México: Arzobispo integrista. Carlos Martínez García

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viernes 29 de enero de 2010

Carlos Martínez García

En congruencia con la doctrina de la Iglesia católica, el arzobispo Norberto Rivera exige lo imposible. Para el catolicismo romano las leyes del Estado deben reflejar las enseñanzas éticas de la institución encabezada por el obispo de Roma, es decir el Papa. La creencia se desprende de la interpretación que la jerarquía católica ha hecho históricamente de los textos bíblicos, a los que le ha sumado la tradición teológica de dos milenios.

Desde la óptica anterior, el cardenal Rivera Carrera demanda que las legislaciones nacional y locales expresen a cabalidad lo que él entiende por “las leyes de Dios”. En esto no deberían sorprenderse quienes piden al jerarca que le baje al tono de sus airados reclamos por la modificación legal que hace posible, en la ciudad de México, el matrimonio homosexual y la posibilidad de que los así vinculados adopten infantes. Norberto Rivera reclama con estridencia la derogación de la nueva legislación, porque va a contracorriente de la concepción católica del orden social. La organización social, legal y política del país, Norberto dixit, debe ser modelada por los ordenamientos doctrinales católicos romanos.
Estamos, ni más ni menos, ante el integrismo…
El integrismo sanciona cada pensamiento y conducta de acuerdo con un canon bien asentado por los intérpretes de los textos sagrados, sean religiosos y/o políticos. En el corazón del integrista se localiza el deseo de imponer a los demás sus convicciones. No existe, para él, la diferenciación entre dentro y fuera de su ideología parroquial. Todo debe ceñirse a los ordenamientos que tiene por divinos. El integrista es adversario histórico del Estado laico.
Muchas veces hay confusión entre fundamentalismo e integrismo, y se les toma por sinónimos. La precisión de Umberto Eco clarifica el malentendido semántico: “Por integrismo entendemos una posición religiosa y política, a la vez, que persigue hacer de ciertos principios religiosos un modelo de vida política y la fuente de las leyes del Estado” (“Definiciones lexicológicas”, en La intolerancia, varios autores, Ediciones Granica, 2002). En este sentido son integristas organizaciones católicas como El Yunque, en México, Osama Bin Laden y sus huestes, la Christian Coalition, organismo evangélico conservador estadunidense, y un muy amplio abanico de agrupaciones que buscan imponer mediante las estructuras de poder sus convicciones religiosas a toda la sociedad.
Todo integrista es fundamentalista, pero no todo fundamentalista es integrista. La que hacemos puede parecer una diferenciación ociosa, de tintes academicistas, pero en el matiz hay una distancia que es importante tener en cuenta al momento de los análisis que conforman nuestras decisiones y actitudes.
Aunque nunca se fueron del todo, en las últimas décadas del siglo XX vimos la resurrección de los integrismos. Mientras parecía constante el avance del Estado laico, con distintos ritmos, por todo el orbe, imperceptiblemente, se iban fortaleciendo los gurús, profetas, iluminados y santones que prometían llegar al cielo por asalto e instaurarlo como realidad factible en las sociedades terrenales. Para ellos, quienes duden de la promesa, la critiquen o desdeñen son infieles a quienes no vale la pena convencer, sino que es necesario someter. En dicha acción todos los medios son válidos. Contra los herejes, sentencian iracundos, cualquier recurso es útil dado el tamaño de su contumacia y peligrosidad.
Norberto Rivera Carrera, como buen integrista que es, seguirá lanzando anatemas contra sus adversarios. Va a continuar escudándose en la libertad de expresión, que, por otro lado, niega al interior de la Iglesia católica. Frente a tal conducta los funcionarios gubernamentales de un Estado, que inicia su proceso de laicización hace 150 años, tienen la obligación de recordarle al arzobispo que tiene todo el derecho de adoctrinar a sus feligreses, pero que se equivoca rotundamente cuando busca imponer su ideal teocrático a una sociedad cada vez más lejana de las directrices católicas romanas.
No podemos dejar pasar el tono y modos con que el obispo Rivera Carrera ha externado su descalificación de la modificación legal que amplía los derechos de los integrantes de la comunidad homosexual que quieran ejercerlos. Ya sea por lo que él directamente expresa, o a través de su vocero Hugo Valdemar, corroboramos que hace uso de ofensas y sentencias que deben ser aceptadas nada más porque las expone un llamado “príncipe de la Iglesia (católica)”, ya que es cardenal.

