Johnson Controls Puebla amenaza contra sus trabajadores. PDF

Deja un comentario


Día mundial sin tabaco. El control del tabaquismo en México

Deja un comentario


Difusión Cencos México D.F., 31 de mayo de 2010

Boletín de prensa
Observatorio de Política Social y Derechos Humanos

* La epidemia de tabaquismo a nivel mundial se asocia anualmente a 5,4 millones
de defunciones. En el ámbito nacional, en el 2002, se estimaba que alrededor de
150 personas fallecían diariamente por enfermedades asociadas al consumo de
tabaco.
* A nivel federal en los últimos años se han realizado diversas medidas
legales y de política pública para el control del tabaquismo.

El “Día Mundial Sin Tabaco” se celebra el 31 de mayo de cada año
desde 1987 (se instituyó por la Organización Mundial de la Salud, OMS), su
objetivo es llamar la atención mundial hacia la epidemia de tabaquismo y sus
efectos letales. A nivel mundial, el tabaquismo se asocia cada año a 5,4
millones de muertes por cáncer de pulmón, cardiopatías y otras enfermedades
(Organización Mundial de la Salud, OMS).

En nuestro país en el 2008, en el ámbito urbano, el 20.4% de la población
entre 12 y 65 años de edad eran fumadores activos, (29.8% masculina y 11.8%
femenina) y en el rural, 11.3% (20.2% masculina y femenina 2.9%). La edad
promedio de consumo de tabaco por primera vez en adolescentes fue a los 13.7
años y en adultos a los 17.4 años. En el 2002 la Encuesta Nacional de
Adicciones estimaba que alrededor de 150 personas fallecían diariamente a causa
de alguna de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo, lo que
representaba una muerte cada diez minutos.

El tabaquismo es considerado como una epidemia prevenible y a nivel mundial se
han impulsado experiencias exitosas para desestimular el consumo de tabaco. Los
problemas de salud pública producidos por el consumo de tabaco, no sólo se
relacionan con los fumadores activos sino afectan también a aquellos que no lo
consumen pero se ven expuestos al humo de tabaco ambiental (fumadores pasivos).
En México la población que nunca ha fumado y está expuesta al humo de tabaco
ambiental es de 23.3% (cerca de 11 millones de personas) dentro de los cuales,
son las mujeres y los adolescentes los grupos de riesgo mayor, en comparación
con los hombres y los adultos (ENA, 2008).

Debido al contexto anterior y según el marco normativo internacional, las
acciones, servicios e instituciones dirigidos al control del consumo del tabaco
y a la exposición al humo del tabaco deben involucrar a diferentes grupos de la
sociedad así como abarcar diferentes temas y problemáticas si se quiere lograr
la protección del derecho a la salud y al medio ambiente adecuado para el
desarrollo y bienestar de las personas. Derechos reconocidos en el artículo 4°
de la Constitución Mexicana.

El Convenio Marco para el control del Tabaco de la OMS, ratificado por México,
instituye diferentes medidas destinadas a reducir la demanda y la oferta del
tabaco. Entre las medidas relacionadas con la reducción de la demanda,
encontramos: la necesaria reglamentación sobre el contenido de los productos de
tabaco; la divulgación de información sobre ellos y el empaquetado y
etiquetado; la educación, comunicación, formación y concientización del
público, y la regulación de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco;
así como, medidas que reduzcan la dependencia y faciliten el abandono del
tabaco; incentiven la protección contra la exposición al humo de tabaco, y
aquellas relacionadas con los precios e impuestos.

México, además de la ratificación de este convenio, ha suscrito otros
ordenamientos internacionales en materia de adicciones como el Plan de Acción
para la Aplicación de la Declaración sobre los Principios Rectores sobre la
Reducción de la Demanda de Drogas; Convención de las Naciones Unidas Contra el
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y, el Protocolo
de 1972 de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.

En el año 2000, se publicó una Norma Oficial Mexicana NOM 028-SSA2-1999 para
la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, cuyo principal objetivo
es establecer los procedimientos y criterios para la prevención, el tratamiento
y el control de las adicciones, entre ellas, el tabaquismo. Esta Norma es de
observancia obligatoria en todo el territorio nacional para los prestadores de
servicios de salud del Sistema Nacional de Salud y en los establecimientos de
los sectores público, social y privado que realicen actividades preventivas, de
tratamiento y de control de las adicciones.

