Mirada de la ONU sobre la trata

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lunes 4 de octubre de 2010

Carolina Escudero (ARTEMISA)


En el marco de su visita a América del Sur, Joy Ngozi Ezeilo la relatora de las Naciones Unidas, dio a conocer su diagnóstico preliminar sobre el estado de la trata en la Argentina. Aunque reconoció los avances, precisó que falta mucho por hacer con respecto a la corrupción de las fuerzas del orden y la escasa protección a las víctimas. El informe final sobre la situación de la trata en el país se presentará en junio de 2011 en el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza.

La nigeriana Joy Ngozi Ezeilo aconsejó que se reforme la ley que regula el delito de trata, cuyas víctimas tienen en el país una protección y un acceso a la justicia. También observó que la Argentina ‘se ha convertido en un país de destino y en menor medida de origen y tránsito’ para las víctimas de este delito.
Entre sus recomendaciones al Gobierno, remarcó la importancia de incorporar la temática en todos los niveles de la educación, para concientizar a los y las estudiantes. En su presentación, la abogada Ezeilo instó al Congreso a la modificación ‘urgente’ de la ley antitrata con el fin de evitar que las víctimas mayores de edad tengan que justificar que no dieron su consentimiento y así se podrán aumentar las penas. En la misma línea pidió al Ejecutivo un plan nacional contra la trata que cuente con los recursos suficientes no solamente para enfrentar esta problemática sino que permita capacitar a la policía. Asimismo aconsejó la creación de un fondo especial que asegure la indemnización de las víctimas.
Según datos de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación desde 2008 fueron rescatadas unas 654 mujeres (entre ellas 149 eran niñas de entre 12 y 18 años). Hasta el 31 de mayo de 2010, se detuvieron a 543 personas acusadas de formar parte de las mafias dedicadas al tráfico de personas, aunque se dieron sólo 5 condenas firmes, en las provincias de Córdoba, Chubut, Buenos Aires, Santa Fe y Misiones y ninguna de estas involucra a un tratante.
Según la organización ‘Esclavitud Cero, Abordaje Integral de la Trata de Personas’ las mujeres, niños y niñas son los más afectados por la trata en el mundo, estimándose que constituyen más del 80% de las víctimas. En Argentina, las víctimas de trata para explotación sexual son en general mujeres entre los 12 y los 35 años, con muy bajo nivel educativo, pertenecientes a grupos familiares vulnerables (necesidades básicas insatisfechas), en los que la mayoría de los miembros se encuentran desempleados o perciben ingresos extremadamente bajos.
Respecto a la trata para explotación laboral, gran parte de las víctimas son de origen Boliviano y trabajan en situación de servidumbre en talleres textiles, ladrilleras, la industria de la construcción, la agricultura, entre otras cosas. Son familias integradas por hombres y mujeres jóvenes con niños pequeños. Muchas víctimas son analfabetas e indocumentadas. Además han sido denunciados casos de trata de niños y niñas para mendicidad y para venta callejera. En el 2006 las organizaciones que asisten a las víctimas reportan haber asistido a un 60 % de casos de trata para explotación sexual y a un 40% de casos para explotación laboral.
Si bien Ezeilo observó que la trata se da en un escenario de ‘impunidad’ precisó que existen escasos recursos para combatirla. Contó que se había reunido con víctimas de trata y precisó que los abusos a los que son sometidas son ‘espantosos’. En este sentido resumió que la trata se convirtió ‘en un caso moderno de esclavitud que reporta enormes beneficios a muchas empresas’. La representante de la ONU advirtió que los inspectores laborales ‘no cuentan con la capacidad necesaria’ para combatir la trata de personas para explotación laboral, que también ha aumentado, pero aún está ‘mucho más oculta’ que la sexual. ‘A menudo las víctimas están escondidas en la comunidad y en sectores informales de la economía, en particular en el trabajo sexual, agrícola y en las industrias pesqueras, textil, de zapatos y en la construcción’, destacó.
A lo largo del reporte Ezeilo remarcó que ‘hay poca capacidad para combatir la trata de personas, a lo que se suma la corrupción de la policía y otros miembros de las fuerzas de seguridad que están directamente involucrados en implementar medidas contra este delito, especialmente a nivel provincial, donde reciben coimas y colaboran ilegalmente con los traficantes’.
Aún pendiente
La Relatora Especial puntualizó que hay una ‘falta de refugios apropiados’ para asistir a las víctimas y que tampoco se le otorga protección adecuada -para víctimas y testigos- antes y después de los juicios contra los acusados del delito de trata.
Reconoció, por otra parte, los avances logrados como la creación de una unidad especial contra la trata en la Procuración General de la Nación, la Ufase, y también la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Personas Víctimas de Trata, que depende del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. La abogada confesó que ‘lo que más me sorprendió es la cuestión de las víctimas de la trata, que me han contado los espantosos abusos que han sufrido. Eso me enoja muchísimo y me da fuerza para redoblar los esfuerzos en esta lucha por erradicar este horrendo crimen’.
Durante su misión en Argentina la abogada se reunió con el ministro argentino de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak a quien le aconsejó aumentar la cooperación con países vecinos de los que proceden mayoritariamente las víctimas en Argentina: Bolivia, Paraguay y República Dominicana. También se reunió con funcionarios de menor rango de Desarrollo Social, Cancillería y Trabajo. Además, estuvo en contacto directo con integrantes de organizaciones de la sociedad civil, que trabajan contra la trata, con académicas y abogadas/os y se desplazó a Posadas, Misiones, para reunirse con funcionarios y organizaciones.
Mejor protección

La Relatora Especial destacó como un avance importante la sanción en 2008 de la ley para combatir, sancionar y erradicar la trata de personas, pero hizo especial hincapié en la urgencia de modificarla a fin de brindar mejor protección a las víctimas mayores de 18 años y elevar las penas a los tratantes. Actualmente, las víctimas mayores tienen que demostrar que no dieron el consentimiento para caer en una red de trata, un punto que dificulta la persecución del delito. En agosto las comisiones de Legislación Penal y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados firmaron un dictamen de mayoría que avanza en ese sentido, aunque el texto acordado entre legisladores de la oposición y el oficialismo no conformó del todo a las ONG’s que trabajan en el tema. Este proyecto de reforma ya está en condiciones de tratarse en el recinto

Estados Unidos: Experimentos criminales

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lunes 4 de octubre de 2010

LA JORNADA


La divulgación, por parte del gobierno de Estados Unidos, de los experimentos realizados por médicos de ese país durante la década de los 40 en Guatemala -donde se inoculó intencionalmente sífilis, gonorrea y otras enfermedades venéreas a cientos de ciudadanos- es la más reciente confirmación de las prácticas atroces e inhumanas que Washington ha llegado a cometer en materia de experimentación médica.

