Derecho Constitucional a la Alimentación: una decisión inaplazable.

Deja un comentario


Difusión Cencos México D.F., 20 de abril de 2010
 
Carta abierta
OSC y ciudadanos y ciudadanas
 
¡El hambre, la malnutrición y la inseguridad alimentaria no esperan!
¡Por la soberanía alimentaria, por un México sin hambre, ni desnutrición!
 
A las Diputadas y los Diputados Federales
A los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados
LXI Legislatura
 
A la opinión pública
 
Las organizaciones de la sociedad civil y las ciudadanas y ciudadanos abajo
firmantes nos dirigimos a ustedes para urgir la aprobación inaplazable por el
pleno de la Cámara de Diputados de la Minuta del Senado de la República
mediante la cual se reforma el artículo 4º de nuestra Carta Magna para elevar
a rango constitucional el derecho humano a la alimentación.
 
Dicha Minuta, enviada por el Senado a la Cámara de Diputados desde el año de
2005, adiciona el siguiente párrafo al artículo 4º y un segundo a la
fracción XX del artículo 27 de la Constitución, para quedar como sigue:
 
“Artículo 4º .- …
El Estado tiene la obligación de garantizar eficientemente el acceso de toda
persona a una alimentación suficiente y de calidad, que le permita satisfacer
sus necesidades nutricionales que aseguren su desarrollo físico y mental.
 
Artículo 27.- …
XX. …
Las políticas para el desarrollo rural integral, a que se refiere el párrafo
anterior, tendrán como finalidad que el Estado garantice el abasto suficiente y
oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.”
 
La demanda de la sociedad civil por elevar a rango constitucional uno de los
derechos humanos fundamentales como lo es el derecho a no padecer hambre y
malnutrición, ha sido una larga e incansable lucha que, desde 1992 a la fecha,
han llevado a cabo una amplia y plural gama de organizaciones campesinas,
pro-derechos humanos, sindicales, urbanas, magisteriales, religiosas, de
académicos e investigadores, de profesionistas de la nutrición así como de
innumerables intelectuales, científicos, artistas y ciudadanos y ciudadanas de
a pie.
 
Si nuestro país quiere transitar hacia un Estado democrático, cuyo desarrollo
sea social y medioambientalmente sustentable, justo e incluyente que le permita,
por ello, enfrentar eficientemente la crisis alimentaria por la que atraviesa,
no puede seguir soslayando el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos
internacionales derivados de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC),
así como los contraídos en la Cumbre Mundial de la Alimentación y la Cumbre
del Milenio. Al respecto de estos últimos, nuestro país se comprometió a
reducir a la mitad el hambre y la desnutrición de sus ciudadanos para el año
2015. La inaceptable realidad en México es que el hambre se está incrementando
en 50% respecto al año base, mientras que en la mayor parte de América Latina
y el Caribe (ALC), ésta se reduce al igual que la malnutrición, con los
ejemplos notables de Brasil y Cuba.
 
Al respecto del artículo 11 del PIDESC, en el cual se establece la obligación
de los Estados a reconocer el derecho a la alimentación, el Comité de las
Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha emitido
la Observación General 12 sobre el derecho a una alimentación adecuada en la
que establece lo siguiente:
 
“El Comité afirma que el derecho a una alimentación adecuada está
inseparablemente vinculado a la dignidad de la persona humana y es indispensable
para el disfrute de otros derechos consagrados en la Carta Internacional de
Derechos Humanos. Es también inseparable de la justicia social, pues requiere
la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, en los
planos nacional e internacional, orientadas a la erradicación de la pobreza y
al disfrute de todos los derechos humanos para todos.” (PIDESC; 1999;
E/C.12/1999/5).
 
La falta de atención a una de las demandas más sentidas del pueblo mexicano
–elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación-, y con ello,
el incumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos, ha
propiciado que nuestro país se encuentre en un lamentable e inaceptable estado
de hambre, malnutrición, inseguridad y vulnerabilidad alimentarias que afecta a
la mayoría de la población, violando flagrantemente el Estado de Derecho y
comprometiendo gravemente el futuro de nuestro país, la seguridad nacional y
nuestra soberanía.
 