Cabe destacar que, entre las maniobras para hacer creer a la opinión pública que respaldan plenamente a Norberto Rivera Carrera líderes religiosos que no son católicos, sus allegados (¿por instrucciones de él?) no vacilan en manipular la información. Por ejemplo, a los reporteros de la fuente que el domingo pasado cubrieron la misa, al distribuirles el texto de la homilía del cardenal Rivera se les aseguró que en la celebración religiosa estuvieron presentes, para respaldar la postura del jerarca, líderes evangélicos, como Arturo Farela, de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristinas Evangélicas. La afirmación fue tajantemente negada por el mismo pastor Farela (ver El Correo Ilustrado de ayer). Cosas del obispo Rivera Carrera y su oficina de prensa.

Puerto Rico: Las cavernas del colonialismo. Rubén Berríos Martínez (PIP)

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viernes 29 de enero de 2010

Rubén Berríos Martínez (PIP)

Los líderes del Partido Popular Democrático (PPD), luego de incontables posturas sobre status, han adoptado como “posición institucional” un fraudulento desvarío político. Para justificar el ELA alegan que: “La Resolución 2625 de la ONU, establece y reconoce cuatro alternativas válidas: la anexión, la independencia, la libre asociación, o cualquier otra condición política libremente decidida por ambos pueblos”.

El Derecho Internacional proscribe el colonialismo. La Resolución 1514 (XV) de 1960, la Carta Magna de la Descolonización, “Proclama solemnemente la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. Y Declara que:… en todos los demás territorios que no han logrado aún su independencia deberán tomarse inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios sin condiciones ni reservas”.
La Corte Internacional así lo confirmó en el caso de Sahara Occidental del 1975, sin siquiera tomar en cuenta la Resolución 2625 que había sido aprobada cinco años antes. “El principio de la libre determinación como un derecho de los pueblos y su aplicación con el propósito de poner fin rápidamente al colonialismo fue enunciado en la Resolución de la Asamblea General 1514 (XV)”. Añadió citando el caso de Namibia del 1971: “La Resolución 1514 (XV)… está complementada en ciertos aspectos por la Resolución de la Asamblea General 1541 (XV)”. Esta Resolución establece sólo tres alternativas para que una colonia pueda alcanzar “La plenitud del gobierno propio: a) cuando pasa a ser un estado independiente y soberano; b) cuando establece una libre asociación con un estado independiente; o c) cuando se integra a un estado independiente “.
En ambos casos se establecen los parámetros respecto a la libre determinación: estos son exclusivamente los contenidos en la 1514 y complementariamente en la 1541.
La 2625 es una de carácter general sobre múltiples principios del Derecho Internacional. Sobre la libre determinación afirma que su propósito es “po ner fin rápidamente al colonialismo” y específicamente estipula -hecho que lo líderes populares esconden- que debe ser interpretada, “considerando las disposiciones de la Carta en su conjunto y teniendo en cuenta la función de las resoluciones pertinentes aprobadas por los órganos competentes de las N.U (Naciones Unidas) en relación con el contenido de los principios”. Por lo tanto, sólo puede ser invocada y comprendida en el marco de las resoluciones básicas que constituyen las normas de derecho sobre libre determinación aprobadas por la Asamblea General: la 1514 y la 1541. Por supuesto, una vez un pueblo se descoloniza puede optar libremente en el ejercicio de su soberanía, por “cualquier otra condición política”, como es el caso de pueblos en situaciones no coloniales, en Europa y otros
continentes.
Es evidente que la Junta de Gobierno del PPD falsifica el propio texto de la 2625. Su alegación llevaría al absurdo de concluir que se puede acordar “li b re m e n t e ” volver al régimen de la Ley Foraker y que ello sería conforme al Derecho Internacional. Pretenden revocar la Carta Magna de la Descolonización y convertir la enfermedad del colonialismo en su cura. Pero la libre determinación es una norma perentoria de Derecho Internacional que no admite derogación ni está sujeta a negociación.
El Derecho Internacional no reconoce el colonialismo por consentimiento.
Esa prohibición se instituyó precisamente para obligar a los imperios y a los colonialistas satisfechos y su progenie, como los líderes del PPD. Colonialistas tan contumaces e irredimibles que se obstinan en su pretensión aun ante el obstáculo infranqueable de la reiterada negativa del Congreso de no aceptar sus artilugios de status por ser incompatibles con el sistema constitucional de Estados Unidos.
Para los atrincherados en las cavernas del colonialismo, poco valen la libre determinación, el Derecho Internacional o las imposibilidades constitucionales.
Para ellos sólo importa el poder y el presupuesto.

