La nueva justicia y la palabra del EZLN.

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SEMINARIO INTERNACIONAL DE REFLEXIÓN Y ANÁLISIS

La nueva justicia y la palabra del EZLN.

Bárbara Zamora

En el marco jurídico nacional y en la legislación internacional, se han establecido derechos para todos los seres humanos entre los cuales está el derecho a la justicia; justicia que debe ser impartida por tribunales independientes cuyas resoluciones deben emitirse de manera pronta, completa, imparcial y gratuita por jueces independientes e imparciales.

Este derecho a la justicia se encuentra establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo XVIII de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del hombre; el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

A pesar de lo que ordenan estas legislaciones tanto nacionales como internacionales, lo que ocurre en la realidad es algo totalmente diferente y no tiene nada que ver con el ideal de justicia que señalan estos instrumentos jurídicos.

El problema esencial es que la justicia ya no está dirigida a restablecer la armonía, quizá porque en nuestra época ya no tenemos una idea de lo que significa el Orden y la Armonía.

La justicia y su aplicación están íntimamente ligadas a la noción de delito. De aquello que los hombres consideran un delito, podemos hacernos una idea de lo que es la justicia para un grupo de hombres o para una sociedad.

Es evidente que hoy ya no se legisla para tratar de mantener el orden del mundo, el difícil equilibrio que rige todas las cosas, sino para restablecer o proteger los intereses y los valores que han pactado un grupo de hombres o una sociedad.

Cuando un delito es abolido significa que esa sociedad ya no reconoce en él una transgresión a sus valores o a los fundamentos que tejen sus estructuras, sus instituciones o sus intereses. Si un delito es abolido significa que ya no atenta contra el equilibrio de la sociedad, pues ese equilibrio se ha desplazado hacia otros lugares.

Por ejemplo, se suprimen delitos como el adulterio y la difamación; en cambio se tipifica como conducta delictiva el reclamo de un derecho calificándola como terrorismo, creando estados de excepción donde todos los derechos y libertades están limitados, condicionados o anulados por la violencia de las fuerzas militares y policiales.

La gran similitud de la reforma constitucional penal mexicana con la ley antiterrorista española y la ley patriótica de Estados Unidos, nos demuestra que las leyes se globalizan y obedecen a los intereses de los gobiernos.

Es por ello que ya no reconocemos a las instituciones judiciales de nuestro país o del mundo, porque ya no nos reconocemos en el orden que nos proponen, en los hilos que tejen la comunidad de la que pretenden hacernos parte. Esa justicia es ilegitima porque el tipo de universo que protege no es el que nosotros hemos imaginado, ni el que nosotros hemos pactado.

La justicia es impuesta y aplicada por aquellos que tienen el poder, es el reflejo del mundo tal y como ellos lo conciben. Esta es la razón por la que una gran mayoría de la población, la más pobre, siempre se ha sentido excluida o atacada por esa justicia, pues en el orden del mundo que ésta trata de proteger, ellos están ausentes, o son considerados como enemigos. Las penas y los castigos están destinados a conservar una estructura social; son un procedimiento, un mecanismo político, para mantener el orden impuesto desde el poder.

En suma, en los tribunales no se administra justicia, solo se aplican las leyes y además se hace de manera discrecional y con criterios políticos. Ejemplos de ellos tenemos muchos: los mineros de Pasta de Conchos, los colonos de Lomas del Poleo, los presos de Atenco, los muertos y los presos de Oaxaca, los mineros de Cananea, los electricistas del SME, los niños quemados en la guardería de Sonora, las familias asesinadas por los militares en los retenes, los ejidatarios de San Pedro Tultepec, los comuneros de San Miguel Xoltepec, la comunidad de Santa Cruz Atizapán, la comunidad de San Agustín, el ejido Playa Limón. los comuneros de Ocotepec.

Esta comunidad de Ocotepec, hizo valer su derecho a elegir sus autoridades internas como es el comisariado de bienes comunales mediante usos y costumbres, como lo había venido haciendo siempre; sin embargo, con una resolución ignominiosa y cantinflesca, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que esta actividad, es decir la de elegir a su comisariado “no puede formar parte del ejercicio de libre determinación de las comunidades indígenas, ya que en caso de realizar tales actividades las comunidades indígenas, se correría el riesgo de quebrantar la unidad nacional”

Por todas estas razones es que ahora debemos hablar de una nueva justicia y primero tenemos que interrogarnos sobre la experiencia política que debe sustentarla ¿Qué es una experiencia política? Es la experiencia del vínculo entre los hombres, un vínculo que crea una comunidad entre ellos. La dimensión y la profundidad política de una sociedad están íntimamente relacionadas con el tipo de vínculo que han establecido los hombres que la conforman.