Hoy en pleno siglo XXI y en el año del Bicentenario de la Independencia y del
Centenario de la Revolución, más del 20% de la población padece hambre y
desnutrición y más del 50% de los mexicanos se encuentra en el nivel de
pobreza. Por si fuera poco, el modelo agroalimentario y nutricional hegemónico
ha impuesto a nuestro país una epidemia de obesidad. De acuerdo con la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición (2006), padecen sobrepeso y obesidad el 72% de
las mujeres y 67% de los hombres; 34% de los adolescentes y 26% de los niños y
niñas de 5 a 11 años. Al mismo tiempo, crecen la dependencia alimentaria del
país, el abandono del campo, la degradación de suelos y el agotamiento de
acuíferos, el poder de los monopolios agroalimentarios, la carestía de los
alimentos y, con ello, crecen la inseguridad y vulnerabilidad alimentarias de
nuestro país expresadas en la crisis de la tortilla del 2007 y las
consecuencias negativas que han conllevado las crisis mundiales de alimentos y
la económica de 2008-2010. Todo esto se da a la par de la abdicación en la
práctica de las obligaciones del Estado en lo tocante a los derechos humanos de
los mexicanos y mexicanas; consecuencia de la adopción a raja tabla y acrítica
del modelo de libre mercado.
 
La alimentación es un derecho humano fundamental, no es una mercancía. Es una
obligación del Estado garantizar su cumplimiento a partir de un mandato
constitucional y una política de Estado de largo plazo, con la participación
corresponsable de los poderes de la República, los tres niveles de gobierno y
la sociedad. El mercado no puede ni podrá jamás garantizar el derecho a la
alimentación. Menos lo podrá hacer el ya histórico asistencialismo clientelar
de los programas gubernamentales o la filantropía privada.
 
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las
Naciones Unidas (CEPAL), en 2009, por la recesión económica aumentaron en 9
millones de personas en condiciones de pobreza en ALC, de los cuales el 40%
correspondió a México; es decir, tenemos 3.6 millones de pobres más.
 
Si hoy nuestro país vive una crisis alimentaria sin precedentes, la situación
puede tornarse aún más dramática en virtud de las amenazas del entorno
mundial, a saber: a) el cambio climático global y su impacto en la producción
y disponibilidad de alimentos; b) agotamiento de los hidrocarburos y la
volatilidad de los precios del petróleo; c) el uso creciente de alimentos y de
tierras para la producción de biocombustibles; d) el agotamiento de la
disponibilidad del agua para la agricultura y su disputa por usos alternativos;
e) la inversión sin regulación de fondos especulativos en las bolsas de
granos; f) la inestabilidad económica y financiera global, incluyendo una alta
volatilidad en los tipos de cambio; g) el poder creciente de las
megacorporaciones agroalimentarias en el comercio y las políticas agrícolas
internacionales y nacionales; h) la creciente preeminencia de la agricultura
empresarial y/o de gran escala –ya sea de exportación o de básicos-- en
detrimento de las agriculturas de pequeña escala y/o familiar, y, con ello la
agudización de la desigual distribución de recursos públicos, la
polarización entre productores y regiones, el privilegio de la urbanización
frente al “descuido” del sector rural; i) el uso geopolítico del
poder alimentario; e, i) el deterioro de los hábitos alimentarios y la dieta
tradicional por el impacto de la comercialización y de la publicidad de la
industria procesadora de alimentos.
 
Sin alimentos no hay vida, no hay salud, no hay educación, no hay libertad, no
hay posibilidad de trabajar, no hay posibilidad de criar y formar a los hijos e
hijas, no hay ciudadanía, no hay democracia, no hay futuro, no hay país. El
derecho a la alimentación es integral e inherente a otros derechos.
 
Hoy es la oportunidad. No la dejemos ir. En medio de la desesperanza,
abriguemos una esperanza y luchemos por ella todos y todas, sin excepción, en
la pluralidad y en la corresponsabilidad.
 
Derecho Constitucional a la Alimentación: una decisión inaplazable.
 
¡El hambre, la malnutrición y la inseguridad alimentaria no esperan!
 
¡Por la soberanía alimentaria, por un México sin hambre, ni desnutrición!
 
