Guatemala. Estudiantes por la Autonomía: La universidad pública está en huelga – “Nuestra lucha es contra la privatización de la educación superior”

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viernes 3 de septiembre de 2010

Marcelo Colussi (Desde Guatemala, especial para ARGENPRESS.info)

En Guatemala, al igual que en toda América Latina, la universidad pública ha venido siendo seriamente castigada en estas últimas décadas de predominio privatizador y abierto discurso neoliberal. El avance de la educación superior privada ha sido arrollador. En Guatemala, por ejemplo, para una población donde el 25% aún es analfabeta, existen 11 casas de estudio superior privadas, junto a la tradicional Universidad de San Carlos, la única estatal, ya largamente tricentaria, que otrora conociera días de gloria.

Días, por cierto, que van quedando en la historia. En estos momentos, del 5% del presupuesto general ordinario de la nación que debe recibir constitucionalmente, se destina sólo el 2.3%. Su situación, al igual que sucede con prácticamente todas las universidades estatales en Latinoamérica, es bastante precaria, y hoy por hoy, con perspectivas de seguir empeorando. Luego de la represión y vaciamiento académico que sufriera años atrás, en el peor momento de las guerras sucias que ensangrentaron todos los países de la región, ha quedado estancada. No ha sido privatizada de derecho; pero sí de hecho. El discurso empresarial se instaló en su interior, y toda conspira contra su mandato constitucional de “cooperar al estudio y solución de los problemas nacionales”.
Ante esta situación un grupo de 150 estudiantes, con apoyo de varios miles más que no participan en forma directa, constituyeron la Asociación Estudiantes por la Autonomía -EPA- tomándose las instalaciones del campus universitario como forma de protesta; y desde hace una semana, un grupo de 5 de estos jóvenes comenzó una huelga de hambre como profundización de la misma ante la falta de respuesta del Consejo Superior Universitario a sus demandas. El disparador concreto de la toma fue una maniobra legal que les cerró la posibilidad de participar en la elección de sus propios representantes. Pero eso, presentado por la prensa como el motivo final de sus exigencias, es sólo una pequeña arista el problema en juego. Hay mucho más tras las protestas que levantan. Más allá de la criminalización de que están siendo objeto, presentándoseles como un grupo violento y sin perspectivas transparentes, hay una firme convicción político-ideológica y claridad en sus planteamientos.
Para conocer en detalle la situación, Argenpress, por medio de su corresponsal para Centroamérica y el Caribe, Marcelo Colussi, habló con los voceros de este movimiento estudiantil: Sandra Xinico, de Antropología, Sergio García, de Arqueología y Alejandro Mejía, también de Antropología.
Argenpress: ¿Cómo está la situación de la toma de la Universidad en estos momentos, y cómo ven el panorama a futuro?
EPA: Esta ha sido una de las tomas más largas que ha tenido la Universidad. Tras todo este proceso hay una lucha específica, puntual, que es lo que más o menos se publicita por los medios de comunicación, y que es la capacidad que le quitaron a los estudiantes de elegir sus representantes estudiantiles ante las Juntas Directivas de sus respectivas Facultades, tal como son los vocales 1 y 2. Todo ello se generó con un recurso legal que presentara en su momento un grupo de catedráticos; pero al ir contra ese mecanismo se produjo un desbalance en el equilibrio de poderes que tienen profesores y alumnos al momento de elegir sus representantes en el gobierno universitario. Aunque, en realidad, todo esto no es la cuestión de fondo. Si los medios presentan toda nuestra lucha sólo como una cuestión en relación a la elección de vocales en las Juntas Directivas, eso es parcial. Esto sólo fue la chispa que encendió un proceso más complejo; en realidad, eso es la punta del iceberg. Lo que verdaderamente está en juego en toda esta lucha es una serie de políticas de carácter neoliberal que se vienen aplicando en la universidad, y en el país en su conjunto, desde fines de la década de los 80 del siglo pasado y principios de la del 90, que han llevado a la Universidad de San Carlos a tomar un rumbo no a favor de las mayorías populares. Ese es el verdadero núcleo del problema por el que ahora se da la toma de las instalaciones, y no la cuestión de elección de representantes.
Nuestra pregunta es: ¿al servicio de quién está esta universidad en el momento actual? ¿Hacia dónde va la docencia? ¿A quién favorece la actual investigación? Nuestra demanda tiene que ver con el acceso de la población a la universidad pública: ¿por qué se ha ido cerrando el acceso popular a la educación superior? Hay exámenes de admisión que, bajo el pretexto de la calidad académica, lo que buscan es limitar el acceso masivo. Esto que sucede ahora con la elección de las vocalías en que se les quitan derechos a los estudiantes, es una muestra en pequeño de todo lo que está en juego aquí: se trata de un modelo de universidad que se ha venido implementando bajo la lógica neoliberal. La universidad de San Carlos, como en general todas las universidades públicas en América Latina, tienen que ver históricamente con las lógicas de Estados que intervenían mucho más activamente en los problemas de sus sociedades. Pero con el capitalismo salvaje de estos últimos años, con esto que se llamó neoliberalismo, el modelo de universidad cambió. Buscar una universidad al servicio del pueblo fue una bandera por la que se luchó por años en Guatemala, igual que en otros países latinoamericanos. Sabemos que el resultado de eso fue la represión, la muerte de muchísimos universitarios, el exilio de numerosos intelectuales.
Argenpress: Es decir que todo el movimiento que se ha puesto en marcha va mucho más allá de esta cuestión puntual de la elección de vocales; está en juego la defensa de la universidad pública y el levantar la voz de protesta contra la privatización de la educación superior. ¿De eso se trata?
EPA: Exactamente. El proceso de privatización no consiste sólo en que a los estudiantes de una universidad pública se les quiera implantar un cobro; la privatización, en todo caso, implica toda una lógica que se inserta en las distintas instancias de nuestra universidad. La privatización está en la mentalidad reinante, en los catedráticos y también en los estudiantes. Eso se ve en que ya no hay espíritu crítico, una actitud de análisis de las cosas, de la realidad social en que vivimos. Se esperaría que los profesionales que salen graduados de la universidad pública se comprometan con la solución de los grandes problemas del país. Con todo este proceso de privatización se ha ido logrando que los jóvenes que llegan a una casa de estudios superiores -y esto es válido para cualquier universidad latinoamericana- terminen amansándose, dejando su actitud crítica, dejando de lado que el Estado tiene la obligación de velar por los servicios básicos de toda la población, incluida la educación por supuesto. La educación es uno de los bienes superiores de una sociedad, y es el Estado el que tiene que garantizar que eso camine bien. Pero estos Estados desarmados, desarticulados y empobrecidos que tenemos desde hace ya unos años, están al servicio de mantener a las poblaciones empobrecidas y sin acceso a la educación universitaria. Quienes tenemos el privilegio de llegar a un aula de una