Sociedad civil insta a diputadas y diputados a aprobar a la brevedad el dictamen de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

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Difusión Cencos México D.F., 24 de abril de 2012

Boletín de Prensa

OSC de DH
  •  El Pleno del Senado aprobó por unanimidad el dictamen de la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
  • Senado de la República guarda un minuto de silencio en honor a todas y todos los defensores de derechos humanos y periodistas asesinados en los últimos años

Organizaciones de la sociedad civil instamos a las diputadas y diputados a aprobar a la brevedad y en este mismo periodo de sesiones la minuta aprobada hoy en el Senado de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ratificado en el Pleno y que les será enviado para sus causes institucionales en términos del artículo 72 constitucional.

De forma unánime, con 95 votos a favor y cero en contra, todos los grupos parlamentarios representados en el Senado aprobaron la iniciativa de Ley. Asimismo, reconocieron ampliamente la labor de las y los defensores de derechos humanos y periodistas, e hicieron un breve recuento de quienes lamentablemente han perdido la vida ejerciendo la libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos en el país.

Desde el Pleno, Senadores de las distintas bancadas instaron a la Cámara de Diputados a dar la mayor celeridad a la aprobación de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en los términos en que fue aprobada por el Senado en este mismo periodo de sesiones.

El dictamen, tal y como fue aprobado en el Senado, busca garantizar la protección rápida y efectiva de las y los defensores de derechos humanos y periodistas que se encuentren en riesgo por el ejercicio de su labor. Para ello, contempla un mecanismo que contará con las facultades para la implementación tanto de medidas de prevención que busquen atacar las causas estructurales que ponen en riesgo a quienes defienden los derechos humanos y a periodistas, así como medidas de protección encaminadas a disminuir los factores de riesgo cuando éstos enfrenten actos de agresión en su contra.

Las organizaciones de la sociedad civil hacen un atento llamado a las y los diputados para aprobar el dictamen en este mismo periodo de sesiones, ante la urgencia de contar con la normatividad que proteja a quienes están en riesgo por defender y promover los derechos humanos y ejercer la libertad de expresión y el periodismo.

 

Organizaciones firmantes:

 

Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH)

Asociación Mundial de Radios Comunitarias- México (AMARC)
Casa de los Derechos de Periodistas
Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C.
Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)
Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana
Protection Desk México
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (SERAPAZ)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”
Conformada actualmente por 71 organizaciones en 21 estados de la República:

Agenda LGBT . Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos «Miguel Hidalgo», A.C. Casa del Migrante Saltillo A.C. Católicas por el Derecho a Decidir, A.C Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de Las Casas», A. C. Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria O.P.», A. C. Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez», A. C Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” A.C. Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C. Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo A.C. Centro de Derechos Indígenas A. C. Centro de los Derechos del Migrante. Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD). Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF). Centro de de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara). Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. Centro Juvenil Generando Dignidad A.C. Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos . Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Centro Mujeres A.C. Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY A.C Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. Colectivo contra la Tortura y la Impunidad. Comité Cerezo. Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR). Comisión Intercongregacional «Justicia, Paz y Vida. Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. Comisión Regional de Derechos Humanos «Mahatma Gandhi», A. C. Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. Comité de Defensa de las Libertades Indígenas. Comité de Derechos Humanos Ajusco A.C. Comité de Derechos Humanos «Fr. Pedro Lorenzo de la Nada», A. C. Comité de Derechos Humanos «Sembrador de la Esperanza». A. C. Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC). Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla. Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León. Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales. Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales . Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario. Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. Servicios de Inclusión Integral, A.C. Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Vía Crucis del migrante; “En tu camino están las espinas, en mis manos está limpiarlo”

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Difusión Cencos México D.F., 27 de marzo de 2012

Boletín de prensa
Movimiento Migrante Mesoamericano /  La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes

México, desde la frontera sur hasta la frontera norte, del Atlántico al Pacífico, se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo. Entre muchas razones, la más directa es la guerra que el gobierno federal ha emprendido contra el crimen organizado.

Hace años que las personas que trabajamos en la atención humanitaria y la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, hemos levantado la voz para hacer visible la tragedia humanitaria que México provoca a las y los migrantes provenientes de Centroamérica que adquiere la dimensión de un verdadero Holocausto.

Decimos, con datos concretos a la mano, que es una migración forzada; certificamos un flujo migratorio lleno de violencia; constatamos que todas las rutas del migrante desde el sur hasta el norte, son campos minados. Recibimos cotidianamente testimonios de las razones por las que se sigue expulsando a las personas de Centroamérica y de México: pobreza, falta de empleo, persecución de las pandillas, violencia intrafamiliar. Pero el verdadero nombre del monstruo expulsor es el capitalismo salvaje imperante en el mundo.

