228 emisión del 23 al 29 de mayo 2012

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Privatizan trasnacionales cooperación para desarrollo

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Sus donaciones les reditúan consumidores

 

Susana González G.
Periódico La Jornada
Domingo 27 de mayo de 2012, p. 24

Bajo la bandera de luchar contra la pobreza, las empresas trasnacionales privatizan la cooperación para el desarrollo al aprovechar sus donaciones para que las personas pobres que las reciben se conviertan en consumidores de sus productos, denuncia el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).

El panorama de la cooperación para el desarrollo se ha modificado durante la última década con el sector privado colocado como agente de desarrollo y se alinea con las políticas económicas e intereses comerciales de las compañías multinacionales, con el apoyo de los gobiernos de los países y organismos públicos internacionales, pero también de organismos no gubernamentales (ONG) que ven a las grandes empresas con sus aliadas, pasando de la confrontación al diálogo y de ahí a la colaboración, alertan Pedro Ramiro, coordinador de OMAL, y Miguel Romero, editor de la revista Viento del Sur, en la investigación Pobreza: empresas, estados y ONG ante la privatización de la cooperación al desarrollo.

La reducción de fondos en las agencias de cooperación propicia las alianzas público-privadas, mediante las cuales los corporativos y gobiernos donantes buscan orientar la cooperación para el desarrollo hacia sus intereses comerciales, precisan. La pobreza resulta así un negocio rentable para las grandes corporaciones.

Plantean que ONG deben cuestionarse si tiene sentido que se subvencionen con fondos públicos los intereses privados de las corporaciones trasnacionales. ¿Tiene lógica que compañías como Coca-Cola, Wal-Mart, BBVA, Repsol o Telefónica, acusados de haber cometido graves delitos contra los derechos humanos, ambientales, civiles o laborales, sean las encargadas de marcar la agenda de las políticas oficiales de desarrollo?, cuestionan.

México, cada vez más subordinado a EU

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A 164 años de firmado el primer tratado vigente entre México y Estados Unidos, la agenda diplomática bilateral se encuentra marcada por la “guerra” contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se han privilegiado los acuerdos en materia de seguridad; sin embargo los recientes operativos antinarco de agencias de seguridad estadunidenses ponen en tela de juicio la efectividad de la cooperación entre ambos países. “México es obediente ante los designios de Washington”, considera analista de política internacional. Agrega que con el panismo se profundizó la subordinación de la política exterior mexicana a los intereses de la Casa Blanca

Ruth Roque/Rogelio Velázquez
Setenta y un tratados bilaterales vigentes rigen la relación entre Estados Unidos y México. El primero, firmado el 2 de febrero de 1848, fue el Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, mejor conocido como el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, que le otorgaba a Estados Unidos más de la mitad del territorio mexicano y ponía fin a la guerra entre ambas naciones.
A partir de esa fecha, se han firmado 21 tratados en materia de comunicaciones; 12 para establecer los límites entre ambos países; 12 acerca de la cooperación jurídica; y ocho en cuestión del medio ambiente.
Además en materia de cooperación económica existen cinco tratados; sobre cooperación educativa y cultural, cuatro; respecto de cooperación técnica y científica se mantienen tres; en el rubro de derecho marítimo, dos, al igual que en materia de salud. Finalmente existe un tratado sobre derecho diplomático y consular, y otro más sobre solución de controversias.
México ha signado también 626 tratados multilaterales con otros países. De éstos sobresale el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, el 17 de diciembre de 1992, y puesto en marcha a partir del 1 de enero de 1994. Éste ha sido modificado, desde entonces, en seis ocasiones, la última en abril de 2008. Todos los cambios han ocurrido en sus anexos.
El analista de política internacional Juan Manuel Bueno Soria, en entrevista con Contralínea, ubica la entrada en vigor de dicho tratado como la fecha en que comienzan a privilegiarse las relaciones con Estados Unidos y se empiezan a abandonar las relaciones con otros países.
“Cuando se firma el TLCAN comienza a haber un abandono hacia los países del Sur, se mira más hacia el Norte y se empieza a perfilar un nuevo tipo de relaciones en materia de comercio, pero también de seguridad entre México y Estados Unidos. Comienza en 1994, pero es hasta 2000, con la llegada del Partido Acción Nacional a la Presidencia, cuando de manera definitiva se da el alejamiento”.

Los operativos “fallidos”