universidad podemos tener la capacidad de analizar mejor la situación; pero a la gran mayoría le está vedado ese derecho. Ahora bien: dentro de la universidad hay muchos problemas, grandes, complejos. Por ejemplo: hay mucha corrupción, hay una politiquería sucia de partidos políticos aprovechados, hay muchos intereses económicos en juego… Una universidad pública que ha sido históricamente del pueblo y para el pueblo, hoy día está cooptada por todas esas fuerzas que mencionaba. La universidad pública es del pueblo porque la pagan los ciudadanos con sus impuestos. Y es por eso que un graduado universitario nunca tiene que olvidar ese origen: que tiene una deuda con ese pueblo que, indirectamente, le ayudó a costear sus estudios. Por eso, una vez terminada su carrera, tiene la responsabilidad moral de servir a ese pueblo, y no verlo como un puro objeto económico del que va a aprovecharse. Por todo eso, viendo cómo está la situación de nuestra casa de estudios es que consideramos que se hace imprescindible una verdadera y profunda Reforma Universitaria. Tenemos que apuntar a nuevos modelos de educación, participativa, equitativa, integral. Una educación que nos prepare para una actitud humanista en sentido amplio, y no puramente comercial como se ha venido dando estos últimos años, con el modelo privatista, neoliberal e individualista que nos dominó. Por ejemplo, las ciencias sociales tienen cada vez menos presupuesto, van siendo abandonadas; en la San Carlos en general somos Escuelas y no Facultades, por lo que no podemos votar para la elección de Rector ni tenemos representatividad en el Consejo Superior Universitario.
Esta suma de problemas que vivimos los estudiantes en nuestra universidad, disparados ahora con lo de la elección de vocalías, nos llevó a reflexionar que éste era el momento de empezar a trabajar en todo esto. Y nos damos cuenta que esto rebasa a la universidad misma; estamos hablando aquí de problemas que tienen que ver también con otros sectores sociales del país. Si hablamos de una Reforma Universitaria, la entendemos como un proceso incluyente, integral; y si vamos hacia un Congreso Universitario donde se ventile todo esto, tenemos que pensar en todas las necesidades del pueblo de las que la universidad es, o debe ser, una verdadera caja de resonancia. Debe ser la universidad pública la que conoce esos problemas del pueblo y buscarle sus soluciones. Y creemos que plantear una Reforma Universitaria genuina, transparente, es una forma de empezar a tomar en serio estos asuntos.
En otros momentos históricos, estos procesos impulsados por la universidad, en los distintos países de Latinoamérica, cobraron muchas vidas, fueron reprimidos. Por supuesto que a los factores de poder no le interesan estos cambios, este tipo de planteamientos. Por eso ahora nuestra situación, que no es sólo lo de las vocalías, se empantana. Nuestra universidad pública hacía mucho tiempo que había salido de la discusión de los problemas nacionales, nunca tomaba la palabra en estos últimos años luego de la represión de la que fue víctima. Ahora, cuando los estudiantes salimos y nos movilizamos para retomar el papel histórico de la universidad pública, nos satanizan.
Argenpress: “La universidad pública retomando banderas históricas de lucha…” Hacía mucho que no se escuchaban formulaciones de ese tipo, parecían más bien condenadas al museo de la historia. ¿Quién se podría tomar en serio hoy día la idea de un nuevo “mayo francés”, aquel histórico movimiento universitario de 1968 que nació en París con sus consignas juveniles -“la imaginación al poder”, “prohibido prohibir”, etc., etc.- y terminó revolucionando toda Francia, siendo además un referente político para toda una generación, no sólo de estudiantes sino también de trabajadores, en sus luchas sociales? Evidentemente el movimiento juvenil que ustedes representan tiene un gran significado político, quizá no sólo para Guatemala, sino como un motivador para otros movimientos en Latinoamérica.
EPA: Es cierto que el movimiento estudiantil, en Guatemala al igual que otros países de América Latina, había estado silenciado por mucho tiempo. Pero ya somos muchos los jóvenes que nos hemos decidido a levantar la voz; no sólo por lo que pasa en nuestra universidad, que por supuesto es grave, sino por tantas injusticias que vemos en la sociedad. Como movimiento estudiantil salimos a protestar por lo que pasa dentro de nuestro campus, pero también por lo que pasa en la sociedad, nacional e internacional. Estamos claros que las luchas son mucho más que este problema puntual -importante sin dudas, pero puntual al fin- de la elección de nuestros representantes. Lo que nos mueve son los grandes problemas nacionales, que no están desligados de un escenario internacional; y allí las luchas de clases sociales siguen estando presente, aunque ahora pareciera que está pasado de moda hablar de eso.
Si pensamos en una Reforma Universitaria es para hacer un llamado a la conciencia de tantos jóvenes que han extraviado su visión social, que creen que por estar en una casa de altos estudios son “mejores” que quienes no tienen la dicha de llegar a una universidad. Esa ideología es producto de toda la marea neoliberal que sufrimos estos últimos años. El primer paso de un cambio en la universidad es hacerle entender a los compañeros que nadie es mejor que nadie. Tenemos que empezar a ver que todos tenemos similares problemas estructurales, de salud, educación, vivienda, trabajo, acceso a tierras. Que alguien estudie en una universidad no significa que esté al margen de todo eso; por el contrario, tiene la responsabilidad ética de aportar más aún a la solución de todo eso, dado que está más capacitado para proponer posibles soluciones. La universidad tiene que estar al servicio del pueblo, y no al revés. Pero la ideología privatizadora que se desarrolló estos años sólo nos prepara para ser empresarios que se dedican a ganar plata sin que importe nada más. Eso es para lo que se prepara a los estudiantes en cualquier universidad privada; y la política queda totalmente al margen. Los problemas nacionales son mala palabra.
Argenpress: Estamos ante un cambio realmente importante: hay que devolverle sentido a la política, que deje de ser “negocio de mafiosos”. Y este movimiento de jóvenes va en ese sentido. Todos los problemas nacionales -que son problemas políticos- nos afectan, y los universitarios tienen mucho que decir en esto. Ahora bien: buscándole soluciones políticas a esto que ahora está sucediendo en la Universidad de San Carlos, cerrada ya por casi un mes: ¿qué solución se avizora?
EPA: Con esto que está sucediendo ahora en la universidad estamos en un momento histórico muy importante. Somos un grupo de jóvenes de entre 18 y 24 años básicamente que ahora está intentando reivindicar luchas históricas que tuvieron los universitarios de Guatemala y también de otros países de la región en décadas pasadas, luchas que en muchos casos terminaron en represiones terribles, pero que siguen teniendo el mismo objetivo: buscar cambios positivos para nuestros pueblos. Es momento de pensar en serio en cambios en nuestras sociedades, que cada día van peor, con más injusticia, con más inequidad. Nuestro movimiento apunta a tomar seriamente todo eso; por eso estamos firmes en nuestro pedido, que ahora pasa por la reivindicación de la universidad pública como una bandera de lucha.
