Rudis Yilmar Flores Hernández (especial para ARGENPRESS.info)

La historia de El Salvador después de los 190 años de independencia de la corona española estuvieron ligados a la consolidación del bloque de poder hegemónico representado hasta la década de los años 90 del siglo XX por la oligarquía cafetalera y en los años posteriores el afianzamiento de la oligarquía financiera que durante los últimos 20 años desde la llegada de Alfredo Cristiani en 1989, Armando Calderón Sol 1994, Francisco Flores,1999 y Antonio Saca 2004 mantuvieron el poder político del Estado, lo cual les permitió impulsar el modelo neoliberal que condujo al país a niveles apremiantes de pobreza.

La derrota de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) en marzo de 2009, trajo consigo una de las peores crisis en la historia de este partido político. La cobertura mediática fue amplia e incisiva porque después de todo, fue una novedad que la principal y más poderosa maquinaria electoral de los últimos 20 años estuviese haciendo aguas frente a los ojos de todo el país. Sin embargo, visto en una perspectiva más amplia, lo que sucedió ARENA la representación política del los grupos de poder económico no es más que la pérdida del control del Estado. ARENA gobernó desde 1989 hasta finales de mayo de 2009. Durante su mandato también controló el parlamento desde el cual privatizo las principales instituciones estatales desde las que no proporcionaban un bien público hasta las telecomunicaciones y las generadoras de energía eléctrica, dolarizo la economía, envió tropas a Irak en apoyo a la ocupación de Estados Unidos y firmó un tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que propició el fin de pequeñas empresas y sectores de la agricultura.
Controló totalmente el sistema judicial salvadoreño, que era manejado desde casa presidencial convirtiéndolo en uno de los sistemas más corruptos de América Latina orientado a crear todo el marco jurídico en defensa de los intereses dominantes y provocando una retardación de justicia para los sectores pobres que siguen en la lucha por la defensa de sus derechos plasmados en la constitución política.
En este contexto el principal instrumento político de la clase dominante se convirtió en oposición manteniéndose en una campaña permanente de desprestigio en contra del gobierno del presidente Funes que llego al poder del Ejecutivo por el Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional (FMLN) y presentándose como la “fuerza política capaz de defender los intereses de los sectores populares” y que le dio resultado en las elecciones de marzo de 2012 donde logra escalar en el número de diputados de 19 a 33 y pese a tener mayor número de diputados y al no contar con mayoría simple su estrategia de desgaste de cara a las elecciones presidenciales del 2014, es volver ingobernable el país tratando de obstaculizar el trabajo legislativo.
Está claro que recuperar el poder por parte de la derecha, resulta una tarea difícil pues los procesos democráticos orientan a la construcción de un modelo de sociedad consecuente con los intereses de las grandes mayorías y obligan a propiciar los espacios de participación de la población en la toma de decisiones y en ejercer la contraloría social.
La crisis política que vive el país con el enfrentamiento entre el órgano legislativo y el judicial son la clara expresión de la lucha de clases y resulta bastante difícil entender la situación cuando se busca analizar desde distintas interpretaciones ya sean jurídicas, políticas o cuando podemos ver el contexto latinoamericano donde la derecha cambia su estrategia en complicidad con los EEUU, a partir de propiciar los golpes de Estado mediante la predominancia de un orden jurídico que es favorable a sus intereses, en este caso la constitución de El Salvador donde se cobija la clase dominante resulta hoy en día ser obsoleta por no poner en el centro de la discusión la participación de la sociedad civil en la toma de dediciones o resolver los grandes problemas que enfrentamos como la pobreza, la seguridad, la educación.
Bajo esta óptica es válido mencionar que en Honduras en junio de 2009 se produjo un golpe de Estado regulado por la constitución hondureña, derrocando al presidente Manuel Zelaya, elegido legítimamente por el pueblo y recientemente en junio de 2012 encontramos el caso de Paraguay donde se ejecuta un juicio sumario contra el presidente Fernando Lugo que rompió la tradición del partido Colorado representante del sector hegemónico, amparado en la constitución Paraguaya que violenta la voluntad popular expresada las elecciones del abril del 2008. En ambos casos se comenzaban a gestar cambios leves pero importantes en materia social y económica que favorecían los intereses de las grandes mayorías, dos países considerados los eslabones más débiles de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA).
En El Salvador a pesar de las distintas interpretaciones que se le quieran hacer a la crisis, es notable que la derecha mueve toda su maquinaria en defensa de un orden jurídico conservador, esto implica sacar a las supuestas vacas sagradas que en el pasado formaron parte del Órgano Judicial y defendieron el proyecto dominante de la oligarquía terrateniente a que interpretan si es o no constitucional una ley o un decreto legislativo.
Algo es determinante en la interpretación de esta coyuntura, es el papel nefasto de los principales medios de comunicación en manos del sector empresarial, que han logrado arrastrar a muchos sectores como la iglesia católica, algunas universidades privadas y a la izquierda moderada a presentarse en primera fila por la defensa de la constitución. Se crean organizaciones como aliados para la democracia, organismo que representa a la Empresa Privada y que encabeza una serie de movilizaciones de trabajadores que de lo que menos entienden es que lo que está en juego no es la constitución si no la construcción de una sociedad más justa y del proceso de paz surgido de los acuerdos que pusieron fin al conflicto armado en 1992.
Existe una clara discusión sobre la viabilidad de esta crisis en amplios sectores académicos, sin embargo se produce un sesgo ideológico entre quienes defienden la actual constitución y quienes consideran que esta solo representa una continuidad del proyecto dominante de la burguesía empresarial y la única vía que le permitiría propiciar un golpe de Estado sustentado en el orden jurídico vigente como lo manifiesta el presidente de la empresa privada profundizar la crisis, llevar al país a un proceso de ingobernabilidad con la posibilidad de ejecutar algo similar a lo de Paraguay.
En todo caso estamos ante el enfrentamiento de los dos proyectos políticos, uno que se vale de toda su maquinaria y que arrastra a sectores conservadores en defensa del orden vigente y la izquierda que libra sus batallas en la construcción de un estado de derecho más consecuente con los intereses de las grandes mayorías. Por lo tanto la salida a la crisis deberá tener una salida política y no jurídica.
Rudis Yilmar Flores Hernández es Sociólogo, Profesor de la Universidad de El Salvador, San Miguel, C.A.
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