Oaxaca. México: Médicos niegan anticonceptivos a jóvenes indígenas

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martes, 7 de agosto de 2012

Citlalli López (CIMAC)

Las y los jóvenes en las comunidades indígenas de Oaxaca conocen, pero no ejercen sus derechos sexuales y reproductivos plenamente debido a los mitos y temores en torno a los métodos anticonceptivos.

De manera errónea, los médicos de las comunidades buscan retardar el inicio de la vida sexual activa entre este sector de la población argumentando que el condón ocasiona infecciones de transmisión sexual (ITS), y que las pastillas anticonceptivas “causan esterilidad”.
Así lo revela un estudio de campo realizado en los municipios de San Juan Cotzocón y Teotitlán del Valle, realizado por organizaciones civiles como la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser). Los resultados fueron presentados el pasado mes de abril.
Mayra Morales Aldaz, representante en Oaxaca de Ddeser, precisó que también prevalece la negativa de los médicos a proporcionar un método anticonceptivo a madres solteras, jóvenes menores de 18 años y mujeres viudas.
Lo anterior a pesar de que, de acuerdo con los médicos de las comunidades, las y los jóvenes comienzan su vida sexual activa desde los 14 años y la maternidad a los 16 años.
Mediante una actividad denominada “usuario simulado”, encontraron que el personal de salud cuestiona y pide muchos requisitos a quienes solicitan métodos anticonceptivos, como por ejemplo que vayan acompañados de un adulto y asistan a pláticas informativas antes de proporcionarles un condón o una pastilla.
El resultado, dijo, es el aumento de embarazos tempranos, ITS y abortos en condiciones inseguras, “porque no se están utilizando los métodos anticonceptivos, pero sí están teniendo relaciones sexuales”.
A falta de una política pública con enfoque científico y de servicios amigables, las principales fuentes de información para las y los jóvenes son el internet -en comunidades donde hay acceso- y las amistades.
La línea base del estudio indica que en San Juan Cotzocón y Teotitlán hablar de derechos sexuales y reproductivos es mal visto, en contraparte con el embarazo en adolescentes, que es algo que la comunidad considera “normal” y son aceptados a pesar de que ponen en riesgo la vida de las mujeres.
De acuerdo con la investigación, en ambas comunidades la etapa de la juventud es percibida como problemática. En esas localidades el inicio de la vida sexual activa ocurre antes de cumplir la mayoría de edad.
Morales Aldaz señaló las y los jóvenes con información sobre el uso de métodos anticonceptivos retarda más el inicio de su vida sexual porque tienen mayor claridad en torno a sus metas.

Publicado por ARGENPRESS

AU: Amenazas de muerte contra Lydia Cacho Ribeiro, defensora de los derechos humanos y periodista

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Difusión Cencos México D.F., 7 de agosto de 2012

Acción Urgente
Front Line Defenders

Lydia Cacho es la directora y fundadora del Centro Integral de Atención a las Mujeres – CIAM en Cancún, una ONG que brinda apoyo a las víctimas de violencia sexual y doméstica y de trata sexual. Ha escrito seis libros sobre el crimen organizado, la pornografía infantil y la trata sexual. En el 2007, Lydia Cacho recibió el Premio Ginetta Sagan de Amnistía Internacional para la protección de los derechos de las mujeres y los niños.

El 29 de julio de 2012, Lydia Cacho Ribeiro, destacada defensora de los derechos humanos, recibió una amenaza de muerte anónima

El 29 de julio de 2012, Lydia Cacho estaba en su hogar cuando alguien intentó contactarla por medio de su transceptor de mano, utilizado únicamente para emergencias. Pensando que era un colega del trabajo, la defensora de los derechos humanos contestó, y un hombre que la llamaba por su nombre dijo lo siguiente: “Ya te lo dijimos, pinche puta, no te metas con nosotros, se ve que no aprendiste con la vueltecita que te dieron. La que te va a tocar va ser en pedacitos, así te vamos a mandar a casa, en pedacitos, pendeja”.