Aunque la infección deliberada de enfermedades en individuos y el estudio de los efectos de antivirales, sicotrópicos y sustancias diversas en seres humanos sin su consentimiento han sido actividades ampliamente documentadas en Estados Unidos y en otras partes del mundo y conocidas desde hace tiempo por la opinión pública internacional, la declaración realizada ayer por la administración de Barack Obama pone en perspectiva factores adicionales de agravio en lo que, de suyo, es una práctica inhumana y criminal: el experimento referido se desarrolló en un país extranjero, con la aparente connivencia del gobierno local -según consta en los documentos disponibles-, en contra de una población particularmente vulnerable -en su mayoría presos y enfermos mentales, muchos de ellos sometidos a la prueba con engaños- y en condiciones de descontrol y opacidad tal que hasta la fecha no se sabe cuántos de los infectados recibieron atención, ni cuántos de ellos murieron.
Estos hechos no podrán, pues, ser subsanados por una disculpa como la que el mandatario estadunidense ofreció ayer al guatemalteco: ambos gobiernos deberán llevar a cabo las investigaciones correspondientes, y emprender las sanciones que ameriten y las medidas de reparación del daño hacia las víctimas y sus familias.
Por lo demás, es importante señalar que el episodio de Guatemala tuvo como correlato otro de mucho más largo aliento: el estudio clínico desarrollado entre 1932 y 1972 por los servicios públicos de salud estadunidenses en Tuskegee, Alabama, que consistió en infectar de sífilis a unos 600 negros presos que no recibieron tratamiento alguno, un experimento no muy distinto a los aplicados por el criminal de guerra nazi Josef Mengele en el campo de concentración de Auschwitz. Respecto de este estudio -al final del cual sólo unos 70 presos continuaban con vida- el ex presidente Bill Clinton ofreció una disculpa a las víctimas y sus deudos, tan insuficiente y tardía como la que ayer pronunció el actual gobierno.
El escándalo desatado a raíz de ese episodio obligó a las autoridades de Washington a ampliar las regulaciones correspondientes, y ayer mismo la administración Obama sostuvo que en la actualidad, los reglamentos que gobiernan la investigación médica en seres humanos financiada por Estados Unidos prohíben este tipo de violaciones. Sin embargo, la continuidad de tales prácticas puede observarse hasta años recientes: son significativos, al respecto, los casos documentados de prisioneros de guerra en la cárcel de Guantánamo que afirman haber sido objeto de experimentos con fármacos durante su cautiverio.

Así, la revelación del estudio criminal que se desarrolló en territorio guatemalteco obliga a ponderar un patrón de conducta en la experimentación médica de Estados Unidos, aplicado con particular recurrencia contra sectores específicos de la población de ese país y del mundo -afroestadunidenses, prisioneros de guerra, ciudadanos de países pobres-, y el cual, por desgracia, parece continuar hasta nuestros días. Si las autoridades actuales de Washington quieren restañar la mala imagen que sus antecesoras se han granjeado como consecuencia de estos y otros episodios, dentro y fuera de su país, tendrán que asumir un compromiso ético y transparente ante la opinión pública internacional, poner al descubierto la totalidad de ese tipo de estudios -recientes o no- y sus impactos negativos en individuos y poblaciones, cancelarlos de una vez por todas, y emprender las medidas de reparación y castigo correspondientes.

Michoacán: PGR y Calderón

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lunes 4 de octubre de 2010

Eduardo Ibarra Aguirre


Liberados 34 de los 35 funcionarios municipales y estatales de Michoacán –12 por desvanecimiento de pruebas, ocho por revocación del auto de formal prisión y nueve por sentencias absolutorias–, la Procuraduría General de la República se engalla y anuncia que litigará contra el juez Efraín Cázares López ante el Consejo de la Judicatura Federal. Solicita, también, el desafuero del diputado Julio César Godoy Toscano.

Está en su pleno derecho el impugnado procurador a alegar y, sobre todo, demostrar lo que llama “exceso de atribuciones” y haber decretado “de forma cuestionable” el titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal con sede en Michoacán, la libertad de 20 de los 35 alcaldes, regidores y funcionarios estatales. Más aún: ése es su trabajo y para eso cobra sueldo y prestaciones espléndidas.
La que no está apegada ni remotamente a derecho es la conducta del titular del Ejecutivo federal, quien al erigirse en agente del Ministerio Público –como antes lo hizo de gastroenterólogo, investigador policiaco, sicólogo, sacerdote y hasta epidemiólogo– invade atribuciones de lo que se ha dado en llamar “abogado de la sociedad”, pero es un simple empleado del presidente, como lo demostró al postular en la radiodifusora Max FM de Morelia y sin el menor de los rubores, que hay elementos incriminatorios en contra de los funcionarios liberados, “versiones de testigos” –protegidos y pagados por su gobierno– y “según entiendo” grabaciones telefónicas.
Políticamente se comprende que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa defienda el más importante y escandaloso de los operativos policiaco y militar que, explica ahora, buscaba una “completa depuración y fortalecimiento de la fuerza pública, de la policía estatal concretamente, de la Procuraduría de Justicia y sus ministerios públicos”.
Para lograr lo anterior, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús ignoró al gobernador michoacano, pero no a Luisa María Calderón Hinojosa, a la que según sus indiscreciones pueblerinas enteró oportunamente del anticonstitucional operativo en la República federativa, que incluyó entrar al Palacio de Gobierno a detener funcionarios. Lo bueno es que en Los Pinos vive y despacha un abogado que, además, tiene como propósitos centrales construir un “gobierno de leyes” y un estado de derecho, así cueste a la sociedad 29 mil vidas, el 12 por ciento de ellas víctimas inocentes.
Por ello, Leonel Godoy Rangel le dijo en la magna ceremonia por los 245 años del nacimiento de José María Teclo Morelos Pérez y Pavón lo que recomendó en Los sentimientos de la nación: “Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario”. Ésta y otras pertinentes citas de la máxima obra del héroe independentista fueron ovacionadas por los asistente al acto, entre los que destacaban los exprisioneros y sus familiares, pero “ni los veo ni los oigo” fue la conducta del también economista y administrador público, refugiado en la frase de Carlos Salinas de Gortari.
En todos los tonos, legisladores de los partidos de oposición aún condenan el michoacanazo de hace 18 meses y advierten ante la persistencia y tenacidad de Chávez que “todo fue un montaje de la autoridad federal armado con una intención distinta a la de combatir a la delincuencia organizada”.