En estos momentos, luego de casi un mes de paralizada la universidad, el Consejo Superior Universitario ha comenzado a pensar en la conveniencia de un congreso que posibilite avanzar en una posible Reforma Universitaria. Esa podría ser, quizá, la forma de empezar a destrabar la situación actual. Vamos a ver cómo nos vamos moviendo en estos próximos días para buscarle soluciones reales a la toma de las instalaciones. Lo que sí está claro es que ese congreso debe ser algo importante, transparente, realmente incluyente y que sirva para sentar una discusión genuina sobre todos estos problemas que mencionábamos, de dentro de la universidad, pero también en su relación con otros problemas de agenda nacional que nos afectan como universidad. Debe ser participativo, dándole lugar a los diversos sectores de la sociedad. Hoy pareciera que destrabar la situación está difícil, porque hay limitaciones legales en lo que puede hacer el Consejo; pero si hay voluntad política de encontrar salidas creativas, por supuesto que se pueden encontrar. Todo depende que el Consejo tenga realmente esa voluntad. Si vemos esa voluntad, por supuesto que depondríamos en la medida del cierre. Pero tenemos que encontrar señales claras de voluntad de caminar hacia ese Congreso para discutir con altura los grandes problemas. De momento ha tenido posiciones más bien dilatorias, no se le ha visto una firme voluntad política de hablar a profundidad estos problemas; e incluso ha tenido una posición amenazante, hablando de quitar matrículas a los estudiantes involucrados en las medidas de fuerza. Por eso la imagen que se ha creado de nuestro movimiento, la que transmiten los medios de comunicación, es que somos un grupo de bochincheros inadaptados, unos “locos” violentos. Pero se ocultan las motivaciones políticas reales que hay detrás de nuestras medidas. Nosotros queremos el diálogo, totalmente. Es el Consejo el que no se aviene seriamente a eso, con un diálogo constructivo y vinculante con todos los sectores, incluyendo igualmente a los movimientos sociales.
Argenpress: ¿Podría darse el caso que se repita lo de la UNAM, en México, con un año de puertas cerradas?
EPA: Esperemos que no; pero hay que tener en cuenta que hemos tenido tanto retroceso en nuestra universidad pública que un año cerrada, si realmente sirve para establecer un Congreso que dé respuestas a todos estos problemas que mencionábamos, no sería tiempo perdido sino, bien visto, sería tiempo ganado. Hoy día las universidades públicas han retrocedido años. Un año más no haría la diferencia. Aunque esperemos que el Consejo Superior Universitario ahora sea sensato y se puede negociar con seriedad. De momento hemos tenido alguna que otra provocación en nuestra contra en términos de seguridad -helicópteros sobrevolando el campus, por ejemplo, automóviles en actitudes sospechosas o guardias que han introducido maletas en las instalaciones sin que sepamos qué iba ahí- pero no ha pasado a mayores. Lo que sí tuvimos fue una agresión de profesores, que en un caso produjo dos compañeros heridos que debieron ser hospitalizados, estando identificados los catedráticos agresores. Por supuesto que nuestra seguridad está en riesgo, y no sería nada raro que en cualquier momento las fuerzas policiales, por orden del Consejo Superior Universitario, procedan al desalojo violento. Pero nuestra resistencia es pacífica, eso siempre lo hemos dejado bien en claro. Y de hecho la misma Constitución nos ampara al respecto. Lo que sucede es que no hay voluntad real de sentarse a dialogar porque hay muchos, demasiados intereses ocultos que condicionan las actuaciones del Consejo. Son muchos los grupos de poder metidos en la Universidad de San Carlos que se hace muy pero muy difícil tener transparencia. Para muestra: la AEU, la histórica Asociación de Estudiantes Universitarios, que en otros tiempos fue la dirección de todo el movimiento estudiantil combativo, hoy día cooptada por todos estos intereses sectoriales oscuros que han ido copando la universidad transformando a esta dirigencia en un grupo contrario a cualquier intento de cambio real. Es un proceso complejo, porque esta agrupación hoy día se mueve con intereses mafiosos, y de hecho tiene oscuras relaciones con grupos de poder que lo que menos tienen que ver es con la transparencia y la salud de una universidad preocupada por los problemas nacionales. Se habla de tráfico de drogas y tráfico de armas, pero es difícil conseguir las pruebas. Fueron ellos los que nos agredieron el primer día que comenzamos la toma de las instalaciones.
Argenpress: ¿O sea que existe un clima mafioso dentro de la Universidad?
EPA: Es difícil aportar pruebas irrefutables, pero se sabe que hay cosas muy oscuras. Por ejemplo, se sabe de la venta de títulos. Y lo de la venta de drogas dentro de las instalaciones no es nada nuevo. En estos momentos la Contraloría General de Cuentas está investigando un movimiento oscuro con cheques dentro de la universidad, con posibles malversaciones. En algunas Facultades cobran para hacer ganar los exámenes de admisión. Por eso queremos dejar en claro una vez más que nuestras luchas no son sólo por esa cuestión puntual de la elección de vocales sino que estamos ante profundos problemas de agenda nacional. Podemos decir, aunque hoy día este vocabulario lo quieran hacer pasar por algo fuera de moda, que se trata del problema de la lucha de clases. Porque eso, sin dudas, sigue existiendo; y en la universidad se evidencia. Hay distintos proyectos de universidad: uno elitista, para unos pocos, con universidades privadas funcionales a las grandes empresas con estudiantes y profesionales despolitizados, con dirigentes estudiantiles comprados. Todos estos grupos conservadores, de derecha en términos políticos, que se mueven con actitudes mafiosas, representan un modelo de universidad, y que son los que se han enquistado desde hace años en la San Carlos, la pública, con esta ideología privatizadora. Y hay un proyecto de universidad comprometido con los problemas populares, que es a lo que apuntamos nosotros: una universidad del pueblo y para el pueblo. Nuestra lucha es contra la privatización de la educación superior. Obviamente esos dos modelos chocan.
Argenpress: Todo ese “desastre” que vive la universidad pública es funcional entonces al discurso privatista y neoliberal que identifica público con deficiente (sea la salud, la educación, cualquier servicio, etc., etc.) y privado con eficiente, organizado, bueno. Si uno tiene con qué pagar, por supuesto, se va a lo privado entonces. Y ahí están las 11 universidades privadas del país esperando a sus alumnos.
EPA: Exactamente. Eso lo vemos con fuerza creciente en todos los campos en estos últimos años: todo debe privatizarse, todo es negocio. También la educación superior. Eso trae ganancias a los propietarios de las empresas privadas, universidades incluidas, pero mentira que garantiza algo nivel académico. Toda la ideología apunta a eso, a promover la iniciativa privada, el éxito empresarial, el lucro. Lo demás, no cuenta. En la Universidad de San Carlos, hoy por hoy sólo entra el 20% de los aspirantes. Los que no entran, si pueden, van a parar a las privadas entonces. De más está decir, además, que ese 20% de estudiantes “exitosos” proviene, en general, también de escuela media privada, que en esta lógica que nos domina también hace de la escuela pública un servicio de mala calidad, deficiente, que no prepara para la universidad en un plano de igualdad con el sector privado.

