Difusión Cencos México D.F., 5 de noviembre de 2009
 
Boletín de prensa No. 36
 Frayba
 
  
 
Integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas entregan a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos pruebas de la participación del
 Ejército Mexicano en la estrategia contrainsurgente en Chiapas.
 
Se confirma crimen de Estado, a través de los archivos desclasificados en
relación a la creación de grupos paramilitares en Chiapas.  
 
El día de ayer de nueva cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) reafirmó su participación en la estrategia de contrainsurgencia en
Chiapas, dejando en impunidad lo mínimo que se había avanzado en la justicia
en la Masacre de Acteal, dejando libre a 9 personas más, que participaron en la
masacre ocurrida el 22 de diciembre 1997 y que fueron reconocidas plenamente por
las víctimas y sobrevivientes. 
 
El argumento de los ministros en el cual basaron su decisión fue sobre todo,
que se violaron garantías a un debido proceso, ya que las actuaciones
judiciales estuvieron plagadas de irregularidades. Estas aseveraciones que
refieren los ministros, desestiman las pruebas aportadas por los sobrevivientes,
testigos de la masacre; además es preciso señalar que la decisión de la SCJN
no fue en el sentido de juzgar si eran inocentes, a pesar de que en el largo
proceso judicial y en diversas ocasiones testigos reafirman a las personas hoy
liberadas como los autores materiales de la masacre.
 
Simultáneamente, en Washington D.C. la Organización Sociedad Civil Las Abejas
(Las Abejas) e integrantes de este Centro de Derechos Humanos hicieron entrega a
funcionarios, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un
documento sobre los hechos de impunidad que ha propiciado el Estado mexicano, a
través de la SCJN.
 
Este Centro pidió a la CIDH que por su conducto se solicitara a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la implementación de medidas
provisionales en beneficio de los y las sobrevivientes de la masacre, así como
de las autoridades de Las Abejas, ante el riesgo inminente a su vida e
integridad personal por las posibles represalias y/o venganza que tomen los
autores materiales de la masacre recientemente liberados, debido a que en la
región aún existen armas de fuego en manos de los grupos paramilitares. 
 
Esta resolución de la SCJN, pone en evidencia de manera contundente que el
Estado mexicano incumplió su deber de garantizar el acceso a la justicia hacia
las víctimas, sobrevivientes y a la sociedad en general, dejando de observar el
derecho a la verdad, a la justicia, la reparación del daño, y medidas de no
repetición, al no realizar una investigación seria y eficaz, a fin de castigar
a los responsables materiales e intelectuales, evitar la impunidad y un mayor
daño psicológico a las víctimas. 
 
Los archivos desclasificados de la Agencia de Inteligencia de la Defensa.
 
El 20 de agosto de 2009, Kate Doyle directora del Proyecto México en el
Archivo de Seguridad Nacional, organización no gubernamental con sede en la
Universidad George Washington, dio a conocer en diversos medios de comunicación
en México, documentos desclasificados de la Agencia de Inteligencia de la
Defensa de los Estados Unidos (DIA por sus siglas en inglés), en los que se
describen el papel del Ejército Mexicano en el apoyo a los grupos paramilitares
en Chiapas: 
 
A mediados de 1994 el Ejército Mexicano tenía la aprobación presidencial de
establecer equipos militares a cargo de promocionar grupos armados en las áreas
conflictivas de Chiapas. El propósito era de ayudar a personal indígena local
a resistir al EZLN (…) encargada de juntar inteligencia de comunidades
indígenas primero en los Altos y las cañadas (…) con el propósito de tener
otras unidades similares operando en áreas alrededor de las comunidades
zapatistas (…) el Ejército creó equipos especiales de Inteligencia Humana
(Humint) (…) compuestos primero de agentes jóvenes del rango de segundo y
primero capitán, así como de sargentos de élite que hablaban los dialectos
regionales… y así (…) recoger información de inteligencia, los equipos de
Humint del Ejército ayudaban a los grupos armados con adiestramiento y
protección... [1]
 En el documento intitulado “Archivos Improcedentes”, la directora del
Proyecto México señala que: 
 
“Desde el ataque brutal del 22 de diciembre de 1997, el gobierno mexicano ha
ofrecido múltiples versiones acerca de la participación militar en la zona
conflictiva de Chiapas alrededor de Acteal. El problema es que los relatos han
sido o incompletos o falsos. Lo más importante sobre los documentos de la DIA
contradice directamente la historia oficial sobre la masacre relatada por el
gobierno del entonces presidente, Ernesto Zedillo. En el reporte emitido por el
procurador general Jorge Madrazo en 1998, el denominado Libro Blanco sobre
Acteal, el gobierno afirmó que [la Procuraduría de la República ha
documentado la existencia de grupos civiles armados en el municipio de
Chenalhó, no organizados, articulados, entrenados ni financiados por el
Ejército Mexicano ni por otras instancias gubernamentales, sino que su
gestación y organización responde a una lógica interna determinada por la
confrontación, entre las comunidades y dentro de las comunidades, con las bases
de apoyo zapatistas]”.
 
Antecedentes
 El 12 de agosto del presente año, la SCJN ordenó la liberación de 20
personas señaladas como autores materiales de la Masacre de Acteal (Boletín de
Prensa No. 28).
 
A 11 años y 10 meses Las Abejas, no ha encontrado una verdadera justicia ante
este crimen de lesa humanidad perpetrado en contra de 45 indígenas tsotsiles y
4 no nacidos del municipio de Chenalhó, Chiapas. 
 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
 5 de noviembre de 2009.
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