En marzo de 2011, la cadena estadunidense de radio y televisión Columbia Broadcasting System dio a conocer el operativo Rápido y Furioso, mediante el cual la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés) permitió, en el otoño de 2009, el tráfico de por lo menos 2 mil armas a México.
El supuesto objetivo del programa era ubicar el destino final de las armas. Sin embargo el armamento terminó en posesión de los cárteles mexicanos. A partir de entonces, se encendieron las alarmas en una parte de la clase política mexicana por la posible pérdida de la soberanía nacional frente a la injerencia de Estados Unidos.
No es el único operativo antinarco fallido fabricado desde Washington en los últimos meses. A Rápido y Furioso se le suman, al menos, dos más. Uno de estos consistió en lavar dinero de cárteles mexicanos. A cargo del blanqueo de capitales estuvo la propia Administración Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) para supuestamente rastrear en el sistema financiero mexicano el dinero que se obtiene del tráfico de drogas. Dicho operativo fue confirmado en diciembre de 2011, por Todd Robinson, subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Gobierno de Estados Unidos.
El otro, nombrado White Gun (Arma Blanca), es similar a Rápido y Furioso y se llevó a cabo a la par de éste; tenía el mismo objetivo y fue también coordinado por la ATF. Al descubrirse el “fracaso” de estos programas, el Congreso de Estados Unidos llamó a cuentas a Eric Holder. El 8 de diciembre de 2011, el secretario de Justicia de Estados Unidos insistió en su desconocimiento del operativo.
El diputado perredista José Luis Jaime Correa, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, en entrevista con este semanario, señala que “aquí [en el Congreso de la Unión] nadie ha comparecido por estos operativos en los cuales pudieron haber participado agentes mexicanos”.
Por lo cual, el 21 de diciembre de 2011, presentó un punto de acuerdo para que comparezcan los titulares de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública ante la Comisión Permanente del Congreso para que explicaran la probable participación y subordinación existente entre extrabajadores y trabajadores del gobierno federal con la ATF, la DEA, así como con el Servicio de Inmigración y  Control de Aduanas de Estados Unidos.
El documento señala que los titulares de dichas dependencias han filtrado información a los medios de comunicación sobre la posible participación de al menos 80 exfuncionarios públicos mexicanos ?que laboraban en áreas sensibles de inteligencia, investigación y análisis?, quienes realizarían actividades espías al servicio de las agencias estadunidenses.
Los exfuncionarios tendrían contacto con funcionarios que realizan espionaje, recopilación de información y dan seguimiento a temas de seguridad nacional. De comprobarse, considera el legislador, se demostraría que funcionarios del gobierno de Felipe Calderón están actuando al margen de la ley y de los acuerdos bilaterales entre México y Estados Unidos, en materia de narcotráfico y de delincuencia organizada.
Jaime Correa explica que la proposición se trasladó a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para que en próximos días se aborde el tema y se aclare lo sucedido. “No estamos culpando a las autoridades mexicanas, pero públicamente se tiene que informar lo que está pasando. Que informen lo que en el Congreso estadunidense se informa”.
Además de los operativos encubiertos como Rápido y Furioso y Arma Blanca, el gobierno estadunidense apoyó económicamente al gobierno mexicano en el combate a la delincuencia organizada por medio de la Iniciativa Mérida, ?aceptado en junio de 2008?, cuyo monto asciende a más de 1 mil 600 millones de dólares aprobados por la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Dichos recursos se destinan a la “guerra” contra el narcotráfico.
Además de infraestructura, asistencia técnica y entrenamiento a agentes mexicanos, mediante la Iniciativa Mérida, el gobierno estadunidense ha dotado a las fuerzas de seguridad mexicanas de, por lo menos, 23 camionetas tipo ZBV equipadas con rayos X de retrodispersión; y10 minivans (también con rayos X) para inspeccionar vehículos que pudieran transportar material ilícito; 45 detectores de vapores manuales con un escáner de iones para detectar armas recién disparadas; dos sistemas de inspección de furgones y contenedores en ferrocarriles; ocho helicópteros tipo Bell 412 entregados a la Secretaría de la Defensa Nacional; y cuatro tipo Blackhawk UH-60 a la Secretaría de Seguridad Pública.
El internacionalista Bueno Soria señala que “las políticas bilaterales que México lleva a cabo en este tipo de programas son por obediencia ante los designios de Washington”.
Agrega que, un ejemplo de la cooperación entre ambos países es la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) firmada en marzo de 2005, por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá. “Desde el nombre se percibe la intención de llevar a cabo este tipo de acuerdos: primero está la seguridad y después la prosperidad; se apuesta más por el componente militar.
“Existe una falta de experiencia del Partido Acción Nacional para llevar a buen término estas situaciones. De la ASPAN ni siquiera se conocen a detalle cómo han ido evolucionando los trabajos, qué resultados se tienen y qué se puede esperar de éstos.”
Al cierre de esta edición, el jefe de la División Criminal de la Fiscalía Federal de Arizona, Patrick J Cunningham, quien fue señalado por el legislador del Partido Republicano Darrell Issa, por supuestamente haber aprobado el operativo Rápido y Furioso, se había negado a declarar ante el Congreso de Estados Unidos, al justificarse con la quinta enmienda, la cual le brinda el derecho constitucional a no autoincriminarse. También se citó a Eric Himpton Holder, para comparecer de nuevo ante el Congreso, el próximo 2 de febrero.