Intencionalidad eminentemente política, que tiene como obsesión presidencial posicionar a su partido, Acción Nacional, y despejarle el camino a Luisa María Calderón para que sea la candidata a gobernadora en 2011 y, más tarde, despache en el Palacio de Gobierno de Morelia, y su hermano disponga de esta manera de un refugio seguro dentro del país.

Las nuevas medidas en Cuba no significarán el fin del socialismo

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lunes 4 de octubre de 2010

Igor Ojeda (BRASIL DE FATO – LA ARENA)


Las medidas económicas anunciadas en Cuba no significarán el fin del socialismo, asegura José Ramón Vidal, profesor y coordinador del Programa de Comunicación Popular del Centro Martin Luther King en La Habana.

El día 13 de septiembre, un informe de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) reveló que el gobierno cubano planea despedir, hasta el primer trimestre de 2011, medio millón de trabajadores estatales e impulsar las pequeñas iniciativas privadas, como trabajos por cuenta propia, negocios familiares y cooperativas. El objetivo sería la mejora de la eficiencia de la economía cubana, que viene deteriorándose fuertemente en los últimos años, luego de una buena recuperación post período especial, como es llamada la época posterior a la caída del bloque socialista.
Gran parte de la prensa internacional ha anunciado, como consecuencia de tales medidas, el comienzo del fin del socialismo en la isla caribeña pero, para Vidal, ellas “no sólo son compatibles con un proyecto socialista sino que resultan indispensables para lograr su sostenibilidad en las actuales circunstancias”, pues el Estado, según él, mantendrá la propiedad sobre los medios de producción y distribución fundamentales. Sin embargo, Vidal alerta que tales transformaciones sólo fortalecerán el socialismo en la isla si aplicadas por medio del protagonismo popular. “Si se hacen (los cambios) desde posiciones tecnocráticas, sin lograr un consenso real que tenga en cuenta, en todo lo posible, los intereses legítimos de los diversos sectores sociales, pueden ser letales para el proyecto socialista”, dice.
-¿Qué busca el gobierno cubano con las medidas económicas anunciadas?
-Las modificaciones al modelo económico se centran, hasta el momento, en la reducción o eliminación de gratuidades y subsidios, la reducción de las plantillas (se ha planeado que para el primer trimestre del 2011 haya concluido una primera fase de este proceso, con una disminución de medio millón de plazas laborales), la ampliación del mercado interno (ofertas turísticas nacionales, venta de electrodomésticos y servicios de telefonía celular etc.), ampliación del trabajo por cuenta propia y el arrendamiento de tierras y de pequeños establecimientos a sus trabajadores, tales como barberías y peluquerías, servicios de taxi, entre otros. Todo dirigido a hacer más eficiente la economía y rescatar la necesidad del trabajo como medio de vida, asuntos vitales para la sostenibilidad del país. Estas medidas, además, descargan al Estado de la administración de pequeños negocios que desde hace mucho tiempo se habían identificado como una hipertrofia del modelo socialista.
Estos cambios del modelo económico se realizan en medio de una situación muy compleja, en la que se combinan: el deterioro sostenido de los indicadores de eficiencia económica, que repercute en menor producción y productividad, tanto en la industria como en la agricultura; y expresiones muy extendidas de corrupción e ilegalidades, a lo que se suman los impactos externos (caída de los precios del níquel y de los ingresos por turismo como los más importantes), que repercuten en una disminución sensible del crecimiento del PBI (hasta 1,4%, en 2009, y un estimado de 1,9% para 2010, según cálculos oficiales) y en la emergencia de una crisis financiera del sistema bancario nacional. No deben quedar fuera de análisis los impactos negativos que provoca, sobre toda la actividad económica y financiera, el bloqueo de EE.UU. sobre Cuba y los efectos devastadores de los huracanes del 2008. Dicho de otro modo, las medidas en curso o anunciadas tienden a enfrentar esta compleja situación.
-¿Se puede decir que éste es el cambio económico más radical en Cuba desde la implementación del socialismo en el país? ¿Se implementa, de hecho, un nuevo modelo económico?
-En mi opinión personal, son cambios de importancia, con repercusiones económicas y sociales, pero no deben magnificarse. El Estado mantiene la propiedad sobre los fundamentales medios de producción y distribución. Habrá nuevos y renovados actores económicos (más cooperativas, más trabajadores por cuenta propia y pequeños negocios familiares, arrendamientos de establecimientos pequeños al colectivo de trabajadores), una utilización mucho más protagónica del sistema tributario, de la política monetaria y un mayor apego al realismo de que nadie, ni persona, familia o país, pueden gastar más de lo que produce, pero creo que todo ello no sólo es compatible con un proyecto socialista sino que resulta indispensable para lograr su sostenibilidad en las actuales circunstancias.
El tema medular radica en cómo se apliquen esas transformaciones: si se hacen desde posiciones tecnocráticas, sin lograr un consenso real que tenga en cuenta, en todo lo posible, los intereses legítimos de los diversos sectores sociales, pueden ser letales para el proyecto socialista; pero si se orientan a favorecer una mayor socialización del poder, una mayor participación real de los trabajadores en la conducción de sus empresas y centros laborales, y, en general, si se fortalecen los mecanismos de poder popular y no se dejan abandonados a su suerte a ninguna familia que justificadamente no puedan ganarse su sustento mediante el trabajo, como se ha proclamado, entonces el proyecto socialista se fortalecerá y se hará realmente sustentable.
-Es sabido que la economía cubana depende mucho del aporte de otros países. Con la adopción de las nuevas medidas, ¿cree que se abre la perspectiva en Cuba de una base productiva más fuerte y dinámica, que disminuya la dependencia de la ayuda económica externa?
-Por supuesto que un mejoramiento de la productividad del trabajo, y, en general, de los indicadores de eficiencia económica, hacen mucho más fuerte al país y lo ponen en mejores condiciones para participar de los procesos integradores en curso en nuestra región. Cuba tiene un potencial enorme en sus recursos humanos altamente calificados, y su utilización más eficiente será de beneficio no sólo para nuestro pueblo sino también para otros que han recibido y reciben nuestro apoyo.
-¿Cómo viene reaccionando el pueblo cubano al anuncio de los cambios? ¿Cómo fue el proceso de elaboración y discusión de esa medida?
-Obviamente, hay preocupación en muchas personas por su futuro inmediato. Se preguntan: “¿estaré en ese medio millón de personas que quedarán fuera de las plantillas?”. Es un proceso difícil y a muchas familias, en lo inmediato, les traerá aparejado tensiones que no pueden minimizarse. En la actualidad, se discute en los centros de trabajo un llamamiento de la Central de Trabajadores de Cuba que anuncia y explica la medida de disminución de plazas que está por comenzar. Se reitera que será un proceso transparente, con la plena participación del sindicato y que los criterios de idoneidad serán los que guiarán las decisiones.
Esta es la medida más compleja de aplicar. Un asunto que genera preocupación es si durante el 2011 podrán crearse empleos suficientes como para compensar en una medida significativa las reducciones de plazas que se harán en el primer trimestre. Se espera que se autoempleen, por vía del trabajo por cuenta propia, una parte de los desplazados de las plantillas estatales, y que algunos sectores económicos con déficits de trabajadores, como la agricultura y la construcción, sean también un alivio a la situación de desempleo creada. Las restantes transformaciones tendrán menos dificultad para encontrar consenso y, más aún, despertar esperanzas de mejoramiento de la vida cotidiana.
-Los cambios anunciados prevén la autorización para que los microempresarios o trabajadores autónomos contraten fuerza de trabajo. ¿Cómo garantizar que no ocurra explotación y que no aumente la desigualdad social?
-En todo este período que llamamos “especial”, desencadenado por el colapso de la URSS y el socialismo europeo, los índices de desigualdad en Cuba han crecido. El hecho de que muchas personas tienen, legal o ilegalmente, ingresos no provenientes del trabajo provoca esas desigualdades que, a nosotros en Cuba, nos resultan, con toda razón, indeseables, pero que están muy lejos de los estándares de desigualdad el resto del continente americano.

