Trabajadores denuncian abusos por parte de empresa china en Acatzingo

Intelectuales, artistas y periodistas paraguayos denuncian atropellos

 

PL

Intelectuales, artistas y periodistas paraguayos denunciaron agresiones y censura por parte del gobierno, y rechazaron un plan para cerrar numerosas emisoras de radio de tipo comunitario.

Un documento firmado por 35 escritores, poetas, científicos, artistas y trabajadores de la cultura rechazó el golpe parlamentario que realizó, dijeron, un juicio sumario al presidente constitucional, Fernando Lugo, el cual concluyó con su destitución.

Los protestantes afirmaron que se impuso la censura especialmente en la televisión pública, la Radio Nacional y el canal indígena Unici, y se encuentra en proceso la amenaza de extinción de las radios comunitarias, defensoras del pueblo.

Apelaron a todos sus colegas del país para resistir y alegaron que viven momentos de retroceso a la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), sufrida por la nación suramericana, pues carecen de validez todas las disposiciones del gobierno de Federico Franco.

Al hablar a la comunidad internacional, las personalidades de la cultura paraguaya subrayaron que no existen garantías para el ejercicio de los derechos humanos fundamentales.

Por su paste, un artículo del investigador y periodista Washington Uranga, conocido aquí, dio cuenta del despido de periodistas del sistema de medios públicos de Paraguay, especialmente en la Secretaría de Información, la televisión pública, la Radio Nacional de Paraguay y la agencia de noticias oficial IP Paraguay.

Señaló que esos despidos se realizan sin causa justificada y se apoyan en argumentos de tipo ideológico y político y se acompañan con amenazas a los periodistas y corte de su acceso a los medios sociales y correos electrónicos.

En Paraguay, el golpe es también contra el derecho a la comunicación, subrayó Uranga en su análisis de la situación existente tras la destitución de Lugo.

Abusos cometidos por integrantes del ejército deben juzgarse en tribunales civiles

Difusión Cencos  México D.F., 4 de noviembre de 2011

Boletín de prensa
AI México

Las sentencias dictadas a 14 integrantes del ejército mexicano por el asesinato de cinco civiles en 2007 es un importante avance hacia la justicia. Sin embargo, estos casos deben ser juzgados en tribunales civiles y no militares, afirmó hoy Amnistía Internacional.

La secretaría de la defensa (SEDENA) anunció ayer que una corte marcial había impuesto sentencias de entre 16 a 40 años de prisión a integrantes del ejército con relación al asesinato de dos mujeres y tres niños, quienes no se detuvieron en un retén militar en el estado de Sinaloa.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido más de 6,000 quejas de abusos a los derechos humanos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas desde finales de 2006. Sin embargo, son infrecuentes los juicios y sentencias a militares.

“Es positivo que los responsables de este crimen en particular hayan sido identificados y procesados.  Sin embargo, serias dudas continúan con respecto a los pormenores de sus sentencias” ha dicho hoy Susan Lee, Directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Por ejemplo, dada la naturaleza poco transparente del sistema de justicia militar en México, no sabemos mayores detalles del caso o por cuánto tiempo estos hombres realmente permaneceránen prisión”

De acuerdo a autoridades militares, previamente a estas sentencias tan solo dos funcionarios del ejército han sido sentenciados por abusos contra civiles desde que el presidente Felipe Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006. Hasta el momento, todos los casos relacionados con presuntos abusos por parte de las fuerzas armadas han sido procesados a través del sistema de justicia militar.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha emitido una serie de sentencias en contra de México ordenando que todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares sean investigadas y juzgadas en instancias civiles. A principios de año, la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) determinó que los casos relacionados con violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas deberían estar fuera de la jurisdicción militar. Hasta el momento no hay evidencia de que esto esté sucediendo.

La administración del presidente Felipe Calderón ha dependido de las fuerzas armadas para combatir el crimen organizado, incluyendo a los fuertemente armados carteles. Desde 2006 ha habido un alarmante incremento en el número de reportes de abusos a los derechos humanos cometidos por integrantes de estas fuerzas.

“Con la única excepción de estos pocos casos, el sistema de justicia militar ha fallado consistentemente en brindar justicia a las víctimas de estos abusos y  hacer rendir cuentas a los responsables, conduciendo esto a un clima de impunidad”, dijo Susan Lee. “Es tiempo de que las autoridades mexicanas den cumplimiento a las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia trasladando las investigaciones y procesos judiciales de abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas a instancias civiles” agregó.

Exhortan a la autoridad judicial, garantizar el acceso a la justicia a niñas y niños abusados en kínder de Iztapalapa

Difusión Cencos México D.F., 11 de octubre de 2011

Pronunciamiento 

ODI / Redim

• ODI y REDIM exhortan a la autoridad judicial, tomar las medidas adecuadas para garantizar el acceso a la justicia a niñas y niños víctimas, en el caso del kínder de Iztapalapa.