Hay que preguntarnos, ¿cuál es el vínculo que hoy nos une como sociedad? ¿cuál es la expresión de nuestra experiencia política? Probablemente no existe. No son sin duda, las elecciones. No son las leyes que hoy rigen al país. No es, como quieren hacernos creer, el combate a la delincuencia organizada o al terrorismo. El vínculo que había ente nosotros se ha roto y, al romperse, se anuló toda posibilidad de justicia.

Después de la Revolución mexicana, nuestro vínculo fue la Constitución de 1917. Es decir, nuestra experiencia política y, con ello, nuestra experiencia de la justicia, estaba fundada en este libro, en la palabra. Hoy esa Constitución ya no existe. Y aún, si existiera. Ya no sería lo suficientemente fuerte para renovar los vínculos que se han roto entre nosotros.

En el caos que hoy se ha instaurado, debemos imaginar nuevos vínculos entre nosotros. Tal vez necesitamos algo más que una revolución, porque una revolución solo sirve para derrocar temporalmente a una persona o a un gobierno.

Pero nuestra revolución debe servir para forjar una nueva armonía, para imaginar y construir los vínculos políticos sobre los que se tejerá la nueva sociedad que nazca de ella.

Una revolución cuyo único objetivo sea derrotar al poder en turno, forjará una experiencia política basada en la persecución, en la sangre y en el terror. Y ese será el tipo de relación que establecerán los hombres nacidos de ese movimiento político extremo.

Un universo en fragmentos, como el nuestro, es decir un universo donde la experiencia política entre los individuos de una comunidad se ha roto, es un lugar donde la relación entre el hombre y su lengua también se ha hecho pedazos. Por que la justicia es el cuidado de ese vínculo ligerísimo que une todas las cosas del universo, y que ante todo- une las palabras, los actos y los hombres.

¿Qué es una nueva justicia? Quizá no deberíamos buscar una nueva justicia, sino la reparación de los vínculos que la justicia se encargaba de proteger y de mantener unidos.

Ahora nos enfrentamos a una doble tarea. Crear un nuevo vínculo entre nosotros –una experiencia política de otro orden- y crear una nueva forma de protegerla.

No podemos imaginar la forma de proteger el vínculo que nos teje a nosotros como comunidad o como país, es decir, no podemos imaginar una nueva justicia, si antes no hemos forjado un nuevo vínculo.

El sueño de una nueva justicia se sostiene sobre la fe en ese sueño. Si no es un sueño colectivo, si no es un sueño que penetre los párpados de todos, el despertar seguirá siendo sangriento. Porque ¿cómo proteger un sueño que no compartimos? Habrá que soñar una justicia que no pase por los castigos físicos, ni por las prisiones, ni por la pena de muerte, ni por la confinación en centros de higiene pública, ni por la condena de los instintos o de los deseos.

Sin embargo, tal vez, un nuevo vínculo ha nacido entre nosotros y ese vínculo –que une a personas que hablan distintas lenguas, de diversos países, de culturas diferentes, personas que aparentemente nada comparte- es la palabra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Una palabra que no destruye, sino que a su paso va curando todas las heridas del mundo, recogiendo cada fragmento hasta reparar –con esa nueva violencia- todos los vínculos que el hombre ha olvidado o ha destruido.

Seguir llenando el lenguaje de lamentos es destruir el delicado vínculo que ahora nos convoca y que, quizá, nos une.

Como ha hecho el EZLN, como hacen los verdaderos poetas, nosotros tenemos que transformarnos en palabras, y así, como en los altos poemas, combatir alegremente. Y también imaginar una nueva violencia, una violencia que cuide de la vida, para que nuestro sueño no se evapore en medio de una noche de sangre.

Premio de derechos humanos a Sara López, presa política en Campeche.

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Sara López recibe, desde la cárcel de Campeche,

Premio Sergio Méndez de Derechos Humanos

Comunicado conjunto del Movimiento de Cultura Popular,
Equipo Indignación, personas y organizaciones adherentes a La Otra Campaña en Yucatán

La compañera Sara López González -quien se encuentra presa en el penal de Kobén en Campeche por luchar contra los cobros desproporcionados de la Comisión Federal de Electricidad, como miembro del Movimiento de resistencia contra las altas tarifas de la energía eléctrica de Candelaria, Campeche- recibe hoy el premio “Don Sergio Méndez Arceo” que otorga la fundación del mismo nombre para reconocer a quienes se hayan destacado por su valor en la defensa y promoción de los derechos humanos en nuestro país.