En el 2008 se publicó la Ley General para el Control del Tabaco. Esta ley
contempla diferentes medidas de detección, prevención, tratamiento y
educación para la salud relacionada con el tabaquismo, así como control en la
producción, comercialización y distribución. Entre las más importantes se
encuentran: la obligación de que en los empaquetados y etiquetados figuren
leyendas y pictogramas o imágenes con advertencias que muestren los efectos
nocivos del consumo del tabaco; limitaciones a la publicidad y promoción del
tabaco como la prohibición de emplear incentivos que fomenten su compra; la
implantación de espacios 100% libres de humo de tabaco y de zonas exclusivas
para fumar; la prohibición de comercializar, donar, distribuir y suministrar
productos de tabaco a menores de edad, así como en las instituciones públicas
y privadas de educación básica y media superior, y la obligación de la
Secretaría de Salud para establecer los lineamientos de ejecución y
evaluación de un programa contra el tabaquismo.

En cuanto a programas públicos, en el 2007, se elaboró el Programa de Acción
específico 2007-2012 de Prevención y Tratamiento de Adicciones como parte de
la Estrategia Nacional para la Prevención y el Tratamiento de las Adicciones
anunciada por el ejecutivo en ese mismo año.

Si bien este programa está destinado al control, prevención y tratamiento de
diferentes adicciones (tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia) existen
líneas y estrategias específicas para el control del tabaquismo como: celebrar
el Día Mundial contra el Tabaquismo; promover los lugares y escuelas libres de
humo de tabaco; aplicar programas preventivos en escuelas y comunidades,
incorporar contenidos preventivos en libros de texto; realizar campañas
informativas en medios masivos, impulsar políticas fiscales que desincentiven
el consumo, regular la promoción y publicidad; eliminar los términos
engañosos; establecer leyendas precautorias y pictogramas, y vigilar la no
venta a menores de edad; Así mismo, se proponen establecimientos de atención
residencial para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, y
detección de niños y adolescentes en riesgo de desarrollar adicciones;
incorporar el uso de técnicas para la detección, orientación, consejería y
tratamiento en las unidades básicas de salud para dejar de fumar y asegurar la
disponibilidad de servicios de atención integral oportuna para el tratamiento y
la reintegración social del adicto a través de una Red de Unidades Médicas de
Alta Especialidad, Centros de Atención Primaria de las Adicciones “Nueva
Vida” (CAPA) y, clínicas de tabaquismo; entre otras.

A pesar de las líneas definidas en este programa en la actualidad las
estrategias con mayor visibilidad son normativas y enfocadas a la promoción de
espacios libres de humo de tabaco y existe poca información institucional que
exprese otros avances realizados por el gobierno federal en la implementación
del programa.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

El Grito del Mandril. 1a emisión

5 comentarios


ESCUCHA NUESTRA PRIMERA EMISIÓN DEL GRITO DEL MANDRIL, MÚSICA, DIVERSIÓN, OPINIÓN Y POLÉMICA PARA TUS OÍDOS… DESCARGA EN MP3 LA EMISIÓN Y ESCRIBE TUS COMENTARIOS…
UAN P’RODUCCIÓN DE LIMA, AC.