Nuestro movimiento está bombardeado por la prensa, que nos presenta como unos violentos, vagos, trasnochados. Nos quieren presentar como los que producimos la crisis actual que vive la universidad. Pero ni somos nosotros los causantes de la crisis, porque eso viene desde políticas que ya tienen años de desarrollo, ni somos nosotros los que no proponemos soluciones para intentar remediar todo esto. La universidad pública está llamada a ser solución y no problema dentro de un país. Eso, y no otra cosa, es lo que busca nuestro movimiento de Estudiantes por la Autonomía.

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Informe CIAP-FELAP mayo/agosto/10: En México y Honduras matan a 10 periodistas

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viernes 3 de septiembre de 2010

Hernán Uribe (especial para ARGENPRESS.info)

Con seis periodistas asesinados en el segundo cuatrimestre de 2010 México con casi dos millones de kilómetros cuadrados de superficie y más de 100 millones de población sigue a la cabeza de esta trágica situación aunque en Honduras el pequeño país centroamericano de 112.000 km2 y unos ocho millones de habitantes se registra cuatro víctimas en el mismo espacio temporal.

En lo transcurrido del año en curso en México hubo 11 informadores ultimados y en Honduras 10 de manera que la suma de 21 se acerca a la trágica nómina de 2009 que fue de 33 aunque en ocho países de la región. Respecto de Honduras aclaremos que la cuota fatal incluye a Nicolas Astura de 42 años cuyo cadáver apareció en febrero pasado pero no fue incluido en las víctimas del primer cuatrimestre.
Manuel Garnero, director del diario hondureño “Tiempo” declaró en agosto que “Hay un sentimiento de inseguridad y de impotencia por parte del sector periodístico porque en el país nunca se había dado una situación así. Por su parte, Berta Oliva, presidenta del Comité de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) afirmó acerca de los homicidios de periodistas: “Estamos conscientes que (el culpable) no es el crimen organizado, sino que es una política general del Estado encaminada a reprimir y coartar la libertad de expresión. Los nueve asesinatos de periodistas ocurrieron en el gobierno del presidente Porfirio Lobo que asumió el 27/1/10, por lo que Oliva considera que él tiene responsabilidad directa en lo que está pasando” (ANSA, 29/8/10)..
También en Honduras fueron amenazadas de muerte las periodistas Marka Antúnez y Jessica Pavón. La primera recibió las intimidaciones luego de entrevistar a Roberto Micheletti quien ofició de jefe de estado a raíz del golpe castrense de junio de 2009 que derrocó al presidente Manuel Zelaya. El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH) señaló en una declaración que “Micheletti ordenó un seguimiento de la reportera luego que ella le preguntara sobre su responsabilidad en las muertes con ocasión del golpe”. Agregó ese organismo que “La prensa ha sido uno de los sectores más afectados por el golpe de Estado, con más de 300 agresiones que van desde asesinatos hasta abusos, intimidación y cierre de medios” escribió Carmen Esquivel Sarría en despacho de Prensa Latina
En ese plano, la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP) adscrita a la FELAP denunció la situación de peligro en que se encuentran en Tegucigalpa el periodista de nacionalidad sueca, Dick Emanuelsson y su esposa la camarógrafa chilena, Miriam Huezo. Ambos, apunta CIAP, son objeto de una campaña de difamación y persecución de la gran prensa de Honduras en la que se incluyen amenazas de muerte.
Nómina de víctimas
México
-Miguel Angel Bueno Méndez, el 26/6/10. Su cadáver fue hallado en Huisquitecan, Estado de México;
-Francisco Rodríguez Ríos, el 28/6/10 en Cayuca de Benítez, tiroteado cuando era corresponsal de “El Sol de Acapulco” y del diario “Objetivo”, de Chilpancingo;
-María Elvira Hernández, esposa del anterior, también periodista y ultimada en el mismo atentado:
-Hugo Olivera Cartas, balaceado el 6/7/10 en Michoacán. Laboraba en el diario “El Día”;
-Marco Aurelio Martínez Tijerina, asesinado a balazos en julio pasado en Montemorelos, Nuevo León. Tenía 45 años y era director del noticiario Contrapunto en la radioemisora XERN y corresponsal de TV Azteca;
-Guillermo Alcaraz Trejo, también en julio pasado, de 24 años fue muerto con tiros de fusil HK-47.
Honduras
-Luis Arturo Mondragón, tiroteado el 13 de junio en la región de El Paraíso, informó el diario hondureño “El Heraldo”;
-Luis Chévez Hernández, en abril y tampoco anotado en en primer cuatrimestre;
-Israel Zelaya Díaz, por tiros el 15/8/10. Su cadáver fue encontrado en una carretera;
-Nicolás Asfura, mencionado antes en esta nota.
Guatemala
En una misión extra peligrosa murió el 28/5/10 el reportero Aníbal Archilla cuando cubría una erupción del volcán “El Pacaya” que es considerado el más activo de Centroamérica. Este lamentable episodio rememora la veterana petición de medidas de protección y seguros de vida especiales para los reporteros en misiones peligrosas y que jamás han sido escuchadas por los empresarios de las noticias.
Conmoción en México
El siete de agosto los periodistas mexicanos realizaron marchas de protesta por los asesinatos, en el Distrito Federal, capital del país y en otras siete ciudades “en demanda de un alto a la impunidad y a las agresiones contra los comunicadores”, informó el diario “La Jornada”. La movilización se efectuó bajo el lema “Los queremos vivos” y comenzó con la lectura de los nombres de los 67 reporteros que han sido muertos desde el año 2000 a la fecha, agregó el despacho.
Expresiones multitudinarias como la de Ciudad de México ocurrieron asimismo en Tijuana, Torreón, Morelia, Monterrey, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez y Culiacán. Con anterioridad, el ocho de julio informó Notimex que en Morelia “Medio centenar de reporteros, fotógrafos y camarógrafos marcharon en esta ciudad para demandar el esclarecimiento de los crímenes y desapariciones de periodistas tras la muerte de Hugo Olivera del diario El Día”.Desde 2006, cuatro periodistas están desaparecidos en Michoacán cuya capital es Morelia.
Ya suman 107 los periodistas asesinados desde 1983 a la fecha, 41 de ellos en lo que va de la actual administración federal, escribía el 30 de junio pasado Teodoro Rentería, vicepresidente mexicano de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP). En ese escrito Rentería aludió a la comunicación dirigida al Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa y que firmaron él, Roberto Piñón, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX) y Raúl Gómez por el Club Primera Plana.
En dicho documento sostienen en referencia a los constantes homicidios de gente de prensa: “Los hechos ameritan la inmediata indagación y detención de los responsables. Es necesario un alto a la impunidad. Señor Presidente: exigimos su decisión para instrumentar las medidas urgentes y necesarias que el asunto requiere, y que ya no admite dilación entre ellas la creación del Comité de Riesgo para los periodistas amenazados”.
Se desconoce una respuesta a dicha petición.
Hernán Uribe es periodista, presidente de CIAP

Foto: Honduras – Un joven indígena Lenca se ha crucificado simbólicamente contra la violencia, la ola de asesinatos contra jóvenes, periodistas, miembros de la Resistencia Popular. / Autora: Mirian Huezo Emanuelsson

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México, como en Chile, se vive la paz de los sepulcros; “unos están en sus casas y otros en la casa presidencial”

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viernes 3 de septiembre de 2010

Pedro Echeverría (especial para ARGENPRESS.info)

1. Andrés Figueroa, muy destacado analista chileno, escribe: “Al final del último gobierno de la ex presidenta Bachelet, las cifras se habían invertido. Es decir, un 72 % de la producción del metal rojo y sus ricos minerales adosados ya estaba en manos privadas, mientras el 28 % era estatal. Es cierto, durante la larga transición (20 años) hacia ningún lado de los Ejecutivos de la Concertación, ya no se asesinaba, ni desaparecía ni se torturaba gente como en el horror de la dictadura. Pero también es cierto, que durante esos gobiernos, para los dueños de todo, ya no había mucho que reprimir.

