La ley de Herodes en la Sierra Norte de Puebla.
Jorge Angel Sosa.
Hutzilan de Serdán, ubicado en la Sierra nororiental del Estado de Puebla, está considerado como uno de los diez municipios más pobres del Estado, con una población de aproximadamente 11,640 habitantes (INEGI-2000) donde el 70% son indígenas nahuas.
Marcada históricamente por el cacicazgo, la marginación, la pobreza, la migración constante, las agresiones y la violencia entre grupos opositores; Huitzilan es un ejemplo de violación sistemática de los derechos humanos desde hace 32 años. El conflicto entre Antorcha Campesina y la UCI entre 1976-1984 fue dejando cicatrices entre sus pobladores por una ola interminable de violencia que “cesó” con la intervención del entonces gobernador priísta Jiménez Morales enviando al Ejército Mexicano para “controlar” la zona, delegando el poder monolítico a la organización de Antorcha Campesina cobijada por el PRI. Desde entonces la organización antorchista ha permanecido en el poder ininterrumpidamente a través de una estructura de control total que incluye grupos de choque o “guardias blancas”, imponiendo autoridades, cargos públicos, jueces y proyectos productivos y comunitarios.
El abuso de autoridad, las intimidaciones, agresiones, encarcelamientos, asesinatos generacionales y amenazas de los antorchistas contra grupos disidentes y contra miembros de su propio grupo en luchas internas por el poder -que incluye la muerte de varios ex alcaldes- se ha convertido en una constante insoportable para los pobladores huitziltecos que han decidido perder el miedo organizando un movimiento de autodefensa que desde hace algunos años da seguimiento a los atropellos cometidos en este territorio priísta-antorchista denominada Fundación Ayuda y Esperanza que todavía con carencias en asesoría jurídica, intenta fungir como defensora de los derechos de la comunidad.
Este movimiento logró reunir 477 firmas dirigidas al Congreso del Estado de Puebla para solicitar que se respeten los usos y costumbres de la comunidad y que se respete la diversidad étnica y política de la región. Demandaron que los programas sociales solo son distribuidos a quienes se mantienen fieles a Antorcha Campesina negandoles el acceso a cualquier beneficio social. Miembros de la SEDESOL realizaron una visita a principios de abril para analizar la situación pero fueron intimidados por los antorchistas y no obtuvieron resultado alguno.
Ante estos hechos y a petición de los pobladores, una comisión de Organizaciones no Gubernamentales de Derechos Humanos, visitaron el pasado 26 y 27 de abril la zona para corroborar, documentar y observar el conflicto, entre ellos el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Joel Arriaga Navarro, NODHO, LIMA AC, el Centro de Derechos Humanos proliberación hermanos Cereso Contreras, y el Centro de Derechos Humanos Democracia y Equidad de Género.
Esta Comisión fue recibida por una serie de mantas antorchistas colocadas en la vía pública que rechazaban la visita de los defensores, calificándolos de provocadores y de protectores de asesinos y rateros, se advirtió que unos tres mil antorchistas junto con el presidente municipal José Facundo Ayance, estarían ahí para rechazar “enérgicamente” la visita.
Sin embargo, pobladores de Huitzilan y Totutla salieron a recibir y “proteger” a la comisión para denunciar cientos de agresiones, abusos de poder, saqueos, cooptación de programas sociales, violaciones, despojos de tierras y persecución a disidentes. Los pobladores acuden a los ministerios públicos a demandar justicia y solo reciben amenazas si pretenden seguir con las demandas.
Es el caso de un exantorchista entrevistado por la Comisión que recibió dos impactos de bala en el abdomen y que ha sido amenazado junto con su familia por señalar a miembros de Antorcha Campesina como sus agresores y por pedir que le paguen los medicamentos para su recuperación.
En entrevista con el presidente municipal José Facundo Ayuce, el Síndico Municipal y un Regidor que no quiso identificarse y que se presentó como un ciudadano de Hutzilan, se les cuestionó sobre el ambiente de violencia y agresiones que sufre la zona y los inoperantes mecanismos de justicia en el municipio. Se culpo a la desaparecida UCI de generar la violencia y los malentendos, negando la evidente crisis social que existe: “La UCI ya no existe, pero es el problema, porque la gente todavía la tiene en la conciencia”, declaró el Síndico.
El pasado 27 de abril, en las elecciones de Juntas Auxiliares Demetrio Ronquilla Bonilla de la Planilla Verde y candidato opositor del antorchista Jacob Torres Melquíades, ganó la candidatura de Totutla dando un revés al control poítico que se mantienen en la zona de Huitzilan, abriendo una esperanza de cambio y contrapeso al aplastante poder antorchista. Sin embargo, pobladores comentan que a pesar del triunfo, nada les garantiza que “les roben la elección y vuelvan a imponer al candidato oficial como lo han hecho los últimos años”.
Las Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos solicitaron al Congreso del Estado una fiscalía especializada para atender el conflicto insistiendo se instale lo más pronto posible una oficina de Derechos Humanos permanente para atender y encausar los conflictos. Además, se gestiona la visita de observadores internacionales para que evalúen la grave situación que se vive en esta zona olvidada de la sierra norte.

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