miércoles 15 de febrero de 2012

José Rigane (ACTA)

El desguace del Estado y la implementación de las políticas desreguladoras, llevadas a cabo desde hace tres décadas (y profundizadas en los 90), instauraron una transformación estructural del sistema energético.

Sin poder, el Estado no jugo ningún rol (salvo el de socio menor de las multinacionales), permitiendo, en el sector, la conformación de un oligopolio económico energético (que reemplazó al monopolio legal del Estado) que produjo y produce la depredación, en beneficio propio, de las reservas de gas y petróleo.
Muchos especialistas están llegando a la conclusión, ya advertida, de que Argentina, en tanto y en cuanto se mantenga inalterable el modelo energético instaurado desde la privatización de nuestros recursos y servicios públicos, va a necesitar, en poco tiempo, importar petróleo y gas. Esta es una de las certezas de que el modelo ha fracasado y provocado una crisis de carácter estructural.
El petróleo y el gas, que son un bien social, se convirtieron, en nuestro país, a partir de las privatizaciones, en una mercancía, quitándoles el status de recursos energéticos, por tratarse de recursos no renovables, y asimilándolos a los alimentos, zapatos o automotores. El que los posee los vende libremente y el día que se acaban lo van a sustituir por otros bienes o los buscaran en otros lugares.
Esta situación llevó a la Argentina a alcanzar su pico máximo de producción de hidrocarburos en 1998. Al respecto, el licenciado Gustavo Lahoud, de la Universidad del Salvador afirma que “se han propiciado medidas que, a la vez que permitieron la privatización en gran escala del sector energético nacional, establecieron criterios de gestión corporativos basados en políticas de “desregulación” masivas, simultaneas a la gradual desaparición del Estado como agente rector del proceso económico. Esta transformación provocó un daño mayúsculo a la estructura energética nacional”.
El INDEC, recientemente, informó sobre el nivel de producción Petrogasífera del país, llegando a la conclusión que, de acuerdo con su denominado “Indicador Sintético de Energía” (ISE), en el primer semestre de 2005 las producciones de petróleo y gas natural han registrado una disminución, para ambos caso, del 3,4 por ciento respecto de igual periodo del año anterior.
Esto sucede en nuestro país, mientras en el mundo se considera que el punto máximo de producción de hidrocarburos se registrará entre el 2005 y el 2010.
Ningún país, ninguna región puede planificar un proyecto económico, político y social si no tiene garantizada la energía. En el contexto mundial esto es determinante y estratégico. Quien se queda sin petróleo o gas, será un país que se volverá políticamente muy dependiente y sin posibilidades de desarrollo. En esta realidad, las dificultades para Argentina van a ser más graves que la propia deuda externa.
Si el gobierno no cambia de modelo energético y no para la exportación de gas y de crudo, del modo en la que hoy se realiza, no solo tendremos un grave problema de dependencia energética (necesitando importar gas de Bolivia, petróleo o derivado desde Venezuela, por ejemplo), sino que, además, vamos a seguir exportando trabajo, en un país con desocupación y pobreza.
Es necesario que el Estado adopte un rol diferente. Es indispensable la recuperación del patrimonio nacional a manos del pueblo. Se puede discutir el cómo, pero no se puede dejar de hacerlo.
ENARSA, una iniciativa política del gobierno actual, que se presentó como la posibilidad de que el país vuelva a tener una bandera nacional en el campo energético, hoy no actúa como lo debería hacer. Sino, ¿por qué no compró lo que Electricité de France vendió a Edenor?, ó ¿por qué no exige la aplicación de la Ley de Hidrocarburos que, en uno de sus considerandos, establece que “ninguna empresa pude tener más de 5 áreas en explotación de petróleo”, teniendo hoy Repsol más de 80.
Con las remesas de la rentabilidad energética estamos entregando (regalando), a valor del petróleo de hoy, 8 mil millones de dólares por año. Si tomamos en cuenta que desde la fecha de privatización del sector energético han pasado unos quince años, han salido del país cifras similares a las de la deuda externa.
Los países que cuentan con la posibilidad de poseer recursos energéticos, como la Argentina (que tiene petróleo, gas, agua, etc.), tienen la obligación de defenderlos con un criterio de bien social para garantizar el bienestar de sus pueblos.
El modelo energético fracasó, la crisis, que es del modelo, no se resuelve con subsidios para los grupos económicos responsables de la actual situación, no se soluciona con reprivatización. Solo se resuelve con bisturí, con voluntad política y convicción de transformar esta realidad de pobreza, indigencia y desocupación, distribuyendo la riqueza en función de los más necesitados. Para eso es imprescindible un Estado que recupere su rol rector de políticas activas y ponga mano en la recuperación del patrimonio nacional.

José Rigane es Secretario Adjunto de la CTA; Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA).

Publicado por ARGENPRESS

About these ads