En noviembre de 2008 Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja fueron acusados por la CFE de “privación ilegal de la libertad” de un funcionario público e “impedimento para la realización de un servicio público”, cuando en realidad el funcionario les acompañó a supervisar la reconexión del servicio.

Sara López fue detenida hace más de 9 meses, el pasado 10 de julio, junto con su esposo Joaquín Aguilar, don Guadalupe Borja y dos integrantes del más del Movimiento de resistencia contra las altas tarifas de la energía eléctrica de Candelaria. Ella, su esposo y don Guadalupe continúan presos por delitos fabricados por la paraestatal en complicidad con la Procuraduría General de la República con el objeto de criminalizar la lucha social que han desarrollado en Candelaria, Campeche, para defender sus derechos y denunciar los abusos que la CFE comete en contra de la precaria economía de sus familias.
Las y los detenidos participan en el Movimiento contra la Altas Tarifas de Energía Eléctrica de Candelaria, Campeche, un movimiento civil y pacífico que desde hace más de tres años protesta por los altos, desproporcionados y arbitrarios cobros que realiza la Comisión Federal de Electricidad, así como por el mal servicio. Dicho movimiento agrupa a más de tres mil personas de 30 comunidades de la región y es parte de un movimiento nacional contra las altas tarifas de energía. Su exigencia ha sido el que se acaben los abusos que representan los cobros excesivos de la energía eléctrica, el establecimiento de una tarifa justa adecuada al nivel adquisitivo de la población de la región y el mejoramiento del servicio de energía eléctrica por el que los ciudadanos pagan a la paraestatal.

Amnistía Internacional los declaró presos de conciencia el pasado 4 de marzo y acusó a las autoridades mexicanas de utilizar indebidamente el sistema de justicia para detener a estos líderes comunitarios.

En enero de 2010 un magistrado federal determinó que la evidencia contra ellos era insustancial por lo que tenían que reclasificarse los delitos o ser puestos en libertad inmediata. Sin embargo, la PGR obstaculizó la liberación apelando dicha resolución y actualmente el caso se encuentra en revisión en el Tribunal colegiado en materia penal y administrativa del décimo cuarto circuito, con sede en Mérida, Yucatán.

En el comunicado en el que da a conocer que otorga el premio a Sara López en la categoría de persona, la Fundación Sergio Méndez destaca que Sara es una mujer humilde integrante de las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) en Candelaria, Campeche, comprometida con la defensa de los Derechos Humanos de distintos pueblos y colonias populares en Campeche y en los campamentos de refugiados guatemaltecos en Chiapas y Quintana Roo. El comunicado también indica que Sara es Fundadora de PRODUSSEP A. C. (Promoción de Salud y Servicios de Educación Popular A. C.), representante de esta organización en la zona sureste, integrada por los estados de: Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán.

El premio Sergio Méndez Arceo se estableció un año después de que falleció don Sergio, obispo de Cuernavaca, en homenaje a su labor en defensa de los derechos humanos y a favor de la justicia y de la paz. En la categoría organización el premio lo recibe este año el Consejo de Pueblos de Morelos, por su compromiso con el rescate y preservación de los recursos naturales.

Las organizaciones que suscribimos este comunicado nos alegramos del reconocimiento a la labor de Sara López, reconocemos y celebramos su valor y su trayectoria, y denunciamos el uso arbitrario del sistema de justicia para criminalizar un movimiento social y la defensa de los derechos humanos. El ejemplo de Sara nos fortalece e ilumina el camino de quienes trabajan por la justicia pero su encarcelamiento exhibe a un sistema que reprime e intenta eliminar a quienes hacen posible otro mundo: uno que garantice, reconozca y respete los derechos de todas las personas.

No podemos ni queremos dejar de alzar la voz en contra del absurdo que significa el que una ganadora de un premio nacional de derechos humanos no pueda acudir a recibirlo porque continúa injustamente detenida, a pesar de que a lo largo de todo el proceso jurídico se ha demostrado que no existen pruebas suficientes para mantener su prisión. La arbitrariedad e impunidad con la que las autoridades competentes mantienen a Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja ilegalmente detenidos, demuestra la colusión que estas autoridades tienen con la CFE, actuando bajo consigna de la paraestatal, pues han favorecido una denuncia que no tiene fundamento legal alguno en contra de todas las evidencias que demuestran que los compañeros presos son inocentes y las acusaciones en su contra fabricadas ex profeso para reprimir la organización civil y pacífica que se vieron obligados a llevar a cabo por los cobros excesivos y abusivos de la CFE en contra de los que menos tienen.

¡Libertad a los presos por luchar!
Mérida, Yucatán, 24 de abril de 2010