Rubén Berríos Martínez es Presidente del Partido Independentista Puertorriqueño.

El Salvador: Servicios privatizados de nuevo a la discusión. José Mario Zavaleta

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viernes 29 de enero de 2010

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José Mario Zavaleta (especial para ARGENPRESS.info)

Otro debate por los costos en los servicios públicos que en las dos décadas pasadas fueron privatizados o son regidos por instituciones del estado mal administradas, y el consecuente efecto en la canasta familiar de la mayoría, pareciera que empieza a traducir los diferentes intereses que se juegan en al campo político salvadoreño.

Lo destacado es que se ha producido un tira y encoge entre los partidos representados en la Asamblea Legislativa, incluido el partido de gobierno, con el presidente Mauricio Funes, en un tema que no oculta intereses de sectores poderosos en el país.
La semana pasada el FMLN propuso en la plenaria legislativa la eliminación del cargo básico obligatorio en la cuenta de las telefónicas, – que actualmente supera los 9 dólares, y que recientemente se ha anunciado su incremento a más de 14 -. Lo curioso del caso es que en esta ocasión fue apoyado por todas las fracciones legislativas, quienes votaron en la plenaria anterior eliminando dicho cargo, con el consecuente beneplácito de toda la población abatida por la crisis económica y otros incrementos recientes a otros servicios.
Luego del silencio mantenido la semana anterior por el presidente, al menos en cuanto a declaraciones ante los medios de comunicación, este lunes acudió a ellos para enfilar su crítica al decreto aprobado la semana anterior, calificándolo como populismo barato y doble moral, señalando así al instituto político que lo llevó al poder y a los otros partidos de derecha, en especial a Arena, por haberlo apoyado. Esto provocó la respuesta de los mismos políticos aceptando el derecho del mandatario a su postura, pero criticada por irrespetuosa y basada en calificativos ofensivos.
La definición de los hechos falta que llegue, pues el proceso de ley requiere que la Asamblea le envíe al presidente el decreto aprobado, y luego él decida si lo sanciona – que ya dijo que no lo hará – lo observa o lo veta. Eso será en dos a tres semanas que ocurrirá. Lo que sí está sucediendo es que la población observa las actitudes del mandatario quien da la impresión que rechaza esa medida que le favorecería, y en su lugar parece velar por los intereses de las transnacionales de la telefonía.
Precisamente esto ocurre en medio del ENADE, un encuentro anual de los empresarios salvadoreños en los que exponen sus análisis y propuestas sobre la realidad del país, y donde el mismo Funes acude como orador, y al referirse al tema que le enfrenta con el Parlamento, llama al sector empresarial – que mayoritariamente es identificado por sectores poderosos, conservadores y de derecha – a tomar un papel más protagónico para defender las libertades del mercado ante esas decisiones que, según explicó, ponen en peligro la confianza que necesitan los inversionistas en el país.

Sin embargo la población enfrenta dudas que antes no tenía con relación al presidente; pues por un lado se opone a una decisión que le aliviaría, confronta a su partido y sus funcionarios, y trata con delicadeza los intereses de los poderosos; sobre todo porque durante la campaña electoral anunció que iba a seguir la doctrina de Monseñor Romero por su opción preferencial con los pobres. Indudablemente, los gobernantes creen que siempre hacen lo correcto, mas, deben valorar lo que hacen también a través de los ojos de los gobernados, que en última instancia, son quienes sufre las consecuencias por no hacerlo. Está probado, los verdaderos líderes son los que se dejan guiar por su pueblo.

Dejen entrar a los haitianos. Amy Goodman

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viernes 29 de enero de 2010

Amy Goodman (DEMOCRACY NOW!)