divJaime Correa explica que la proposicitd width= ´ /tr

Tratados firmados entre México y Estados Unidos
Tratado de paz, amistad, límites y arreglo definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América (tratado de Guadalupe-Hidalgo)
Tratado de Límites entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América (tratado de La Mesilla)
Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para reponer monumentos que marcan la línea divisoria entre Paso del Norte y el Océano Pacífico
Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para facilitar la ejecución de los principios contenidos en el Tratado del 12 de noviembre de 1884, y evitar las dificultades ocasionadas con motivo de los cambios que tienen lugar en el cauce de los ríos Bravo del Norte y Colorado
Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para la equitativa distribución de las aguas del Río Grande
Convención para prevenir la introducción de enfermedades infecto-contagiosas de ganado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América
Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para la rectificación del Río Bravo del Norte (Grande) en el Valle de Juárez-El Paso
Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para el envío de barcos con fines de auxilio y salvamento
Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para la protección de aves migratorias y de mamíferos cinegéticos
Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América por el que se deroga el artículo 8 del Tratado de límites, celebrado el 30 de diciembre de 1853
Convenio para el canje de periódicos oficiales y documentos parlamentarios entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América
Convenio para el canje de publicaciones oficiales entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América
Convención para el arreglo de reclamaciones entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América
Convención consular entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América
Tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América de distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, desde Fort Quitman, Texas, Estados Unidos de América, hasta el Golfo de México
Acuerdo que crea una comisión de cooperación cultural entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América
Arreglo general de cooperación técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América
Convenio sobre transportes aéreos entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América
Acuerdo relativo a la asignación y uso de canales de televisión a lo largo de la frontera entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América
Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para la solución del problema del Chamizal
Tratado de cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América que dispone la recuperación y devolución de bienes arqueológicos, históricos y culturales robados
Convenio que prorroga y modifica al Convenio sobre transportes aéreos entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América, del 15 de agosto de 1960
Tratado para resolver las diferencias fronterizas y pendientes y para mantener a los ríos Bravo y Colorado como la frontera internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América
Acuerdo de cooperación científica y técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América
Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre la ejecución de sentencias penales
Tratado de extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América
Tratado sobre límites marítimos entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América
Acuerdo de cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre la contaminación del medio marino por derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas
Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para la recuperación y devolución de vehículos y aeronaves robados o materia de disposición il&´cita
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América relativo a la asignación y utilización de canales de radiodifusión para televisión en el rango de frecuencias de 470-806 MHZ (canales 14-69) a lo largo de la frontera México-Estados Unidos
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre cooperación para la protección y mejoramiento del medio ambiente en la zona fronteriza (Convenio de la Paz)
Convenio entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América relativo al servicio de radiodifusión en AM en la banda de ondas hectométricas
Tratado de cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre asistencia jurídica mutua
Acuerdo que modifica y prorroga el Convenio sobre transportes aéreos entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América, del 15 de agosto de 1960, tal como ha sido enmendado y prorrogado
Acuerdo de modificación al Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América relativo a la asignación y utilización de canales de radiodifusión para la televisión en el rango de frecuencias de 470-806 MHZ (canales 14-69) a lo largo de la frontera México-Estados Unidos, del 18 de junio de 1982
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre cooperación para combatir el narcotráfico y la farmacodependencia
Acuerdo entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América que modifica el Acuerdo de Cooperación entre los dos gobiernos sobre la contaminación del medio marino por derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas, del 24 de julio de 1980
Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América sobre búsqueda y rescate marítimo
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para el desarrollo y facilitación del turismo
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre cooperación para la protección y mejoramiento del medio ambiente en la zona metropolitana de la Ciudad de México
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para el intercambio de información tributaria
Convenio entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América para el establecimiento de la Comisión México-Estados Unidos para el intercambio educativo y cultural
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América relativo al procedimiento de coordinación de estaciones terrenas
Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América que modifica el Convenio sobre transportes aéreos del 15 de agosto de 1960, tal como ha sido enmendado y prorrogado
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para el uso de la banda de 1605 a 1705 KHZ en el servicio de radiodifusión de AM
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América concerniente a la asignación de frecuencias y uso de la banda de 2500 a 2686 MHZ a lo largo de la frontera México-Estados Unidos
Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América relativo al servicio de radiodifusión en FM en la banda de 88 a 108 MHZ
Convenio entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta
Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América, para el uso de la banda de 17.7-17.8 GHZ
Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América sobre el establecimiento de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco de Desarrollo de América del Norte
Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la atribución y el uso de las bandas de frecuencia por los servicios terrenales de radiocomunicaciones, excepto radiodifusión a lo largo de la frontera común
Protocolo que modifica el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para el intercambio de información tributaria, del 9 de noviembre de 1989
Protocolo adicional que modifica el Convenio entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, del 18 de septiembre de 1992
Acuerdo de cooperación mutua entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América para el intercambio de información respecto de transacciones en moneda realizadas a través de instituciones financieras para combatir actividades ilícitas
Tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la transmisión y recepción de señales de satélites para la prestación de servicios satelitales a usuarios en los Estados Unidos Mexicanos y en los Estados Unidos de América
Protocolo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América por el que se modifica la Convención para la protección de aves migratorias y de mamíferos cinegéticos
Protocolo que modifica el Acuerdo de cooperación mutua entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América para el intercambio de información respecto de transacciones en moneda realizadas a través de instituciones financieras para combatir actividades ilícitas, del 28 de octubre de 1994
Protocolo al Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, del 4 de mayo de 1978
Acuerdo por el que se modifica el Convenio sobre Transporte Aéreo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América, del 15 de agosto de 1960
Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América concerniente a la asignación de frecuencias y uso de la banda 2500 a 2686 MHZ a lo largo de la frontera México-Estados Unidos, firmado el 11 de agosto de 1992
Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América que enmienda el Convenio sobre Transportes Aéreos, del 15 de agosto de 1960, enmendado y prorrogado
Tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México, más allá de las 200 millas náuticas
Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América para establecer una comisión de salud fronteriza México-Estados Unidos
Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América en relación al uso de la banda de 2310-2360 MHZ
Protocolo modificatorio al acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América sobre el establecimiento de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco de Desarrollo de América del Norte, firmado el 16 de noviembre de 1993
Segundo protocolo adicional que modifica el convenio entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, del 18 de septiembre de 1992
Acuerdo para el fomento de la inversión entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América
Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América que enmienda el Convenio sobre Transportes Aéreos, del 15 de agosto de 1960, enmendado y prorrogado
Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América sobre cooperación aduanera relativa a las declaraciones de origen efectuadas en el marco de las disposiciones sobre acumulación de ciertos tratados de libre comercio
Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América para el fomento de la seguridad en la aviación
Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América sobre cooperación en la administración de emergencias en casos de desastres naturales y accidentes