La paz social se volvió el orden de las cosas, se desmantelaron las organizaciones populares, se domesticaron los rebeldes, y buena parte de los luchadores antifascistas se fueron para la casa propia o para la casa de La Moneda. Todo lo anterior matizado por excepciones estadísticas. Y, cómo no, por la extraordinaria revuelta estudiantil de 2006, y la huelga contundente de los mineros del cobre subcontratados en 2007.
2. Sin embargo –continúa Figueroa- no ha habido huelgas generales, ni conatos de huelgas generales, ni protestas multitudinarias, ni crecimiento de la izquierda que represente los intereses históricos de los siempre vilipendiados, ni un foco guerrillero, ni un “caracazo”, ni una guerra del agua, ni una crisis catastrófica de la partidocracia, ni disputas intercapitalistas que den pie a vacíos de poder o inestabilidad cierta. Salvo franjas del pueblo mapuche que vienen peleando por su territorio desde cuando el paisito no tenía ni nombre; una cultura libertaria emergente y multiforme; rémoras de los destacamentos de inspiración revolucionaria más resueltos; y ahora último, la sorpresiva –y feliz- aparición de un movimiento espontáneo de sólida sensibilidad ambientalista. En general, todo ha resultado muy marchoso para los que mandan. Esto es, para el capital transnacional e imperialista que subordina al nativo y cuya hegemonía descansa en el capital financiero.
3. En México Javier Lozano, el despótico secretario del Trabajo, sostuvo ayer que el sector sindical “no estaba acostumbrado a que se manejaran con firmeza los asuntos, como lo hace este gobierno”; desechó los señalamientos de dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) que lo acusaron de que ha golpeado y agredido a los asalariados, y afirmó que lo tienen sin cuidado los comentarios de algunos líderes, como el de los electricistas. Aseguró que está “profundamente satisfecho de su trabajo” y los resultados obtenidos. Habló del panorama de trabajo en México y señaló que “no hay huelgas, hay paz laboral, hay transparencia; se cumple con la Ley Federal del Trabajo y se apoya la reinserción laboral” de los integrantes del Sindicato de Electricistas (SME) despedidos de Luz y Fuerza del Centro, entre otros. Lozano ha cumplido las órdenes del presidente ilegítimo Calderón de “aplicar la mano dura” contra los trabajadores, idéntico a lo sucedido en Chile.
4. La historia política chilena de los últimos 40 años contiene parecidos e identidades con lo sucedido en México. Chile apenas tiene poco más de 17 millones de habitantes y un territorio que es poco más de la tercera parte de México. Después de los tres años del valeroso gobierno de Salvador Allende (1970-73) que sacudió la política chilena, y del golpe de Estado que sufrió, encabezado por el gobierno de los EEUU y el general traidor Pinochet, éste impuso una brutal dictadura fascista de 16 años (1973-89), posteriormente vino un referéndum, y cuatro gobiernos encabezados por la alianza de partidos: “Concertación” (Aylwin, 1990; Frei, 1994; Lagos, 2000; Bachelet, 2006-10) que –incluso autocalificándose de izquierda y socialistas- sólo renovaron la maquinaria de explotación capitalista. Concluye la Concertación cuando la “socialista” Bachelet, sobrina de Allende, devuelve el gobierno a la derecha pinochetista.
5. Como tituló hoy La Jornada, “en ocho columnas”: Hay “paz laboral y cero huelgas”, reporta Lozano. Como en Chile, los capitalistas han acumulado gigantescas riquezas, se han asegurado procesos electorales pacíficos, han ocupado el país con el ejército, han reprimido los movimientos sociales y han comprado o absorbido a los líderes. Como escribió Figueroa sobre Chile: “no ha habido huelgas generales, ni conatos de huelgas generales, ni protestas multitudinarias, ni crecimiento de la izquierda que represente los intereses históricos de los siempre vilipendiados, ni un foco guerrillero, ni un “caracazo”, ni una guerra del agua, ni una crisis catastrófica de la partidocracia, ni disputas intercapitalistas que den pie a vacíos de poder o inestabilidad cierta”. Los grupos guerrilleros en México, así como los estudiantiles, parecen también estancados; sin embargo la socialdemocracia está como el pez en el agua con sus alianzas PRI-PAN-PRD, etcétera.
6. Los compañeros izquierdistas chilenos, así como los mexicanos –a pesar del reflujo y la baja coyuntura social- no han dejado de luchar en las calles, centros mineros, en el campo aunque los resultados sean muy pobres. El capitalismo, con estos ejemplos, demuestra -como lo han hecho millones de veces- que tiene inmensos recursos militares, económicos e ideológicos, para seguir controlando la situación. En México la mejor coyuntura de movilización de los últimos años –la batalla de los electricistas del SME por recuperar el trabajo de 44 mil obreros cesados- la perdimos por la incapacidad de la izquierda y el movimiento social para unirse en esta coyuntura importantísima, pero también porque los dirigentes del SME tuvieron miedo de confrontarse con el gobierno. Después que el gobierno de ultraderecha del PAN/PRI logró someter al PRD, a los electricistas, destruir a la APPO, estancar o silenciar al EZLN, no se cuantos años tendrán que pasar para lograr una recuperación.

7. Pero ello no quiere decir que Calderón –a pesar de su desgobierno-, como piensa su fascista secretario del Trabajo, se haya fortalecido por haber sometido al movimiento electricista, minero, del transporte y a la socialdemocracia electorera. Puede caer del poder empujado por el gobierno yanqui y los empresarios al ver que no tiene capacidad para controlar lo que llaman “la delincuencia organizada”, las muertes y asesinatos que llegan a más de 30 mil personas, la falta de inversiones y el enorme desempleo. Para mí lo sucedido en Chile con la Concertación de 20 años que sirvió para consolidar el capitalismo y las declaraciones retadoras del secretario del Trabajo de México, en el sentido de que “hay paz laboral y cero huelgas”, son una mentada de madre contra los luchadores sociales del mundo. ¿O puede tenerse otra actitud en un país miserable como México donde hay más de 70 millones de pobres, más de 40 millones de miserables, 20 millones de desempleados y una clase política y empresarial multimillonaria?

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Permanece alto el nivel de Muerte Materna en México

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viernes 3 de septiembre de 2010

Gladis Torres Ruiz (CIMAC)

En México la razón de Muerte Materna (MM) es cinco veces mayor a la de países industrializados; en 2009 se registraron 818 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, y el 90 por ciento de esas muertes eran prevenibles; por lo que el Objetivo del Desarrollo del Milenio (ODM) de reducir la MM a más de la mitad para 2015, no va a ser alcanzado, afirmaron especialistas. En el Colegio de México (Colmex); José Luis Palma Cabrera, director general de Investigación en Salud Demográfica (Insad), afirmó que a pesar de que la MM ha disminuido de manera constante desde la década de los años 50, el nivel permanece alto y se exacerba en la región menos desarrollada del país. Es decir, en los estados de Guerrero, Oaxaca, y Chiapas, donde la razón es de 93.7 MM por cada 100 mil nacidos vivos, es cerca del doble a la observada a nivel nacional, debido a la distribución desigual de los recursos y de los proveedores de salud, mismos que se concentran en zonas urbanas como el Distrito Federal. Durante la presentación de los informes: “Las Necesidades de Salud Sexual y Reproductiva de las Adolescentes en México: retos y Oportunidades” y “Barreras para la Maternidad Segura en México”; las y los especialistas coincidieron en que si bien se ha trabajado para disminuir la MM, los esfuerzos han sido insuficientes. El coautor del informe, afirmó que en el país el embarazo no planeado es común y con frecuencia termina en un aborto inseguro, por lo que consideró improbable que la MM disminuya, a menos que las mujeres tengan acceso a los anticonceptivos y a la interrupción legal del embarazo (ILE). Fátima Juárez, coautora e investigadora distinguida del Guttmacher Institute, afirmó que si bien el gobierno ha implementado una gran variedad de estrategias para mejorar la salud sexual y reproductiva de las jóvenes mexicanas, se necesitan mayores esfuerzos para coordinar estas iniciativas y para afrontar las diferencias geográficas”. A su vez, Patricia Uribe Zuñiga, Directora General del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaria de Salud, informó que en 2009 se registraron 818 MM; de ellas 210 fueron por complicaciones respiratorias, por lo que atribuyó el hecho a la influenza y a que las mujeres no se están vacunando, en promedio por esta causa se registraban 30 MM al año. Detalló que uno de los problemas es que en los hospitales no se tiene lo necesario para atender una emergencia obstétrica y el personal no está capacitado, a lo que se suma que no existen plazas para especialistas y enfermeras, y cuando las hay es con muy bajos sueldos, “por 8 mil pesos mensuales nadie quiere trabajar es un problema grave”. Preciso que el 90 por ciento de las mujeres que murieron en 2009 fueron por causas prevenibles; afirmó que el problema central para no erradicar la MM son las políticas y los programas fragmentados; es decir no se involucra a todos los sectores. “El mayor número de muertes ocurre en el sector rural, donde también falta educación; las muertes maternas involucran a todos”, afirmó Uribe Zuñiga. En su oportunidad, Graciela Freyermuth Enciso, Secretaria Técnica del Comité Promotor por una Maternidad Sin Riesgos en México, afirmó que para 2015 no se logrará llegar a una meta de 400 MM, por lo que no se cumplirá el ODM 5, mejorar la salud materna y reducir la MM en tres cuartas partes. En el año 2000, diferentes países entre ellos México, asumieron un conjunto de objetivos a largo plazo para abatir la pobreza extrema, el hambre, el analfabetismo y las enfermedades, se fijó el 2015 como fecha límite para alcanzar la mayoría de los compromisos, conocidos como ODM. La especialista afirmó que ni el Programa Oportunidades ni el Seguro Popular han impactado hasta el momento en la disminución de la mortalidad materna, “las mujeres embrazadas inscritas al Seguro Popular siguen muriendo”. Freyermuth Enciso, consideró que es urgente garantizar el acceso general y gratuito a los servicios de atención de emergencia obstétrica, así como el acceso a la anticoncepción y la ILE, toda vez que en el país un millón de jóvenes viven embarazos y la mayoría son no deseados. Los informes presentados hoy fueron elaborados por especialistas del Instituto Guttmacher, Insad, y el Colmex, con información basada en encuestas nacionales hechas por el gobierno y las Organizaciones de la Sociedad Civil. Documentan que las organizaciones no gubernamentales juegan un rol importante en los esfuerzos por mejorar la salud materna en México, tal es el caso del Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos, que reúne a organizaciones privadas y gubernamentales en torno a las iniciativas orientadas a reducir la MM. Las iniciativas están dirigidas, entre otras cosas, a promocionar el acceso universal a los servicios de emergencia y a priorizar la provisión de servicios de salud en las regiones más necesitadas del país. Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