Atentamente,
 
Organizaciones y asociaciones nacionales, estatales, ciudadanos y ciudadanas,
personalidades y comunidades eclesiales de base.
 
Lee la Carta Abierta con firmas
 
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
 
-- 
Haga click aquí para desuscribirse de este boletín [1]
 
 
[1] http://cencos.org/es/newsletter/confirm/remove/d490367752618t33

Defensores de derechos humanos en México en situación de riesgo y criminalizados.

Deja un comentario


Difusión Cencos México D.F., 19 de abril de 2010
 
Boletín de prensa
Defensores de DH
 
Reunidos en el marco del Tercer Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores
de Derechos Humanos, convocado por la Red Solidaria Década contra la Impunidad,
el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de
México y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.,
evento que fue inaugurado por Monseñor José Raúl Vera López y Monseñor
Samuel Ruiz García, más de 35 organizaciones de la sociedad civil, defensores
y defensoras de los estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Guerrero,
Chihuahua, Coahuila, Baja California, Distrito Federal, Estado de México y
Guanajuato, analizando la situación que viven en el desempeño de su labor
cotidiana.
 
Denunciamos:
 
Que por el trabajo de promoción y defensa de derechos humanos que realizamos
nos encontramos constantemente en situación de riesgo. Ésta se concreta, en
muchos de los casos, en amenazas, tortura, intimidaciones, privación ilegal de
la libertad, allanamientos e incluso el asesinato.
 
Que una práctica que también se ha vuelto cotidiana es la criminalización de
nuestra labor a través de la imputación falsa de delitos.
 
Que no existen mecanismos adecuados de protección para nuestra labor, lo que
nos ha obligado a recurrir a instancias internacionales en búsqueda de
seguridad.
 
Que la militarización de labores civiles de seguridad pública ha agravado la
situación de vulnerabilidad en que ya nos encontramos.
 
Que por el temor fundado varios defensores y defensoras se encuentran fuera de
su lugar de origen como última opción de protección para sus vidas y la de
sus familias, como es el caso de Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera, Inés
Fernández, Valentina Rosendo y Obtilia Eugenio, entre otros.
 
Que la violencia que expresamos se agudiza más en contra de las mujeres y las
y los indígenas.
 
Que todas estas situaciones riesgosas las viven también las y los compañeros
periodistas en su labor informativa.
 
Exigimos:
 
Que el estado cumpla puntualmente con la Declaración sobre los defensores de
derechos humanos del 9 de diciembre de 1998.
 
El cese inmediato de las amenazas y la represión que sufrimos por parte del
Estado o de otras instancias con la anuencia o aquiescencia de éste.
 
La pronta salida del ejército de las labores que corresponden a instancias
civiles.
 
El cumplimiento puntual de las sentencias emitidas contra el Estado Mexicano en
los casos del Campo Algodonero y de Rosendo Radilla.
 
La liberación de todos los presos y presas políticos y de conciencia como
Teresa González, Alberta Alcántara, Raúl Hernández, y los de la comunidad de
Azumiatla en Puebla, entre otros.
 
Proponemos:
 
El reconocimiento constitucional de la labor de las y los defensores de
derechos humanos.
 
La construcción de un mecanismo nacional adecuado para la protección de las y
los defensores de derechos humanos.
 
La articulación permanente de las organizaciones aquí reunidas.
 
La visita solidaria a la comunidad Indígena me-phaa’ víctima constante
de la violencia de Estado, el día primero de mayo.
 