La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia y la Red por los Derechos de la Infancia en México representa legalmente a 23 familias de los más de 35 niñas y niños víctimas de abuso sexual, violación y corrupción de menores ocurrido en el kínder de Iztapalapa «Andrés Oscoy», por personal y autoridades de la propia institución educativa. Durante meses los niños fueron violentados en el baño por uno o más trabajadores de la institución y aún cuando varios niños pidieron auxilio a los directivos únicamente encontraron por parte de la directora evasivas e incluso ofrecimientos de dulces a cambio de su silencio.

Hoy informamos que tres personas ya fueron aprehendidas: Saúl Blancas Tamayo quien trabajaba en la intendencia de la escuela; José Reyna Sandoval quién ejercía las funciones de conserje y María de la Luz Cano Martínez que ejercía el puesto de dirección de la escuela.

Tanto Saúl Blancas, María de la Luz Cano» ya enfrentaban procesos penales relacionados con estos hechos y hoy enfrentan nuevos cargos, viéndose ambos privados de su libertad.

El presente caso es de gran relevancia porque, además del grave impacto en la vida de las niñas y los niños que han sido víctimas de este delito, refleja las condiciones de inseguridad que prevalecen en muchas de las instituciones educativas de nuestro país, las cuales se convierten en centros propicios para la violación de derechos de niñas y niños, que en muchos casos, son cometidas por personas que tienen la obligación de garantizar y proteger su integridad y desarrollo.

El reto ahora para las autoridades mexicanas, es el de poder restituir los derechos de estos niños y niñas que se han visto afectados y evitar, que estos puedan ser revictimizados. Para ello se requiere que estos niños y niñas, así como sus familias tengan un efectivo acceso a la justicia.

Por lo anterior se debe tener presente que un niño es distinto a un adulto y que resulta evidente que una persona de cinco años no puede ser tratado de la misma forma en la que se trata a un adulto. Esto es especialmente cierto en cuanto a un proceso penal se refiere.

Los procesos penales, con lenguaje y formalismos incomprensible e inadecuados para la edad y grado de desarrollo de las niñas y niños, puede producir en ellos temor y una revíctimización que se traduce en daño un emocional para el infante. En este sentido se agravia no solo el derecho del niño de ser protegido ante el sufrimiento ocasionado por un procedimiento inadecuado, sino se violenta su derecho de acceso a la justicia, pues el niño, al no entender el proceso, no puede participar efectivamente en el mismo para exigir o hacer valer sus derechos.

Finalmente, como sociedad perdemos todos cuando los niños víctimas del delito son excluidos por falta c 3 un trato adecuado. Sin la participación de las víctimas resulta imposible conocer la verdad sobre lo sucedido y hacer justicia. La falta de un trato adecuado a la infancia significa resignarnos como sociedad a que casos tan graves como este, pueden quedar impunes.

La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia y Red por los Derechos de la Infancia en México representan a 23 víctimas ante estos procesos. Si bien es nuestro interés obtener justicia entendemos que esta no puede ser a costa de la integridad de las niñas y los niños. Con esto en mente se solicitará a las autoridades correspondientes se desarrolle toda participación en condiciones adecuadas a su edad y grado de desarrollo y en la máxima protección de su integridad, entre las que se encuentran:

La acumulación de los procesos

Que el niño o la niña pueda hablar en privado. Los lamentables hechos que han vivido en este caso requieren de espacios privados para que puedan expresarse sin la presencia de extraños.

Que el niño o la niña sea entrevistado y no interrogado. Requiere de una intervención que le permita narrar libremente y sin temor lo que ha vivido. Sin ser interrumpido por preguntas que sólo aumentan en él la presión y angustia.

Que el niño o la niña sea protegido en contra de abusos y presiones por parte de los agresores y su defensa Sin menoscabo de los derechos de los procesados, tienen derecho a ser protegidos de estrategias de interrogatorio que abusando de la diferencia de capacidades y poder existente entre un niño y un adulto busca generar confusión en el niño declarante a costa de su integridad emocional.

Que lo que dice sea valorado en consideración de su edad y grado de desarrollo, así como lo que se conoce sobre el pensamiento y actuación infantil.

Esperamos, que la autoridad judicial sea consiente y sensible a las necesidades que tienen niños y niñas que han sido víctimas de delito, y recibamos una respuesta positiva a nuestras peticiones.

El trato adecuado para niños y niñas víctimas es el primero de tres temas fundamentales a resaltar en el caso, mismos que se abordarán a mayor detalle en las próximas semanas. Los dos temas restantes y no menos importantes son la responsabilidad del Estado frente a estos hechos tan lamentables, así como la reparación del daño para las víctimas y la sociedad incluyendo garantías de no repetición en otros planteles de educación pública del país.