Ésta no es la primera vez que Lydia Cacho ha sido víctima de amenazas como consecuencia de sus actividades en defensa de los derechos humanos. Previamente, Front Line Defenders emitió llamamientos urgentes en relación con las intimidaciones, vigilancia y amenazas de muerte en contra la defensora de los derechos humanos en 2009, y el intento de asesinarla en mayo de 2007. También, fue brevemente detenida y acusada de difamación en relación con la publicación de su libro, “Los Demonios del Edén”, donde afirmó que una red de pederastas operaba baja la protección de ciertos políticos y empresarios en los estados de Quintana Roo y Puebla.

El 10 de agosto de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a Lydia Cacho y solicitó a las autoridades mexicanas a tomar las medidas necesarias para garantizar su vida y a investigar las amenazas de muerte, vigilancia e intimidaciones que dieron lugar al otorgamiento de las medidas cautelares.

Front Line Defenders manifiesta su grave preocupación por la integridad física y psicológica de Lydia Cacho y entiende que esta amenaza de muerte está directamente relacionada con su trabajo legítimo en defensa de los derechos humanos. Además, Front Line Defenders expresa su preocupación por la impunidad de los que profieren amenazas de muerte en México, e insta a las autoridades a revertir esta tendencia alarmante.

Firma: Actúa Ahora

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Sin investigar en consulados, México deporta a mujeres migrantes

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lunes, 6 de agosto de 2012

Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)

México viola el derecho al debido proceso de las migrantes centroamericanas al momento de su detención y cuando son repatriadas, pues no notifica a sus consulados y tampoco investiga a fondo si deportarlas las coloca en riesgo o no, ya que muchas de ellas salen de sus países por violencia en sus casas o comunidades.

Lo anterior, lo señaló a Cimacnoticias Berenice Valdez, consultora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), quien denunció que las autoridades no obedecen las disposiciones relativas a la detención y repatriación planteadas en la nueva Ley de Migración.
Valdez indicó que México incumple con su obligación de notificar al consulado del país de donde provienen las migrantes, las mantiene tiempo indefinido en las estaciones migratorias, y no investiga si las condiciones en las comunidades de origen son apropiadas para que las mujeres regresen.
Lo anterior representa una violación al derecho al debido proceso de las migrantes que ingresan al país, mayoritariamente con la intención de llegar a Estados Unidos.
Ejemplificó que “cuando (las autoridades) retornan sin seguridad a las mujeres, sin ahondar más en las condiciones de su regreso, no sólo en casos de asilo o persecución política, sino en cuestión de violencia en sus casas o comunidades, las expone a un mayor peligro”.
La experta indicó que las autoridades suelen repatriar a las migrantes sin considerar “si podrían ser solicitantes de refugio por violencia de género”, debido a que el personal carece de capacitación.
Algo similar ocurre cuando se trata de identificar a víctimas de trata de personas, delito que “confunden con prostitución”, y por lo tanto no les brindan la protección que necesitan.
El Instituto Nacional de Migración (INM) reportó 66 mil 764 detenciones en 2011, en ese año deportó hacia Centroamérica a 61 mil migrantes.
En 2007 el 22.9 por ciento de las personas deportadas eran mujeres, para 2010 la proporción se redujo a 13.8 por ciento.
La disminución se debe al subregistro de las migrantes, quienes viajan por una ruta alterna a la utilizada por el grueso de los centroamericanos. Ellas pagan “coyotes” y utilizan documentación falsa para cruzar el país.
Migrantes en detención
Una vez en las estaciones migratorias, sin indagar su situación, “las hacen firmar acuerdos de repatriación voluntaria y son retornadas, no siempre a sus lugares de origen, a veces sólo a Guatemala”.
Tan solo entre enero y junio de 2011, el INM reportó 33 mil 536 personas extranjeras repatriadas voluntariamente a su país.
Las mujeres deportadas deberían gozar de protección por parte de sus consulados, pero las autoridades mexicanas “no siempre les notifican sobre la detención de las migrantes, por eso hay que insistir en que se respete el derecho a la protección consular y a que haya una investigación más profunda acerca de si pueden ser víctimas o no de trata o de violencia”, mencionó la activista.
También sostuvo que hace falta seguir el debido proceso que marca la ley de migración para esta población en detención y capacitar a las autoridades para que investiguen las condiciones en las que se encuentran las migrantes antes de deportarlas.
La situación varía en cada estación migratoria, hay avances en algunas como las ubicadas en el Distrito Federal “hay más capacitación y el espacio está mejor que en otras entidades”, pero al igual que en las demás su personal no investiga a fondo el riesgo que podrían enfrentar las mujeres al volver a sus países, dijo.
Berenice Valdez añadió que en el país hay por lo menos una estación migratoria en cada estado, aunque hay entidades ubicadas en la ruta de tránsito que cuentan con más estaciones como Chiapas, donde en 2011 se realizó el 43 por ciento de las detenciones.