Astucia y perseverancia

Deja un comentario


sábado 29 de mayo de 2010

A partir de una mirada a la historia reciente y el desarrollo de la comunicación, Carlos Valle exhibe la necesidad de que los comunicadores reflexionen sobre su propia tarea al servicio de una sociedad más democrática y participativa. ¿Hay alguna posibilidad de que las poderosas armas de los medios lleguen a jugar un papel integrador de la comunidad toda?
Carlos Valle * / Página12 (Argentina)
La década de 1990 fue en América latina una etapa de consolidación de profundos cambios en su vida institucional. Los reiterados mensajes buscaban demoler el lugar que debía ocupar el Estado en toda sociedad que procurara desarrollarse democráticamente. Junto a la descalificación del Estado estaba la descalificación de los políticos y, por ende, de la misma política. Se empezaba a instalar una concepción de sociedad que prioriza el lucro, donde el interés comercial es más importante que la gente y que se es más cuanto más se tiene. Había llegado el tiempo de los técnicos y de los ejecutivos, porque había que aceptar que ellos saben cómo se manejan las empresas y cómo se obtienen resultados y, por supuesto, porque son eficientes y honrados.
Los enormes beneficios que habrían de sobrevenir a una salvaje privatización de las riquezas nacionales deslumbraron, por supuesto, al segmento de la población más pudiente y a los que ascendían vertiginosamente en la escala social mientras sembraban la pobreza y la marginación para millones. Gobiernos corruptos acompañados por empresas nacionales y trasnacionales corruptas fueron sostenidos por medios de comunicación que se esmeraron en hablar de las maravillas de un ficticio mundo que hoy vemos desmoronarse estrepitosamente, pero que se niega a reconocer la falacia de sus presupuestos. Recordaba el pensador Paul Tillich: “La sociedad tecnológica occidental creó métodos para ajustar a las personas a sus exigencias de producción y consumo que son menos brutales, pero que, a largo plazo, son mucho más eficaces que la represión totalitaria. Ellos despersonalizan no porque exijan, sino porque ellos ofrecen, dan exactamente aquellas cosas que tornan superflua la creatividad humana”.
Para su aceptación y consolidación fue necesaria la implementación de un proceso de comunicación que permitiera conquistar sentimientos, sueños, búsquedas. Era necesario hacer creer que añejadas frustraciones pueden trastocarse en triunfos y, quienes no acompañen ese proceso, irán al fracaso. Hoy hay, como nunca antes, recursos tecnológicos y económicos para montar estos escenarios. Los tentáculos de la concentración de medios han demostrado tener la enorme capacidad de diseñar modelos de horadación de todo buen propósito cuando perciben que podría afectar sus poderes y dominio. Los grandes medios, cuyos dueños –mayormente ocultos rostros y nombres que se mueven al ritmo de sus intereses– se escudan detrás de la defensa de la declamada independencia y libertad de la información para generar la opinión que les conviene.
Todo proyecto democrático de comunicación enfrentará fuerzas que lo dejarán crecer mientras sus objetivos no interfieran con las cadenas mediáticas asentadas sobre bases comerciales. Esto ha sido evidente en la resistencia a la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en las reiteradas acusaciones sobre el fin del periodismo independiente y en el bloqueo judicial interpuesto a la puesta en marcha de la tan esperada ley por la que tantos grupos trabajaron.
La situación presente conforma un desafío para los comunicadores. Posiblemente este momento requiera que los comunicadores vuelvan a reiterar concretamente su compromiso por una comunicación que esté al servicio de la comunidad toda. Uno de los caminos posibles para comenzar sería que los comunicadores nos dispusiéramos –donde y en la medida que corresponda– a hacer un mea culpa de las veces que callamos, por temor o por vaya saber por qué razón, y dejamos que la verdad fuera ignorada o distorsionada y que todo esto sucediera sin hacer oír nuestra voz. Al mismo tiempo, los comunicadores deberíamos aunar los esfuerzos por abrir espacios a una comunicación que proporcione el desarrollo de una comunidad solidaria, que denuncie la discriminación y la opresión y deje que los acallados sean oídos.
¿Hay alguna posibilidad de que las poderosas armas de los medios lleguen a jugar un papel integrador de la comunidad toda? El dominio de los grupos hegemónicos que hoy condenamos es un espejo de una realidad que no puede seguir repitiéndose. Hay que impedir que el Ave Fénix vuelva a renacer de sus cenizas. Para ello será necesario que la sociedad vele con astucia y perseverancia en la implementación de estructuras más democráticas y participativas.

* Comunicador social. Ex presidente de la Asociación Mundial para las Comunicaciones Cristianas (WACC)

Argentina: A 200 años de la Revolución de Mayo

Deja un comentario


sábado 29 de mayo de 2010

La preocupación hace 200 años estaba en la constitución de un proyecto que hermanaba a los pueblos latinoamericanos y caribeños. Para nosotros, en nuestro territorio, la revolución de mayo fue el acto inaugural de una aspiración inconclusa que debe resolverse con un nuevo poder constituyente.

