Crece 376% tasa de homicidios de niños y jóvenes en Brasil en 30 años

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jueves, 19 de julio de 2012

XINHUA

La tasa de homicidios de niños y jóvenes con edades entre 1 y 19 años creció 376 por ciento en Brasil en las últimas tres décadas, apuntó el Mapa de la Violencia 2012, divulgado ayer con base en datos del ministerio de Salud.

El estudio fue realizado por el Centro Brasileño de Estudios Latinoamericanos (Cebela) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
El levantamiento compara los números de 1980 con los de 2010 y apunta que, actualmente, los asesinatos poseen el mayor peso entre los factores externos que provocan las muertes de jóvenes en el país.
En 2010, los factores externos, que incluyen asesinatos, accidentes y suicidios, representaban 26,5 por ciento de las muertes en las personas entre 1 y 19 años, cuando en 1980 eran sólo 6,7 por ciento del total.
Los asesinatos representaban en 2010 un 43,3 por ciento del total, seguidos por los accidentes de transporte, con 27,2 por ciento.
El estudio muestra que las muertes crecieron aún más en la primera década del siglo XXI.
La tasa de asesinatos de personas entre 1 y 19 años, que era de 11,9 por cada 1.000 en el año 2000, subió a 13,8 en 2010.
En el período fueron asesinados más de 84.000 jóvenes, apuntó el Mapa de la Violencia.
Entre los estados, Alagoas y Espirito Santo, ambos en la región noreste, lideraron la tasa de asesinatos de jóvenes en 2010, con 34,8 y 33,8 cada 100.000, respectivamente.

Publicado por ARGENPRESS

Una puñalada a la unidad de América Latina

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jueves, 19 de julio de 2012

Ángel Guerra Cabrera (especial para ARGENPRESS.info)

El golpe de Estado en Paraguay obedece a varias causas. Enumeraré por su pertinencia algunas que se han estado señalando y añadiré una observación indispensable. Una causa importante es que los intereses nativos y trasnacionales ligados a la producción de soya transgénica no toleran nada que intente detener su afán de ganancia.

De allí que se opusieran con todo al débil intento de reforma agraria y al impuesto de 12 por ciento sobre la ganancia que intentaba establecer el depuesto presidente Fernando Lugo (en Argentina es del 35 por ciento). La alta cotización internacional de la oleaginosa impulsa el designio de un puñado de terratenientes y transnacionales por arrebatar al pueblo guaraní sus tierras y recursos hídricos. De la mano con financiamiento del Banco Mundial y el Fondo Monetario internacional estos pulpos llevan a cabo una guerra de exterminio contra las agriculturas campesinas y el modo de vida que las ha sostenido a lo largo de décadas y siglos, así como los fundamentos biológicos mismos de la nación paraguaya.
Desde los años ochentas los terratenientes soyeros aliados a Monsanto, Cargill, Syngenta y otros gigantes del agronegocio gringo, han expulsado de sus tierras a 100 000 campesinos y forzado la reubicación de muchas comunidades indígenas para extender sus gigantescas siembras del frijol. Cerca de 2 por ciento de los terratenientes poseen el 80 por ciento del área cultivable mientras existen 87 mil familias campesinas sin tierras. El cultivo de la soya hace que cada año se rieguen en Paraguay 20 millones de litros de agrotóxicos que contaminan y enferman a las personas, la tierra, el agua y el ganado. Son elocuentes a unas semanas del golpe los despidos masivos en el anteriormente respetado y competente ente estatal de sanidad vegetal, el reemplazo de su director por un gerente del agronegocio y la súbita aprobación del cultivo de algodón transgénico violando las normas legales. Los despidos se extienden a numerosas dependencias gubernamentales en las que ilegalmente se echa por “luguistas” a los trabajadores de la misma manera que se priva a familias de programas sociales con ese argumento. Un factor impulsor del golpe podría ser el afán del vicepresidente golpista Federico Franco, aspirante a la presidencia en 2013, de apoderarse de los fondos de los programas sociales para la compra ilimitada de votos en las elecciones de ese año.
Otro motivo del golpe, considerado de primer orden por algunos analistas, es el suculento negocio para el propio Franco de firmar contrato con la trasnacional canadiense Río Tinto, cuya exigencia de que le entregaran a título de subsidio 14 mil millones de dólares de energía eléctrica en veinte años para la extracción de litio era rechazada por Lugo, que en cambio intentaba sacarle beneficios para el Estado paraguayo. No ha de extrañar por ello que el gobierno golpista haya designado viceministro de industria a un cabildero de Río Tinto e iniciado negociaciones con la trasnacional.
En resumen, Paraguay, pese a ser uno de los países con mayor desigualdad social y población en pobreza en América Latina y la economía más débil del Cono Sur ocupa a la vez un lugar importante en el mercado capitalista mundial por su condición de cuarto exportador mundial de soya, potencia hidroeléctrica, las ubérrimas aguas del acuífero guaraní, su biodiversidad y ricos yacimientos minerales. Sin embargo, el extraordinario apetito de control y dominio que estas condiciones despiertan en Estados Unidos y el capital internacional se potencian exponencialmente debido a su situación geográfica, fronterizo con Brasil, Argentina, Bolivia y Uruguay, países estratégicos en el esquema integracionista latinoamericano Unasur/Mercosur/Celac, todos con gobiernos que en distintas medidas se distancian del Consenso de Washington. Dicho esquema constituye el escudo que laboriosamente intentan construir América Latina y el Caribe para defender su independencia frente a Estados Unidos. De allí que derrocar a Lugo, por pálida que fuera su gestión, era fundamental para el imperio y es incompleto cualquier análisis de las causas del golpe que no lo tome en cuenta.