Atentamente
 
Unión Campesina Democrática, Frontera con Justicia, Yo te defiendo A.C.,
Humanidad sin fronteras, Casa del Migrante Belén, Movimiento Agrario Indígena
Zapatista, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C., Impulso a la Otra
Campaña, Comisión Justicia y Paz - Arquidiócesis de México, Taller de
Desarrollo Comunitario, TINAM, Centro Pro Derechos Humanos Voces de las Altas
Montañas A.C., Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos A.C., Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, Frente de
lucha estudiantil UNAM, Tonelhuayotzin Nuestra Raíz A.C., Agrupación padres y
familiares de las víctimas de Sucumbíos Ecuador, Amnistía Internacional
Sección México, Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo A.C., Asociación de
Vecinos Propositivos por Lomas de San Francisco Tepojaco A.C., Red de Defensa de
los Derechos Humanos de Puebla, Centro de Derechos Humanos Joel Arriaga Navarro,
Instituto Mexicano por los Derechos Humanos y Democracia, Comisión de Derechos
Humanos de Chiapas ONG, Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Amnistía
Internacional Grupo 12, Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM),
Familia Latina Unida/ Sin Fronteras MMM, Colectivo Hoja Verde, Movimiento
Migrantes Mesoamericanos, Cauce Ciudadano Sindicato de Trabajadores de la UNAM,
SERAPAZ, Redes Universitarias, Federación de Militares Retirados “General
Francisco J. Mugica”, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de
Vitoria O.P.” A.C, Programa de Derechos Humanos de la Universidad
Iberoamericana de la Ciudad de México, Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez A.C. y Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C.,
Comisión de Derechos Humanos y otras defensoras y defensores a título
personal.
 
Ciudad de México, D.F., a 17 de abril de 2010

Medios de comunicaciòn y elecciones. ALTAVOZ

Deja un comentario


domingo 18 de abril de 2010

Editorial 56

Antes, durante y después de las elecciones del próximo 4 de julio estaremos viendo cuál es el comportamiento de los medios impresos y electrónicos y qué tipo de intereses se manejan alrededor de los mensajes, las fotografías, las primeras planas, las entrevistas, la propaganda y hasta los spots de radio y televisión.
Para nadie es un secreto, aunque lo vemos como un hecho natural, que todos los medios impresos en Veracruz –salvo muy escasas excepciones-, viven del erario público por lo que no hay día en que no aparezca el Tío Fide en todas la primeras planas de diarios y revistas, mostrando a un supuesto gobernante omnipresente, omnipotente y omnisapiente, que todo lo resuelve y lo mantiene bajo control.
En cinco años y cuatro meses hemos pasado de eslogans y frases pegajosas como la de Veracruz late con fuerza o Vamos bien y viene lo mejor, diseñadas y promocionadas al estilo nazi para adorar a un ser superior, infalible e infaltable en el altar de nuestros hogares, escuelas, hospitales y edificios públicos.
Ahora, de cara a un proceso electoral que busca renovar 210 ayuntamientos, la Cámara de Diputados y elegir al titular del Poder Ejecutivo, es Javier Duarte de Ochoa quien desde hace meses se promociona con recursos públicos en prensa, radio y televisión, en franca complicidad entre dueños y directores de medios impresos y electrónicos.
Los contratos suelen ser tan jugosos, que no hay medio que se resista a publicar lo que sea, para no quedar fuera del presupuesto e incluso viéndose obligados a no publicar informaciones y menos fotografías en sus primeras planas de los candidatos de la oposición, a no ser para denostarlos o desvirtuar su lucha.
En lo local y lo regional, los ejemplos son más burdos: dueños de pasquines y gacetillas se convierten en los interlocutores de servidores públicos de muy bajo perfil, a quienes halagan o castigan en sus rotativos, dependiendo de si hay dinero o no, prostituyendo el noble oficio de informar con veracidad y ética.
El negocio es perverso por partida doble: los funcionarios toman dinero de los contribuyentes para mantener a verdaderos zánganos del oficio periodístico, a cambio de halagos y primeras planas en las que el alcalde en turno posa con la esposa, presumiendo entrega de obras o en franca actitud populachera para echarse a la bolsa a incautos lectores.
Por lo general, esos periodiquitos carecen de credibilidad y circulación, pero basta con que uno o dos de sus ejemplares lleguen a la oficina del presidente municipal o del funcionario, para asegurar el jugoso cheque, la comilona, la foto con el servidor público, la beca para los hijos o la palanca para el familiar desempleado. Qué pobres. No se dan cuenta que así castran un oficio que por naturaleza debe mantener una sana distancia con el poder, para ganarse respeto y credibilidad.
Una prensa libre y medios electrónicos con responsabilidad social, deben multiplicarse por todos lados para darle voz y poder a los ciudadanos, para que hagan contrapeso a la corrupción, la simulación y la impunidad con que alcaldes, legisladores y demás servidores públicos nos gobiernan, cínicos y soberbios a más no poder. ¡Piénsale¡

La AMEDI exhorta al Congreso a aprobar, sin dilaciones, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales.