Carroll abre 2 granjas en Cuyoaco; 14 comunidades se oponen a que use su agua

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Por : Javier Puga Martínez

2012-05-28 04:46:25

Los habitantes plantearon que el gobierno del
estado de Puebla no está midiendo las
consecuencias sociales de imponer a una industria
como esta

Hace tres semanas, la empresa Granjas Carroll de México inició operaciones en el municipio de Cuyoaco, Puebla, donde instaló sus dos primeras granjas porcícolas de un total de 30 que planea abrir en este lugar, en una expansión hacia el centro del estado de Puebla.

Esto contraviene el acuerdo firmado por Tito Tablada Cortés, director de Relaciones Públicas de Carroll, el 11 de enero de 2007, en el cual públicamente se comprometió a que Carroll no se expandiría en el Valle de Perote y fuera de éste. El acuerdo también fue suscrito por los entonces presidentes municipales de Perote, Tepeyahualco y Guadalupe Victoria; por el secretario de Desarrollo Rural de Puebla, representantes del gobierno de Veracruz y diputados de ese estado, entre otros, pero no se cumplió.

En Cuyoaco las dos granjas tienen un total de 16 naves que concentran a unos 10 mil cerdos. Estas instalaciones están a un kilómetro y medio de la zona arqueológica de Cantona, y a menos de mil metros de unos pozos de agua que abastecen a 14 comunidades del municipio de Tepeyahualco, donde habitan más de 15 mil personas. Entre los pozos de agua y el límite del municipio de Cuyoaco sólo hay una calle de distancia.

Algunos habitantes de las comunidades de Chichicuautla, Alchichica, Itzoteno, Techachalco, Jalapasco, El Fuerte de la Unión, Tetipanapa, San Roque, Mancuernas, Xaltipanapa, Guadalupe Sarabia, Texcal, Tepeyahualco, Pizarro y Tezontepec formaron un frente en defensa del agua y de la tierra de la zona, pues aseguran que no pueden permitir que el lugar donde habitan padezca una devastación ambiental por parte de Carroll, como las comunidades aledañas a Perote.

Sin embargo, la empresa estaría actuando de la misma forma que lo hizo contra los 14 activistas de la organización Pueblos Unidos, quienes se opusieron a Carroll en 2007 y fueron enviados a la cárcel de Cholula, ya que se sabe que hay cinco órdenes de aprensión contra ejidatarios de Tepeyahualco, por el presunto “bloqueo de caminos”.

En una entrevista que concedieron a este diario, los integrantes del movimiento, que prefirieron omitir sus nombres, señalaron que fue el presidente municipal de Cuyoaco, David González Pérez, de extracción panista, quien otorgó los permisos de uso de suelo, así como las licencias de funcionamiento correspondientes.

Son 200 hectáreas de tierras que ecultivables las que compró Carroll para la instalación de sus granjas en Cuyoaco. Éstas pertenecían a un hombre llamado Héctor Sánchez, de quien los campesinos aseguran es el propietario de más de 3 mil hectáreas en la región. La compra–venta se habría pactado en unos 20 millones de pesos.

Agregaron que la primera irregularidad que encontraron en la llegada de Carroll a la zona es que el gobierno le permite tener a esta empresa esa extensión de tierra, pero si un ejidatario sobrepasa las 8 hectáreas entonces es acusado de ser “acaparador” y “latifundista”.

Recordaron que el mes pasado los habitantes de Tepeyahualco se manifestaron en la presidencia municipal de Coyoaco, donde el edil les pidió no entrometerse, pues a final de cuentas la empresa estaba dentro de ese municipio. “La contaminación del suelo por aire y tierra no tiene fronteras”, le respondieron los quejosos.

La discusión se trasladó hasta Casa Aguayo, en la capital del estado, y en la Secretaría General de Gobierno se les informó que la empresa cuenta con todos los permisos de la Comisión Nacional del Agua, así como de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por lo que “no había más qué hacer”. Además, se les sugirió que si continuaban insistiendo, “no habría obras”.

Mientras, los trabajadores de la empresa prometieron a los habitantes de la comunidad de Texcal que si no se oponían a la instalación, Carroll les daría a cambio gas gratuito, buscando con ello ganar adeptos.