Jean Montrevil fue esposado, encarcelado y estuvo a punto de ser enviado a Haití. Era 6 de enero, apenas días antes del terremoto que devastaría Haití, la nación más pobre del Hemisferio Occidental. Montrevil llegó a Estados Unidos con un permiso de residencia en 1986, cuando tenía 17 años. Hace veinte años, cuando aún era adolescente, fue procesado por posesión de cocaína y enviado a prisión por 11 años.

Tras ser liberado se casó con una ciudadana estadounidense y tiene cuatro hijos que también son ciudadanos estadounidenses, es dueño de una empresa, paga impuestos y es residente legal y permanente. Además es un activista muy respetado de la comunidad haitiana de Nueva York. Pero debido a su procesamiento previo estaba en un programa de supervisión de inmigración que le exigía presentarse ante un funcionario de inmigración cada dos semanas. El 30 de diciembre, durante su visita de supervisión habitual, fue detenido y se le dijo que sería deportado a Haití. Un hombre detenido que sería enviado a Haití junto a él tenía fiebre. La enfermedad del hombre impidió el vuelo, y luego sucedió el terremoto.
El escalofriante número de muertes a raíz del terremoto del 12 de enero en Haití continúa en aumento. La mayoría de los esfuerzos de rescatar personas de los escombros han finalizado. Más de 150.000 personas fueron enterradas, algunas en tumbas improvisadas cerca de las ruinas de las casas donde murieron, pero muchas en tumbas sin marcar, fosas comunes en Titanyen, el lugar donde se produjeron varias masacres durante dictaduras y golpes de Estado previos. Más de un millón de personas están sin hogar, de una población total de 9 millones de habitantes en Haití. El hedor de los cuerpos en descomposición aún es penetrante en la capital del país, Puerto Príncipe, al igual que en las localidades periféricas, que a dos semanas del terremoto vieron llegar poca ayuda del exterior. Fue doloroso ver la ayuda amontonada en el aeropuerto. Los haitianos la necesitan ahora. Repasemos la escena en el aerpouerto, donde vi contenedores con miles de botellas de agua Aquafina allí.
AMY GOODMAN: ¿Hacia donde llevan el agua?
TRABAJADOR HAITIANO: A la Embajada de Estados Unidos.
AMY GOODMAN: A la Embajada de Estados Unidos.
TRABAJADOR HAITIANO: Sí señora.
AMY GOODMAN: Mucha gente ha estado preguntando donde está el agua para el pueblo? Hay miles y miles de botellas.
TRABAJADOR HAITIANO: No lo sé.
Así es, el trabajador me dijo que está llevando el agua a la Embajada de Estados Unidos. Una de las principales fuentes de ingreso nacional en Haití es el flujo de remesas de la diáspora haitiana, cuyo efectivo, enviado mediante transferencias a familiares en Haití, equivale a un tercio del producto nacional bruto del país. Durante años, luego de haber sufrido cuatro grandes huracanes e inundaciones, la comunidad haitiana simplemente ha pedido ser tratada igual que los nicaragüenses, los hondureños y los salvadoreños en circunstancias similares, recibir el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). El TPS permite a la gente permanecer en Estados Unidos y trabajar legalmente en épocas de conflicto armado o desastre natural, y es parte muy importante de cualquier política humanitaria. Finalmente, luego de la fuerte presión popular que hubo tras el terremoto, el gobierno de Estados Unidos extendió el beneficio del Estatus de Protección Temporal, o TPS, a los haitianos.
Pero el TPS no es suficiente. Se debe permitir el ingreso de los haitianos a Estados Unidos legalmente, compasivamente y de inmediato. Visité hospitales y clínicas en Puerto Príncipe, donde miles de personas esperaban asistencia y se realizaban amputaciones utilizando ibuprofeno o Motrin como anestesia, en el mejor de los casos. La anestesia escasea. Ira Kurzban, un abogado de Miami que representó a Haití durante años, dice que Estados Unidos debe permitir el ingreso inmediato de quienes necesitan asistencia médica, que muy pocos heridos han sido llevados a Estados Unidos. Además, me dijo, Estados Unidos debería traer a mucha más gente de Haití, entre ellos a quienes tienen solicitudes aprobadas por sus familiares. Se trata de alrededor de 70.000 personas. Las solicitudes de estas personas han sido aprobadas, pero están en una lista de espera de varios años para mudarse a Estados Unidos. Kurzban comparó la voluntad y capacidad históricas de Estados Unidos de aceptar refugiados cubanos con lo que denomina una política de “contención” con Haití, que bloquea las costas a través de la Guardia Costera e impide que la gente salga de ese país hacia Estados Unidos. Lo primero que vi cuando viajé a Puerto Príncipe días después del terremoto fueron los patrulleros de la Guardia Costera. No estaban llevando ayuda, ni trasladando personas. Estaban impidiendo que los haitianos salieran de su país.
National Nurses United (NNU, por sus siglas en inglés), el mayor sindicato de enfermeras y enfermeros de Estados Unidos, tiene 12.000 miembros registrados dispuestos a viajar a Haití para ayudar, pero dicen que no pueden obtener ayuda del gobierno de Obama. Entonces llamaron al cineasta Michael Moore, quien me describió la situación de la siguiente manera: “Bueno, esto es bastante patético si tienen que llamarme a mí. Quiero decir, ¿son el sindicato de enfermeras más grande del país. Ustedes son, tengo entendido, uno de los vicepresidentes de la Federación Estadounidense del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), de la directiva de AFL-CIO, y no pueden ingresar un pedido en la Casa Blanca para lograr que 12.000 enfermeros vayan hasta ahí?”. NNU está procurando conseguir sponsors individuales a través de su sitio web.
Grupos de base y eclesiásticos de la Ciudad de Nueva York exigieron la libertad de Jean Montrevil, y fue liberado. Ese es el tipo de solidaridad que millones de haitianos que están sufriendo la mayor catástrofe de su historia necesitan ahora, tanto en Haití como en Estados Unidos.