Las nuevas medidas tienden a regularizar hechos que ya ocurren de facto y, en ese sentido, la legalización misma es una medida de protección. El empleador tendrá que pagar un impuesto para la seguridad social de su empleado. Habrá que imaginar además otras formas de protección para que se respeten los derechos de esos trabajadores. Personalmente, pienso que los sindicatos podrían desempeñar un papel en esto.

Movilización internacional para defender la democracia en Latinoamérica

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lunes 4 de octubre de 2010

Cristiano Morsolin (especial para ARGENPRESS.info)


El jueves 30 de septiembre de 2010 fracasó en Ecuador un intento de golpe de Estado. Un sector importante de la policía nacional mantuvo secuestrado cerca de doce horas al presidente Rafael Correa después que éste fuera a convencer a los policías para que aceptasen la ley sobre servicios públicos, aprobada en primera lectura por la Asamblea nacional el día anterior. Se ha activado la solidaridad internacional en favor de la movilización popular en defensa de la democracia.

Pedro Páez Pérez, Presidente de la Comisión Técnica Presidencial NAFR, ha declarado que “la Comisión Técnica Presidencial de la Nueva Arquitectura Financiera Regional del Gobierno de la República del Ecuador, ante los hechos suscitados desde las primeras horas de la mañana del día de hoy, solicita a los compañeros y amigos en todos los rincones del mundo, su solidaridad y pronunciamientos públicos en contra de los reprochables actos de irrespeto e intento de Golpe de Estado y desestabilización institucional para evitar que un proyecto patriótico y democrático comprometido con la paz encabezado por el compañero Presidente Rafael Correa Delgado siga concretándose”.
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, desde Buenos Aires comenta que es “muy preocupado por la situación del hermano pueblo Ecuatoriano, que es también la situación de todo el continente latinoamericano, escribo para recordar que rechazamos cualquier intento de golpe de estado que ponga en peligro la democracia en nuestra región. El pueblo ecuatoriano ha construido con sus luchas, un proceso democrático que no puede ponerse en peligro bajo ningún concepto. El gobierno constitucional del presidente Correa debe ser respetado y debe abrirse el diálogo que permita salir de la situación actual. La democracia permite el disenso y es en ese marco que los conflictos deben resolverse. El diálogo debe primar, es urgente que los sectores de la Policía Nacional reflexionen y depongan las medidas y demuestren su vocación de servicio como funcionarios públicos. El pueblo debe mantenerse en resistencia y en la defensa de la democracia y rechazando cualquier tipo de violencia”.
Tras la intentona de golpe de Estado en Ecuador, Cayo Lara y Willy Meyer envían una carta al Presidente de la República de Ecuador para mostrar la solidaridad de Izquierda Unida con el pueblo ecuatoriano. Destacan que “en nombre de Izquierda Unida le trasladamos nuestra admiración por el coraje y dignidad que mantuvo frente a los golpistas que, en una acción cobarde, pretendían romper el orden constitucional violentando la soberanía popular.
Estamos seguros de que la determinación del pueblo ecuatoriano y la lealtad de la mayoría de las fuerzas armadas y de seguridad, que han seguido su ejemplo, y servirán para cimentar y consolidar el camino de reformas sociales que el pueblo emprendió libre y soberanamente.
Tenga Ud. la seguridad de que en esas amargas horas vividas no estuvo solo, que desde muchas partes del mundo como Europa, y más concretamente España, millones de personas democráticas, progresistas y como no, las personas de izquierda, seguimos minuto a minuto los acontecimientos esperando un feliz desenlace.
Nuestra reacción fue inmediata. Nos comunicamos con los Señores Embajadores de la República del Ecuador en España, el Sr. Galo Alfredo Chiriboga, y ante la Unión Europea, el Sr. Fernando Yépez. Asimismo, hicimos público nuestro rechazo al intento de golpe de Estado y realizamos un llamamiento a la comunidad internacional, a las instituciones europeas, y al gobierno de España para que condenaran unánimemente este intento criminal de torcer la voluntad soberana de las y los ecuatorianos. Su determinación y dignidad en la defensa de la voluntad popular han sido un ejemplo que, sin duda redundará, no sólo en su país sino en muchas más partes de la Tierra en la defensa de un mundo más justo, más igualitario y en paz”.
El Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo CADTM, dirigido por Eric Toussaint, desde Bruselas, “recuerda que el presidente Rafael Correa es un presidente democrático. Fue elegido dos veces consecutivas (en 2006 y 2010) en elecciones democráticas. Desde el comienzo de su mandato, su gobierno puso en marcha una serie de medidas positivas como: un proceso de reforma política democrática que dotó al país de una nueva constitución en 2008; una reafirmación de la soberanía de Ecuador al poner fin a la presencia del ejército de Estados Unidos en la base de Manta; una auditoría sobre la deuda pública —en la que el CADTM colaboró activamente— que llevó a la suspensión del reembolso de la deuda externa, que a su vez permitió reducir de manera importante el volumen de dicha deuda; un aumento de los gastos sociales; la promoción de la integración latinoamericana; una iniciativa tendiente a proteger el medio ambiente al renunciar a la explotación del petróleo del subsuelo de la Amazonia ecuatoriana, en la reserva del Yasuní; la creación de una televisión y una radio de servicio público en un país donde los medios de información estaban totalmente controlados por las grandes compañías privadas, en particular por los bancos privados. Estos avances fueron posibles gracias a las fuertes movilizaciones populares que se sucedieron en el transcurso de los últimos 15 años”.
Chile, preocupación para el Pueblo Mapuche
Los diputados europeos de los Verdes/EFA, Ulrike Lunacek, Raül Romeva y Oriol Junqueras dieron a conocer su preocupación por la situación de los 32 presos políticos mapuche en Chile en un encuentro con la jefa de la delegación interparlamentaria UE/Chile, la socialista María Muñiz, en Estrasburgo. La huelga de hambre dura desde el pasado 12 de julio. Los presos políticos quieren mostrar con su huelga de hambre los muchos casos en que los derechos humanos de los mapuches han sido lesionados y siguen siéndolo, como es el caso al aplicar la ley contra el terrorismo del tiempo de la dictadura de Pinochet. Esta ley implica el juzgamiento doble frente a la justicia militar y a la justicia civil, la falta de garantías legales para el proceso, igual que la ocupación militar de las comunidades mapuche que viven desde hace tiempo en ese país con derechos territoriales especiales, los cuales son violados a menudo por empresas multinacionales.