El objetivo principal del golpe es clavar un puñal a la unidad de América Latina y el Caribe empuñado por un gobierno servil hasta el tuétano a Estados Unidos. Hay que evitar que se consolide el gobierno de Franco y la farsa electoral que se pretende montar para perpetuarlo. Mantener bien lejos a la OEA.

Publicado por ARGENPRESS

Puede prevalecer la impunidad en el caso Ayotzinapa

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Difusión Cencos México D.F., 19 de julio de 2012

Boletín de prensa

Familiares de víctimas, comité estudianti de Ayotzinapa y OSC de DH

  • Confirman el otorgamiento de un amparo a los dos ministeriales acusados del homicidio de los estudiantes Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera Pino.
  • Señalan el riesgo de que prevalezca la impunidad

En un pronunciamiento conjunto, familiares de los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, ejecutados extrajudicialmente el 12 de diciembre de 2011, el Comité Estudiantil de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la Red Guerrerense de Organismos Civiles y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, externamos nuestra extrema preocupación ante la posibilidad de que queden en la impunidad los homicidios de ambos normalistas debido al reciente otorgamiento de un amparo a favor de los dos policías ministeriales acusados de dichas violaciones de derechos humanos.

El día de ayer fuimos notificados en nuestro carácter de terceros perjudicados de la concesión de dicho amparo en virtud de la resolución dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado, que ordena al Juez Penal de Primera Instancia dictar un nuevo auto en el que determine la situación jurídica de los acusados respecto de su liberación o su sujeción a proceso. Lo anterior significa que el Lic. Leoncio Molina Mercado, Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, deberá resolver de nueva cuenta si los dos policías ministeriales permanecen en prisión para ser juzgados o si, por el contrario, recuperan su libertad.

Por ello, hacemos un llamado enérgico para que la nueva resolución que dicte el Juez tome en cuenta las múltiples pruebas que obran en el expediente, mismas que son coincidentes en apuntar a la responsabilidad de ambos servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE)en la ejecución extrajudicial de Jorge Alexis y Gabriel. Dichas pruebas se robustecen con la investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuyas conclusiones quedaron establecidas en la Recomendación 1VG/2012, donde se señala que ambos normalistas fueron privados de la vida por armas disparadas en el lugar donde se encontraban los policías detenidos. Dada la importancia de esta prueba, la PGJE debe aportar al expediente dicha documental pública a través del Ministerio Público adscrito al juzgado en aras de cumplir con su obligación de investigar con debida diligencia las violaciones graves a los derechos humanos. Ante el cúmulo de pruebas existentes, el Juez está obligado a dictar un nuevo auto de formal prisión.