Julio C. Gambina* / ALAI
Las fechas de aniversarios favorecen los comentarios de balances y perspectivas y así se discute el legado de la Revolución de 1810 y el proyecto futuro de la Argentina.
En el cruce de ambas cuestiones sobresale la discusión sobre el librecambio. Ahora, se discutió en Madrid, en la cumbre entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, la reapertura de las negociaciones sobre un tratado de libre comercio, interrumpidas por las trabas “proteccionistas” establecidas por los negociadores a dos bandas, agravado para Argentina por la devaluación del Euro que favorece las importaciones europeas y limita las exportaciones argentinas.
No hay duda que el librecambio fue la bandera económica de la revolución, levantada por los comerciantes porteños que imaginaban su destino junto a la potencia hegemónica del momento.
El contrabando para el ingreso de mercancías por un lado, y la necesidad de alentar un camino propio para la producción local constituían las bases materiales que inspiraron el ideario revolucionario originario. Sin dudas, el surgimiento de la nueva Nación discutía la inserción en el sistema mundial, por entonces con liderazgo británico y un EEUU independizado, que de “colonia” llegaría a “imperio”.
Ayer y hoy se discute el librecambio, pero en el medio crecieron los monopolios, hoy transnacionales que dominan la economía local y mundial, y con ello, subordinan la actividad económica de la Argentina a decisiones foráneas.
Entre otras cuestiones, la vulnerabilidad de la Argentina actual deviene de su dependencia en la fijación de precios de las principales producciones de exportación: por caso la soja y sus derivados; pero también de las nuevas inversiones productivas para la exportación, caso de la mega minería a cielo abierto favorecida por el salto del oro en la recuperación de su función como equivalente general de cambio que impacta en su valorización.
La dependencia argentina se pone de manifiesto crudamente en materia de endeudamiento público. El canje de deuda en curso no está resultando lo que esperaba el gobierno, ya que los grandes inversores vinculados a los bancos transnacionales que inventaron el negocio no se sintieron suficientemente atraídos por la oferta gubernamental, con lo que el saldo que se espera es el crecimiento del stock de deuda y la continuidad del problema de la cesación de pagos, pues al reabrir el canje, se dejó abierta la posibilidad de futuras reaperturas.
En la propuesta inicial de canje se imaginaba una nueva colocación de mil millones de dólares para mostrar que el país retornaba a los mercados mundiales de financiamiento. Eso parece frustrado y bienvenido sea, porque Argentina necesita discutir, que más que volver a los mercados en crisis de la economía mundial, necesita en tiempo de bicentenarios recuperar el proyecto originario de la patria nuestra americana, es decir, la integración regional y la articulación productiva y financiera en el camino de la nueva arquitectura financiera que promueven los países del ALBA. Es también el posible camino del Banco del Sur en momentos que en la región supera los 500.000 millones de dólares de reservas internacionales.
Surgen varios interrogantes al respecto. ¿Es posible esa integración regional? ¿Puede sostenerse el planteo con la divergencia de política en los países de América Latina y el Caribe? Argentina y Brasil habilitaron una expectativa esperanzada en 2003, con convergencias de sus paridades cambiarias y afinidades políticas, sin embargo, su derrotero fue divergente en política económica.
En 2005, la esperanza se relanzó, con el rechazo al ALCA y a Bush en la Cumbre de las Américas, lo que significó el acercamiento de Venezuela al MERCOSUR y con ello la posibilidad de un eje de desarrollo alternativo.
Ante los diversos bicentenarios que se celebran en nuestra América, la pregunta es si la región podrá encarar nuevamente un proyecto emancipador que tenga eje en la soberanía alimentaria, energética, financiera.
La preocupación hace 200 años estaba en la constitución de un proyecto que hermanaba a los pueblos latinoamericanos y caribeños. Para nosotros, en nuestro territorio, la revolución de mayo fue el acto inaugural de una aspiración inconclusa que debe resolverse con un nuevo poder constituyente.
Buenos Aires, 23 de mayo de 2010

* El autor es Profesor Titular de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, UNR. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.

