Guatemaltecas viven la mayor desigualdad en Centroamérica. CERIGUA

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viernes 5 de marzo de 2010

CERIGUA

Las guatemaltecas tienen menos oportunidades que sus congéneres en Centroamérica de ocupar puestos políticos y acceder a empleos, entre otras oportunidades, según un informe presentado por la organización Vital Voices sobre la desigualdad de la mujer.

Ligia Chinchilla, representante de Vital Voices, dijo que el estudio mide la participación de las mujeres en diversos ámbitos; esto revela la poca voluntad de los sectores público y privado de dar oportunidades de desarrollo a las guatemaltecas indicó.
De acuerdo con Chinchilla, las mayores desigualdades ocurren en la participación de la mujer en la esfera política, donde Guatemala ocupa el lugar 118 y en el acceso a las oportunidades profesionales, donde el país se encuentra en la casilla 115.
En la región, Guatemala está ubicada por debajo de Honduras, que ocupa el lugar 62; El Salvador, 55; Nicaragua, 49; Panamá, 43 y Costa Rica, el país mejor ubicado en el lugar 27.
Como ejemplo de esta desigualdad, la lideresa mencionó el hecho de que solo 11 por ciento de los escaños en el Congreso los ocupan diputadas y no hay mujeres en el gabinete del presidente Álvaro Colom.
María Pacheco, presidenta de la organización en el país, refirió que es necesario empoderar a la población femenina para promover oportunidades de desarrollo; de esta manera se crea un “círculo virtuoso” que permite que la mujer informada invierta en la educación y la salud de sus niños, dijo.
También destacó la necesidad de construir un capital social y establecer modelos que sean ejemplo para otras ciudadanas.

El estudio, basado en un estudio del Foro Económico Mundial ubica al país en el puesto 111 de 134 y el último en relación con Centroamérica, en la evaluación mundial respecto de las oportunidades para las mujeres.

El Señor Patético No 1. Cartón. José Santiago

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Costa Rica: La presidenta electa Laura Chinchilla pide a Hillary Clinton más cooperación en seguridad

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viernes 5 de marzo de 2010

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Chinchilla, sostuvo un encuentro con la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, durante el cual le solicitó mayor cooperación para el país en la lucha contra el narcotráfico.

Chinchilla se reunió con Clinton por espacio de 25 minutos, en los cuales le solicitó a la funcionaria estadounidense una revisión de la estrategia implementada en la lucha antidrogas en Centroamérica.
“Requerimos de una estrategia más preventiva, Costa Rica no tiene la situación de Colombia o México, pero no queremos llegar a ese punto. Debemos preocuparnos no solo por los movimientos de sur a norte, sino también de norte a sur, no solo de la vigilancia del mar sino también del paso de droga por el continente”, afirmó Chinchilla.
La mandataria electa aseguró que Costa Rica es el país más exitoso en el decomiso de droga en Centroamérica, pero es el que menos cooperación recibe en la región para realizar esta tarea.
“Si bien agradecemos la cooperación recibida, solicitamos un flujo mayor de cooperación pues tenemos la autoridad para hacerlo frente al desempeño que tenemos en el decomiso de drogas. Cada dólar que recibamos será bien retribuido en acciones de nuestra policía”, comentó Chinchilla.

Chinchilla expresó a Clinton su preocupación por el hecho de Costa Rica, al ser un país de renta media, ya no es objeto de cooperación y se ve limitado en sus posibilidades de alcanzar el desarrollo.

Estados Unidos anuncia que reanudará la ayuda financiera a Honduras. RIA NOVOSTI

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viernes 5 de marzo de 2010

RIA NOVOSTI

La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, anunció que su país reanudará la ayuda financiera a Honduras, pues considera que el gobierno hondureño sucesor del régimen de facto, ha tomado decisiones que “merecen” reconocimiento, informó hoy la prensa internacional.

Tras participar en la III reunión Ministerial Caminos a la Prosperidad en las Américas, realizada en San José, Costa Rica, Clinton dijo a la prensa: “Acabo de escribir una carta al Congreso de Estados Unidos notificando que vamos a restaurar la ayuda financiera a Honduras”.
La funcionaria norteamericana explicó que el nuevo presidente, Porfirio Lobo, quien asumió la presidencia el mes pasado tras elecciones organizadas por el gobierno de facto, merece confianza.
“Pensamos que Honduras ha dado pasos importantes y necesarios que merecen el reconocimiento y la normalización de las relaciones con la Comunidad Internacional”, apuntaló Clinton.