Por este motivo, los diputados del Parlamento Europeo exigieron a María Muñiz que el tema de los presos se trate con urgencia en la próxima sesión de la Delegación, de la cual ella es la presidenta. Esta sesión tendrá lugar el 30 de septiembre con la presencia del embajador chileno ante la UE. Además, están planeando presentar una resolución de urgencia en la próxima sesión del Parlamento Europeo, si hasta esa fecha no hay cambios legales en Chile y la huelga de hambre continúa. Exigen que las vulneraciones de los derechos humanos de los mapuches sean discutidas y tomadas en cuenta en las próximas sesiones en que se vaya a evaluar el tratado de cooperación de la UE con Chile. Lunacek, Romeva y Junqueras consiguieron persuadir a la jefa de la delegación de la urgencia del tema. Ella manifestó no sólo comprensión, sino estar dispuesta a actuar de acuerdo a sus propuestas”.
Una declaración firmada por Isabelle DURANT, Bélgica, Vice-Presidenta del Parlamento Europeo, Rebecca HARMS, Alemania, Co-Presidenta del Grupo de los Verdes, Heidi HAUTALA, Finlandia, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y otros parlamentarios denuncia que “el territorio del pueblo Mapuche, que con más de 600.000 personas constituye el mayor grupo indígena en Chile, está ubicado en las regiones VIII, IX y X del sur de Chile. Como producto de una larga historia de marginación, exclusión y discriminación, los Mapuches viven en una situación de alta conflictividad social. Más aún, se aplica a ellos la llamada Ley Antiterrorista y de Seguridad Interior del Estado, heredada de la época de la dictadura y que les confronta a la vez con procesos ante tribunales civiles y tribunales militares, imponiéndoles dobles penas.
Comprendemos la actual huelga de hambre como un grito desesperado para llamar la atención a una situación intolerable y contraria a las Convenciones Internacionales en materia de derechos humanos. Compartimos la opinión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, según la cual no se pueden juzgar como terroristas a personas que han participado en la protesta social. (18.5.2007)
En este contexto, en los últimos días hemos podido seguir con mucho interés y simpatía las noticias sobre una iniciativa de algunos congresistas y representantes del actual Gobierno de Chile de iniciar una reforma de la justicia militar y de las leyes antiterroristas en vísperas del bicentenario.
Por lo tanto pedimos al Gobierno de Chile que, en este espíritu, se comprometa con todos sus esfuerzos a encontrar una solución inmediata humanitaria a la situación sumamente crítica de los presos políticos Mapuches en huelga de hambre, como también una solución satisfactoria y a largo plazo a la situación social, económica, cultural y judicial de los pueblos Mapuche. Esto implicaría:
– Aplicar en espíritu y letra el contenido del Convenio N° 169 de la OIT, suscrito por la República de Chile;
– Conformar una mesa de diálogo para escuchar las demandas del pueblo Mapuche y consensuar soluciones duraderas, en particular relacionadas a su reconocimiento constitucional, su derecho a la tierra y a la consulta previa e informada en casos de actividades previstos en su territorio;
– Desmilitarizar las regiones donde viven los Mapuches, no criminalizar las comunidades Mapuches y abstenerse de medias represivas, incluido para las personas encarceladas, como el aislamiento, dispersión y la relegación de presos Mapuches a centros de detención difícilmente accesibles para familiares y abogados;
– Garantizar el acceso de los Mapuches a la justicia ordinaria con todas las garantías procesales;
– No aplicar el sistema de los dobles juicios simultáneos ante tribunales civiles y militares, y por lo tanto no aplicar la llamada Ley Antiterrorista a los Mapuches detenidos en actos de protesta social; y reformar a fondo el Código de Justicia Militar.
Los órganos concernidos de las Naciones Unidas han emitido múltiples recomendaciones para que se reconozcan plenamente los derechos de los pueblos originarios. El Acuerdo de Asociación que vinculan la Unión Europea y Chile y que se basa en una cláusula democrática y de derechos humanos tanto como señales de algunos representantes de Su Gobierno nos inspira la confianza que las justas demandas del pueblo Mapuche encontrarán una respuesta en pleno acuerdo con dichas recomendaciones, muy en particular en estas fechas, a pocos días de las festividades del Bicentenario”.
La Coordinación Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores – CONNATs Paraguay exige al Estado Chileno que deponga su actitud represiva (policial y militar) y de persecución al pueblo y las reivindicaciones Mapuche. Que les devuelva sus tierras, que los dirigentes queden en Libertad. Que ningún niño, niña o adolescente Mapuche quede encarcelada por ningún motivo político. A Comunidad Nacional e Internacional y las Organizaciones Sociales exige que nos solidaricemos con el Pueblo y las reivindicaciones del Pueblo Mapuche repudiando y rechazando la actitud del Gobierno Chileno y exigiendo el cumplimiento de las reivindicaciones Mapuche. Sigamos construyendo una sociedad más justa, queremos y peleamos porqué ningún niño, niña, adolescentes o persona adulta en cualquier parte del mundo, sea perseguido y violentado en sus Derechos”.
Lucha antimafia en Argentina
Libera es una agrupación de 1500 organizaciones de diferente tipo (sindicales, vecinales, sociales, religiosas) que desde hace más de 15 años combaten a la mafia italiana de diferentes maneras algunas de ellas con las leyes que han impulsado (la más destacada es la confiscación de los bienes de la mafia que pasan a bienes sociales como cooperativas de trabajo), la asistencias a las víctimas de los asesinados por los mafiosos, movilizaciones callejeras multitudinarias y la recolección de firmas entre la sociedad civil. Una delegación de Libera visitó hace poco Argentina y en particular la ciudad de La Alameda; la comisión fue encabezada por el padre católico Antonio Dell’Olio, y le siguieron las jóvenes Viviana Matrangola, familiar de una víctima de la mafia, y Valentina Giorda de Libera Internacional, además Jorge Ithuburu, argentino exiliado que preside allá la Asociación 24 de marzo, y Elsa la abogada de las víctimas de la mafia. Los italianos antimafia fueron acompañados por Graciela Palacio De Lois de la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad e integrante del organismo de derechos humanos Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Tanto el padre Tonio como el resto de la comitiva de Libera hablaron con víctimas de trata para los talleres que trabajan en el cooperativa de la Alameda, con delegados de fábricas de importantes marcas (como Ezequiel Conde de Soho) conocieron de cerca la experiencia de las cooperativas cartoneras como El Álamo y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y a Nancy Miño, la mujer policía que denunció a los jefes de la Policía Federal por corrupción con el proxenetismo.