Durante la entrevista, realizada este fin de semana, los habitantes plantearon que el gobierno del estado de Puebla no está midiendo las consecuencias sociales de imponer a una industria como esta. Incluso advirtieron la posibilidad de un “estallido social”, pues dijeron que no están dispuestos a permitir la desaparición de su principal recurso que es el agua.

En ese sentido, criticaron que a los campesinos la Conagua les impida abrir un pozo porque supuestamente el acuífero de Libres está “vedado”, pero a Carroll se le dieron todas las facilidades para instalarse y con decenas de pozos a su disposición. Agregaron, tienen que cavar a 45 metros para encontrar agua de buena calidad, pero los pozos de las granjas porcícolas están a 200 metros, donde hay más agua y aseguran que esta no les falte.

Expusieron que mientras la indignación de los pobladores de Tepeyahualco sigue en aumento, el gobierno estatal trata de ocultar a los habitantes de Cuyoaco la verdad sobre las consecuencias ambientales que trae consigo Carroll de México, pues la semana pasada el gobernador Rafael Moreno Valle hizo una gira por ese municipio donde entregó semillas, fertilizantes y mototractores a los campesinos de Cuyoaco, “calmando cualquier protesta”.

 

Entre sequías, heladas y sin médicos

En este municipio ubicado al centro estado de Puebla habitan más de 15 mil personas, y según el Catálogo de Localidades del país, es de marginación media. La principal actividad de este lugar es agrícola, y sus habitantes se dedican a la siembra de maíz, de frijol, haba, avena y durazno. Los que no están en las actividades agropecuarias migran a Jalapa, a Puebla o a los Estados Unidos.

En un recorrido realizado por este diario por Tepeyahualco, los campesinos relatan que padecen una sequía intensa desde hace cinco años. Tan sólo en 2011, se perdió 75 por ciento de la cosecha de todo el municipio por la sequía, pero también por las heladas que han perjudicado la producción en el campo.

“Seguimos esperando que nos den los apoyos para la contingencia del año pasado”, comenta Agustín Ríos, un hombre que pastorea unos borregos al pie de la carretera que comunica al municipio de Oriental. Este hombre se dedicó mejor a la crianza de estos animales, pues asegura que difícilmente puede hacer producir sus tierras.

“Las milpas estaban de 15 centímetros: todas se quemaron”, relató el campesino.

A esto se suma la contaminación que produce el canal de aguas negras del municipio de Libres, que desemboca a un costado de la cabecera municipal de Tepeyahualco; estas aguas se infiltran hacia el subsuelo porque no tienen una salida, comentan otros pobladores.

Juana Martínez, otra habitante del municipio, subrayó que la población no está preparada para enfrentar las consecuencias de una contaminación como la que produce Carroll en el Valle de Perote.

Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 75 por ciento de la población de Tepeyahualco tiene acceso a los servicios de salud, “pero aquí está prohibido enfermarte en viernes, sábado o domingo. Hay clínicas pero no hay médicos los fines de semana. Y si te enfermas entre semana, pues no hay medicamentos”, comenta la mujer.

Agrega que hay cobertura del Seguro Popular, pero las medicinas son entregadas siempre y cuando el valor del medicamento no supere los 100 pesos. “Nadie puede garantizar que no habrá otro brote de influenza por la contaminación de Carroll. Si es así, ¿qué vamos a hacer?”, pregunta.

Chile: Carta abierta a Sebastián Piñera Echenique

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Justicia social no es caridad, subsidio, ni promoción del consumo. Es sabio escuchar la voz del pueblo; ya el viejo adagio popular reza: Vox Populi, Vox Dei. Sr. Presidente, escuche al pueblo, como si tuviese de frente al mismísimo Dios materializado en movimiento social.

 

José Toledo Alcalde / Especial para Con Nuestra América
El presidente  Piñera pierde apoyos y credibilidad
La presente reflexión es solo eco de tantas otras, como la del sacerdote Eugenio Pizarro Poblete, quien sostuvo con grito en cuello: “Los pobres de Chile no pueden esperar…hay que liberarse de la “sacralización” del modelo económico: no es un dogma. Además, siendo creyente católico, usted Don Sebastián, sabe que la Doctrina Social de su Iglesia critica y más bien condena este sistema. El Papa lo llamó “capitalismo salvaje”. Y esto, usted, Sr. Piñera, lo debe saber”.
Han vuelto a temblar las calles de Santiago y no por algún fenómeno telúrico, sino debido al social-moto de los indignados. Indocti discant, et ament meminisse periti [1]el neoliberalismo per se no es compatible con la justicia social. Su ideología de poder basada en la acumulación no se lo permite, ni se lo permitirá, ergo la crisis estructural que violenta a la sociedad chilena no verá cambio alguno por medio de dádivas, sino con profundas transformaciones en el sistema político-económico y esto no en base a “ingresos éticos-familiares”.
Cuando afanosos nos aproximamos a la pagina web del Gobierno chileno en búsqueda de información sobre la educación nos encontramos con el cuadrito didáctico titulado: “Bono por logro escolar”. La política de la caridad, la ideología del subsidio y la asistencia social son medidas que extracolmaron la noble tolerancia popular. El cuadrito indica que solo el 15% de los estudiantes que demuestren ser los mejores serán beneficiados con  beneficio. Los otros estudiantes fuera de la porcentual señalada tendrán que vérselas como puedan. ¿Qué valores fomenta dadivas como el señalado bono escolar, la descabellada carrera de la competencia individual en donde el slogan será “sálvense quien pueda”?
Sr. Piñera, ¿usted cree que con asistencias sociales como el dicho bono, las familias chilenas podrán superar “por si mismas su situación de pobreza? Nos hace recordar a Hernando de Soto del Instituto Democracia y Libertad que a los 4 vientos sigue profetizando que entregar “títulos de propiedad” es el camino para acabar con la pobreza. Falacia del Sr. Soto quien lo único que busca es titular la propiedades de los pobres para que luego se las pongan en manos de la corporaciones bancarias quienes por medio de los prestamos hipotecarios pasaran – prácticamente – a ser dueños de sus “propiedades”.
En Chile, cifras oficiales arrojan que un 15% de los chilenos (2,5 millones) viven en la pobreza; un 3,7% de la población vive bajo la línea de extrema pobreza. Estos índices señalan que el ingreso per cápita es de USD 135 en el área urbana, y USD 91 en áreas rurales. Así como en el resto de América Latina, los trabajadores sin calificación deben subsistir con un sueldo mínimo legal de USD 300 mensuales. Hace solo algunas semanas el Ministerio de Desarrollo y su vocero Joaquín Lavín informaron que el 60% de los ingresos mensuales son destinados a pagar deudas: “Las familias de extrema pobreza están pagando 41.000 pesos de deudas cada mes, teniendo un ingreso promedio de sólo 70.000 pesos”.[2]
Sr. Piñera, ¿sabía usted que – según el Centro de Información de las Naciones Unidas –  el último censo nacional en Chile indica que el 5% de la población se “identifica como perteneciente a alguna de las ocho etnias indígenas reconocidas en Chile” y que según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 4 de cada 10 personas mapuches se sitúan por debajo de la línea de la pobreza?
En su último mensaje (17/05/12) usted remarcó que “640 mil chilenos y chilenas viven en la extrema pobreza. En palabras simples, tienen que vivir o sobrevivir con 1.000 pesos al día”. ¿Cree usted que el problema de las iniquidades sociales como la pobreza y la riqueza serán atacadas desde sus raíces con 400 millones de dólares al año? Y, usted tiene la desfachatez de sostener que esto es muestra de un “tremendo esfuerzo”.[3]
Usted sabe que las ganancias, de las corporaciones mineras en Chile recaudan  entre 80 y 200 veces más de su migaja destinada al “Bono–ético-familiar”. Marcela Ramos, nos recuerda que, la corporación minera La Escondida, se apuntó – en el 2010 – con US$5.635 millones de dólares en utilidades antes de impuestos, seguida de Collahuasi, con US$2.662 millones y Los Pelambres con US$2.142 millones, de acuerdo a las estadísticas de Cochilco.[4]
Sr. Piñera, ¿400 millones de dólares anuales, para acabar con la pobreza en Chile? ¿Y dónde se van los miles de millones de ganancias que se embolsan las megas corporaciones mineras? ¿Las exoneraciones tributarias con las cuales usted adula a las minerías manejan la lógica de “no ahuyentar el capital extranjero? ¿Y qué de los 640 mil pobres en Chile  (seguro el índice es superior) que ven su dignidad, no ahuyentada, sino pisoteada cotidianamente? Razón lleva Karen Hermosilla cuando señala: “la minería  aporta alrededor del 18% del PIB y un tercio de la recaudación tributaria. Es así como el denominado “sueldo de Chile” —injustamente pues la distribución de estos recursos recae fundamentalmente con un 10% de las utilidades, a las Fuerzas Armadas, no a salud, educación y vivienda— es una actividad todopoderosa, a la cual no le entran balas de ningún tipo”. [5]
Entendemos que para que usted entienda las causas de las relaciones inicuas de las sociedades tendría que decodificar y desconstruir sus esquemas de análisis e interpretación de las relaciones sociales y de producción, esto por no decirle – por delicadeza – que tendría que volver a nacer. Su formación liberal, por consiguiente su pragmatismo racional y su enfoque empresarial del mundo no hará posible que usted siga representando los intereses de ese 70% de chilenas y chilenos que no aprueba su gestión y política de Estado que representa el caduco Consenso de Washington que usted insiste en defender.
Tenemos a la vuelta de la esquina el movimiento social de Aysén, Tu problema es mi problema, el cual levantó, no solo al Sur de la Patagonia chilena, sino al mundo entero, y eso usted lo sabe muy bien. Como también usted sabe que la solución no fue abrir la zona franca y de esta manera bajar el descontento social. La apertura de la zona franca es incentivar el consumo como instrumento de desarrollo y eso, una vez más, es falacia. En Aysén su política de Estado, lamentablemente, demostró la incompatibilidad de su gestión con los intereses reales del Chile profundo (paragonando a José María Arguedas). Sus efectivos militares desfiguraron el rostro de Teófilo Haro, así como cientos de chilenos y chilenas sufrieron la agresión de su “método de diálogo”: Represión militar.
Si no hubiese sido por dirigentes sociales como Iván Fuentes, si no hubiese sido por medios de comunicación social como Radio Santa María y otros medios radiales, el costo social hubiese sido incuantificable. Si no hubiese sido por el apoyo de la crítica social como el de la Conferencia Episcopal de Chile el costo social hubiese sido desastroso. No se puede seguir especulando con la salud, la educación, la alimentación y los recursos naturales; estos derechos no son mercadería de consumo, Sr. Piñera.
Justicia social no es caridad, subsidio, ni promoción del consumo. Existe una expresión en boga dentro del ambiente político, su homólogo peruano lo aplicó más de una vez: “Dar un paso al lado”.  Así como en España y ahora en Serbia se adelantaron las elecciones presidenciales, ¿no cree usted que debería hacer lo mismo visto su fallida gestión y la mayoritaria desaprobación del pueblo chileno? ¿Qué o quiénes lo siguen sujetando al poder? ¿Su academia liberal no le enseñó que el poder de las autoridades es para ser puesta al servicio del pueblo y no para servir amistades y familias? Es tiempo que dé “un paso al lado” señor presidente.
Finalizo diciéndole: dentro del 70% de personas que desaprueban su gestión, existen exsimpatizantes que le prodigaron sus votos. Es sabio escuchar la voz del pueblo; ya el viejo adagio popular reza: Vox Populi, Vox Dei. Sr. Presidente, escuche al pueblo, como si tuviese de frente al mismísimo Dios materializado en movimiento social. No olvide sus propias palabras cuando prometió acabar con la extrema pobreza en un periodo de 4 años: “la economía de mercado y el crecimiento son grandes generadores de riquezas y de oportunidades, pero no son mecanismos que permitan distribuir esa riqueza y esas oportunidades de forma justa”.[6]
El movimiento social no pierde su memoria histórica y las calles seguirán siendo los libros donde se escribirá que con la dignidad de los pueblos no se juega, y menos manoseando a su antojo conceptos como ética, en la cual le vendría bien reflexionar.