Es verdad que la pobreza extrema y el desempleo de miles de personas en la región, han disparado a sus niveles más altos la actividad del crimen organizado, pero también es verdad que la política migratoria y antiterrorista impuesta desde Estados Unidos ha alentado su crecimiento.

El crimen organizado, que antes traficaba drogas, pasó a traficar con personas y ahora trafica con  todo. Ha podido crecer tanto y hacer tanto daño gracias, en gran parte, a la corrupción de las autoridades de todos los niveles, pero especialmente porque no se ha querido tocar su enorme capacidad financiera con la cual han infiltrado todo el aparato gubernamental y también privado.

En Tenosique, Tabasco, una de las fronteras en el sur de México, La 72, Hogar–Refugio para Personas Migrantes y el Movimiento Migrante Mesoamericano, las y los invitamos para asumir desde el sufrimiento de las y los migrantes, primero, la reflexión en torno a su realidad lacerante; después, la defensa de la dignidad de las personas que tienen que salir de su país expulsados por el sistema imperante, a través de la vivencia del Vía Crucis que empezará en la comunidad de La Palma recorriendo el camino que cientos de migrantes toman hasta llegar a Tenosique, donde abordan el tren carguero. 30 kilómetros de sol, de polvo, de peligros naturales y humanos.

A la comunidad en general
A los medios de comunicación
A los defensores de derechos humanos

Información y contacto:

La 72, Hogar Refugio para Personas Migrantes – 934 102 8644 – la72.direccion@gmail.com
Rubén Figueroa –  934 116 57 94 – ruben_migrante@hotmail.com
Marta Sanchez Soler – 044 555 435 2637 – M3nonosvamos@aol.com

Invitación a la vivencia del Vía Crucis del migrante: “En tu camino están las espinas, en mis manos está limpiarlo”

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Se logran compromisos en la primera audiencia de México sobre discapacidad ante la CIDH

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Difusión Cencos México D.F., 27 de marzo de 2012

Boletín de prensa
CMDPDH

El día 23 de marzo de 2012 se realizó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la primera audiencia para personas con discapacidad en México en el marco del 144o periodo de sesiones.

Agustín De Pavia, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) presente en la audiencia, habló sobre la carencia de datos y estadísticas, insuficiencia presupuestal, deficiencias en el marco jurídico y sobre dos casos concretos relativos a la salud. La CMDPDH tiene un amplio trabajo en la documentación de casos paradigmáticos que muestran la incapacidad del Estado mexicano de hacer garantes los derechos humanos en el país. Agustín De Pavia –persona con parálisis cerebral– mostró ante la CIDH dos de ellos.

Primero, el caso de Regina, una mujer con discapacidad intelectual que al ingresar a un hospital público los médicos, sistemáticamente fue considerada como persona “incapaz”, de tal forma que deciden sobre las condiciones de su vida. Este caso ejemplifica como las personas con discapacidad reciben tratamiento médico sin su consentimiento y peor aún, desconocen todos los síntomas que realmente les aquejan. En resumen, el Estado no ha cumplido con su obligación de brindar algún tipo de apoyo para incluirse en la sociedad con plenos derechos.

Por otro lado, el defensor mencionó el caso de una persona con discapacidad en estado de reclusión penitenciaria, Raúl Bartres con medidas cautelares ante la CIDH. Tiene una epilepsia que no fue tratada adecuadamente en su centro de reclusión, lo cual representa responsabilidad por parte del Estado y ha producido una discapacidad psicosocial. Los médicos tratantes niegan que exista una falla en el sistema de salud penitenciario, no toman medidas de atención pertinentes a personas con discapacidad y con ello incurren en violaciones sistemáticas a los derechos de este grupo de población en situación de reclusión.

Ante la evidencia de esos casos, Agustín De Pavia hizo un enérgico llamado a la CIDH «para alcanzar, a través del litigio estratégico de casos paradigmáticos, un cambio estructural que modifique las políticas públicas sobre la discapacidad para garantizar el goce de sus derechos humanos en México.»

Entre los acuerdos que se lograron están la emisión de recomendaciones al Estado mexicano que redunden en el cumplimiento de los compromisos internacionales y en la mejora de las condiciones de vida de más de diez millones de personas con discapacidad que habitan en México.

Además, la generación de un mecanismo de diálogo con la sociedad civil para garantizar recursos económicos públicos y la institucionalización de los centros de salud con perspectiva de derechos humanos para las personas con discapacidad.