En la Legislatura se realizó el seminario que encabezó Libera para unir a las Madres del Paco, los cartoneros, y la Alameda en una red de América Latina antimafia que se llama Alas. Las organizaciones sociales estuvimos dando su postura sobre las mafias delante de la defensora del Pueblo Alicia Pierini, funcionarios, legisladores y jueces. Resaltó en el seminario la presencia de Dario Caputo, el Vicedirector de la Agencia Nacional de Bienes Confiscados al Crimen Organizado que es la encargada por la justicia de entregar y monitorear aquellos. Gustavo Vera, presidente de la Fundación Alameda destacó que “el crimen organizado en Argentina viene del Estado mismo y cruza transversalmente a la mayoría de los partidos políticos. Medio millón de niños trabajando. Otro medio millón de esclavizados en los talleres y prostíbulos sin hablar de los relacionados al narcotráfico. Muchos de estos mafiosos no ‘encuadran’ y con la prepotencia del trabajo a menudo jaqueamos a las mafias desde todos sus costados. Sin plata, ni
aparato damos clase acerca de cómo desenmascarar ladris. La Alameda es una pequeña historia barrial de ideas y valores que lo impulsa una inmensa voluntad de cambio”.
A través de la Defensoría del Pueblo que conduce Alicia Pierini, y por intermedio de Graciela Palacio de Lois, funcionaria del organismo que viajó a Italia, Libera se contactó con la situación de la Argentina respecto al crimen organizado, por vía de organizaciones que se le oponen, como la fundación La Alameda, que agrupa militantes sociales, abogados y ex funcionarios. La relación de los italianos antimafia con la Argentina tuvo su primera iniciativa a principios de los noventa. Angela Boitano, la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, contó que “ante la imposibilidad de juzgar a los genocidas, como Emilio Massera, por las leyes y los indultos, recurrieron al artículo 8 del Código Penal italiano, que persigue a los asesinos de italianos en cualquier parte del mundo”. Boitano, que vivió exiliada cinco años en Italia, agregó que “el juez Falcone iba a visitar nuestro país para tomar denuncias y entrevistarse con funcionarios. No fue posible porque dos semanas antes de llegar lo volaron en la autopista a él, su mujer y sus custodios. Falcone fue el único juez que nos ayudó. Sentimos mucho su muerte”. En ese punto, los aplausos interrumpieron sus palabras cargadas de emoción, evitando que Boitano, una mujer mayor, rompiera en llantos. Legisladores, diputados nacionales, jueces y el secretario de Justicia Nacional, Héctor Masquelet, pasaron por el seminario. Para Masquelet “no existe la mafia aquí. No tenemos la lógica de organizaciones mafiosas territoriales. Hay organizaciones pequeñas que actúan en redes pero no con una cabeza vertical”. Para el abogado Mario Ganora, quien presentó y cerró el seminario, “existe una guardia blanca de tipo mafiosa que actúa contra la confiscación de maquinarias ordenadas por la justicia en talleres textiles esclavos. Al jefe de la Policía Federal (Néstor Valleca) le dije personalmente quién es este señor. Hoy sigue libre pese a que luego montó un ataque contra Hebe de Bonafini y otra vez interceptó un proceso judicial en un taller de Villa Celina”. Ganora, un abogado penalista de prestigio internacional por haber confeccionado un manual sobre trabajo forzoso en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aseguró que “policías y funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones fueron denunciados. En esa causa no hubo ningún avance. Estos son hechos que favorecen al crimen organizado.” relata Noticias Urbanas (http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=71cf84f01b10b47da0a66bb6fb3f4a1a ).
La lucha por la justicia desde el Plan Cóndor hasta hoy
Martín Almada fue el descubridor de los archivos secretos del Plan Cóndor, principal instrumento de persecución y muerte que usaron los dictadores militares en el Cono Sur (Argentina, Chile y Paraguay) para amedrentar a los intelectuales de la época. Fue entrevistado por el Diario El Telégrafo el 28 de septiembre del 2010, de visita a Quito. “En el Cóndor 1 había varias cabezas visibles: Henry Kissinger, Secretario de Estado norteamericano, en Washington; Augusto Pinochet, en Chile; Videla, en Argentina; Banser, en Bolivia. El trabajo era limpiar el ejército, la sociedad civil comunista y eso dejó más de 100.000 víctimas. Esas víctimas del Cóndor 1 fueron dirigentes de la clase obrera, artistas, estudiantes, religiosos, dirigentes campesinos. La clase pensante se pintó de sangre, se tronchó un proceso en donde la clase intelectual fue eliminada. El Cóndor 2, en cambio, se dirige desde los EE.UU. a través de la Conferencia de Ejército Americano. El objetivo es el mismo, es decir, mantener el pensam
iento único. El objetivo es de explotación, no quieren que sigamos creciendo. EE.UU. sigue creando terroristas. Obama duplicó el presupuesto militar para el control. Yo me enteré del Cóndor 2 porque encontré un documento secreto militar, en donde un coronel de Paraguay le escribió a un coronel ecuatoriano, en 1997, y le dijo: “aquí le mando la lista de los subversivos paraguayos para que usted haga la lista de los de América Latina”. Es decir, que no es algo que ya pasó; el proceso continúa. Salvo el documento que se halló en 1997, a Ecuador jamás se le vinculó con el Plan Cóndor; pero la CIA, en Washington, sí. Cada tiempo, esta entidad libera piezas documentales. Allí me enteré que Ecuador fue el último país que integró el Plan Cóndor”.
El Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS está acompañando la movilización por la democracia de los pueblos de Latinoamérica, en particular sobre la lucha a favor de la justicia transnacional (http://www.choike.org/nuevo/informes/3137.html ), en contra de la explotación económica (http://www.cadtm.org/VI-Cumbre-UE-ALC-propuestas-para).