De lo contrario, quedaría comprobado que con la investigación realizada, personal de la Procuraduría habría buscado deliberadamente llevar el proceso a este punto, en el que la Justicia Federal ya constató la deficiente actuación de las autoridades guerrerenses, a efecto de consolidar la impunidad. A ello apunta el que la Procuraduría defienda públicamente a los funcionarios de esa dependencia que han sido procesados, incluso más allá de sus facultades legales, y que en contrapartida no impulse con la misma decisión el juzgamiento de los dos policías ministeriales acusados de la muerte de Jorge Alexis y Gabriel.

Los familiares de las víctimas, los organismos de derechos humanos y los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, destacamos que en el caso Ayotzinapa no se ha procurado justicia a cabalidad, puesto que solamente dos funcionarios públicos fueron acusados penalmente por los delitos y las violaciones graves a derechos humanos cometidas en contra de los normalistas, quedando impunes las detenciones arbitrarias y torturas cometidas en contra de varios estudiantes. Más aun, las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República (PRG) han enturbiado aun más la situación, pues el Ministerio Público Federal ha acusado a funcionarios de la procuraduría guerrerense no por las violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de los estudiantes, sino por haber liberado a los jóvenes que fueron detenidos arbitrariamente, convalidando con ello la actuación irregular de los funcionarios estatales y sentando las bases para la criminalización de los estudiantes.

Ante este panorama, frente al riesgo de que se consolide la impunidad y de que la situación se agrave con la criminalización de las víctimas, denunciamos nuevamente que si las graves violaciones a derechos humanos cometidas el 12 de diciembre de 2011 en perjuicio de los normalistas no son sancionadas, el Gobierno del Estado de Guerrero encabezado por Ángel Aguirre Rivero estará demostrando que protege no sólo a los violadores de derechos humanos, sino incluso al grupo que de facto mantuvo por años el control de la Procuraduría en connivencia con intereses delincuenciales. Más aun, de ser excarcelados los responsables, quedará acreditada la parcialidad de las instancias de procuración e impartición de justicia y se mantendrá en riesgo a las víctimas, sus familiares, sus defensores y testigos

Por ello, y ante el clima adverso que ha prevalecido durante la  investigación de las violaciones a derechos humanos cometidas el 12 de diciembre de 2011, responsabilizamos al gobierno de Ángel Aguirre Rivero de cualquier acto de agresión u hostigamiento que pueda perpetrarse en contra de los familiares, los estudiantes y en contra  quienes integran las organizaciones de derechos humanos que les acompañan por exigir la sanción de los policías ministeriales responsables y, en general, por demandar justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas el 12 de diciembre.

Las graves violaciones a derechos humanos cometidas en contra de los normalistas de Ayotzinapa evidenciaron la situación de derechos humanos que enfrenta el estado. La impunidad, de prevalecer, evidenciará a posteridad la brecha entre el discurso y la  práctica del presente gobierno. Por ello, los familiares de las víctimas, los normalistas y los organismos de derechos humanos en breve impulsaremos nuevas acciones para demandar justicia y acudiremos a las instancias internacionales competentes si se consolida la impunidad.

Para mayor información y entrevistas:

Román Hernández-Atziri Ávila
Área de Comunicación Tlachinollan
Tel:  01 (757) 476 37 04- 476 12 20
Fax: 01 (757) 476 1200
Celular: (045) 757 106 6095
Skype: tlachinollan
Correo: tlachinollan.difusion@gmail.com, cdhm@tlachinollan.org
Facebook: Tlachinollan-Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Twitter:@tlachinollan www.tlachinollan.org

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Estrategia #132 por la democracia y contra la imposición

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http://cencos.org/node/29523

Difusión Cencos México D.F., 19 de julio de 2012

Boletín de prensa
#YoSoy132 vigilancia / DH y Jurídico

El objetivo de este documento es dar a conocer la estrategia ciudadana del Movimiento #YoSoyl32 pafa proteger la democracia, exigir la limpieza de todo el proceso electoral; demandar la invalidez de la elección presidencial y evitar la imposición. El proyecto denominado “Estrategia #132 por la democracia y contra la imposición”, es una iniciativa ciudadana que nuestro movimiento comenzará a partir de hoy, con el objetivo de salvaguardar la democracia y transformar de fondo la vida pública de nuestro país.