Finalmente, lograr la inclusión de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) como fuente de derechos para reducir la desigualdad social y segregación de personas con discapacidad.

«Las organizaciones de la sociedad civil estarán atentas al seguimiento y cumplimiento de los compromisos y acuerdos que el Estado mexicano contrajo ante la CIDH para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad en México», sostuvo Agustín De Pavía tras su participación en la audiencia en Washington.

Por su parte, el Estado mexicano sigue insistiendo en otorgar un mayor grado de Derechos con la visión Médica de las personas con discapacidad. Como define penosamente el Dr. Campillo representante médico del poder ejecutivo: “Los enfermos mentales o con problemas de salud mental”; sigue siendo el paradigma que asocia la discapacidad con la incapacidad, es decir, que las personas con discapacidad psicosocial, mental o intelectual son consideradas como personas con discapacidad de 2do nivel, o sea personas jurídicamente incapaces sin los mismos derechos que las demás personas.

Washington DC, 23 de marzo de 2012.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Comité de Naciones Unidas exhorta al Estado mexicano a combatir discriminación a personas indígenas y otros grupos vulnerables

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Difusión Cencos México D.F., 15 de febrero de 2012
Boletín de prensa
Cladem México / Tlachinollan / Centro Prodh / RedTDT

  • Expresa preocupación por los megaproyectos realizados en territorios indígenas y destaca la obligación de consultar adecuadamente a los pueblos
  • Espera que la SCJN resuelva el caso del joven indígena Hugo Sánchez Ramírez de acuerdo a los derechos humanos y una adecuada valoración de pruebas
  • Insta al Estado a combatir las múltiples discriminaciones sufridas por mujeres; abusos y xenofobia en contra de personas migrantes

Hoy se finalizó en Ginebra, Suiza, la 80ª sesión del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (Comité CERD), órgano compuesto por 18 expertos independientes de todas partes del mundo quienes se ocupan de revisar el cumplimiento por parte de los Estados con las obligaciones reconocidas en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

A lo largo de dos jornadas de trabajo el Comité revisó el informe periódico presentado por el Estado mexicano, representado por una delegación de 16 funcionarios encabezada por el Embajador Alejandro Negrín Muñoz, Director General de Derechos Humanos de la SRE y el Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) el Lic. Ricardo Bucio Mújica, entre otros.  Tras analizar la información presentada por el Estado así como por organizaciones de la sociedad civil, las y los expertos del Comité formularon un gran número de preguntas y expresaron la urgencia de atender diversas problemáticas detectadas.

Entre los saldos positivos de la sustentación del Estado mexicano ante el Comité CERD destaca el reconocimiento expresado por el Presidente del CONAPRED sobre el carácter estructural que la discriminación posee en México. En consecuencia, como sociedad civil estaremos atentas y atentos a que las acciones del Estado para revertirla sean también de carácter estructural y contemplen la distribución de recursos y poder y no solamente medidas de carácter cultural.

Justicia para personas indígenas: el caso de Hugo Sánchez Ramírez

En materia de justicia, resultó de particular interés para el Comité el caso paradigmático de Hugo Sánchez Ramírez, joven mazahua recluido en el Estado de México cuyo caso está por resolverse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  Los expertos Pastor Elias Murillo Martínez (relator del Comité para la evaluación al Estado mexicano), José Francisco Cali Tzay, Régis de Gouttes y Patrick Thornberry llamaron la atención sobre el caso en distintos momentos, expresando su preocupación por evidentes falencias en el proceso y porque Hugo Sánchez fue condenado por el delito de secuestro aun cuando las víctimas del mismo se retractaron durante el juicio de su supuesto reconocimiento de Hugo como victimario.  Asimismo cuestionaron la aparente falta de criterios claros de la policía para registrar o detener personas.  Los expertos Carlos Vásquez y Anwar Kemal recordaron la obligación de evitar detenciones arbitrarias en contra de grupos sociales vulnerables.

El Embajador Alejandro Negrín explicó al Comité que “este caso está siendo atendido al más alto nivel de justicia en México”.  Los representantes del Estado reconocieron que Hugo Sánchez inicialmente fue detenido en julio de 2007 bajo una premisa de “actitud sospechosa”, pero destacan que ahora la Suprema Corte resolverá el caso y podrá emitir criterios “útiles para prevenir detenciones arbitrarias o la instrumentación de procesos irregulares” en el futuro, así como “criterios muy importantes” en materia de valoración de pruebas, incluyendo en su caso reglas sobre la exclusión de la prueba ilícita.  De acuerdo al Lic. Jorge Cruz Becerra, Director de Cooperación con Organismos Internacionales de Derechos Humanos de la PGR, se espera que en la eventual resolución de la SCJN, “serán emitidas directrices que deben ser observadas” por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.  Por su parte, la asesora de la Presidencia de la SCJN María de los Ángeles Arcos García recordó que el caso de Hugo –planteado en dos amparos directos- fue atraído por la Primera Sala por su interés y transcendencia para la sociedad.