Sólo después de que la Organización de Estados Americanos (OEA), los países del ALBA entre otros, el 9 de septiembre del año pasado, tras 73 días del golpe perpetrado contra el ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya, condenaran el golpe en Honduras, EEUU decidió suspender la ayuda de la Cuenta Reto del Milenio (CRM) para el país centroamericano calculada en unos 11 millones de dólares.

Ecuador investigó su deuda externa. Alejandro Olmos Gaona (LA ARENA)

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viernes 5 de marzo de 2010

Alejandro Olmos Gaona (LA ARENA)

Ecuador pudo investigar el origen de su deuda externa y comprobar las aberraciones políticas y jurídicas que se cometieron. Le sirvió para pagar menos y negociar en mejores condiciones con sus acreedores.

Respondiendo a las viejas luchas de organizaciones de la sociedad civil y los grupos indígenas, al poco tiempo de asumir el gobierno, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, creó la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), mediante el decreto ejecutivo 472, tomando juramento a sus miembros el 23 de julio de 2007 en la Gobernación de Guayas, de la ciudad de Guayaquil.
La CAIC, estuvo integrada por diez miembros ecuatorianos y cinco extranjeros, entre los que se encontraba quien esto escribe y fue presidida por el ministro de Coordinación de la Política, economista Ricardo Patiño y se dividió en distintas comisiones, para proceder al trabajo que se les encomendara que comenzó, en realidad en el mes de enero del 2008, debido a una serie de trabas burocráticas, que recién en esa fecha pudieron superarse.
El presidente Correa consideró que el paso previo a cualquier renegociación de la deuda heredada de los anteriores gobiernos era analizar cuidadosamente su origen, su formación y, en definitiva, qué parte de ella era legítima y cuál no lo era, para proceder en consecuencia a cortar de raíz con una transferencia de recursos que impedía seriamente el desarrollo de emprendimientos productivos de interés nacional.
Oposición de la burocracia
La auditoría que encargó no tuvo sólo el propósito de limitarse a los aspectos meramente contables del endeudamiento externo, sino que abordó un espectro amplísimo de trabajo capaz de determinar las graves consecuencias que tuvo para el país y su incidencia no únicamente económica, sino en todo aquello que hubiera afectado al medio ambiente, a los pueblos originarios o a los afrodescendientes, etc.
Debe destacarse que en un principio, hubo que enfrentarse con las trabas puestas por funcionarios del Banco Central y del Ministerio de Finanzas que provenientes de administraciones anteriores, que no tenían el menor interés que se trasparentaran las cuentas públicas, ya que muchos de ellos, habían intervenido en algunas negociaciones.
El estado caótico de los archivos hizo muy dificultosa la tarea, pero la voluntad de llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación suplió todas las dificultades, y se trabajó arduamente en el análisis de todos los papeles que se fueron encontrándose, aunque en algunos casos no fue posible reconstruir algunas negociaciones, por haber sido destruidas las evidencias de las mismas.
Igual que Argentina
En minucioso análisis de toda la documentación que fue verificada mostró que el proceso de endeudamiento fue similar al argentino, ya que habiéndose cancelado toda la deuda externa en 1975, al asumir el triunvirato militar en 1976, comenzó una política llamada “de endeudamiento agresivo” que llevó las obligaciones externas a más de 3.600 millones de dólares a fines de 1979, cuando retornó la democracia. En el año 1982, el Presidente Osvaldo Hurtado procedió a estatizar la deuda privada, y a partir de 1983 se realizaron distintas negociaciones con la banca extranjera, que determinaron que la deuda siguiera creciendo, hasta producirse la interrupción de los pagos en 1986.