Nuestro plan general comienza por contribuir en la limpieza del proceso electoral, pero tiene como punto de llegada la petición legítima de declarar la invalidez de la elección. La calificación del proceso electoral en su conjunto ya la hizo la sociedad mexicana y no favorece al candidato del PRI. La estabilidad política y social de este país se encuentra ahora en manos del TEPJF, única autoridad facultada para calificar la elección y otorgar validez al voto emitido por los ciudadanos. Su responsabilidad consiste en dar certeza a la elección, pero sobre todo, en hacer valer los derechos de los ciudadanos a poder elegir a sus representantes de forma “libre” y “auténtica”, según lo estipula el Artículo 41 de la Constitución Política.

Si las autoridades encargadas de validar la elección no toman en cuenta los cientos de denuncias ciudadanas documentadas hasta la fecha, estarían dando paso a un grave riesgo de estallido social. Los ciudadanos no somos responsables de la inequidad y poca limpieza de la contienda electoral.

En este sentido, con la firme convicción de que la clase política formada bajo la cultura de la corrupción, el cinismo y la ímpunidad no ha podido brindarle a este país la vida digna que se merece y no ha sabido conducir esta nación hacia un horizonte democrático, libre y justo, nos parece evidente la necesidad de que la sociedad tome la vida política de esta nación en sus manos.

Congruente con esta posición, #YoSoyl32  está listo para impulsar,  al lado de diferentes actores políticos, una movilización nacional pacífica para impedir el intento de imposición y salvaguardar la democracia. La Estrategia Ciudadana #132 por una democracia auténtica y contra la imposición, consiste en los siguientes puntos:

2. Realización de la Megamarcha Nacional contra la Imposición, el próximo 22 de julio 
en todas las plazas del país, que en el D.F. saldrá de Los Pinos hacia el Ángel de la
Independencia para llegar al Zócalo.

2. Presentación del 2do. Informe General de Delitos e Irregularidades Electorales de
#YoSoyl32 ante la FEPADE, el ÍFE y el TEPJF, en la semana del 23 al 27 de julio.

3. Presentación del Proyecto Internacional en Defensa de la Democracia y por la Invalidez de la Elección, durante la semana del 30 de julio al 3 de agosto. La estrategia consiste en la coordinación de una campaña de recolección de firmas en todo el país, acompañadas de un documento con argumentos de derecho internacional para solicitar la protección del sufragio ciudadano, que se llevará directamente a organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

4. La realización de una Campaña Nacional de Difusión e Información “YoTambiénSoyDefensor”, con el objetivo de denunciar de forma creativa y didáctica, las violaciones sistemáticas que existieron antes, durante y después del proceso electoral. El proyecto consiste en difundir y exhibir, a través de caravanas informativas, las irregularidades y delitos electorales registrados por nuestro movimiento a través de las denuncias ciudadanas. Esta iniciativa se llevará a cabo medíante una exposición-museo itinerante, brigadeo informativo en plazas públicas y proyección de documentales, así como la realización de talleres y cursos sobre derechos humanos, participación ciudadana y cultura política.

Movimiento en favor de la verdad. Por una democracia auténtica.
“Si no ardemos juntos, quién iluminará esta obscuridad”
#YOSOY132 Comisión de Vigilancia y Comisión de Derechos Humanos y jurídico #YoSoyl32

México, D. F., 19 de julio 2012

Además, el posicionamiento poselectoral de #YoSoy132Académicos

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

La amenaza contra Valentina Palma y la difusión internacional de novedades en el caso Atenco son muestra de un uso político de la impartición de justicia

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Difusión Cencos México D.F., 19 de julio de 2012

Boletín de prensa
Centro Prodh

  • El 2 de julio del presente año, la estudiante chilena que fue expulsada irregularmente de nuestro país tras los hechos de Atenco, recibió un correo que la amenazó con violarla si volvía a México.

El pasado 2 de julio, Valentina Palma, estudiante chilena y una de las 47 mujeres a quienes se infringió tortura sexual perpetrada por agentes del Estado mexicano durante el operativo policiaco del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, recibió en su correo electrónico un mensaje anónimo en el cual se le amenazaba por denunciar esos hechos.