Cristiano Morsolin, operador de redes internacionales. Co-fundador del Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS. Trabaja en Latinoamérica desde 2001.

Venezuela después de las elecciones

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lunes 4 de octubre de 2010

 SERPAL


Partidarios y opositores del presidente Chávez han valorado los resultados de las elecciones parlamentarias como triunfo propio y derrota del adversario. Ambos tienen parte de razón, pero ninguno de ellos puede corroborar al ciento por ciento esa afirmación. Vamos por partes.

En primer lugar, los comicios realizados el domingo no han tenido objeciones de ningún tipo. Ni la oposición ni los observadores internacionales han cuestionado la transparencia y el rigor de los sistemas informáticos que fueron utilizados. Como dijo un observador chileno, “ya querrían otros países -incluyendo algunos europeos- realizar unos comicios con este nivel de participación y con esta organización electoral.” Lo cierto es que casi el 70 por ciento de la población concurrió a votar, en un país donde el sufragio no es obligatorio. Es cierto que la participación de una oposición a Chávez unificada en la sigla Mesa de Unidad Democrática, fue un aliciente para implicarse en la confrontación electoral. La polarización fue muy alta, y los resultados variaron radicalmente según las regiones. Hay estados donde la oposición ganó por amplia mayoría, y otros donde se impuso claramente el Partido Socialista Unido de Venezuela, la coalición que respalda al gobierno bolivariano. A falta de una confirmación oficial, los parlamentarios “chavistas” ganaron en 18 de los 24 estados del país, logrando una cómoda mayoría simple. Obtuvieron 98 diputados en la Asamblea Nacional, mientras que la oposición unida obtuvo 65.
La vigente Ley de Procesos Electorales de Venezuela, establece un sistema mixto para la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional: uno de personalización del sufragio para los cargos nominales (se vota una persona con nombre y apellido) y otro de representación proporcional para los cargos de lista (lista cerrada). Se eligen 110 cargos nominales, 51 por lista y 3 diputaciones indígenas. En número de votos, el PSUV obtuvo en cifras totales una ventaja de 100.000 votos sobre la Mesa de Unidad Democrática, pero la distribución de los circuitos electorales por dimensión territorial y número de habitantes, y la elección nominal y por lista determinó la ventaja amplia de representantes del movimiento bolivariano que encabeza el presidente Chávez. Según las cifras oficiales presentadas por el Consejo Nacional Electoral el PSUV obtuvo 5.422.000 votos, mientras que la alianza opositora sumó 5.320.175.
“Que sigan ganando así”
La prensa -que en su gran mayoría responde a intereses de fuertes grupos económicos opositores al gobierno – proclamaron en sus titulares el “fracaso” electoral de Cháves, por no haber alcanzado el proclamado objetivo de mantener una mayoría absoluta: 110 de los 165 diputados. El presidente, que demoró varias horas sus primeras declaraciones post electorales, calificó los resultados como “una sólida victoria”. Luego, como es habitual, apeló a su estilo socarrón para desmerecer los 65 diputados obtenidos por la oposición al afirmar irónicamente: “que sigan ganando de esta forma”. En realidad, pocos mandatarios hay en A. Latina y en el mundo que puedan mostrar una ratificación casi anual en las urnas. Chávez ha ganado sus primeras elecciones en diciembre de 1998, y desde entonces ha sido refrendado en varias oportunidades, en algunos casos superando el caudal de votos obtenido inicialmente. Logró que se aprobara una constitución que implica profundas reformas políticas y sociales, mejorando las condiciones de vida y las posibilidades de amplios sectores de población urbana y rural. Se han implementado significativos avances en materia educativa y sanitaria. En las elecciones del 2005 los principales grupos opositores convocaron a no votar, con la expectativa de “aislar” a Chávez y ratificar sus calificativos de “dictadura” contra el actual gobierno venezolano. Fue un error, porque las elecciones fueron limpias, reconocidas internacionalmente y el Movimiento Quinta República (antecesor del Partido Socialista Unido de Venezuela) obtuvo entonces 114 diputados, y el resto se lo repartieron distintas agrupaciones menores, algunas de ellas aliadas o muy próximas a Chávez. Eso le permitió gobernar y legislar sin dificultades. Ahora la nueva correlación de fuerzas en el parlamento, impedirá una aprobación automática de leyes fundamentales (llamadas “orgánicas”) así como la designación de magistrados del Tribunal Supremo, autoridades electorales, fiscal y contralor. Para ello el presidente necesitaba el consenso de al menos 110 diputados. Pero de todas formas, mantiene una holgada mayoría simple. El recambio en el Parlamento se producirá recién en enero, por lo cual Chávez puede -además – aprovechar los próximos tres meses para sancionar aquellas herramientas legislativas que le resulten indispensables para desarrollar aspectos fundamentales de su programa. Más tarde, la oposición con sus 65 diputados tampoco tendrá fuerza real para deshacer esa estructura legal.
Desmerece, que algo queda.