En diciembre de 1992, con la casi totalidad de la deuda prescripta de conformidad con las pautas del Estatuto de Limitaciones del Estado de Nueva York, el gobierno decidió renunciar a los derechos de prescripción actualizando la deuda por otros seis años, lo que permitiría, firmar en 1994 el Plan Brady, que era una copia del firmado por la Argentina y otros países latinoamericanos, con la excepción de los montos, los nombres de los funcionarios intervinientes y la legislación de cada Estado que era diferente.
Ante el incumplimiento de las obligaciones del Brady, y violando las propias disposiciones contractuales que establecían, que sólo la mitad de la deuda era susceptible de ser refinanciada, porque la otra parte estaba garantizada por bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que el Ecuador había comprado, se decidió de acuerdo con los acreedores, refinanciar la totalidad, volviendo a incrementarse la deuda, y las garantías fueron vendidas por Salomon Smith Barney (Citibank) uno de los que interviniera en la operación, desconociéndose el destino de los fondos, con excepción de algunas pocas sumas que pudieron ser documentadas.
El “libreto”
Los autores intelectuales de todos los contratos de deuda furon el estudio Milbank, Tweed, Hadley y McCloy, abogados y socios de la familia Rockefeller desde 1930, y que tuvo como abogados destacados entre muchos otros a John Mc Cloy, que fuera presidente del Banco Mundial y asesor de siete presidentes de los Estados Unidos, y a William Webster, que fuera director del FBI de 1978 a 1987, y director de la CIA de 1987 hasta 1991, cuando se decidió la implementación del Plan Brady.
Es importante puntualizar que además de remitir todos los contratos, que debían ser firmados sin ningún cambio, los acreedores, enviaban el modelo de la opinión legal que debía emitir el Procurador de Estado, quien en vez de cumplir con su función de defender al país como abogado del mismo, se limitaba a firmar lo que le mandaban, exactamente igual a lo que ocurrió aquí cuando se firmó el Plan Brady.
Aberraciones jurídicas
Haciendo una síntesis de los hallazgos encontrados, tienen relevancia especial los siguientes que revelan, a los extremos que se llegó:
1) La indudable lesión a los intereses del Estado y al patrimonio público
2) La violación a principios fundamentales del derecho administrativo
3) La ignorancia del cabal destino de los fondos durante la dictadura.
4) La violación del Código Civil, el Código de Comercio y la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.
5) La violación de la Constitución.
6) La obligatoriedad de contraer préstamos con el FMI, aún cuando no se necesitara el dinero, como condición de cumplimiento del contrato con los bancos acreedores.
7) Se eximió de cualquier responsabilidad, por cualquier acto lesivo, a los bancos acreedores, representantes, empleados, directivos, etc.
8) Se renunció a cualquier tipo de inmunidad.
9) El Ecuador se hizo cargo de la totalidad de los gastos de los acreedores, sus abogados, asesores, operadores, etc.
10) Se firmaron convenios sin autorización legal.
11) Se renunció a todas las defensas que pudiere oponer el país, en caso de una acción legal.
12) Se renunció a cualquier acción legal, en caso de que el convenio firmado fuera nulo, ilegal o no ejecutable.
13) Los procuradores del Estado, incurrieron desde 1977 hasta el 2005 en los delitos de falsedad ideológica, prevaricato, e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
14) Se estableció, falsamente, en los convenios que éstos se encontraban en legal forma bajo las leyes del Ecuador.
15) En el caso de los bonos 2012 y 2030, el convenio “Indenture” que establecía las pautas a las que debían ajustarse, no tuvo el obligatorio dictamen de la Procuraduría, y el mismo recién fue remitido a las autoridades ecuatorianas cinco años después de ser firmado por el Cónsul de Ecuador en Nueva York.
16) Se firmaron convenios con fechas antedatadas.
17) En la generalidad de los casos las emisiones de bonos fueron colocaciones privadas a ser negociadas en gran parte en paraísos fiscales y nunca obedecieron a las formalidades de una oferta pública, sujeta a las estipulaciones de la Securities Exchange Comisión de Estados Unidos, como correspondía a una negociación clara y transparente.