Uribe, un adiós sin gloria

Deja un comentario


sábado 29 de mayo de 2010

El mal no duró cien años. Aunque la propaganda enfatice en que fue el mejor de los gobiernos hasta ahora conocido en Colombia, el de Uribe será recordado como uno de los más nefastos para el país.
Carlos Gutiérrez / Le Monde Diplomatique Colombia
Estos ocho años de Álvaro Uribe al frente de los destinos de Colombia son para nunca olvidar. El doble período dejó un expediente abierto y un sello indeleble en buena parte de los connacionales. Sello imposible de borrar sin una terapia de reconciliación y un tratamiento que recorra el camino de la justicia, la soberanía; el fin de la pobreza extrema, el desempleo estructural y la ‘flexibilización’ laboral; la revisión de la gran propiedad rural y urbana, la inclusión social y la paz. Ojalá como tareas diarias de un gabinete de transición democrática.
Para no olvidar jamás. Bajo la marca comercial de ‘seguridad democrática’, desde el primer momento de su gestión, con su pregón y sus órdenes de guerra –secretas o públicas, ilegales o legales–, y el discurso de la derrota del contrario como requisito para resguardar los privilegios del establecimiento y de los dueños y testaferros de la tierra, Uribe Vélez puso sus cartas sobre la mesa: vinculación de la población civil al conflicto, como trasvase; y extensión ‘institucionalización’ o legitimación del dispositivo paramilitar de las auc. Aumento del pie de fuerza, de los soldados profesionales, y del aparato y su maquinaria militar. Sindicaciones y señalamientos a miles de personas. Todo bajo las premisas de orden, autoridad, tradición y un presidencialismo anticonstitucional. El archivo de nuestra soberanía, bajo la alianza incondicional con los Estados Unidos, y en forma creciente con las acciones encubiertas y de inteligencia con empresas de mercenarios y del Estado y el ejército israelíes que traspasan las fronteras.
En este contexto de sociedad en pie de guerra que Uribe ofreció, y que en una pasajera o más dilatada coyuntura cuenta todavía con montones de adherentes, una de sus primeras propuestas –avalada por su experiencia directa en las cooperativas Convivir– fue la de integrar un millón de ciudadanos armados e intercomunicados al servicio del Ejército, para lo cual actuó a través de diferentes mecanismos: soldados campesinos y guardabosques, taxistas en red comunicados a través de Avantel, hasta llegar a los estudiantes delatores. Y mucho más hizo a la par.
También, entrelazada y construida con dineros oficiales, mediante un entramado de organizaciones sociales afines al establecimiento, articuló una extensa red social con pretensiones corporativas y de prolongación del poder: empujada en la juventud, entre los indígenas, en el mundo sindical y en la política electoral. Asimismo, como parte de un modelo de guerra política, puso en acción un intenso modelo comunicativo y de mensajes y titulares desinformativos que no les dio descanso a los ojos y los oídos de los colombianos. Uribe quiso tapar la deuda del poder y su injusticia, que en su expresión de partidos liberal y conservador, hoy, tras las derrotas de blancos y colorados en Paraguay y del PRI en México, es la más vieja y desueta del continente.
Apenas se posesionó, anunció que al rendir el informe de sus primeros cien días daría cuenta del rescate vivos o muertos del gobernador de Antioquia y del ex ministro de Defensa Gilberto Echeverri, y de la baja al menos de alguna cabeza reconocida de la guerrilla. Como se recordará, en ese informe no pudo satisfacer la promesa de campaña y la pretensión de una guerra rápida y triunfal en su primera Presidencia. El desafortunado rescate de los plagiados vendría después.
Transcurridos algunos meses, reafirmó ante todo el país su decisión de guerra a cualquier costo. En enero de 2003, llamó a los Estados Unidos a desembarcar sus tropas en el Amazonas, “antes de hacerlo en el territorio de Iraq”. Sin fórmula alguna de solución política –distinta de un irrealizable desarme de la insurgencia con origen campesino–, siete años después hizo realidad otro paso en su proyecto de “tierra arrasada”: entregó el territorio nacional –siete bases que en realidad son 10– para que opere la potencia del Norte con su ejército, potencia con la cual, en embriaguez antipatriótica y de afectación a los vecinos de la región y el continente, se identifica sin ambigüedades. Tanto, que en 2004, al apoyar públicamente la invasión de un tercer país dijo: “[Apoyamos] el uso de la fuerza en Iraq para desarmar dicho régimen y evitar que sus armas de destrucción masiva continúen como una amenaza contra la humanidad”.
Proyecto de orden, control y disciplina que pese a disponer por ocho años initerrumpidos del mayor presupuesto para las FF.AA. y de los apoyos internacionales y militares con burla del debate en el Congreso, aún no logra que la sociedad se pliegue a la propuesta de derecha e inmoralidad financiera que se propone conservar el poder y la Casa de Nariño. LEER MÁS…

El AdA contra Honduras

Deja un comentario


sábado 29 de mayo de 2010

La firma del AdA y el reconocimiento del golpismo en Honduras trasciende una lectura circunstancial y local. El AdA refuerza poderes económicos tradicionales, al mismo tiempo que favorece su reconfiguración, y refuerza los poderes políticos correspondientes, de carácter jerárquico-excluyente-autoritario, a través de un Estado corporativizado y un sistema político generador de exclusión.

Andrés Cabanas * / ADITAL

La firma del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica (AdA), con la rúbrica de Honduras y en presencia del gobernante de facto, Porfirio Lobo, implica el reconocimiento del golpismo hondureño y legitima futuros quiebres autoritarios en la región. Un Acuerdo firmado sin condicionamiento ni cuestionamiento al golpe de estado y su mecanismo de sucesión (elecciones realizadas bajo represión y restricción de libertades, con baja participación, continuidad de actores y políticas, fortalecimiento del poder del ejército) debilita principios democráticos, lanzando un mensaje de permitida regresión.