Tras 6 años de dilación en la impartición de justicia el gobierno del Estado de México impulsó un proceso exprés sin informar a las víctimas, en el contexto de la postulación de Enrique Peña Nieto a la Presidencia

Con lenguaje procaz, un remitente desconocido hizo mención a la tortura sexual a la que fueron sometidas Valentina y 46 mujeres más en los autobuses de las fuerzas policiacas del estado de México. Entre otros fragmentos, el remitente anónimo recuerda:

“ (…) tuviste mucha suerte porque ese dia pudiste ser violada por todo mi equipo,
no nos dio tiempo solo habia 2 horas y media de camino (…)” (sic)

Ante estas nuevas amenazas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), acompañante legal de las 11 mujeres denunciantes hace responsable al Estado mexicano de la integridad de Valentina y de las mujeres que han denunciado ante organismos internacionales las violaciones a sus derechos humanos, pues si bien el amedrentamiento fue recibido por una sola, la seguridad e integridad de todas las mujeres que vivieron tortura sexual están en peligro.

Al ser amenazada Valentina, el hostigamiento y la agresión es para todas las denunciantes de tortura, ya que éstas han tenido el valor de exigir justicia por las violaciones a sus derechos humanos.

Por otro lado, como señalamos junto con la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) hace un par de días, la impunidad continuada del caso fue señalada no sólo por las organizaciones civiles que acompañan el caso, sino incluso por Soledad Murillo de la Vega, experta del Comité CEDAW y relatora para México; Murillo cuestionó a las autoridades mexicanas sobre el hecho de que, seis años después de la tortura contra las mujeres, no haya ni una sola persona castigada, puesto que hay suficientes elementos probatorios sobre la tortura sexual cometida contra las mujeres de Atenco por parte de agentes del Estado mexicano. Dichas declaraciones fueron hechas en el marco del examen que el Comité Cedaw de la Organización de las Naciones Unidas hizo esta semana al Estado mexicano.

En este contexto un representante del Estado mexicano anunció en Nueva York nuevas consignaciones, las cuales fueron hechas sin informar a la representación jurídica de las Mujeres de Atenco. En este sentido hacemos del conocimiento de la opinión pública que según la última actualización de la situación jurídica del caso de denuncia por tortura sexual contra las 11 mujeres que acompaña legalmente el Centro Prodh, la Procuraduría de Justicia del estado de México solicitó ordenes de aprehensión contra 29 policías. De la misma forma el día de ayer se informó extraoficialmente a la defensa del Centro Prodh que hasta ahora solo han sido giradas tres órdenes de aprehensión a mandos policiales y solo dos personas se encuentran a disposición de las autoridades por el delito de tortura. Según la procuraduría mexiquense, en las próximas horas se sabrá si se dicta formal prisión a los dos policías detenidos por la tortura cometida en contra de las 11 mujeres denunciantes.

Cabe resaltar que estas acciones se han generado no en el contexto de garantizar el acceso a la justicia de nuestras defendidas, sino en el contexto de las pasadas elecciones presidenciales y de la postulación en las mismas de Enrique Peña Nieto, quien incluso ha reconocido públicamente su responsabilidad por los hechos. Consideramos que se ha instrumentalizado políticamente el caso en instancias internacionales.

Ante esta nueva información, el Centro Prodh considera que después de seis años de ocurridos los hechos, las mujeres denunciantes no han tenido un acceso pronto, expedito y eficaz a la justicia. Además, recalcamos el incumplimiento de las recomendaciones hechas al Estado mexicano por parte de organismos internacionales como el Comité CEDAW hace seis años, respecto de la identificación y castigo a los culpables de la tortura sexual infringida a las mujeres.

Asimismo, responsabilizamos al Estado mexicano de la integridad y seguridad de todas las mujeres sobrevivientes de tortura sexual y esperamos que éste sea declarado responsable por no garantizar a las mujeres denunciantes un efectivo acceso a la justicia.