Estas peticiones representan el principio y la base para que se haga justicia en casos de esta naturaleza, los cuales deben servir de parteaguas para que las violaciones de los derechos de las niñas y los niños, dentro de las instituciones educativas, no se repitan más.

Atentamente

García Margarita Griesbach Guízar

Directora

Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia

Juan Martín Pérez

Director Ejecutivo

Red por los Derechos de la Infancia en México

 

Video Conferencia de Prensa: Avances en el proceso legal del caso de niñas y niños que fueron abusados en kínder de Iztapalapa

Parte 2

Parte 3

Abusos de la marina, violaciones a derechos humanos

Difusión Cencos México D.F., 2 de septiembre de 2011

Boletín de prensa
Cadhac

La familia Acosta, otra víctima de los abusos de la marina

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) está profundamente consternada por el ataque que sufrió la familia Acosta en la madrugada del día 1º de septiembre en Apodaca, Nuevo León, cuando elementos de la Secretaría de Marina ingresaron violentamente a su casa, mataron a Gustavo Acosta de (31 años) y detuvieron a Daniel Acosta (19 años)

Tomando en cuenta la versión por parte de la hermana del occiso, dada a los medios de comunicación justo después de los hechos, en la que manifiestó que elementos de la Marina llegaron a su casa gritando que abrieran la puerta, estando su papá y su hermano en el piso de abajo, y que tan pronto el hermano abrió la puerta, fue agredido y muerto a balazos, así como las declaraciones de diversos vecinos en el sentido de que los familias no eran delincuentes, CADHAC considera que:

• El ingreso a los domicilios por parte de las Fuerzas Armadas y la Marina, están violentando derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución y tratados internacionales de derechos humanos.
• Del testimonio se desprende una probable Ejecución Extrajudicial por parte de la Marina Armada de México.
• Este tipo de actos deleznables, son cada vez más frecuentes, por lo que urge se actúe dentro del marco legal vigente.
• Cualquier persona que se presuma sea responsable de un hecho delictivo, debe ser sancionada conforme a derecho, y de ninguna manera sometida a tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, a la privación de cualesquiera de sus derechos, incluido el derecho a la vida.

Por lo anterior exigimos de inmediato:

• Presentación de la persona detenida ante la autoridad civil correspondiente.
• Presentación por parte de los marinos de la orden de cateo y la orden de arresto con las que debieron contar antes de pretender ingresar a un domicilio privado.
• Una explicación pormenorizada sobre el uso de la fuerza letal y las causas y los procedimientos de arresto que utilizaron en esta acción.
• Que se investiguen los hechos, se deslinden las responsabilidades correspondientes y se sancione a los responsables en procedimientos ante juzgadores de orden civil, no militar.
• Se garantice la integridad jurídica, física y psicológica de toda la familia Acosta.

CADHAC exige que la Secretaría de Marina haga pública la información sobre esta acción. Esta organización quiere recordar que de conformidad con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Expediente Varios 912/2010, la Marina no es competente para procesar a sus elementos en casos como estos, por lo que el Ministerio Público debe asumir su competencia e investigar cuidadosa y profesionalmente, y el caso debe ser resuelto por tribunales civiles, no por instancias militares.

No es la primera ocasión que los elementos de la Marina Armada de México matan inocentes en el marco de la estrategia federal contra el crimen organizado. Estos actos son indignantes e inadmisibles en una sociedad democrática. CADHAC aboga por un cambio de estrategia que respete auténticamente el Estado de derecho y los derechos humanos de todas las personas.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

Cadhac Derechos Humanos, el Viernes, 02 de septiembre de 2011

Declaración ante acoso militar contra compañera en Matamoros.

Declaración ante acoso militar contra compañera en MatamorosLa Red Contra la Represión y por la Solidaridad expresa su preocupación por el acoso premeditado que la Armada de México hace contra Luz María González Armenta y sus allegados en Matamoros, Tamaulipas. La compañera manifiesta, como gran parte del país, su descontento ante la presencia militar en las calles con un letrero en su automóvil que dice: No + Militares. Este pequeño letrero ha hecho que marinos la hayan intimidado en abril en su domicilio particular, y que en mayo 27 la hayan insultado y molestado, junto con una familia que la acompañaba, también en su domicilio.

La libertad de expresión es ya un derecho que casi está perdido, y no sólo por el crimen organizado, como se expresa oficialmente, sino por las mismas autoridades.

Responsabilizamos a la Armada de México contra cualquier agresión contra Luz María González Armenta, contra su integridad física y contra cualquier incidente que atente contra su persona y hacemos un llamado a manifestar nuestra solidaridad por medio de cartas, declaraciones, comunicados,etc. y mantenernos atentos a esta lamentable situación.

ALTO AL ACOSO MILITAR CONTRA LUZ MARÍA GONZÁLEZ ARMENTANO MÁS MILITARES EN LAS CALLES

Red Contra la Represión y por la Solidaridad (RvsR)