18) Se aceptaron créditos de los organismos multilaterales, para privatizar sectores estratégicos, y no para proyectos de desarrollo.
19) Se convalidó el abuso de derecho.
La presentación
El denominado Resumen Ejecutivo de la Auditoría fue presentado al presidente Rafael Correa el 20 de noviembre de 2008, en un acto público que contó con la participación del gabinete de ministros, los más altos funcionarios del Estado, el presidente de la Asamblea Nacional, asambleístas, cuerpo diplomático e invitados especiales de otros países. La economista Karina Sáenz, directora del Banco Central, fue la encargada de mostrar los aspectos estadísticos de la deuda, y quien esto escribe, en su carácter de miembro de la Comisión de Auditoría, fue quien expuso extensamente los aspectos fundamentales de la ilegalidad de todas las contrataciones.
Ante la existencia de graves irregularidades, de los delitos de acción pública mostrados y del incumplimiento de los principios fundamentales del orden jurídico del país y aún de los Estados Unidos, a cuya legislación estaban sometidos los contratos, y los que aún se encuentran vigentes, el presidente Rafael Correa decidió que el Ministro Fiscal del Estado, Washington Pesantez, iniciara una indagación previa sobre la base de la voluminosa documentación reunida por la Comisión a los efectos de imputar a los responsables del endeudamiento, habiendo sido citados ya varios ex presidentes y otros funcionarios.
Suspensión de pagos
Además el Presidente Correa ordenó la suspensión de los pagos de los bonos Global 2012 y 2030, procediéndose a realizar el análisis de las posibles acciones a seguir. En una de las reuniones de gabinete en las que participé, propuse la impugnación de los créditos, ya que tenía en mi poder un informe que había pedido al estudio de abogados de Nueva York Rabinowitz, Leaderman, Standard & Krinsky, pero se decidió seguir la opinión de Paul Reichler, un abogado norteamericano que representaba al Ecuador en un litigio ante la Corte de Justicia de La Haya, quien sostuvo que resultaba imposible accionar legalmente y que sólo cabía negociar con los acreedores. A esto se sumó la baja de los precios del petroleo, y la crisis financiera en Europa y Estados Unidos que determinaron que los migrantes ecuatorianos dejaran de remitir fondos, con lo que la economía del país sufrió los efectos de la crisis, y Correa no tuvo otra alternativa que ver la mejor manera de enfrentar a los acreedores, pero sin acceder a la totalidad de sus reclamos.
Fue así que se decidió hacer una oferta de pagar el 30% de los bonos, en efectivo, y desprenderse así de obligaciones por más de 3.200 millones de dólares, lo que fue aceptado por el 92% de los tenedores. Eso significó terminar con transferencias del orden de los 7.000 millones de dólares en los próximos años en concepto de intereses y amortizaciones, y el consiguiente condicionamiento económico que esa deuda significaba para el Ecuador. El elemento fundamental para que no fuera cuestionada la oferta, fueron los resultados de la auditoría que mostraba todo lo que señalé anteriormente, y los acreedores no iban a arriesgarse a un pleito interminable, de resultados inciertos.
“Cómo arreglamos”
Finalmente, y como una evidencia más de lo importante que resulta efectuar una auditoría que muestre con claridad todo este conjunto de operaciones fraudulentas, puedo consignar el hecho, que a las pocas horas que yo hiciera la presentación al país, se comunicó conmigo vía mail y telefónica unos de los abogados del Chase Morgan, para ver “cómo se podía arreglar todo esto”, ya que tenía conocimiento de mi participación en la decisión del Presidente Correa de no pagar la deuda, y era necesario según él llegar a algún acuerdo que fuera beneficioso para las partes.
Alejandro Olmos Gaona es historiador, docente, investigador del proceso de endeudamiento argentino y latinoamericano. Autor del libro “La deuda odiosa”.

Foto: Argentina, Deuda externa – Alejandro Olmos Gaona es investigador, historiador y especialista en derecho internacional. / Autor: DEUDA ILEGITIMA

Malvinas y petróleo: Antecedentes y perspectivas de una agresión neocolonial. Sebastián Zurutuza (INFOSUR)

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viernes 5 de marzo de 2010

Sebastián Zurutuza (INFOSUR)

Este informe especial de InfoSUR, da cuenta de la situación actual por Malvinas y repasa la política menemista hacia las islas, que desemboca en la situación actual. Además se incluye en 2 partes, el condensado documental “Pampa Sumergida” que analiza el alcance geostratégico de la disputa por la soberanía en el Atlántico Sur.

El atropello que el Reino Unido está llevando contra la soberanía argentina en las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur no es peregrino ni aislado. Esta vez, la agresión radica en la instalación de la plataforma petrolera Ocean Guardian en el área norte de Malvinas a cargo de la empresa británica Desire Petroleum. El objetivo: comenzar la fase de exploración y posterior extracción de hidrocarburos, en caso de que efectivamente se encuentren yacimientos. Debemos considerar que esto es parte de una “gran estrategia” que lleva años desarrollándose y cuyo objetivo es apoderarse de posibles e inmensas fuentes de recursos naturales a lo largo del corredor atlántico
Históricamente, y más aún desde la usurpación de 1833, el Reino Unido puso mayor atención sobre las islas como territorios de ultramar con un alto valor geoestratégico: soporte de la presencia colonial en el Atlántico Sur y plataforma de proyección de poder hacia la Antártida y el Pacífico a través de los pasos oceánicos. El interés de Londres se traduce en aspectos políticos, económicos y militares en torno a la también histórica geopolítica británica: el dominio oceánico y sus potencialidades.
Desde que derrotó a la potente Armada Española en el siglo XVII, Inglaterra desarrolló una “conciencia” marítima que estaba latente y que mantiene hasta hoy. La voluntad expansionista imperial, esa conciencia marítima y el condicionamiento de la coyuntura internacional nos colocan ante esta nueva y prepotente acción británica contra nuestra soberanía.
Escenario internacional Los recursos estratégicos no renovables se tornan escasos por el aumento de la demanda global de las naciones desarrolladas y de las que están creciendo. Alimentos, hidrocarburos y minerales suben sus precios –más allá de la baja temporal por la reciente crisis mundial especulativa- y vemos como se recomponen día a día, pese a las fluctuaciones que puedan presentar. Observamos un mundo en el cual los conflictos, crisis y guerras serán básicamente por los recursos. Las nuevas “líneas de fractura” no pasarán tanto por cuestiones limítrofes, ideológicas, culturales o “humanitarias”, que suenan como buenas excusas para ocultar la causa real: la necesidad de los países más fuertes de apoderarse de los ricos recursos de los más débiles. Un nuevo capítulo en la vieja historia del imperialismo y el colonialismo.
Estamos en un escenario signado por la competencia violenta, la supervivencia y la incertidumbre. El “momento multipolar” que se está generando a causa de la pérdida gradual de hegemonía de las potencias tradicionales (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, etc.) nos muestra a otros actores con proyección global y regional (China, Rusia, India, Brasil) e incluso a algunos que desafían el mandato angloamericano (Irán, Venezuela, Corea del Norte, Bielorusia, etc.) junto a actores supranacionales (bloques de poder regional) y subnacionales (grupos de resistencia político-sociales) que reconfiguran todo el sistema.
Por ello, las potencias tradicionales intentan asegurarse las fuentes de energía que se encuentran en territorios susceptibles de su influencia, intervención y/o control, y que necesitan para mantener su hegemonía: el Golfo Pérsico, sur de Asia Central, América Latina y el Atlántico Sudoccidental. Lo vimos con las “guerras por los recursos” desatadas desde los tempranos ´90 por parte de Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente y acentuadas a partir del 11-S, incluyendo la intervención en América Latina, como ocurrió en Venezuela –enclave hidrocarburífero- en abril del 2002.
Pero esas potencias también encuentran “obstáculos” para desarrollar su estrategia: estados más débiles que defienden lo suyo como pueden (guerra asimétrica), grupos de resistencia locales, gobiernos poco dispuestos a entregar su patrimonio y territorios bajo disputa por soberanía, como en el caso de Malvinas.
Una política fallida y una agresión sostenida Con la llegada de Carlos Menem a la presidencia, la política en torno a Malvinas fue reactivada mediante las Declaraciones de Madrid (1989/1990). Estos acuerdos buscaban el reestablecimiento de las relaciones bilaterales, rotas por la guerra de 1982 y poder avanzar en temas “prácticos” del Atlántico Sur (explotación de recursos, seguridad militar, comunicaciones) La idea era generar un supuesto clima de confianza para tratar el tema de fondo: la disputa de la soberanía, “de cara al futuro” según el mismo Menem. La Declaración de 1989 incluía la fórmula de soberanía o “paraguas”. Este artificio jurídico salvaguardaba –y aislaba- el reclamo argentino de esos temas prácticos y accesorios en la zona disputada. Y, lógicamente, generó el congelamiento indefinido de la negociación bilateral por la soberanía, que quedaba al margen de cualquier otro tema contingente.
Gran Bretaña salió favorecida, ya que contaba con el dominio efectivo del territorio. La crudeza del hecho consumado hacía pedazos la “salvaguarda” de los derechos argentinos y sacaba de la escena a la cuestión principal: resolver el tema de la soberanía.
¿Por qué el menemismo promovió esta política? Negocios. La Rosada buscaba insertarse en los flujos financieros globales y acceder a créditos e inversiones para solventar el programa menemista. Y esto no era posible sin reestablecer las relaciones con una potencia euro-occidental, principal aliada de Estados Unidos y miembro de la OTAN. Para el gobierno, la cuestión de la soberanía podía esperar. Ahora había que conseguir inversiones, brindar “seguridad jurídica” –las Declaraciones de Madrid mencionan acuerdos de protección mutua de inversiones- y cuadrarse en el Nuevo Orden neoliberal timoneado por Estados Unidos y sus aliados. Al poco tiempo, el ex Canciller Guido Di Tella lanzaría su “política de seducción” hacia los isleños.
Esta conducta demostró la sumisión y debilidad que Londres necesitaba para avanzar la Resolución de la Asamblea General de la ONU 31/49 (XXXI) que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación. La instalación de la plataforma Ocean Guardian es un claro efecto, junto a la otorgación de licencias a las empresas Falkland Oil and Gas Limited (FOGL), Rockhopper Exploration y Borders & Southern Petroleum para explorar y extraer recursos a la sombra del hecho consumado.
En este panorama hay que destacar la cuestión militar. La base conjunta de Puerto Argentino transformó a las islas en una verdadera fortaleza equipada con dispositivos de defensa de alta performance: fragatas misilísticas, defensas antiaéreas de medio y corto alcance, aviones caza de última generación, más de 1500 efectivos con actualización constante del material. Y un doble objetivo: fortalecer la presencia militar en las islas y las aguas circundantes, y proyectar poder sobre el Atlántico Sudoccidental, como lo prueba un informe presentado por el Subcomité de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo (2009).
Detrás de esto está el reaseguro de las posibles reservas de hidrocarburos y demás recursos estratégicos. El fantasma guerrerista sobrevoló a través de las declaraciones de Gordon Brown, deseando “que la disputa no escale al nivel de una confrontación militar”.
Las Malvinas han sido re-jerarquizadas en el pensamiento geoestratégico inglés. En 2009 Londres presentó ante la ONU la ampliación de la plataforma continental submarina de las islas, conforme a la Convención Internacional de los Derechos del Mar (CONVEMAR) que si bien será desestimada por existir una disputa con Argentina, sienta un precedente notable. Dentro de esa “gran estrategia” se cuentan otros territorios de ultramar en la cuenca atlántica: el islote Hatton Rockall (Atlántico Norte) cuyo subsuelo es rico en gas y petróleo, y es disputado con Islandia y las Islas Faroe, y las islas Santa Helena y Ascensión (Atlántico Central) que Brasil también reclama. Sobre todos estos territorios Londres presentó la ampliación de la plataforma continental en 2009.
A todas luces, los territorios de ultramar bajo control británico adquieren una nueva dimensión y se transforman en potenciales “almacenes” de recursos. El British Geological Observatory estima que en la cuenca norte de Malvinas -una de las zonas donde opera Desire Petroleum- podría existir un potencial de 100 mil millones de barriles de crudo, sobre un total posible de 6 billones. No cuesta imaginar el efecto si esa cantidad fuese efectiva y estuviera bajo dominio argentina.
La política oficial y las preguntas incómodas La política del Poder Ejecutivo sobre la disputa de soberanía estriba en las continúas protestas ante el gobierno británico frente a cada avance ilegal y unilateral, como también en los organismos y foros multilaterales (ONU, OEA, UNASUR, Grupo de Río, MERCOSUR, etc.), intentando reconvocar a Londres a la mesa de negociación sin ningún éxito. Por otro lado, se han cosechado declaraciones de apoyo de casi todos los países de la región y de los distintos bloques representativos en relación al reclamo argentino y al reconocimiento de la existencia de la controversia.
Durante la presidencia de Néstor Kirchner se dio por terminado el “Acuerdo de Cooperación sobre Actividades Costa Afuera en el Atlántico Sudoccidental” (marzo de 2007) debido a las grandes diferencias de interpretación entre ambos estados. En estos días se emitió el Decreto 256/10 por el cual todo buque que quiera transitar entre puertos argentinos y los territorios usurpados, o atravesar nuestras aguas en dirección a estos últimos, deberá solicitar autorización.
Pero estas reacciones no pueden soslayar otras cuestiones incómodas: ¿porqué el gobierno eligió al Barclays Bank, accionista de Desire Petroleum, para realizar el polémico canje de deuda?, ¿esa entidad también hace negocios en el país con la minería como en el caso de Minera Alumbrera, en Catamarca?, ¿hasta que punto el conglomerado económico-financiero global vinculado a las petroleras en Malvinas –caso de la estrecha relación entre Rockhopper Exploration y el HSBC Bank- inciden y se ramifican en la actual economía nacional?, ¿se ataca al colonialismo sobre unas islas lejanas y se lo recibe con un guiño de ojo en el corazón del poder? Finalmente: ¿avanzaría el gobierno con sanciones contra los que invierten en Argentina y que, al mismo tiempo, ayudan a violar nuestra soberanía? Por ahora, más preguntas que respuestas.
La necesidad de una política integral La disputa por soberanía en el Atlántico Sur requiere una política integral y de Estado adecuada a una estrategia para la recuperación de la soberanía. El elemento diplomático es fundamental, pero no excluyente. En ese ámbito se debe continuar con las protestas bilaterales ante cualquier acción que avasalle nuestros derechos soberanos, también con la denuncia ante los organismos y foros multilaterales de toda violación al orden jurídico internacional. Es importante lograr apoyos y adhesiones de otros estados, bloques regionales y organismos internacionales para que se continúe reconociendo la existencia de la disputa. Al mismo tiempo, se debe mantener el llamado a la mesa negociación, respaldado y solicitado por la comunidad internacional y los aliados regionales.
En lo político-económico se debe sancionar a los capitales involucrados y que al mismo tiempo puedan tener inversiones en el país. El aislamiento económico de los isleños es una opción que debe ser tenida en cuenta.
Una política integral debe generar consenso en la sociedad. Esta debe conocer a fondo la “cuestión Malvinas” y adquirir conciencia sobre la importancia de los recursos naturales, la existencia y vigencia de nuestros derechos y la ilegalidad del accionar británico. A la campaña de “desmalvinazción” que se produjo por años –y sobre todo en la década pasada- se debe oponer una “re-malvinización” seria, responsable, sin patrioterismo ni militarismo opuesto al espíritu democrático.
Finalmente, la cuestión de la defensa nacional se vuelve insoslayable y crucial. No hay poder nacional ni protección de los intereses vitales sin capacidades defensivas acordes a los desafíos del presente. Las hipótesis de conflicto actuales y futuras estarán condicionadas por el tema de los recursos naturales y una política de defensa responsable, democrática y moderna lo deberá tener en cuenta.
La Argentina siempre tuvo una vocación pacífica en el concierto internacional, pero ello no se debe confundir con la renuncia al ejercicio de nuestros derechos, a la protección de nuestro patrimonio –herencia para el futuro- ni al cumplimiento de nuestros objetivos e intereses, que entroncan con una perspectiva emancipadora en la idea de una Patria Grande libre de la usurpación neocolonial. Por eso, y habiendo padecido durante años una política exterior entreguista y contraria a los intereses nacionales, es hora de recuperar la iniciativa para trazar una nueva política, que en palabras de Hipólito Yrigoyen debería pasar de “pasiva y claudicante”, a “activa y altiva”.

Sebastián Zurutuza es analista internacional.

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