El 19 de mayo, fecha de la firma en Madrid, convierte el golpe de estado de 28 de junio en un estado de golpe: es decir, el intento de consolidar un paradigma involucionista, con legitimación del uso de la fuerza frente a la voluntad popular. Este paradigma se fundamenta tanto en consideraciones geoestratégicas (contención frente a luchas sociales y gobiernos progresistas), como internas: reconfiguración de actores y del modelo capitalista, en crisis y transición.

El golpe de estado en Honduras se reduce a anécdota, ante la importancia de los intereses económicos en juego. Las necesidades de los mercados se anteponen a los valores e intereses colectivos: para Europa, se garantiza el retorno de inversiones, el desarrollo de telecomunicaciones, banca, energía, agrocombustibles (ya libres de aranceles), acceso a la biodiversidad, acceso a contratos y licitaciones públicas (igualmente favorecido por el recién aprobado Decreto Ley 6-2010, Ley de Participación Público Privada en Materia de Infraestructura[1]). Implica un beneficio económico directo para grandes empresas, que obtienen la mayoría de sus utilidades en Latinoamérica: Endesa, 44%; Telefónica, 45%, Iberdrola, 25%. Genera un beneficio geopolítico (en un territorio en disputa con Estados Unidos, Rusia, China, Brasil, Colombia y los gobiernos progresistas del Sur). Es decir, el AdA alcanza una dimensión estratégica, amplificada en un contexto de crisis, más allá de las reducidas cifras de comercio regional bilateral.

Para Centroamérica, o para las empresas centroamericanas, el AdA supone oportunidad de alianzas con transnacionales y gobiernos europeos; diversificación de actividades, sin modificar su naturaleza primaria agroexportadora dependiente; y nuevos mercados-cuotas de producción, que no representan beneficios colectivos, pero sí incentivan procesos de acumulación de las corporaciones económicas hoy predominantes.

La reacción inicial en Centroamérica y países de la Unión Europea, especialmente España, fue de condena al golpe y suspensión temporal de las negociaciones del AdA. En la práctica el calendario se mantuvo inmutable: se firmó en el cierre de la Cumbre de Presidentes Unión Europea-América Latina, contra viento, marea, sol, crisis, amenaza de estallido de la moneda común europea, volcanes encenizados, casi terremotos generalizados, y aquiescencia de todos los presidentes centroamericanos, incluidos los considerados de izquierda.

El guión pre-escrito tampoco sufrió modificaciones. Se negoció y firmó, con pequeñas variantes, lo ya acordado y de interés mutuo: es decir, la promoción de inversiones europeas en la región, en alianza con oligarquías locales, a las que se subordinan gobiernos y sistema político. Esto, a cambio de una leve apertura comercial para ciertos productos de Centroamérica.

En este marco de intereses, la firma del AdA y el reconocimiento del golpismo en Honduras trasciende una lectura circunstancial y local. El AdA refuerza poderes económicos tradicionales, al mismo tiempo que favorece su reconfiguración, y refuerza los poderes políticos correspondientes, de carácter jerárquico-excluyente-autoritario, a través de un Estado corporativizado y un sistema político generador de exclusión. El golpismo, el estado de golpe como proyecto, puede partir de la institucionalidad democrática existente y convivir formalmente con algunas de sus normas, pero también pretende concretar el recorte de libertades y de lo público en nuevos textos constitucionales (ejemplo, Pro Reforma en Guatemala).

El desarrollo del AdA se beneficia o precisa eventualmente de un marco legal autoritario, o una salida autoritaria como garantía de estabilidad de inversiones. No sería entonces casual la coincidencia entre la firma del AdA, la presencia de Pepe Lobo en Madrid, y la finalmente cancelada conferencia del golpista Micheletti en Guatemala (el mismo 19 de mayo, para mayor simbología). Se está promoviendo este neogolpismo y neoautoritarismo del siglo XXI en Honduras y más allá de Honduras, con su normatividad desarrollada, sus alianzas recién firmadas y su discurso y liderazgo en construcción.

Nota:
[1] Para profundizar en este aspecto, recomiendo el ensayo “Las tramas de las “alianzas público-privadas“, de Jorge Murga Armas, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala, Boletín Economía al día, No. 5, mayo 2010.

* Diretor de Memorial de Guatemala. Visión crítica de la realidad centroamericana. Albedrío

Older Entries