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

Honduras: quítate tú p´a ponerme yo. Honduras: quítate tú p´a ponerme yo

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viernes 29 de enero de 2010

(especial para ARGENPRESS.info)

En Honduras simplemente tomó posesión del gobierno un golpista en sustitución de otro. El cuartico está igualito en cuanto a las estructuras de poder que intentó cambiar con reformas moderadas el presidente Manuel Zelaya.

Sigue el mangoneo de Estados Unidos y la oligarquía sobre el destino de la economía y la política, continúan los mismos jefes militares y policíacos millonarios, asesinos y violadores de los derechos humanos, los mismos fiscales y magistrados cómplices y apologistas del golpe, los mismos diputados dóciles a los dueños del país, aunque algunos nombres cambien. Siguen en pie las mismas instituciones y el personal político que gestaron el golpe, han mantenido a una mayoría maginada por siglos, fueron las organizadoras del espurio proceso electoral e invistieron a espaldas del pueblo al nuevo encargado de despachar en la Casa de Gobierno. No importa si se llama Roberto o Porfirio el empleado de la oligarquía designado para esa función, lo sustantivo es que continúa incólume la dictadura colectiva de aquella como ha escrito en la página web Alai el activista Ricardo Salgado, del Frente Popular de Resistencia(FPR), anteriormente Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe. Esa dictadura oligárquica es propietaria de los medios de difusión que ponen en sus manos un arma estratégica de despolitización y embrutecimiento de las clases medias bajas y de los pobres, sobre todo a través de la tele.
El flamante “presidente” Porfirio Lobo no podría haber llegado siquiera a candidato sin la bendición del grupito de familias oligárquicas usufructuarias de las riquezas del país y, por supuesto, del alto mando del ejército, quienes previamente, claro, habrían “escuchado” la opinión de su dilecto amigo, el embajador de Estados Unidos quienquiera que fuese. En este caso se trata del bushista de origen cubano, allegado a la mafia de Miami y arquitecto del golpe Hugo Llorens, con un voluminoso expediente en tareas de “seguridad nacional”. Eso sí, lo que no tiene Lobo es apoyo popular ni por ahora reconocimiento internacional. En las dos Américas sólo Estados Unidos, Perú, Colombia, Panamá y Costa Rica aceptaron la validez del proceso en que resultó “electo” aunque está en marcha una operación de lavado de imagen patrocinada por Washington y la internacional derechista con el propósito de extender al espurio “borrón y cuenta nueva” y “aquí no ha pasado nada”. Al final se ve venir paulatinamente el reconocimiento del nuevo régimen por un buen número de gobiernos europeos, latinoamericanos y asiáticos excepto el pequeño grupo que mantiene una política exterior de principios.
Hacia allí apuntaba el acuerdo logrado en República Dominicana entre Lobo y el presidente Leonel Fernández mediante el que aquel se comprometió a extender al presidente Manuel Zelaya el salvoconducto para salir del país sin ser apresado por los esbirros de la oligarquía así como a un inventario de buenos deseos en cuanto al respeto de las libertades y los derechos humanos, demagógicas promesas de reconciliación y de gobierno de “unidad nacional”. A ello añade la farisaica amnistía general por la que aboga, que mete en el mismo saco a los golpistas más connotados y represores del pueblo y a los defensores de la democracia y los derechos humanos. Ya se conoció el cínico sobreseimiento por la Corte Suprema de la causa abierta a los miembros de la cúpula castrense por expulsar a Zelaya del país.

