En Brasil, existen actualmente más de 4.000 radios comunitarias en funcionamiento. Si se contabilizaran también las emisoras que operan sin autorización, esa cifra aumentaría drásticamente. El proceso de entrega de licencias, no obstante, es lento: en algunos casos, la espera fue de casi 10 años. Por eso, no son raros los casos como el de José Eduardo Rocha Santos, propietario de una radio comunitaria en el estado de Sergipe, que fue condenado a dos años y medio de prisión por operar de manera ilegal.

De acuerdo con el presidente nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc-Brasil), Arthur William, uno de los primeros pasos hacia una legislación que valorice las radios comunitarias en Brasil es la despenalización de la transmisión de emisoras de baja potencia. En entrevista telefónica con el Centro Knight para el Periodismo en las Américas, William explica los principales problemas que enfrentan las radios comunitarias e independientes en el Brasil de hoy y su importancia en el derecho a la comunicación, y algunos ejemplos de otros países del continente.

¿Cómo evalúa la legislación brasileña sobre las radios comunitarias hoy en día?. ¿Ha habido alguna evolución en los últimos años?
La legislación brasileña sobre radios comunitarias es anticuada y conservadora, establecida en 1998, en una época de privatización y debilitamiento de los movimientos sociales. Por esa ley, una radio comunitaria debe tener muy baja potencia (25 vatios) y un alcance no mayor de 1 Km a la redonda. La legislación, tampoco permite la publicidad en las radios comunitarias, ni ofrece alternativas de financiación. En 2011, se aprobó una norma que actualizó los peores apartes de la ley de 1998 (Decreto 462). Pero como dicha Ley es por sí injusta, la actualización de la misma también lo es, pues enfatizó sus peores apartes. Por ejemplo, la legislación descalifica automáticamente cualquier radio que transmita sin licencia y, sin embargo, el proceso de concesión de radios comunitarias es lento y burocrático, llegando a veces a durar más de 10 años. Y si en ese tiempo, la radio sale al aire, es automáticamente descalificada del proceso de legalización.

¿Qué se puede hacer para mejorar esta situación y hacer que el proceso de legalización sea más eficiente?
Hay una propuesta en el Congreso para despenalizar las transmisión con frecuencias por debajo de los 100 vatios: esto es un ejemplo de mejora, ya que en Brasil, hoy en día, cualquier persona que transmite con una frecuencia por encima de los 25 vatios, incurre en un delito. Otra propuesta que está siendo evaluada por el gobierno, elaborada por la presión de las radios comunitarias, permitiría la publicidad comercial en ellas, pero sin la posibilidad de establecer precios ni condiciones de pago. De aprobarse esa propuesta, también ampliaría su alcance a las radios comunitarias para la extensión de las comunidades, sin una amplitud fija de 1 Km de alcance. Con respecto al financiamiento, es preciso que este sea garantizado con un fondo público o con el porcentaje de algún impuesto.

¿Cómo analiza la posición y el papel de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) con respecto a las radios comunitarias?
La función de Anatel es supervisar y reglamentar, pero con relación a las radios comunitarias, esto solo se hace por medio de la policía. Anatel no ofrece financiamiento, no orienta, no ayuda en el proceso burocrático de legalización. Un ejemplo de las funciones de Anatel fue cuando trató de cerrar la radio Cúpula dos Povos -Cumbre de los Pueblos- [radio independiente administrada colectivamente por diversos movimientos sociales, incluyendo la Amarc, que se desarrolló durante la Cumbre de los Pueblos, un evento paralelo a Río +20, celebrado en el Aterro do Flamengo en la Río de Janeiro]. Anatel intentó cerrar la radio y acabar con la transmisión con ayuda de la policía militar, pero logramos evitarlo. En muchas partes de Brasil, Anatel terminó siendo influenciada por poderes políticos locales que persiguen a las radios comunitarias, especialmente durante los períodos electorales. Muchas de estas radios terminan sirviendo a los intereses de grupos políticos o religiosos.

¿Existen casos exitosos en las Américas que pueden servir de ejemplo para Brasil?
La realidad de la radios comunitarias en América Latina, de manera general, es muy similar a la de Brasil, pero algunos países han modificado sus leyes para que las radios comunitarias e independientes sean valoradas como corresponde. Argentina, por ejemplo, dividió su espectro electromagnético en tres partes: emisoras estatales, emisoras privadas con fines de lucro (a las que llamamos comerciales) y emisoras privadas sin fines de lucro. Entre estas últimas se encuentran las emisoras de las comunidades indígenas, sindicatos, movimientos sociales y las radios comunitarias e independientes. El gobierno argentino también ofrece un porcentaje de la publicidad estatal para esas emisoras. Este tipo de posturas valoriza las radios independientes y comunitarias. Chile también aprobó recientemente una ley que despenaliza la transmisión por frecuencias de baja potencia. Brasil está en contravía de esas iniciativas: hay que estar en sintonía con el resto de las Américas.

¿Cómo define usted una radio comunitaria y cuál es su importancia para Brasil?
Una radio comunitaria, para mí, es un complemento de la comunicación. La radio comercial busca dinero; la radio pública tiene programación cultural y educativa, pero sin mucho contacto con las comunidades. La radio comunitaria, a su vez, está hecho por y para la comunidad, conoce sus problemas, las noticias más importante para ella, divulga su cultura, su música y ayuda a desarrollar la economía local. Es por eso que, dicho sea de paso, queremos contar con permisos para transmitir publicidad por las radios comunitarias. Las radios comunitarias pueden conectarse con su propia comunidad: con campañas de vacunación, de salud, movilizar a la población, etc.