Al fijar las conclusiones preliminares del Comité al final de la sesión de hoy, el experto Pastor Elias Murillo Martínez destacó la necesidad de evitar “falsos positivos” en el combate a la inseguridad, refiriendo al riesgo de que, en el afán de producir resultados ante la legítima demanda social por mayor seguridad pública, se victimice a personas inocentes.  Expresó que la atracción del caso de Hugo Sánchez por la SCJN es una acción positiva y confió en que el caso se resolverá en el sentido correcto con base en una debida valoración de los elementos de prueba ante el Máximo Tribunal.

Megaproyectos, consulta y derechos de los pueblos indígenas

Un tema abordado por diversos expertos era la realización de megaproyectos en territorios indígenas.  En particular, se hizo mención reiterada de las concesiones otorgadas a empresas mineras.  Miembros del Comité recordaron que los megaproyectos no deben imponerse sino que es obligatorio llevar a cabo una adecuada consulta a los pueblos.  Asimismo destacaron la necesidad de otorgar reparaciones a comunidades que hayan sufrido afectaciones por este tipo de proyectos.

En su respuesta, la delegación del Estado aseguró el Comité que en el caso de las tierras sagradas de Wirikuta, “están completamente blindados los derechos espirituales” del pueblo wixárika y que no permitiría que se llevara a cabo un proyecto en su territorio sin una adecuada consulta y cumplir la ley ambiental, entre otros.

El Comité también abordó el tema de los ataques suscitados en contra de defensores comunitarios que se oponen a los megaproyectos, tal y como sucedió el mes pasado en San José del Progreso, Oaxaca donde el activista Bernardo Méndez, opositor al proyecto minero de la empresa Cuzcutlán, se murió de un impacto de bala recibido mientras realizaba acciones de protesta.

Por otro lado, el relator del Comité para México observó que en el tema de la criminalización de activistas, “parece ser que las personas indígenas se encuentran entre las personas más vulnerables”.  Entre otros ejemplos hizo mención del encarcelamiento de José Ramón Aniceto y Pascual Agustín Cruz en el Estado de Puebla.  En general los expertos formularon numerosas preguntas y expresaron su preocupación por la marginación de los pueblos indígenas en términos económicos y la discriminación social que existe en su contra.

Las múltiples discriminaciones a las mujeres

En respuesta a preguntas del Comité sobre las múltiples discriminaciones que afectan a las mujeres, el Presidente del CONAPRED, Lic. Ricardo Bucio, mencionó que históricamente, el modelo de la nación mexicana se ha basado en una categoría homogeneizante que hace referencia a un ciudadano, masculino, mestizo, heterosexual, de una preferencia religiosa determinada, de una cierta ideología, urbano y adulto, lo cual ha sido un caldo de cultivo propicio para generar o permitir por omisión la exclusión de todas y todos aquellos que no se ciñan a este criterio. Destaca el caso de las mujeres mexicanas quienes a menudo se consideran como un grupo sectorial o incluso como una minoría.

En referencia al carácter múltiple de la discriminación, la delegación mexicana a través del Lic. Bucio mencionó la necesidad de transversalizar la atención al tema en las políticas públicas y en particular la obligación de atender la situación que viven las dos millones de trabajadoras domésticas; de las cuales más del 90% son mujeres y en su mayoría de origen indígena que no cuentan con acceso a la seguridad social y otros derechos humanos laborales.
Grupos minoritarios

Por otro lado los integrantes del Comité CERD pidieron información sobre la población afrodescendiente en México y sobre la discriminación social que puede enfrentar esta población en la vida cotidiana.  Los miembros del Comité CERD externaron también su preocupación por la grave situación de inseguridad que viven las personas migrantes en el país, incluyendo los secuestros cometidos a esta población, así como por la evidente xenofobia presente en casos como el de la casa de migrante en Lechería, Estado de México (misma que próximamente será reubicada).  También formularon preguntas acerca de la situación que viven las minorías religiosas en el país.

Las observaciones finales del Comité serán adoptadas en las siguientes semanas.

Ginebra, a 15 de febrero de 2012

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos