116 emision del 17 al 24 de marzo, 2010

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Nuevo intento de intimidación en contra del NODHO y del CDMP.

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Fecha: 22 de Marzo de 2010

El día 19 de marzo se nos informa que desde el día 5 de marzo la Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJ) que encabeza Rodolfo Igor Archundia Sierra, a través del Ministerio Público Javier Carrión Jiménez consignó ante la Juez Segundo de lo Penal Rosa Celia Pérez González la Averiguación Previa 400/2009/-DMS-3º/DMS-II por el supuesto delito de “daño en propiedad ajena” en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Secciones 23 y 51 y solicitando la detención de Tamara San Miguel Suárez, Itzell Sánchez Martínez, ambas integrantes del Nodo de Derechos Humanos; de Mariano Rolón Castelán, Evaristo Mateo Hernández, Lourdes Valderrábano Teresa, María de Jesús Herrera López, Marcelino Becerra Osollo, Justino Jacinto Rosas, Floriberto Vergara Cañongo , Rosa Isela Hernández Viderique, Mario Rubén Caamaño Lara, Gregorio Martínez Hernández, Marcelino Vázquez Ildefonso, Verónica Ramírez Jarquin, Lorena Ramírez Jarquin, Manuel Morales Espíndola, Élfego Márquez Luna, todos integrantes del Consejo Democrático Magisterial Poblano.

Los 17 acusados son los mismos que fueron golpeados y detenidos arbitrariamente el 10 de Junio de 2009 por Policías Ministeriales, Policías Estatales, Policías Metropolitanos y Policías Municipales de Puebla, cuando el Gobierno del Estado de Puebla a cargo de Mario Marín Torres reprimió una manifestación pacífica del magisterio en contra de la Alianza por la Calidad en la Educación (ACE). Durante esa represión las detenciones las realizaron elementos vestidos de civil encabezados por un enmascarado.

Los 17 detenidos el 10 de junio quedaron en libertad por no haber elementos en su contra.  Varios de los detenidos y lesionados presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, que encabeza Marcia Maritza Bullen Navarro , misma que fue turnada a la Dirección de Información, Análisis y Control de la Conducta Individual de la PGJ, encabezada por Lidia Antonio Sánchez, con el número 386/2009.  Esta queja siguió un proceso plagado de anomalías y presiones en contra de los quejosos, como la presencia del Policía Ministerial Alejandro González García, durante una de las diligencias en las oficinas de la dependencia.  La queja fue archivada el 17 de Febrero por la propia procuraduría poblana sin haber realizado una investigación seria y a pesar de las abrumadoras evidencias de la participación de la Policía Ministerial en la represión del 10 de junio.

Así es que ahora la administración de Mario Marín Torres encubre nuevamente a quienes violan las garantías individuales y se lanza al ataque, no sólo en contra de quienes fueron agredidos, sino que en contra de quienes defienden los Derechos Humanos.  Los mismos actores que trataron de callar las denuncias de Lydia Cacho en contra de la redes de pederastia que operan en Puebla y en todo el país, el mismo gobernador (Mario Marín) y la misma Juez (Rosa Celia Pérez), continúan tratando de hacer de la impunidad un derecho de los poderosos y de la protesta en contra de la injusticia, un delito.

En México las instituciones se encuentran en un estado de deterioro catastrófico, no por designios apocalípticos, sino porque durante años quienes asumieron cargos públicos, quienes se supone debían representar los intereses de la ciudadanía, optaron por poner en venta el poder público, subastarlo a quién quiera comprarlo, ya sea un empresario, un pederasta, un narcotraficante, o una cacique gremial.  En Puebla no gobiernan poderes autónomos regidos por leyes, en Puebla lo que nos gobierna es un pacto de impunidad entre quienes desde lo alto de poder público esconden sus crímenes cubriéndose las espaldas unos a otros y dilapidando el dinero que obtienen de los impuestos de cada ciudadano en fiestas y publicidades para poder creer, ingenuamente, que su poder es eterno.

Cada día nos confirma que a pesar de los constantes intentos por limpiar la imagen de Mario Marín Torres tras el escándalo por la detención y tortura de la periodista y defensora de Derechos Humanos Lydia Cacho, a pesar de estar a cuatro años de aquellos acontecimientos, el Gober Precioso sigue tratando de consolidar en Puebla un estado de IMPUNIDAD para quienes bajo el cobijo del presupuesto público violan los Derechos Humanos y de REPRESIÓN en contra de quienes protestan y tratan de construir una convivencia con respeto a los Derechos Humanos y, sobre todo, una vida digna para todos.

Como Nodo de Derechos Humanos hemos convocado a organizaciones y personas en todo México y en el Mundo a difundir y  denunciar estos hechos y a quienes tratan de intimidar a nuestras compañeras Tamara San Miguel e Itzell Sánchez y a los maestros del Consejo Democrático Magisterial Poblano.

Más Información: http://www.nodho.org