En la Ciudad de Buenos Aires la educación pública está al rojo vivo (Parte II)

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viernes 3 de septiembre de 2010

Elena Luz González Bazán (especial para ARGENPRESS.info)

Los 180 días Desde el 2004 hasta el 2009 no se cumplió la Ley de los 180 días de clase, en más de una jurisdicción se perdió hasta el 25 por ciento de las clases. Dos aspectos que se deben tomar en cuenta y que debieran ser el centro del debate: presupuesto educativo y los espacios donde se desarrolla la educación. El presupuesto incluye los salarios docentes y los edificios debieran tener una calidad digna donde transcurrir un tiempo importante de la vida de los educandos, los docentes y personal de cada escuela o colegio. Pero el tema central que no se discute, no se trata y está oculto inclusive en la agenda periodística es la calidad educativa. Sobre la situación del presupuesto y el destino para la refacción de los colegios hay un dato que no han podido desmentir desde el gobierno porteño, y es el siguiente: la subjecución presupuestaria, esto es la cantidad de dinero empleado para realizar las obras. De casi 35 millones de pesos para reparar la infraestructura y la instalación de servicios esenciales, más de 25 millones aún están sin ejecutar. En el informe sobre el Presupuesto Educación 2009, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), presta atención al gasto para infraestructura escolar donde sostienen: “existió una subejecución presupuestaria persistente a pesar de existir necesidades educativas insatisfechas, que se profundizó en los distritos escolares más pobres”. También en su análisis sobre la ejecución del presupuesto designado para infraestructura escolar, muestra una disminución de la subejecución, considerable entre el año 2002 y el 2007. Zonas más pobres menos presupuesto Sin alterar la lógica por la cual las zonas más pobres recibieron menor presupuesto que el resto de la ciudad, afirman que: en el año 2002, el porcentaje no ejecutado del presupuesto de infraestructura fue de 65 por ciento. En el año 2004, fue de 31 por ciento. En el año 2007, antes de la asunción de Mauricio Macri: fue de 8 por ciento. A su vez, el presupuesto ejecutado en infraestructura creció de $4.301.647 a $137.704.990 entre 2002 y 2007. También y referente al año 2008 aseveran en su informe lo siguiente: se modificó el diseño del presupuesto, respecto a los años anteriores “lo que dificulta analizar la continuidad o suspensión de determinados programas de gobierno. (…) De la información presentada no puede saberse si será prioritario el destino de fondos para obras en las zonas más vulnerables”, aclara en varios informes la ACIJ. Y continúan: Pero basta con ver los números de la ejecución del primer trimestre de este año para entender que la subejecución del presupuesto destinado a “construcciones” (obras de reparación) del Ministerio de Educación, ascendió abruptamente: de un monto efectivamente asignado de $34.848.409 se utilizaron sólo $ 3.457.188, es decir el 9,9 por ciento. En el segundo trimestre de este año, se utilizó el 37,48%, quedando más del 60 por ciento del presupuesto sin ejecutar, un equivalente a $ 25.434.283. Esto en cuanto al presupuesto y el dinero destinado a obras en los colegios. Las obras que se necesitan en los colegios Los alumnos del Normal 1 afirman: “Esteban Bullrich aseguró a los medios de comunicación que, por ejemplo, el Normal 1 ‘no tiene demandas edilicias’. Le decimos al ministro que, evidentemente, sus espías no pasan bien el informe, porque no hay forma de que no hayan visto las ratas, la falta de puertas, picaportes y ventanas, sin mencionar las becas que no asignan” expresó el Secretario General del Centro de Estudiantes del Normal 1, Fernando Ramal. “¿No es una demanda legítima pedir que no haya ratas deambulando por las aulas en las que deberíamos tener clases?” se preguntó Ramal. “Este ejemplo es la demostración de que toda la campaña en pos de desacreditar la lucha estudiantil que impulsa el gobierno de la Ciudad se basa en puras mentiras, y tiene el único objetivo de ocultar su responsabilidad en la crisis de las escuelas” continuó. Alumnos del Carlos Pellegrini: Con la toma ya se consiguió la instalación de gas. “Hace meses que nos venimos organizando en el Carlos Pellegrini, a través de asambleas, marchas, cortes de calle y abrazos, porque en el colegio no tenemos gas”, explicó Ornella Cottone, vocal del Centro de Estudiantes. “Esta situación se arrastra desde hace 6 años y acompaña un estado general de abandono edilicio. Sin embargo, con tan sólo 24 horas de toma, conseguimos el compromiso por parte de las autoridades y la empresa de que el próximo viernes vuelve el gas al Pellegrini. La obra, que dependía directamente del gobierno de Cristina Kirchner, venía sumamente atrasada por falta de presupuesto”, añadió Cottone. Alumnos del Urquiza: “Las autoridades nos persiguen por participar de la toma generalizada de colegios”, declaró Victoria, del Centro de Estudiantes del Urquiza, ubicado en Condarco 290, barrio de Flores. “Sin embargo, durante el transcurso del día lunes 23 de agosto, las autoridades del colegio se dedicaron a maniobrar para que esta medida no pueda ser llevada adelante, llegando al extremo de perseguir explícitamente a los activistas. Primero, llamando a asambleas por fuera de los órganos representativos, luego amenazándonos a los integrantes del Centro de Estudiantes, después pasaron a identificar ilegalmente a los compañeros que defendíamos la toma (por medio de listas, fotos tomadas sin consentimiento e incluso obligándonos a la fuerza a hacernos cargo del establecimiento mediante la firma de un acta unilateral) y finalmente hasta llamaron a la policía.”, denunció. Alumnos de la Escuela de Música “Juan Pedro Esnaola”:“En 2005, luego de haber tomado la escuela varios días, se consiguió el compromiso del gobierno de la ciudad para construir un nuevo edificio en el Polo Educativo de Saavedra. Gestionaron, incluso, un crédito del BID, pero luego la plata se usó para otra cosa. Macri retomó la promesa en 2008; sin embargo, nuevamente la incumplieron, el presupuesto no se ejecutó, y lo poco que se hizo se arruinó, o sea que hay que arrancar de cero” señaló Yordan. Alumnos del Mariano Acosta: “Nuestra escuela es un reflejo del sistemático abandono del sector público, consecuencia de las políticas educativas llevadas a cabo durante años. Llegar a considerar el traspaso a otro edificio de esta institución representa la reiteración de estas políticas, dados los antecedentes del 2005 y 2007 en donde se demostró que las soluciones planteadas desde el Ministerio son solo parches momentáneos y no definitivos. A nivel general, creemos que la propuesta política del gobierno de la ciudad, acentúa las diferencias entre el sector público y privado, favoreciendo a este último mediante el aumento de presupuesto, en concordancia con la ausencia de respuestas ante las falencias presupuestarias”. A esta explosión de los estudiantes secundarios, que tuvo un antecedente en el 2009, hay que sumar las escuelas públicas primarias que también están en estas condiciones pero cuyos reclamos no se han hecho escuchar lo suficiente. Por otro lado, el problema de la calidad educativa debiera estar cada vez más en la palestra, ¿Qué se enseña? ¿Qué se aprende? ¿Cuál es la formación y para que sirven los contenidos? ¿Para qué salen preparados cuando terminan el ciclo secundario? ¿Cómo enfrentan los estudios pre universitario y universitario aquellos que logran llegar? Porque no es lo mismo los chicos de las zonas más olvidadas de nuestra ciudad y del país, que aquellos que provenientes de los sectores medios tendrán la posibilidad de acceso a la educación superior. Discutir si la toma si o la toma no es dejar que el agua se escurra entre las manos, el problema central está en porqué se debe llegar a este tipo de medidas para que las autoridades municipales, provinciales y la nacional lleguen a prestar atención a la demanda. El problema de la infraestructura no es sólo del gobierno porteño, aquí está involucrado el gobierno nacional, sino adentrémonos en el Impenetrable Chaco y veremos las condiciones lamentables de las escuelas ranchos. Demasiado subsidio a la educación privada, eso ya no se puede discutir, es real y no es maravilloso, mientras los estertores de la enseñanza pública siguen batallando para llevar igualdad de oportunidades. Hay una diferencia que es crucial: la escuela privada es un negocio, sino, aquellos que emprenden la batalla comercial de instalar un colegio no lo harían sino tienen ganancias. La Escuela Pública debiera atender todas las problemáticas y ofrecer la mejor calidad educativa en todos los rincones del país, es por donde pasa y se contempla el proyecto nacional, donde quienes salen de sus claustros tendrían en su conformación mental y humana asumir que el pueblo es el que garantiza que la educación siga siendo la razón de crecimiento de un país, unido a otras necesidades prioritarias como la salud y la defensa de todo el patrimonio nacional. La diferencia entre el negocio y el servicio público en toda su dimensión y la atención de lo prioritario surge de estas diferencias. Con todos los peros que se pueden poner sobre los contenidos de lo que fue la educación pública, hay que volver a buscar que de esa sabiduría salió la Reforma Universitario de 1918. En 1958 la lucha de los estudiantes por la enseñanza Laica o Libre, comenzaba un fuerte deterioro de la enseñanza. La Noche de los Bastones Largos donde se penetró el conocimiento con represión y obligando a emigrar a miles de docentes, para que nuestra educación no fuera en ascenso sino que conociera el fatal deterioro actual. Son sólo algunos aspectos de otros tiempos que hay que volver a pensar… La educación requiere de un proyecto nacional en serio y no de estas leyes perversas que desde los noventa hasta la última reforma han arrojado al fuego la educación. Para ella, debe haber una regulación estricta para toda la educación, donde lo privado no puede salirse de esos cauces. El debate lo debe dar toda la comunidad educativa y la participación debe ser amplia. Tenemos la educación pública en coma 4, o entendemos que esto es así, o seguiremos colocando el carro delante del caballo. Porque la educación debe ser una política de estado junto a la salud y nuestros resortes de la economía nacional. ¿Es tan difícil implementar una verdadera política de estado en materia educacional? ¿Cuál es el impedimento? Ver también: – En la Ciudad de Buenos Aires la educación pública está al rojo vivo (Parte II) – En la Ciudad de Buenos Aires la educación pública está al rojo vivo (Parte I) Fuente foto: INDYMEDIA Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