Aunque en esencia las estructuras de poder continúen intactas, es evidente que se ha creado una situación nueva en cuanto a la imagen del régimen tanto en el plano interno como internacional. Mientras Micheletti se proyectaba como matón, Lobo intenta presentarse como persuasivo, dialogante y busca crear un equipo menos excluyente, lo que hace más difícil su desenmascaramiento ante el pueblo. La oligarquía se asustó mucho con la pujante y valiente movilización popular posterior al golpe y puede ensayar fórmulas para cooptar o intimidar a los elementos populares menos combativos y formados políticamente. Incluso puede tratar de arrebatar banderas al movimiento popular. La resistencia no debe confiarse pero tampoco subestimarse: ha logrado un admirable acumulado cultural y político entre las masas populares que le puede permitir batallar, avanzar y finalmente triunfar en las condiciones más difíciles para lograr la anhelada convocatoria de los pueblos a la Asamblea Constituyente y la refundación del país.

Halcones y palomas en EEUU, Bush y Obama, han cercado a Venezuela para derrocar a Chávez, ¿Qué haremos?.

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viernes 29 de enero de 2010

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Pedro Echeverría (especial para ARGENPRESS.info)

1. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir –para descargar culpas- que los presidentes son engañados por la maldad de sus subordinados o que no los dejan actuar por la Corte, por el Congreso o por los partidos de oposición? ¿Puede creerse que los presidentes Obama o Calderón son “blancas palomitas” que quieren servir al pueblo pero que tienen las manos atadas y por eso no pueden acabar con las guerras e invasiones o, en el caso de México, no pueden acabar con la miseria porque el congreso ha parado la venta y las privatizaciones abiertas del petróleo y la electricidad y demás “reformas estructurales”? Pareciera que en los gobiernos hay gentes buenas que quieren la paz y la justicia y hay otros malos (los halcones) que descomponen a los gobiernos. ¿Pueden permitirse esos engaños que siempre desvían los objetivos de las luchas sociales de los trabajadores?.