Publicado por ARGENPRESS

México: “Absurda”, la propuesta de “castración química”

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miércoles, 1 de agosto de 2012

Gladis Torres Ruiz (CIMAC)

La “castración química” a violadores es “inoperante y absurda”, por lo que las diputadas del Estado de México tendrían que impulsar la legislación existente a nivel federal y estatal sobre violencia contra las mujeres, la cual contempla mecanismos para combatirla y no hacer este tipo de propuestas, advirtió la feminista y ex diputada federal Marcela Lagarde.

Entrevistada sobre la propuesta de las diputadas mexiquenses del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza, Elena Lino Velázquez y Cristina Ruiz Sandoval, para modificar el Código Penal de la entidad y aplicar la “castración química” a violadores, la catedrática en la UNAM recordó que hay una norma para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sin embargo carece de presupuesto y de una cabal comprensión.
Según el informe “Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009”; en el país ocurren cerca de 15 mil denuncias de violación sexual al año.
Tan sólo en 2009 en el Estado de México se recibieron 2 mil 990 denuncias, de acuerdo con el documento realizado por la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados en la 61 Legislatura.
La doctora en Antropología dijo que seguramente las diputadas fueron asesoradas por personas que desconocen que en México desde 2007 se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la cual están especificadas las modalidades y tipos de violencia y se plantean las políticas de intervención para eliminar las causas de estas violencias.
En esa ley se estipula que es preciso eliminar poderes que tienen los hombres para dominar social y económicamente a las mujeres, así como una política de gobierno para lograr el empoderamiento de las mujeres y caminar hacia la igualdad.
En agosto de 2008 se aprobó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, y para abril de 2011 el Congreso local avaló que para los casos de violación (en caso de que se provoque la muerte de la víctima), las condenas serán hasta de 70 años de prisión y de 700 a 5 mil días de salario mínimo como multa.
Lagarde conminó a las legisladoras del tricolor para que “profundicen en el conocimiento de lo que se ha avanzado en la materia”, en lugar de hacer “propuestas inconexas”.
“Que revisen la legislación actual y la impulsen para que todas las instancias de gobierno la apliquen y tenga una verdadera transversalidad de género en la gobernabilidad de cualquier entidad federativa del país”, llamó.
La también directora de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres señaló que pleno siglo XXI no se debe aplicar la ley del talión, de ojo por ojo y diente por diente, y la “castración química” se inscribe en esa mentalidad.
“Es absurda; también quienes delinquen deben tener un marco legal para ser enjuiciados, contar con el respeto de sus garantías y eso no ocurre con esta propuesta”, criticó.
Quien fuera diputada ciudadana postulada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de 2003 a 2006, agregó que la violencia contra las mujeres es resultado de condiciones de desigualdad, y para enfrentarla es necesario eliminar aquello que la ocasiona, lo que contribuye a que se reproduzca.
Añadió que eliminar la impunidad enviaría el mensaje a quienes delinquen de que se aplicará la ley, mientras que la “castración química” no sirve para nada, toda vez que no permite se transforme la mentalidad de los violadores, quienes aún con esa castración pueden violar a las mujeres en distintas formas: utilizando objetos u otras partes del cuerpo que no son los genitales.
Marcela Lagarde explicó que esa propuesta corresponde a un enfoque “biologicista” sobre la sexualidad, que no tiene perspectiva de género, ya que desde esta visión concluimos que la violación no es un hecho determinado biológicamente, sino que es producto de una construcción de la sexualidad, y que como lo han demostrado la ONU y las Conferencias Mundiales de la Mujer, la violencia de género es resultado de la desigualdad.
El planteamiento de las legisladoras priistas surge tras la agresión de un grupo armado que asaltó y violó a campistas en el parque El Colibrí, municipio de Chalco, y por el caso de Jessica Lucero, de 14 años, quien en menos de un mes sufrió dos violaciones y luego fue asesinada en el municipio de Ecatepec.
Actualmente el delito es castigado en la entidad mexiquense con una pena que va de entre los 5 y los 15 años de prisión. La iniciativa de reforma del artículo 274 del Código Penal estatal busca duplicar la pena, llevarla de 10 a 30 años de prisión, aunque el acusado podrá solicitar la primera pena (de 5 a 15 años) y someterse a “castración química” por el tiempo restante de la condena.
La “castración química” consiste en inyectar un fármaco elaborado a base de hormonas sintéticas que disminuyen el deseo sexual, evitan la erección y la eyaculación.