 


NOTAS: 
[1]Loc., lat., que sig.: “Apréndanlo los ignorantes, y recuérdenlo los entendidos”.

[6]Fuente:http://economia.terra.cl/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201103061438_AFP_79559874. Revisado: 17/05/12.

¿Golpe a Flacso en Guatemala?

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La eventual influencia del gobierno guatemalteco en la elección del próximo director de este centro académico genera polémica. “¿Acaso creen que Flacso es una dependencia gubernamental y que por tanto es potestad del poder ejecutivo quitar y poner titulares de dicha dependencia?”, dice el autor de este artículo.

 

Carlos Figueroa Ibarra / Especial para Con Nuestra América
Desde Puebla, México
El domingo 20 de mayo de 2012  un rotativo  publicó en su columna de rumores políticos  una noticia que ha cimbrado en los últimos días  diversos círculos académicos de Guatemala (véase www.elperiodico.com.gt/es/20120520/domingo/212451/). Con el significativo título de “Flacso cooptada”  y solamente con 62 palabras, dicha columna ha provocado una enorme inquietud y hasta indignación. Esto es lo que yo he percibido a través de múltiples correos electrónicos que desde entonces estoy recibiendo. Dice la referida columna: “La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) estará de pésame. Según informaciones provenientes de México, el gobierno de Otto Pérez Molina ha decidido hacer valer su prerrogativa de nominar al nuevo director de la entidad. Esto nunca había ocurrido en Guatemala. El Gobierno propone al sociólogo Carlos Cáceres Ruiz, quien justamente vive en México, y desestima la propuesta de la propia Facultad”.
Lo aseverado en dicha columna me concierne por diversos motivos. He sido docente de Flacso-Guatemala en su maestría y doctorado en ciencias sociales, he sido y soy asesor de estudiantes de maestría y doctorado de Flacso tanto en Guatemala como en México y, además,  hoy tengo el honor de ser Consejero a título personal  del Consejo Superior de Flacso. El Consejo Superior de Flacso está integrado por 7 representantes gubernamentales de distintos países suscriptores del convenio de Flacso a nivel latinoamericano y 6 consejeros más que actúan a título personal.  El Consejo Superior  es uno de los órganos de conducción de Flacso a nivel latinoamericano, además de la Secretaría General, el Comité Directivo y la Asamblea General. La noticia  referida me sorprendió  en tanto que Consejero de Flacso he recibido la agenda de la reunión del Consejo Superior y de la Asamblea General. Allí se consigna como uno de los puntos la ratificación de la elección del  Dr. Oscar López Rivera como nuevo Director de Flacso-Guatemala.
La agenda que he recibido de parte de la Secretaría General para el caso de la elección del nuevo director de Flacso-Guatemala, viene acompañada del Acta de su  Consejo Académico del 1 de febrero de 2012 en donde se consigna la propuesta, curriculum del Dr. López Rivera y su plan de trabajo para los próximos cuatro años. Y algo muy importante: un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores del 19 de marzo del año en curso en la que el Vicecanciller Iván Espinoza expresa que la cancillería está cierta de que “la elección del Dr. López Rivera fortalecerá su institucionalidad (de Flacso), ampliará los aportes de la Sede Académica de FLACSO a la sociedad guatemalteca y mejorará los vínculos académicos latinoamericanos en beneficio de la región”. Cabe agregar que el oficio de la Secretaría General de Flacso fechado en San José, Costa Rica, el 19 de enero del presente año, pone como fecha límite para presentar candidaturas el 19 de marzo de 2012. Así las cosas, la candidatura del Dr. López Rivera cumple con todos los requisitos institucionales y de temporalidad. No sería el caso de la candidatura que los rumores propalan.
Si fuera cierto lo que hasta el momento de escribir estas líneas es solamente murmuración, la pregunta obligada es si el gobierno actual o alguno de sus ministerios sindicados de esta actitud golpista e intervencionista, saben cuál es la naturaleza de Flacso. ¿Acaso creen que Flacso es una dependencia gubernamental y que por tanto es potestad del poder ejecutivo quitar y poner titulares de dicha dependencia? No es cierto lo que dice la columna referida de que es prerrogativa del gobierno de turno nombrar  al Director de Flacso. A los directores de sedes los nombra la Asamblea General a propuesta del Consejo Superior,  quien a su vez se hace eco de la propuesta hecha por el Consejo Académico de la sede y del beneplácito del gobierno respectivo.  Cabría recordar que el Acuerdo constitutivo de Flacso signado también en San José, entre el 5 y 8 de junio de 1979, en su artículo I  sobre Naturaleza y Fines de Flacso dice lo siguiente: “La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, denominada en adelante FLACSO, es un organismo internacional de carácter regional y autónomo, constituido por los países latinoamericanos y del Caribe, para promover la enseñanza e investigación en el campo de las ciencias sociales.”
Lamento profundamente que el nombre de mi muy cercano y querido amigo Carlos Cáceres Ruiz haya sido asociado a este rumor que de ser cierto acentuaría la imagen intervencionista y centralizadora del actual gobierno. No puede uno sino recordar las incidencias para nombrar al nuevo Procurador de Derechos Humanos.  Y le corresponde a mi amigo desmentir o afirmar la veracidad del mismo.  Al gobierno de Pérez Molina le convendría también ser inequívoco en este asunto, porque si fuera cierto todo lo que se dice, la cancillería quedaría exhibida como chapucera en las sesiones del  Comité Directivo, Consejo Superior y Asamblea General que se celebrarán en pocos días en la ciudad de Quito.