Deja un comentario


Difusión Cencos México D.F., 20 de abril de 2010
 
Comunicado
AMEDI
 
Desde que nació la AMEDI se ha propuesto impulsar, como uno de sus objetivos
centrales, una nueva legislación en materia de radio, televisión y
telecomunicaciones. Actualmente el Congreso de la Unión se encuentra procesando
un proyecto de ley que podría ser votado en los próximos días en ambas
cámaras del Poder Legislativo. Consideramos que nunca antes México había
estado tan cerca de contar con un nuevo marco regulatorio en estas materias. 
 
 La reforma de radio, televisión y telecomunicaciones, constituye una vieja
aspiración de la democracia mexicana. Durante años, se han emprendido diversos
intentos que implicaron largos procesos de consultas y negociación sin lograr
los resultados esperados. El 8 de abril pasado se presentó de forma
simultánea, en ambas cámaras del Congreso, un proyecto que ahora se encuentra
en proceso de dictamen en las comisiones legislativas con el compromiso de los
legisladores para votarlo en los próximos días. Por ello, la AMEDI enfatiza la
importancia del momento actual y apoya la urgencia para su conclusión positiva.
 
 Nuestra asociación y el frente de organizaciones civiles que han impulsado la
causa de una nueva ley, consideran que en dicho proyecto se encuentra incluida
la mayoría de las propuestas que hemos presentado a los legisladores. Ese
proyecto de ley tiene virtudes que se desarrollan en 252 artículos ordenados en
13 títulos: se trata de una visión integral, de vanguardia, que amplía los
derechos de los usuarios y consumidores y fortalece la competencia, la
pluralidad y el derecho a la información. El núcleo que integra estos
objetivos es la visión de que la radio, la televisión y las telecomunicaciones
son una actividad de servicio público que utiliza bienes de la nación y
necesita ser regulada de forma democrática y transparente por el Estado
mexicano.
 
 La AMEDI insiste en que la nueva ley debe tener un organismo regulador con una
composición profesional y plural, que actúe con autonomía, sin conflictos de
intereses respecto de las empresas y actividades que tendría la responsabilidad
de regular. De la misma forma se necesita que cuente con las facultades
necesarias para el otorgamiento de las concesiones y la regulación de los
sectores obligados, tanto en los aspectos técnicos como en los contenidos que
se transmitan a través de esos recursos tecnológicos. Es vital que la nueva
ley tenga reglas claras para promover la competencia; por eso no se pueden dejar
de lado los temas de la interconexión, así como la regulación del carácter
de dominancia entre los prestadores del servicio tanto en radio y televisión
como en telecomunicaciones. De esa manera, de acuerdo con el artículo 28
Constitucional, se evitarían fenómenos de concentración contrarios al
interés público.
 
 Las nuevas reglas que se discuten en el Congreso fomentan la transparencia
para administrar el espectro radio radioeléctrico y crean un Registro Público
de las Telecomunicaciones; defienden los derechos de los consumidores y de las
audiencias y establecen los cambios necesarios para impulsar la convergencia
tecnológica y la competitividad. Además propician la diversidad y la calidad
en los contenidos de la televisión y la radio y fortalecen el equilibrio de los
intereses sociales frente a los comerciales, entre otros importantes cambios.
 
 Estamos ante un momento crucial. Si se llega a aprobar esta reforma,
constituirá una palanca muy importante para cambiar el rostro de la radio, la
televisión y las telecomunicaciones y para que México pueda avanzar con
certidumbre en su proceso de modernización sin perder el ideal democrático de
la sociedad mexicana. Sabemos que las presiones para que esta reforma fracase, o
para que sus contenidos sustantivos sean limitados, son enormes. Esperamos que
el Congreso de la Unión esté a la altura de este desafío y logre construir,
sin dilaciones y sin reducir el alcance de las propuestas ahí establecidas,
esta reforma tan largamente esperada que así, dejaría de ser una de las más
onerosas asignaturas pendientes de nuestra democracia.
 México D.F., 20 de abril de 2010
 
Asociación Mexicana de Derecho a la Información, A.C.
 
