sábado 17 de abril de 2010

La economía no puede medirse más por el éxito, la competitividad ni la eficiencia del capital y de las empresas sino por el grado de bienestar social que se alcance. Y en las pasadas tres décadas eso es lo que precisamente no se logró en el Ecuador.
Juan J. Paz y Miño Cepeda / El Telégrafo (Ecuador)
(El neoliberalismo en Ecuador provocó intensas protestas y movilizaciones sociales)
Desde 1982, cuando estalló el problema de la deuda externa, se inició en Ecuador la progresiva construcción de un modelo empresarial de desarrollo. Ello fue posible por una conjunción de factores: entre los externos, la hegemonía de las transnacionales financieras, la difusión del “neoliberalismo”, los condicionamientos del FMI, el derrumbe del socialismo, la globalización; y entre los internos, la sucesión de gobiernos que tomaron como eje los intereses económicos de la empresa privada expresados a través de las cámaras de la producción, así como los supuestos valores del mercado libre, la desregulación económica y el retiro del Estado.
El camino empresarial iniciado por León Febres Cordero (1984-1988), continuado y consolidado por Sixto Durán Ballén (1992-1996), ampliado por todos los gobiernos sucedidos entre 1996 y 2006, aunque de modo particular por Jamil Mahuad (1998-2000), Gustavo Noboa (2000-2003) y Lucio Gutiérrez (20003-2005), se caracterizó por la sucesión de políticas aperturistas: liberación de precios, tasas de interés y tipos de cambio, sucretización (Osvaldo Hurtado, 1983) y resucretización de las deudas privadas (Febres Cordero, 1987), privatizaciones (sobre todo Durán Ballén), “salvataje bancario” y dolarización (Mahuad), flexibilidad laboral (Noboa y Gutiérrez), hegemonía de los criterios de las cámaras de la producción, 16 notas y Cartas de Intención con el FMI entre 1983 y 2003, intentos por suscribir un TLC con los EE.UU., etc.
Ese progresivo proceso económico levantó la modernización capitalista del Ecuador, mejoró los negocios y ante todo los beneficios empresariales. Pero ese proceso descansó sobre la desinstitucionalización del Estado, el deterioro de los servicios públicos, la asfixia de la seguridad social, la absoluta concentración de la riqueza, la precariedad e inseguridad laborales, la arbitrariedad empresarial, la destrucción medioambiental, la desregulación tributaria, la explosión del fenómeno emigratorio, la contención forzosa de los salarios, la aceleración de la “informalidad”, el subempleo (60% en promedio) y el desempleo (10% en promedio), la transferencia de recursos públicos al servicio privado, las concesiones de bienes y recursos estatales, la pérdida de la soberanía monetaria, a lo que se suma la creciente crisis gubernamental (en la última década siete gobiernos), la consolidación del “Estado de partidos” y su desprestigio, la desnaturalización de las funciones estatales, etc.
En tales circunstancias, habría sido el colmo que no crezca la economía empresarial, como lo hizo entre 2001 y 2006, época que añoran algunos voceros neoliberales.
Las cifras que presentan, aisladas del contexto histórico, les sirven para suponer un cuadro de “éxitos” que ponen como ejemplo sin hacer referencia a los costos sociales y políticos de semejante “modelo”. Porque en América Latina, la economía no puede medirse más por el éxito, la competitividad ni la eficiencia del capital y de las empresas sino por el grado de bienestar social que se alcance. Y en las pasadas tres décadas eso es lo que precisamente no se logró en el Ecuador.
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