México: Crímenes y violencia contra las mujeres, distinguen al gobierno

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viernes 3 de septiembre de 2010

Anayeli García Martínez (CIMAC)


La persistencia y aumento del hostigamiento a defensores de Derechos Humanos, (DH) crímenes contra periodistas, y violencia contra las mujeres, reflejan que el Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH), implementado por Felipe Calderón “es una herramienta que no ha logrado avances significativos”.

De acuerdo con un balance hecho por Karime Suri, coordinadora del Área política, social y de DH de Incide Social, Organización No Gubernamental (ONG) con amplio trabajo en la investigación y capacitación en políticas y desarrollo social de derechos humanos, indica que hasta ahora no se ha cumplido con el objetivo de favorecer las políticas públicas en materia de DH.
Mencionó que mientras las organizaciones de la sociedad civil han pugnado por establecer mecanismos y estándares en materia de DH, el anterior secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se dedicó a descalificar el trabajo de las y los defensores.
Un hecho grave, consideró, si se toma en cuenta que esa dependencia tiene a su cargo la Unidad Para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (UPDDH).
El recuento
Durante 2009 México fue el segundo país que recibió el mayor número de denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presuntas violaciones a los Derechos Humanos (DH).
De acuerdo con el Informe Anual 2009 de este organismo internacional, en ese año recibió mil 431 denuncias, de las cuales 232 corresponden a México. Es decir sólo fue superado por Colombia, quien suma 237 denuncias.
El informe destaca también que durante el año pasado México fue el país que acumuló más casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), debido a que la CIDH trasladó tres casos a este tribunal.
En el tema de DH de las mujeres la militarización del país, las leyes a favor de la vida y las fallas en el sistema de procuración de justicia, han contribuido a que no puedan ejercer ni gozar plenamente de sus garantías individuales.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce que una de las finalidades del Estado es garantizar que toda persona esté en posibilidad de ejercer sus derechos en condiciones de igualdad.
Sin embargo, desde que Felipe Calderón Hinojosa comenzó su administración, las políticas encaminadas a este fin han sido contrarias.
Una de sus primeras acciones fue sacar al Ejército mexicano de los cuarteles como parte de su estrategia de seguridad y de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Con este hecho las violaciones a DH aumentaron; según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hasta la fecha ha recibido 4 mil 035 quejas contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La militarización del país también significó un aumento de las agresiones sexuales contra mujeres.
Durante el primer semestre de la administración Calderonista, se conoció el caso de Ernestina Ascencio Rosario, indígena náhuatl de 73 años, originaria de la Sierra Zongolica, quien perdió la vida tras ser violada presuntamente por soldados.
La postura de Felipe Calderón quedó evidenciada cuando en una entrevista al diario La Jornada, afirmó: “He estado pendiente del caso de la señora que se dice asesinaron en Zongolica (tras una presunta violación tumultuaria por militares). La CNDH intervino, y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida. No hay rastros de que haya sido violada”.
Días después, esta conclusión fue respaldada por José Luis Soberanes, titular de la CNDH, quien en su informe sobre el caso, determinó que no hubo violación.
Luego de que Felipe Calderón mostró su apoyo a las fuerzas armadas, la confiabilidad y credibilidad del Ejército comenzó a demeritarse, al igual que la de la CNDH, quien ese año aumentó su presupuesto a más de 700 millones de pesos.
Derecho a una vida libre de violencia
De acuerdo con Agniezka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, hasta ahora, las acciones del gobierno federal para combatir la violencia de género han quedado “en campañas mediáticas”.
Basta recordar el 25 de noviembre de 2009, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres cuando Calderón Hinojosa afirmó: “los tres órdenes de Gobierno uniremos esfuerzos para atender esas causas que generan no sólo la problemática de violencia, inseguridad, sino la problemática de violencia contra la mujer en particular, y promover la participación ciudadana”.
Acciones que, a decir de Raczynska no se han visto, por el contrario, el gobierno ha sido reiteradamente cuestionado en las instancias internacionales de la ONU y de la Organización de Estados Americanos (OEA) por la violencia en todas sus modalidades que viven las mexicanas.
Criminalización de protesta y defensoras de DDHH
De acuerdo con las organizaciones civiles, una constante en este gobierno panista, ha sido la criminalización de la protesta social y la persecución y hostigamiento contra las y los defensores de DH.
Un caso emblemático en acceso a la justicia fue el de las otomíes Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, encarceladas con penas de 21 años acusadas de “secuestrar” a seis elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI).
Delito que de acuerdo con la SCJN no se acreditó, pero por el cual permanecieron tres años en prisión. El caso de acuerdo con defensores de DH, fue emblema de la criminalización de la protesta social.
Los ataques contra las defensoras y defensores de derechos humanos han sido una constante en estos 4 años. De acuerdo con la CIDH, ha otorgado para México medidas cautelares para defensores de DH en 21 casos, en el periodo de 2006 hasta junio de 2010.
Salud sexual y reproductiva
En materia de salud, el derecho de la mujer a una vida digna, a su integridad personal y a la protección de su salud, tampoco ha sido una prioridad de este gobierno. Los avances que se han logrado han sido impulsados por el movimiento feminista, y las organizaciones civiles, no por el gobierno federal que, por el contrario, ha intentando contrarrestarlos.
Un ejemplo de ello fue la actualización y publicación de la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. Criterios para la prevención y atención.
La polémica generada en torno a ella, se originó por la obligatoriedad- establecida en la Norma- para que los prestadores de servicios de salud ofrezcan la anticoncepción de emergencia y en su caso, la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a las víctimas de violación sexual, cuando la mayoría de los funcionarios de esta administración, se han pronunciado por el derecho a la vida.
Asimismo, lo sucedido en 17 entidades federativas cuyos congresos locales impulsados por el PAN-PRI, han modificado sus constituciones para proteger la vida desde el momento de la concepción-fecundación, lo que en opinión de las feministas, ha significado un retroceso grave en materia de derechos femeninos.