Publicado por ARGENPRESS

Aumentan en cinco años agresiones contra las mexicanas

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miércoles, 18 de julio de 2012

Anayeli García Martínez (CIMAC)

El gobierno mexicano ha fallado en sus estrategias para hacer frente a la violencia contra las mujeres, pues el 46.1 por ciento de las mexicanas de 15 años y más sufrieron algún incidente de violencia de pareja a lo largo de su actual o última relación conyugal.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 (Endireh) revela que lejos de disminuir, la violencia en la pareja o la familia aumentó en los últimos cinco años, al pasar de 43.2 en 2006 a 46.1 por ciento hasta el año pasado.
La cultura de violencia en la pareja –así como en la familia, el hogar, la comunidad, el trabajo y en el ámbito escolar– persiste pese a las instituciones y leyes creadas para favorecer la igualdad, la no discriminación y contra de la violencia de género.
Los resultados de la encuesta que se presentó ayer fue realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Contempló –al igual que en 2006– una muestra de 128 mil viviendas en las 32 entidades federativas.
Leyes insuficientes
En México existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y cada estado cuenta con una legislación sobre no discriminación y violencia familiar.
Pese a este marco jurídico, la Endireh 2006 reveló que cuatro de cada 10 mujeres vivieron algún tipo de maltrato físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por parte de su pareja; condición que según los datos persiste y en algunos casos se agravó.
En 2006 el 37.5 por ciento de las mujeres entrevistadas dijo haber sufrido violencia emocional; cinco años después, el 42.4 por ciento declaró haber recibido agresiones emocionales en algún momento de su actual o última relación.
Otro indicador muestra que en 2006 el 23.4 por ciento de las mujeres padeció algún tipo de agresión para controlar sus ingresos y el flujo de sus recursos monetarios, o bien fue cuestionada por cómo gastaba sus ingresos. Para 2011 la cifra aumentó a 24.5 por ciento.
Los datos revelan que actualmente el 13.5 por ciento de las mujeres confesó haber vivido algún tipo de violencia física que les provocaron daños permanentes o temporales, es decir el porcentaje de mujeres agredidas físicamente se redujo, pues en 2006 el indicador era de 19.2 por ciento.
Las víctimas de violencia sexual cometida por sus propias parejas representan el 7.3 por ciento, indicador que también fue a la baja, ya que en 2006 el 9 por ciento de ellas declaró haber sufrido alguna forma de intimidación o dominación para tener relaciones sexuales sin su consentimiento.
EDOMEX: Foco rojo
Es de resaltar que el Estado de México tiene los porcentajes más altos de violencia contra las mujeres desde hace cinco años. Actualmente el 56.9 por ciento de las mexiquenses de 15 años o más sufrió violencia de pareja cuando en 2006 era el 54.1.
La Endireh 2011 muestra que en el caso de violencia física, el 15.5 por ciento de las mexiquenses fueron violentadas, lo que les ocasionó daños permanentes o temporales. En contraste, Sinaloa alcanzó el 9.7 por ciento de mujeres maltratadas físicamente.
En un acercamiento a las raíces culturales de la violencia, la encuesta indagó sobre el acuerdo o desacuerdo de las mujeres, frente a ciertos “roles socialmente esperados”: Se encontró que entre las mexicanas aún hay quienes ven normal la violencia.
El 29 por ciento de las encuestadas dijo estar de acuerdo en que “si hay golpes o maltrato en casa es un asunto de familia y ahí debe quedar”, mientras que el 16.8 por ciento estuvo de acuerdo en que “una esposa debe obedecer a su esposo o pareja en todo lo que él ordene”.
Además el 14.7 por ciento expresó estar de acuerdo con que “es obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su esposo o pareja”, lo que alerta sobre la normalización de la violencia de género pese a las esfuerzos institucionales por erradicarla.