Para mayor información o gestión de entrevistas contactar a:

Quetzalcoatl g. Fontanot
Área de comunicación y análisis del Centro Prodh
Tels. 5546 8217, ext. 110; 5546 6559 (directo); 55 8531 2218 (celular)
Correo electrónico: comunicacion@centroprodh.org.mx

Área de comunicación y análisis
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

Sitio web: http://centroprodh.org.mx

Sistema de información: http://sididh.info

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Ordena tribunal colegiado la suspensión de la obra de rehabilitación de la carretera de ingreso a la comunidad indígena Hñähñu de San Ildefonso en el Estado de Hidalgo

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Difusión Cencos México D.F., 20 de julio de 2012

Boletín de prensa
Organización Hñähñu para la Defensa de los Pueblos Indígenas / ODI

El viernes 13 de Julio de 2012, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito en el Estado de Hidalgo en el marco de la protección del derecho a la consulta de la comunidad indígena Hñähñu de San Ildefonso en el Estado de Hidalgo, ordenó la suspensión provisional de la obra de rehabilitación de la carretera de acceso a dicha comunidad, lo cual sienta un precedente legal en el ámbito nacional en cuanto a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

• El Comité de Rehabilitación elegido por la Asamblea de la Comunidad solicitó la suspensión de la obra debido a que las autoridades del Estado y del Municipio de Tepeji del Río iniciaron la obra de rehabilitación de la carretera de acceso, sin tomar en consideración el proyecto original de la obra que las y los habitantes habían gestionado por varios meses con el Gobierno Estatal, mismo que fuera validado por el Congreso del Estado, y que incluso la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno Estado ya se había comprometido a realizar.

El proyecto original que la Comunidad había acordado, tendría un costo de 9 millones 56 mil 487 pesos con 40 centavos, además el cuerpo de la carretera tendría 7 metros de ancho y una base de concreto hidráulico revestida con una capa de asfalto de 15 centímetros.

La autoridad, sin consultar a la Comunidad y de manera unilateral, modificó y puso en marcha un proyecto de menor costo y calidad, que contará solo con un presupuesto de 4 millones 999 mil pesos, 6 metros de ancho, sin base de concreto y la carpeta asfáltica será solo de 5 centímetros.

Ante el inicio de la obras en mayo de 2012, la Asamblea de la Comunidad (máxima autoridad tradicional), constituyó el Comité de Rehabilitación de la Carretera, quien se encargaría de negociar con las autoridades y de solicitar toda la información necesaria para respecto al proyecto. Las autoridades del Estado, hasta la fecha no han reconocido éste Comité.

Por tal motivo, y debido a las negativas de brindar información, el 27 de junio, los miembros de éste Comité, en conjunto con la Organización Hñähñu y la ODI, presentaron a nombre de la Comunidad una demanda de amparo por la violación del derecho a la consulta previa — consagrado en el artículo 2o de la Constitución y 21o de la Convención Americana sobre Derechos Humanos– en contra del gobernador Francisco Olvera, el Congreso del Estado, el Ayuntamiento de Tepeji del Río, la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial y el Director de Obras Públicas Municipales.

Los actos reclamados son “la omisión de las autoridades de realizar una consulta previa, libre e informada a la modificación del proyecto de la rehabilitación de la carretera de acceso en la comunidad de San Ildefonso que cumpliera con los estándares internacionales y que en consecuencia se hayan iniciado los trabajos de rehabilitación sin que se hubiese verificado el mismo”.

En inicio, el Segundo Juzgado de Distrito en Pachuca negó a los quejosos la suspensión provisional de las obras, sin embargo, el Tribunal Colegiado a fin de salvaguardar los derechos de los integrantes de la Comunidad y conservar la materia de una posible protección constitucional ordenó la suspensión provisional de la continuación de las obras de reconstrucción del acceso a la comunidad indígena de San Ildefonso, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva.

Debido a que la obra ya cuenta con un avance del 40 por ciento y la resolución del amparo llevaría más de un mes, la Comunidad teme que el Juez de Distrito, que en su momento negó la suspensión provisional, no otorgue la suspensión definitiva en la audiencia que se celebrará el próximo 26 de Julio.