2. En EEUU se decía que Bush era el halcón y que Obama (el bueno) llegaría a echar abajo las “políticas suicidas” que habían llevado a los EEUU a un gran desprestigio en el mundo. Pero nada de eso ha sucedido según los más conocidos estudiosos y analistas de los asuntos de los Estados Unidos como Petras, Chomski, Howard Zinn, Fisk y otros. La realidad es que el gobierno de Obama no puede, ni siquiera se propone, desligarse de los poderosos monopolios y consorcios internacionales –radicados en EEUU- del armamentismo, la guerra y las intervenciones o de la política de saqueos del petróleo y demás materias primas. Para el pensamiento común son los políticos o las personas en lo individual los culpables de los males; les resulta difícil discernir entre una cosa u otra o quizá la flojera les impida meditar, hacer abstracción, en los otros componentes que integran el contexto global.
3. El arribo de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela el 2 de febrero de 1999, señaló el escritor Ignacio Ramonet, coincidió con el cierre de la base militar de Howard, situada en Panamá en virtud de los Tratados Torrijos-Carter (1977). Para sustituirla el Pentágono yanqui eligió cuatro localidades para controlar la región: Manta en Ecuador, Comalapa en El Salvador y las islas de Aruba y Curazao (de soberanía holandesa). Los objetivos de Bush fueron vigilar y desestabilizar Venezuela, luego Rumsfeld al decir que era para enfrentar al “terrorismo internacional”, decidió reemplazar las megabases por un número mucho más elevado de bases con poco personal militar pero equipado con tecnologías ultramodernas de detección. Después de los atentados de septiembre de 2001, la cantidad de instalaciones militares estadounidenses en el extranjero se multiplicó, alcanzando la suma de 865 bases desplegadas en 46 países.
4. ¿Qué sucede luego? El Pentágono amplía el uso de sus bases militares en las islas de Aruba y Curazao, en las costas venezolanas, donde ha incrementado las visitas de buques de guerra estadounidenses. Así lo denunció el Presidente Chávez: “Es bueno que Europa sepa que el imperio norteamericano está armando hasta los dientes, llenando de aviones de guerra y de barcos de guerra las islas de Aruba y Curazao. (…) Estoy acusando al Reino de los Países Bajos de estar preparando, junto al imperio yanqui, una agresión contra Venezuela”. Chávez, para defenderse acuerda con Rusia dotar a su fuerza aérea de aviones Sukhoi. Washington denuncia y envía 630 millones de dólares a Colombia para atacar al campamento de las FARC en territorio de Ecuador. En abril de 2009 el embajador de Estados Unidos en Bogotá anuncia que la base de Manta será relocalizada en Palanquero, Colombia.
5. Estos dos párrafos que he resumido de un documentado artículo de Ramonet tienen el objetivo de enseñar ante el mundo de qué manera el gobierno de Obama ha terminado por cercar a Venezuela con el objetivo de destruir al gobierno de Hugo Chávez, varias veces electo y ratificado por su pueblo. El pasado agosto EEUU anunció que dispondrá de siete nuevas bases militares en Colombia. Y en octubre, el presidente conservador de Panamá, Ricardo Martinelli, admitió que ha cedido a Estados Unidos el uso de cuatro nuevas bases militares. Así Venezuela y la Revolución Bolivariana se han visto rodeadas por nada menos que trece bases estadounidenses, situadas en Colombia, Panamá, Aruba y Curazao, así como por los portaaviones y navíos de guerra de la IV Flota. ¿Qué hacer ante tamaña amenaza que busca reinstalar los intereses yanquis en la región para recuperar Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Cuba?
6. Leyendo un análisis de la situación venezolana del escritor Heinz Dieterich, me encontré con una propuesta –a partir de la gigantesca amenaza norteamericana de practicar otro golpe de Estado (como el de Honduras) y una nueva invasión como las muchas que ha llevado a la práctica- en el sentido de que Chávez tiene que cuidarse mucho de una probable invasión, realizar alianzas inteligentes y profundizar la politización de su pueblo; esto para poder mantener el enorme papel que ha venido jugando en América Latina. La realidad es que el gobierno de Chávez no ha agredido a nadie y lo único que ha hecho es defenderse y mediante sus discursos y ayudas económicas solidarizarse con otro países del mundo. Pero eso al gobierno yanqui le importa un bledo y lo único que busca son pueblos y gobiernos sumisos dispuestos a catar las órdenes del imperio.
7. La revolución cubana ha resistido más de 50 años sufriendo un poderoso bloqueo económico, pero sin haber dejado nunca de denunciar al imperio político militar de los EEUU. Los gobiernos yanquis buscaron siempre matar de hambre a los cubanos para que éstos se rebelaran y derrocaran al líder de la revolución Fidel Castro, pero no lo lograron. Cuba, con mil problemas, resistió. Lo mismo están haciendo con Venezuela que ideológicamente ha seguido a Cuba, pero el poder económico venezolano es mucho más fuerte y su penetración en América es mayor. Cuba fue un ejemplo de liberación para América, pero la influencia de Venezuela es mucho más amplia. Los yanquis quisieron ahogar a Cuba, pero a Venezuela buscan destruirla porque la consideran una fuerza que se desarrolla y es peligrosa para los intereses gringos.
Por eso:

¡Viva Venezuela y sus luchas por la liberación de América!

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