamente por la afectación que producirá a sus posiciones concentradoras y, en algunos casos, monopólicas.
3. El señor Pablo Dávila, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, en referencia al poder de mercado y dominio de mercado, sostiene: “A nuestro juicio los dos significan la misma cosa. Pero la distinción que plantea la ley confunde y crea un ámbito de posible discrecionalidad al aplicar la norma, lo que generará un ambiente de inseguridad”. Tesis, en este caso, totalmente errónea. Efectivamente, en tanto la posición de dominio del mercado dice al mayor o menor nivel de monopolización en un sector o actividad de producción o de servicios, el poder de mercado, si bien puede ser generado por ese grado de monopolización, no es única y exclusivamente dependiente de esta condición para ejercer su poder de mercado, el cual, en consecuencia, puede responder a una serie de condicionamientos, como por ejemplo el ser el único demandante, como lo establece el artículo 6 del proyecto de Ley. En consecuencia, el Presidente de la Cámara de Industrias y Producción, por el desconocimiento que manifiesta sobre el tema, debería abstenerse de referirse al mismo, sin un previo estudio de la materia que trata el proyecto de Ley. A meneos que sus expresiones tenga intenciones políticas relacionadas con la mantención del statu quo.
4. La representante de la Tribuna del Consumidor, María Troya, incurre en el mismo error del señor Pablo Dávila, al expresar que: “La Asamblea tiene que explicar de mejor forma el tema de poder de mercado y de posición de dominio. Ambos términos teóricamente existen, pero hay que aclarar si ambas cosas implican lo mismo o son diferentes. Además, hay que revisar mejor los elementos sobre el abuso del poder del mercado y de posición de dominio…”. La diferencia respecto a la posición del señor Dávila radica en que otorga el derecho a la duda si son o no iguales esos dos conceptos, lo que parece derivarse más de una falta de conocimiento del tema antes que a deficiencias en el contenido de la Ley. Circunstancia que debe preocupar a la Asamblea Nacional y al Ejecutivo, puesto que si quien representa a la Tribuna del Consumidor que ha venido operando desde años atrás no logra discernir los contenidos de la Ley, resulta imperativo desarrollar una campaña pedagógica de explicación conceptual, para un mejor entendimiento de la ciudadanía, lo que, adicionalmente, impedirá que se manipule a la opinión pública, como ya se atisba si se lee con atención las agendas informativas y la esfera de opinión de los medios de comunicación social.
5. Los medios de comunicación social, entre estos el diario El Comercio, igualmente atropella a la teoría económica cuando afirma: “El poder del mercado se define como la capacidad de una empresa para influir dentro de un mercado relevante, mientras que la posición de dominio significa, de acuerdo al Gobierno, el porcentaje del total de ventas de una empresa en el mercado relevante”. El error, en este caso, dice a confundir el indicador (venta de productos o prestación de servicios) con el concepto dominio de mercado. Efectivamente como en forma clara lo señala el proyecto de Ley en el artículo 2, último párrafo: “A efectos de la presente Ley, se entiende por volumen de negocios total de uno o varios operadores económicos, los importes resultantes de la venta de productos y de la prestación de servicios realizados por los mismos, durante el último ejercicio que corresponda a sus actividades ordinarias, previa deducción del impuesto sobre el valor agregado y de otros impuestos al consumidor final directamente relacionados con el negocio” . Ante errores como el mencionado, sería prudente que los medios revisen acuciosamente los temas que tratan, en cumplimiento de la norma de conducta, deontológica que exige, impone, difundir información veraz, verificada y objetiva.
6. El técnico peruano en competencia, Alejandro Falla ante la pregunta: ¿Cómo se garantiza que la autoridad que controlará los abusos de los monopolios no sea influenciada por intereses políticos o económicos? formulada por el diario El Comercio, responde: “Tiene que ser independiente. La Ley Antimonopolio es un instrumento con armas muy poderosas y un garrote muy fuerte que no puede ser puesto en manos de alguien que dependa de poderes políticos. Los estilos varían de país a país. En algunos casos hay entidades absolutamente autónomas, que incluso no dependen ni del Presupuesto del Estado”. Sin embargo de lo terminante de su afirmación a renglón seguido informa que en su país, Perú, la designación de los miembros de la Junta de Regulación la hace el Presidente de la República, lo que igualmente ocurre en Estados Unidos (con ratificación del Senado), que en Chile es el Banco Central el que evalúa a los cuatro miembros. Por cierto omite que en Europa este tipo de organismos dependen del Ejecutivo, por razones claras: se trata de regular y controlar a los operadores económicos privados y públicos, acción que sólo puede desarrollar la Función Ejecutiva, puesto que es esta instancia la que en el Ecuador, de acuerdo a la Constitución de la República, artículo 141, segundo párrafo corresponde: la rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales. Políticas de las que, innegablemente, formarán parte las establecidas en el proyecto de Ley en estudio.
7. El Asambleísta Rafael Dávila, de acuerdo a la información difundida por el diario El Comercio habría expresado una crítica al artículo 33 del proyecto, coincide, olvidando el contenido del artículo 141 de la Constitución antes citado, con el abogado Alejandro Falla, por lo que habría propuesto: “… que en lugar de la Junta se incluya un cuerpo colegiado, que también sea una instancia de apelación”. En este caso a más del desconocimiento manifiesto respecto a la disposición constitucional, y la facultad que se establece en el proyecto de ley para adoptar políticas públicas, vale preguntar al Asambleísta Dávila, cual es el cuerpo colegiado que constitucionalmente está autorizado para emitir políticas públicas. Pero más allá de ello, afirma que: “El tema se vuelve discrecional porque la autoridad reguladora deberá tener la sabiduría para saber cuándo una decisión empresarial atenta o no a la competencia”. Aseveración que resulta insostenible si se reconoce que las conductas que constituyen abusos de poder se hallan establecidas en forma explícita en el artículo 8 (26 casos), que los abusos de posición de dominio se exponen en el artículo 9 (4 casos), los acuerdos y prácticas restrictivas en el artículo 10 (20 casos), en tanto las operaciones de concentración económica se exponen en el artículo 13 (5 casos), y, las relacionadas con prácticas desleales en el artículo 25, lo que elimina el supuesto alto grado de discrecionalidad que el Asambleísta Dávila dice contener el proyecto de ley. Adicionalmente, vale recordar que la “sabiduría” a la que hace referencia el Asambleísta Dávila, deviene de la práctica que es común en el tipo de organismos de: investigar la veracidad de las denuncias que fueren puestas a su consideración, por lo que las decisiones del Superintendente son motivadas, claro está luego del proceso establecido en el Capitulo V, De los Procedimientos.

8. Por lo antes dicho y a forma de conclusión, hemos de mencionar que lo antes expuesto, no sólo tiene la intención de advertir sobre las deficiencias teóricas que luce la oposición y los medios de comunicación social. Tiene por objetivo advertir que este y otro tipo de eventos, que los pronunciamientos de los directivos de los gremios privados y de los intelectuales funcionales al poder económico y financiero, y la información claramente parcializada de los grandes medios de comunicación social, tienen un claro objetivo: conformar una opinión pública contraria a la aprobación del proyecto de Ley, en el objetivo de mantener inalterado el poder económico que detentan o al cual sirven; de impedir el avance de la transformación por la cual se ha manifestado y manifiesta mayoritariamente el pueblo ecuatoriano.

Publicado por ARGENPRESS

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