Finalmente, cabe señalar que, la Comunidad de San Ildefonso en ningún momento se ha pronunciado en contra del desarrollo y beneficios que el proyecto de rehabilitación de la carretera les podría generar. Sin embargo, consideran que dicho proyecto – por más benéfico que les pueda resultar – no puede estar por encima del respeto de sus derechos fundamentales ni de su reconocimiento como comunidad indígena.

Video de la conferencia de prensa: Ordena Tribunal suspensión de obra garantizando derecho a la consulta de la comunidad Hñähñu en Hidalgo 

 

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

La injusticia y la siniestralidad no se detienen en la minería

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Difusión Cencos México D.F., 20 de julio de 2012

Boletín de prensa
Cereal/ Familia Pasta de Conchos

El 27 de julio de 2010, dos trabajadores fallecieron a causa de un derrumbe mientras laboraban, en la mina La Parreña, división las Milpillas, ubicada en el Municipio de Santa Cruz, al este de Nogales, Sonora. Los trabajadores victimados por el siniestro fueron identificados como Fernando Cruz Gaspar, de 50 años, quien era originario de Huejutla, Hidalgo, así como Rafael Alvirde Aguirre, de 45, originario de Chihuahua. Ambos trabajadores tenían su domicilio en la comunidad de Milpillas, municipio de Santa Cruz, en esta entidad, de acuerdo con un reporte oficial del caso levantado por personal de la Policía Estatal Investigadora.

De forma indiscriminiada se invisibiliza a los mineros quienes son víctimas de la negligencia

En el comunicado de la autoridad estatal se indica que los hechos se registraron el viernes pasado, cuando las víctimas se encontraban laborando en el segundo turno, que abarca de las 14:00 a las 23:00 horas. Testigos señalaron que en el lugar de los hechos falleció Cruz Gaspar, mientras que Rafael Alvirde Aguirre fue rescatado por sus compañeros y trasladado a la sala de urgencias de la propia mina; más adelante se informó que el trabajador perdió la vida mientras recibía atención médica. Personal de una Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común de Nogales acudió al sitio a dar fe de los hechos, para después ordenar el levantamiento y traslado de los cuerpos para las diligencias de ley correspondientes.

Este fue el segundo siniestro que ocurrió en Sonora en un mes; ya que el 26 de junio del mismo 2010, otros dos trabajadores fallecieron al derrumbarse una mina de carbón en San Antonio de la Huerta, municipio de Soyopa en el mismo estado. Fue necesaria la intervención de los cuerpos de rescate en el lugar de los hechos, ya que las víctimas se encontraban 40 metros bajo tierra, de ambos siniestros nadie dio cuenta a la opinión publica.

En Coahuila el 30 de julio de 2010, Pocito, El Boker  murió Ramón Sánchez Arellano. Donde quedó atrapado Plutarco Ruíz Loredo y José Rene Pérez, profundamente lesionado. Aún hoy, no se les ha reparado el daño. La autoridad sigue sin sancionar al empresario quien sigue operando el pozo, y se encuentra abriendo otro. Los mineros no cuentan con medidas de seguridad ni registro en el IMSS, pese a que el siniestro sucedió hace dos años, El Boker aún no tiene salida de emergencia.

El pasado 6 de enero de 2012, Jesús Alberto Becerra  Robledo de 39 años, se siniestró en la mina VII de MIMOSA Minera del Norte S.A de C. V. a causa de un caído, que le  destrozó el estomago, tiene 3 hijos, a casi 7 meses se encuentra en terapia intensiva en Monterrey. Al sindicato y a la empresa demandamos el apoyo incondicional a los mineros siniestrados y sus familias. La OFPC acompaña a estas familia en Coahuila y en el caso de Jesús estamos al pendiente de su recuperación.

Atentamente

¡A Una Voz Rescate Ya!
Organización Familia Pasta de Conchos
Pastoral Laboral
Centro de Reflexión y Acción Laboral

CEREAL
Centro de Reflexión y Acción Laboral
proyecto obrero de Fomento Cultural y Educativo A.C.
Privada de Lago San Pedro # 13,
Col. Cinco de Mayo, Del. Miguel Hidalgo,
CP11430, México D.F.
Tel. 01 (55) 52 50 03 28 / 55 45 99 25

Región Carbonífera, estado de Coahuila.- 19 de julio de 2012

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

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