Consejo Consultivo: Néstor García Canclini (presidente del Consejo) Carmen
Aristegui, Alberto Aziz Nassif, Virgilio Caballero, Jesús Cantú Escalante,
Jorge Carpizo McGregor, Felipe Cazals, Miguel Concha Malo, Javier Corral Jurado,
José Antonio Crespo, Denise Dresser, Fátima Fernández Christlieb, Jorge
Fernández Ruiz, Daniel Giménez Cacho, María Teresa Gómez Mont, Miguel Ángel
Granados Chapa, Raúl Padilla López, Carlos Padilla Ríos, José Francisco
Paoli Bolio, Inna Payán, Elena Poniatowska Amor, Agustín Ramírez Ramírez,
Ricardo Raphael, Gustavo Reyes Terán, Luis Javier Solana, Francisco Valdés
Ugalde, Ernesto Velázquez Briseño, José Woldenberg.
 
Consejo Directivo: Raúl Trejo Delarbre (presidente), Jorge Enrique Bravo
Torres Coto, Aleida Calleja, Daniel Contreras Henry, María del Carmen de Lara
Rangel, José Agustín Pineda Ventura, Jerónimo Repoll, Beatriz Solís Leree,
Gabriel Sosa Plata, Aimée Vega Montiel. José Luis Domínguez (presidente del
Capítulo Yucatán), Rafael Gustavo Hernández García Cano (presidente del
Capítulo Puebla), José Luis Muñoz Pérez (presidente del Capítulo
Chihuahua), Cristina Romo Gil (presidenta del Capítulo Jalisco).
 
Otros socios de la AMEDI: Felipe Ahumada Vasconcelos, Elisa Alanís, Ricardo
Alemán, Jorge Alonso Sánchez, Alma Rosa Alva de la Selva, Pablo Arredondo
Ramírez, Agustín Basave, Ricardo Becerra, Graciela Bernal, Fernando Butler,
Lorenzo Córdova, Javier Esteinou Madrid, Jaime García Chávez, Daniel
Gershenson, Salvador Guerrero Chiprés, Salma Jalife Villalón, Juan Larrosa
Fuentes, Sergio López Ayllón, José Carlos Lozano, Alejandro Madrazo Lajous,
Bernardo Masini, Rocío Morgan Franco, Patricia Ortega Ramírez, José Agustín
Ortiz Pinchetti, Jaime Preciado Coronado, Graciela Ramírez, Celeste Sáenz de
Miera, Pedro Salazar, Dulce María Sauri Riancho, Víctor Ugalde, Felipe
Vicencio Álvarez.
 
Ciudadanos que se adhieren a este documento: Francisco Aceves, Laura Almela,
Lucía Álvarez, Sergio Aguayo Quezada, Norma Blázquez, Claudia Benassini,
Jorge Bustillos, Mardonio Carballo, Busi Cortés, Delia Crovi, Kate del
Castillo, Lynn Fainchtein, Raúl Fuentes Navarro, Carola García Calderón,
Rodrigo Gómez, Gustavo Gordillo, Óscar Guerra Ford (comisionado presidente
Instituto de Acceso a la Información Pública del DF), Rogelio Hernández
López, Octavio Islas, Julio Juárez, Marcela Lagarde, Marta Lamas, Maricarmen
Legorreta, Estela Leñero, Carlos Martínez Assad, Elsie McPhail, Jorge Medina
Viedas, Rogaciano Méndez (Sindicato Nacional de Redactores de Prensa), María
Elena Meneses Rocha, Alberto Montoya, Humberto Musacchio, Jorge Eduardo
Navarrete, Guillermo Orozco, Maricela Portillo (presidenta de la Asociación
Mexicana de Investigadores de la Comunicación), Jorge Prior, Gloria Ramírez
(presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos), Rafael Reséndiz,
Gabriela Rodríguez, Jorge Javier Romero, María Guadalupe Rosete, Adolfo
Sánchez Rebolledo, Enrique Sánchez Ruiz, Carlos Tello Díaz, Carlos Tello
Macías, Rosalía Winocur.
 
Responsable de la publicación: Ismene Flores, secretaria técnica de la AMEDI.

120 emisión RI del 15 al 21deabril, 2010

Deja un comentario