Jesús Dávila (NCM, especial para ARGENPRESS.info)

A diez años de un informe del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos que señaló al Partido Independentista Puertorriqueño por ser la oposición principal contra el uso estratégico de Puerto Rico como “isla bastión” (island-fortress), no sólo esa fuerza no ha desaparecido, sino que ahora el país se ha transformado en punto de amenaza más que de defensa.

Las dificultades nuevas, sin embargo, provienen del incumplimiento patente de los objetivos estratégicos que le fueron asignados a Puerto Rico, medidas desestabilizadoras impulsadas por la propia elite política pro Estados Unidos y los problemas estructurales de una frontera artificial, establecida a más de mil kilómetros de la real para vigilar las principales rutas del tráfico marítimo hacia América Latina.
Atrás quedaron “metas y objetivos específicos” referidos en el informe –del Proyecto de Investigación Estratégica- de que, ante la inestabilidad de la región, Puerto Rico tuviera la triple función de “mejorar la seguridad interna (de Estados Unidos) y la externa, promover la democracia y los derechos humanos y promover la prosperidad”.
El primer objetivo fue neutralizado por la corrupción generalizada unida al contrabando de drogas y armas, con este último a tal nivel que Puerto Rico se ha convertido en paraíso para los contrabandistas de armas de Texas, Florida, Georgia y hasta Ohio, según admite el propio Gobierno. El caso es tan grave que cuando NCM Noticias preguntó por informes sobre las armas ilegales que salen desde Puerto Rico, el coronel Reinaldo Bermúdez, jefe de operaciones estratégicas, contestó que la Policía nacional no atiende ese asunto.
Sin embargo, anualmente en el país se venden y desaparecen suficientes millones de balas como para matar toda la población de las Antillas en apenas varios años.
El segundo objetivo se estrelló por las denuncias de ataques a los derechos civiles.
Estas incluyen los casos en los tribunales sobre los abusos sistémicos contra la población por parte de la Policía nacional y la legislación de medidas fuertes para limitar los derechos civiles. Las medidas van desde penas de cárcel contra las protestas pacíficas hasta el encarcelamiento también para quienes “perturben” a legisladores individuales.
Pero esas medidas para criminalizar la protesta social hacen poco para detener la percepción de que los partidos y sus líderes no son dignos de gobernar. Tan grave es ese descrédito público que el registro de electores para los comicios generales de noviembre creció menos de 33.000 entre enero pasado y el 30 de junio –de 2.273.789 a 2.306.769- con lo cual tendría que recibir sobre 100.000 nuevos inscritos en poco más de dos meses si fuese a llegar al nivel de 2.458.033 que tuvo para las elecciones de 2008.
El tercero de los objetivos, el de la “prosperidad”, se desvaneció primero con el estancamiento económico y luego con el descalabro en caída libre de una prolongada crisis económica en la que se descapitaliza el país, se contraen las fuentes de empleo, el estado evita la quiebra con dudosas transacciones financieras y la prensa económica describe alternativamente a esta nación isleña como la Grecia del Caribe o apenas en mejor posición que Haití.
El informe, “The Role of Puerto Rico in the United States National Security Strategy”, destacaba el uso “vital” de esta colonia para instalaciones navales, las bases del Ejército y hasta como centro para recibir información de la Agencia Central de Inteligencia. Además, apuntaba que “mucha de la protesta contra la presencia de la Armada en Vieques, así como a la presencia militar de Estados Unidos en Puerto Rico, es atribuible al Partido Independentista”.
Ese punto de vista no logró disuadir a la Casa Blanca de cerrar las bases de la Armada y reducir las del Ejército mientras la embajada de Estados Unidos en el Vaticano homenajeaba al delegado del PIP Manuel Rodríguez Orellana y le escoltaba a una ceremonia de rezo del Rosario con el Papa Benedicto XVI.
En los años recientes, la Casa Blanca ha cerrado la puerta al PIP y las nuevas estrategias producidas en el largo período de la guerra global (GWOT en nomenclatura del Pentágono) son el marco para los reclamos para remilitarizar a Puerto Rico del actual gobernador anexionista Luis Fortuño. La idea tiene el respaldo al menos parcial del autonomista Alejandro García Padilla, principal opositor y favorito del Presidente Barack Obama.
La consonancia de esa propuesta, que parece contar también con apoyo en el Departamento de Seguridad de la Patria (Homeland Security), con las nuevas doctrinas y estrategias militares, es a la vez su principal aspecto controversial.
Por ejemplo, los informes sobre la Armada recibidos en el Congreso en junio pasado destacan la Estación de la Alianza Sur, instalación flotante en el Caribe, junto con el componente de operaciones de “guerra irregular” de las fuerzas especiales, que constituye un puntal de la estrategia naval para la frontera caribeña.
Otro tanto ocurre con el concepto de un sistema global de prisiones y campos de concentración desarrollado por el Ejército. Dicho sistema está basado en la visión estratégica sobre la supuesta necesidad de operaciones para estabilizar países del Tercer Mundo, afectados por la superpoblación, la falta de mecanismos legítimos de hacer cumplir la ley, las insurrecciones y la competencia por dominar las rutas y los recursos escasos.
Se trata de productos militares para utilizarlos en zonas externas de guerra, pero no dentro de Estados Unidos. Cualquier temor de que se podrían aplicar, aunque sea parcialmente, dentro de las fronteras nacionales han provocado preocupación por sus consecuencias políticas y legales.

Propuestas cónsonas con tales enfoques militares, como las nuevas restricciones del Código Penal y la eliminación del derecho absoluto a la fianza, han tenido el efecto de intensificar las convocatorias del PIP, que ha desatado una campaña bajo el lema de “ahora le toca al pueblo”. De igual forma, los nuevos partidos –Movimiento Unión Soberanista, Partido del Pueblo Trabajador y Puertorriqueños por Puerto Rico- hasta sectores del propio autonomismo, se han unido para enfrentar dichas propuestas.

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