Publicado por ARGENPRES

El gobierno mexicano es cuestionado por la CEDAW en relación a la creciente desaparición de mujeres y feminicidios en el país

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Difusión Cencos México D.F., 18 de julio de 2012

Boletín de prensa
OSC de DH

El 17de julio, se llevó a cabo la 52ava Sesión donde el comité de expertas de la CEDAW examinó a México, en términos de la situación de los derechos de las mujeres.

Un día antes las expertas se habían reunido con organizaciones de la sociedad civil del país, quienes presentaron informes elaborados por 113 organizaciones, donde plantearon diversas preocupaciones en torno a los derechos de las mujeres. Representantes de organizaciones de Nuevo León colocaron en la mesa la preocupación en torno a graves problemas en la entidad: feminicidios, desapariciones de mujeres, derechos laborales y situación de refugios.

OSC de Nuevo León entablan diálogo con expertas planteando problemáticas graves en la entidad: feminicidios, desapariciones, derechos laborales y situación de refugios

La mayoría de estos temas fueron abordados por las expertas frente al gobierno mexicano ayer lunes. Patricia Schulz, experta de Suiza, abrió el diálogo cuestionando sobre quién garantiza en el territorio nacional los derechos de las mujeres, y cómo se previenen las desapariciones forzadas, la trata de mujeres, el feminicidio, además de preguntar sobre la legislación al respecto. La delegación del gobierno mexicano por su parte, ofrecía datos e información vaga, por lo que la relatora Dubravka Simonovic, de Croacia, insistió en conocer el dato de mujeres que han sido desaparecidas, solicitando se informara puntualmente si el número se ha incrementado o ha decrecido. Al respecto el gobierno mexicano aludió a la existencia de una base de datos, la cual sabemos no existe como tal.

En el tema de feminicidios, la experta Pramilia Patten de Mauritania, señaló el incremento del que tienen conocimiento en esta materia. Asimismo se le cuestionó al gobierno cuál es el sentido de tener una Alerta de Género que ha sido negada en tres ocasiones. La delegación gubernamental afirmó que este mecanismo ha sido presa de conflictos partidistas y que se ha politizado, por lo que están revisando su funcionalidad, e incluso se atrevieron a recomendar al Comité les hiciera observaciones al respecto a fin de poder actuar.

Por su parte, el relator Niklas Bruun, experto de Finlandia, cuestionó la situación de los derechos laborales de las mujeres, preguntando en específico qué se está haciendo para mejorar los derechos de las trabajadoras domésticas y mujeres indígenas que se desempeñan en el mercado laboral. La delegación mexicana no hizo sino afirmar que estas mujeres trabajadoras viven discriminación y que el gobierno genera becas para que la población indígena pueda estudiar.

Las organizaciones presentes en la sesión coincidieron en la penosa intervención del gobierno mexicano quien afirmaba proteger los derechos de las mujeres, cuando evidentemente el Comité de la CEDAW tenía elementos que contravenían tal pretensión. Asimismo destacaron el papel comprometido de quienes integran el comité. En menos de un mes el comité emitirá las recomendaciones al país en términos de la CEDAW.

Valió la pena -señalan las organizaciones de Nuevo León que estuvieron presentes-, quienes lograron dialogar con las expertas respecto de la grave situación de derechos de las mujeres en la entidad, recordando que los feminicidios y desapariciones siguen a la alza, mientras que no se encuentran los delitos en el Código Penal por ineficiencia del Congreso Local. Asimismo la situación de las trabajadoras domésticas es deplorable, sin marco legal que les proteja y en un entorno altamente discriminatorio.

Información adicional:

Relatoría de la ONU, sobre la sesión de Comité CEDAW con Gobierno Mexicano

Organizaciones que elaboraron el Informe “Situación de las mujeres en Nuevo León” Alternativas Pacíficas A. C.,  Arthemisas por la Equidad A. C., Centro de Estudios de Género Simone de  Beauvoir A. C., Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C., Colectivo Plural de Mujeres, Comunicación e Información de la Mujer en Nuevo León A. C., Pro Salud Sexual y Reproductiva A. C., Zihuame Mochilla A. C.

Denuncian ante la CEDAW graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres en México

Más sobre la rendición de cuentas del Estado Mexicano ante la Cedaw

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

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