martes, 22 de mayo de 2012

Gladis Torres Ruiz (CIMAC)

Mientras al gobierno le urge cerrar el caso Campo Algodonero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió para su análisis el asesinato de otra joven en Ciudad Juárez.

La ineficacia del Estado mexicano para detener el feminicidio en Chihuahua y brindar justicia a las víctimas de nuevo será revisada con lupa por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que el pasado 10 de mayo el mecanismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) notificó que analizará el caso de Lilia Alejandra García Andrade, joven de 17 años asesinada en Ciudad Juárez en 2001.
Defensoras de Derechos Humanos (DH) consideran que la admisión del caso por la CIDH representa un golpe a los intentos de autoridades federales y estatales de dar por cumplida la sentencia emitida en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso Campo Algodonero, predio de Ciudad Juárez donde fueron encontrados los restos de ocho mujeres en 2001.
La abogada Karla Michel Salas, representante legal de Norma Andrade –madre de Lilia Alejandra–, destaca que la decisión de la CIDH pone otra vez sobre la mesa el feminicidio en Juárez y el incumplimiento del Estado mexicano, para prevenir y atender las desapariciones de mujeres.
La defensora explica que con la admisión del caso de la hija de Norma Andrade –fundadora de la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa–, inicia un proceso en el que la representación legal de la víctima y el Estado deben informar a la CIDH sobre las investigaciones de ese feminicidio.
Salas adelanta que la CIDH podría valorar que las autoridades no han avanzado en las pesquisas del caso, como tampoco han cumplido con la sentencia de la CoIDH. Advierte que incluso el asesinato de Lilia Alejandra podría llegar ante la Corte Interamericana, lo que daría pie a una nueva condena contra el Estado mexicano por no proteger la vida de las mujeres y garantizarles justicia.
Estado en evidencia
Norma Andrade celebra la notificación de la CIDH al considerar que es una nueva oportunidad para evidenciar que el gobierno “no hace nada”, para resolver las desapariciones y asesinatos de mujeres.
“Este 10 de mayo fue una muy buena noticia, ya que es una lucha que emprendimos desde el asesinato de mi hija después de tocar puertas y darme cuenta de que en México no se me iba ayudar”, subraya la activista, quien en seis meses ha sufrido dos atentados.
Andrade recuerda que en 2002 presentó ante la CIDH la solicitud para que revisara el caso de su hija, en virtud de la falta de investigación y sanción a los responsables por parte del gobierno de Chihuahua.
En contraste, el gobernador del estado, César Duarte, ha hecho hasta lo imposible por demostrar que el feminicidio en Chihuahua “ya se resolvió”. En marzo pasado el mandatario estatal se reunió con integrantes de la CIDH para asegurar que desde 2010 hay un avance de 98.5 por ciento en la resolución de los casos de feminicidio, por lo que se han esclarecido –presumió– entre 24 y 30 crímenes.
Sobre las desapariciones de mujeres, Duarte dijo que en los últimos 17 meses de su gestión hubo 869 reportes de esos casos, de los cuales 802 mujeres se localizaron con vida, 14 fueron asesinadas y 53 expedientes están en investigación.
Urgencia oficial
En tanto, en su reciente informe de avance sobre el cumplimiento de la sentencia de Campo Algodonero, presentado ante la CoIDH, el Estado mexicano afirma que ha cumplido casi en su totalidad con los puntos de la condena de 2009.
En el informe que el IFAI pidió hacer público en febrero pasado, las autoridades enumeran que se cumplió con la publicación de la sentencia, el acto de reconocimiento público, el memorial a las víctimas, la reparación del daño a las familias, y la publicación de una página web con datos de mujeres desaparecidas en Chihuahua.
El Estado mexicano dice también que se ha creado y actualizado una base de datos con los lineamientos establecidos por la CoIDH. Por todo lo anterior, el gobierno pide que se den por “cumplidos” los puntos de la sentencia.
Respecto a las pesquisas por los asesinatos de Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Ivette –tres de las ocho mujeres encontradas sin vida en el Campo Algodonero– la autoridad destaca la captura (por cuarta ocasión desde 2001) de Eduardo Chávez Marín, presunto homicida de Esmeralda.
En los otros crímenes, el gobierno apunta que se indaga, al igual que hace 10 años, el entorno familiar de las víctimas y sus amistades.
Mientras el Estado mexicano insiste en que el feminicidio se está erradicando en Chihuahua, niñas y mujeres siguen desapareciendo y son asesinadas.

Publicado por ARGENPRESS

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