Allí estaré para corroborar lo que aquí he escrito.

México: En espera ante SCJN, cúmulo de recursos legales sobre aborto

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jueves, 24 de mayo de 2012

Anayeli García Martínez (CIMAC)

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Olga Sánchez Cordero, informó que el máximo tribunal analiza diversos amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, referentes al derecho de las mexicanas a decidir libremente sobre la maternidad.

En declaraciones a Cimacnoticias, la ministra –quien se ha caracterizado por defender las causas femeninas– criticó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) no imparta justicia con perspectiva de género, y por tanto criminalice a las mujeres indígenas que sufren abortos espontáneos.
Sánchez Cordero abundó que al dictar sus sentencias los juzgadores no toman en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de las mujeres.
“No estaré de acuerdo (con la penalización del aborto) y defenderé hasta el último día que esté en la Corte y hasta el último día de mi vida, que las mujeres no sean privadas de su libertad por una decisión tan dolorosa como la que tomaron o, peor aún, por un aborto natural”, enfatizó.
Tras su participación en un foro sobre equidad y género en la Fundación Miguel Alemán, Sánchez Cordero criticó la actuación de los juzgadores en el caso de Adriana, una indígena guerrerense sentenciada a 22 años de prisión por “homicidio en razón de parentesco” cuando en realidad sufrió un aborto espontáneo.
“Imagínate que el que la embarazó sigue tan campante en la calle sin que –no solamente no sea juzgado– ni siquiera detenido, y él tiene tanta responsabilidad como ella de haber procreado”, explicó la ministra.
Ante un proceso judicial irregular y con el argumento de que no cometió el delito de homicidio, Adriana interpuso un amparo que ya fue atraído por la Suprema Corte y será analizado próximamente.
Cabe recordar que mujeres que se han visto afectadas por las contrarreformas a 17 constituciones locales que “protegen la vida desde la concepción-fecundación”, han interpuesto diversos amparos que se encuentran en la Segunda Sala de la SCJN para su discusión y eventual aprobación o negación.
Olga Sánchez Cordero pertenece a la Primera Sala de la SCJN, pero ha participado en las discusiones plenarias sobre acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales referentes al aborto.
Por ejemplo, en 2002 la ministra estuvo en contra de la acción de inconstitucionalidad contra la llamada Ley Robles que amplió las causales para que las mujeres en el DF interrumpieran un embarazo no deseado.
En 2008 nuevamente apoyó los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres al oponerse a la acción de inconstitucionalidad contar la despenalización del aborto hasta las doce semanas de gestación, en el Distrito Federal.
Recientemente en 2011 la ministra se pronunció contra las reformas constitucionales en Baja California y San Luis Potosí que atentan contra la maternidad libre y voluntaria. En este caso el pleno de la SCJN no alcanzó la mayoría de ocho votos para declarar la inconstitucionalidad de esas normas.

De cara a las próximas discusiones en la Corte sobre el tema, Sánchez Cordero subrayó que mantendrá su postura a favor de las mujeres.

Publicado por ARGENPRESS e

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