Red por la Paz de Chiapas da informe

 

Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Viernes 18 de mayo de 2012, p. 22

San Cristóbal de las Casas, Chis. 17 de mayo. La ejecución del Programa Ciudades Rurales Sustentables (CRS) implica violaciones graves a derechos humanos reconocidos en tratados internacionales suscritos por México, como son consulta, participación, información, vivienda, salud, educación, trabajo. En particular “estas violaciones muestran una grave transgresión al derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y campesinos ‘beneficiarios’ del Programa”, sostiene el amplio informe De la Tierra al asfalto, de la Red por la Paz Chiapas y el Colectivo Autónomo de Acción Kolectiva (mayo de 2012).

“Esta respuesta de ‘desarrollo’ como solución a la pobreza en el campo ha sido criticada fuertemente por los pueblos obligados a desplazarse. Aunque el gobierno esgrime la atención a las comunidades como principal motivo para reubicar a la población, esconde intereses económicos de empresas privadas (destacan Televisión Azteca, Bancomer y Telmex), así como intereses políticos del propio gobierno que juegan en todos los casos un papel importante y parecen el verdadero fondo del Programa”.

Se incita a abandonar tierras

Esto se materializa en el despojo de tierras a las comunidades, generalmente sin su conformidad, bajo el pretexto de que están en zona de riesgo o que el gobierno no puede garantizar la prestación de servicios en sus lugares de origen. Se les incita a abandonar su territorio sin ser consultados o debidamente informados.

El concepto de desarrollo aplicado en el Programa “responde a una lógica altamente occidental y capitalista que aborda el desarrollo de los pueblos como un proceso lineal y progresivo con fines meramente económicos, mientras que los pueblos implicados definen su desarrollo como un estado de bienestar general basado en el ‘buen vivir’ y en valores comunitarios”.

Las organizaciones responsables del informe visitaron en septiembre y octubre de 2011 las ciudades rurales ya construidas –Nuevo Juan del Grijalva (municipio de Ostuacán) y Santiago El Pinar–, en construcción –Jaltenango (Ángel Albino Corzo), Nuevo Milenio (Copainalá) e Ixhuatán– y una en planeación en Acapethua.

Además de la desruralización impuesta, los observadores resaltan que la explotación minera está detrás de la creación de la mayoría de las ciudades rurales. Hay un número creciente de concesiones a empresas, en su mayoría canadienses”. La de Ixhuatán se ubica en una zona rica en minerales. Cangold Limited confirmó haber completado la transacción de una participación indirecta en el proyecto de oro en etapa avanzada en Ixhuatán, de Brigus Gold ULC. Las mineras también están presentes cerca de Jaltenango y en el municipio de Tecpatán, donde se pretende construir la Villa Rural Emiliano Zapata.

Por su parte, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) informó que el 14 del presente fueron declarados inocentes de todos los cargos 10 campesinos de la comunidad Herradura (Tecpatán) detenidos en julio de 2010, en el contexto de una protesta por el incumplimiento de compromisos del gobierno ante las afectaciones causadas a cientos de familias por el taponamiento y posteriores estrategias de desazolve del río Grijalva en noviembre de 2007.

Según sostiene De la tierra al asafalto, todo esto es una estrategia de desarrollo dictada desde el Banco Mundial que se materializa en megaproyectos transnacionales abocados a una transformación del espacio social. Tal ajuste espacial ocasiona despojo territorial y desposesión cultural.

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