Por todo ello, la actual administración ha sido cuestionada por organismos internacionales, que en reiteradas ocasiones han señalado que las leyes mexicanas, no protegen adecuadamente a las mujeres y a las niñas de la violencia, lo que ha favorecido la impunidad.

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Cuba: Actores y pertinencia del debate social

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viernes 3 de septiembre de 2010

Jorge Gómez Barata (especial para ARGENPRESS.info)


Cierta vez una persona con quien trabajaba me encargó un editorial y cuando se lo entregué, tomó un lápiz y comenzó a tachar.

-Muy bien -le dije- ya suprimió las ideas del papel: ¡Bórrelas ahora de mí cabeza!
La anécdota regresó a mi mente a raíz del affaire de Esteban Morales, un militante que a juicio de sus superiores pasó los límites y a quien la organización política le aplicó con severidad las normas disciplinarias que rigen su vida interna. Fuera de quien fuera la razón, la zaga fue una oportunidad perdida y un debate abortado. Difícilmente otro académico de su relieve vuelva a incursionar en el tema de la corrupción.
Lo peor del abrupto desenlace es que puede crearse la ilusión de que porque deja de mencionarse, el problema ha dejado de existir cuando, en realidad, puede ocurrir exactamente lo contrario. La corrupción es clandestina, se oculta de la luz y es favorecida por la falta de transparencia. Cuando no se le denuncia se silencia y en ese tira y jala prospera la impunidad. Es posible incluso que algunas instancias no descifren correctamente el mensaje y asuman que lo indicado es barrer debajo de la alfombra.
En realidad en el artículo considerado desafortunado, con mejores o peores argumentos y con razonamientos que tal vez pudieron pulirse más, se proponía una mirada al fenómeno de la corrupción vernácula desde un ángulo no explorado. A juicio del autor era necesaria una lectura política de un hecho usualmente percibido desde lo jurídico y lo administrativo. Morales creyó interpretar la advertencia realizada por Fidel Castro cuando en la Universidad de La Habana alertó que la Revolución podía ser liquidada desde dentro.
El académico creyó además ir al encuentro de los reiterados llamados del presidente Raúl Castro para ejercer la crítica, expresar la opinión y propiciar el debate que, según los criterios del mandatario, es más eficaz cuando se realiza: el tiempo lugar y forma, es decir: en el momento apropiado, en el lugar preciso y de forma correcta.
Al margen del curso que siga aquel mal entendido, es importante rescatar el esfuerzo por abrir al debate social, con participación de autoridades, cuadros políticos, administrativos, intelectuales, académicos, elementos de la sociedad civil y naturalmente de la prensa, los temas de los cuales depende la salud de la sociedad cubana, incluso como reiteradamente han señalado Fidel y Raúl Castro, la supervivencia del proceso revolucionario.
Entre esos asuntos, aunque tiene una alta prioridad, la corrupción no es lo más importante; entre otras cosas porque, como parte de una complejísima dialéctica ese fenómeno es consecuencia y no causa. La corrupción no crea los problemas estructurales del socialismo sino a la inversa.
La corrupción no es un forúnculo que puede ser tratado al margen del organismo social en su conjunto que incluye: el sistema político y el modelo económico, los mecanismos de participación ciudadana, los espacios para la reflexión colectiva especialmente el parlamento, los órganos colegiados de gobierno y las instancias de dirección política. Todo ello acompañado por una cabal transparencia informativa, un esclarecimiento acerca de los mecanismos de toma de decisiones de impacto social y una sostenida voluntad por perfeccionar la democracia socialista.
Tales empeños que es preciso alentar con espíritu positivo y mentalidad de reforma, rectificación e innovación serán exitosos en la medida en que sean orientados y conducidos por las instancias legítimas creadas por el propio proceso y por los cuadros de dirección política cuya única tarea no es conservar lo establecido sino perfeccionarlo constantemente, a cuenta incluso de salvar obstáculos derivados de la propia actividad de las instituciones revolucionarias, renovar políticas, descontinuar prácticas, hacer las autocriticas debidas y exigir no sólo disciplina sino también audacia y creatividad.
La Revolución no puede resignarse a que la crítica y las propuestas más audaces se realicen al margen de sus instituciones y fluya exclusivamente en “medios alternativos” donde es realizada por personas que no siempre están movidas por los deseos de preservar las conquistas alcanzadas y en alguna de los cuales es visible la posición de quien juzga la obra sin compromiso con ella, mientras no faltan aquellos en los que se percibe una mentalidad restauradora que mira más al pasado que al porvenir. Tampoco esos ejercicios pueden ser un mecanismo para drenar inconformidades y facilitar catarsis.
Lo que puede estar ocurriendo en las filas revolucionarias es el surgimiento de corrientes de pensamiento e individualidades que en la búsqueda de explicaciones y soluciones a problemas reales, adelantan ideas e iniciativas a las cuales los órganos regulares, que se atienen a rígidas normas, procesan con más lentitud, llegando más tarde a las mismas conclusiones. Todo ello sin contar que la mentalidad burocrática es refractaria al cambio y suele confundir lo avanzado con lo hereje.
Un desfase de esa naturaleza no atendido a tiempo, en una sociedad como la cubana regida verticalmente desde un centro, puede provocar el surgimiento de matices que, maltratados podrían dar lugar a una ruptura. La unidad de acción de los militantes y sus organizaciones, antes que un fenómeno orgánico y disciplinario es una dimensión ideológica. Una vanguardia no es un grupo de personas que se lleva bien y se complacen los unos a los otros, sino un activo revolucionario que se perfecciona no por las opiniones idénticas sino por las metas compartidas.
La batalla de ideas a la que la dirección revolucionaria cubana ha convocado, no termina con acciones sociales eficaces, sino que se extiende a los campos de la creación y la investigación y a la actividad de las vanguardias política, artísticas y académicas y a los esfuerzos institucionales e individuales por elevar la cultura política de los trabajadores, los estudiante y el pueblo en su conjunto.

Promover el debate y la reflexión social es tarea de las vanguardias, principalmente de la vanguardia política, que no puede pasar por alto que, el proceso de producción y difusión de los conocimientos y de las ideas y la búsqueda de la verdad se realiza mediante aproximaciones sucesivas en la cuales el error no es una anomalía sino una parte del proceso.

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