Miembros de la oposición, pero más aún la prensa y los sectores políticos y empresariales desplazados por el gobierno bolivariano, han querido desmercer la mayoría parlamentaria de Chávez afirmando que es producto de un diseño “a su medida” del sistema electoral. En realidad, ese sistema que describimos más arriba, combina dos formas utilizadas en todos los países del mundo. Y su aplicación da diferentes resultados. Por caso el estado de Zulia. En esa región del noreste venezolano, gobernada por la oposición, se eligieron 15 diputados, 12 por el sistema de lista y 3 nominales. Y la distribución adjudicada fue de 10 para la coalición opositora, y 2 para el Partido Socialista Unificado en los de lista, y de 2 para el PSUV y 1 para la oposición en los nominales. En votos, la relación fue de 54,8% para la oposición y 44,44% para el oficialismo.
Sin embargo, la oposición se adjudicó 12 de los 15 escaños en disputa. En el el municipio Libertador, de Caracas-capital, se elegían 7 nominales y 3 por lista. Seis de los siete candidatos del PSUV se alzaron con la victoria, y uno solo de los candidatos opositores postulados con nombre y apellido alcanzó los votos necesarios para un escaño. No obstante, la oposición en ese municipio obtuvo 800 votos más que el PSUV sobre aproximadamente un millón de votantes. Pero esa pequeña diferencia (de siete décimas porcentuales) le permitió a la oposición obtener 2 de los 3 cargos por lista, cuya adjudicación, a diferencia del voto nominal, sí depende de la proporcionalidad. Valgan estos dos ejemplos, a pesar de su complejidad, para desmontar la campaña esgrimida por los sectores internos y externos mas recalcitrantes en su empeño de “tumbar” a Chávez sea como sea.
La precaria unidad de la oposición
En realidad, la trascendencia de estos comicios no reside tanto en como queda ahora el parlamento, sino que perspectivas pueden esperarse con vistas a la elección presidencial del 2012 en la que Chávez constitucionalmente puede aspirar a un nuevo período. En tal sentido, hay que tener en cuenta que la denominada Mesa de Unidad Democrática, fue un acuerdo coyuntural, difícil y alcanzado “in-extremis” por fuerzas políticas ideológicamente muy distantes entre sí con el único objetivo inmediato de quitar espacio a Chávez. Pero resulta muy difícil imaginar que puedan coincidir en un programa de gobierno. El MUD es ahora un saco donde conviven partidos derechistas, corrientes que se autodefinen de izquierda, grupos de centro, disidentes del chavismo y residuos de los partidos tradicionales, la democracia cristiana (COPEI) y los socialdemócratas (AD). El pegamento que les une es su rechazo -en algunos casos radical – al gobierno de Chávez.

Habrá que ver si en los dos años que restan hasta las presidenciales, los opositores son capaces de articular una coalición que pueda consensuar un programa, y donde sus miembros puedan coincidir en un candidato común. Mientras tanto, el movimiento bolivariano que lidera Chávez tendrá que intentar ampliar su base social y revisar y corregir fallos que muchas veces le señalan sus propios militantes y partidarios. Las políticas excluyentes no parecen el mejor camino para evitar que su posible reelección se convierta en un referéndum donde a sus detractores solo les sea necesario expresar su oposición a Chávez. Eso les resultaría mucho más fácil que mostrar un ideario común o un proyecto serio y viable de país mejor para todos.

Algo más que un golpe a las FARC

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lunes 4 de octubre de 2010

Jorge Altamira (especial para ARGENPRESS.info)


La muerte del jefe guerrillero ‘Mono’ Jojoy no fue el resultado de una acción de combate sino de una operación de inteligencia. Es lo que, por otra parte, viene ocurriendo desde antes incluso de la ejecución del líder guerrillero, Raúl Reyes, en territorio ecuatoriano. La versión de que le habrían instalado un GPS en las botas refleja también un grado importante de infiltración.

Nada de esto sería posible sin la acción del Comando Sur del Pentágono y de la extensión de la red de espionaje electrónico de Estados Unidos y de la IV flota, que fue revitalizada para realizar este tipo de patrullaje en Suramérica. Existe una clara complicidad de parte de los gobiernos latinoamericanas, que lejos de denunciar esta infracción a las soberanías nacionales, participan de maniobras conjuntas con el ejército norteamericano. En el caso de Ecuador, hay pronunciamientos oficiales que testimonian la colaboración del gobierno de Correa con el combate contra la guerrilla. Correa ha recibido, a cambio, una apertura del crédito norteamericano a Ecuador.
La propaganda oficial presenta a esta última ejecución de un jefe de las FARC como otro paso en la pacificación de Colombia; así parece interpretarlo también una mayoría de la población, que es bombardeada en forma sistemática por la versión interesada de los medios de comunicación. Todo indica, sin embargo, que las consecuencias serían un agravamiento de la violencia social en el campo. La contrainsurgencia colombiana esta vinculada al paramilitarismo, principalmente al que se encuentra asociado a la expulsión de campesinos, el desplazamiento de millones de personas y el acaparamiento de tierras por viejos y nuevos latifundistas. El gobierno ha anunciado, incluso, un plan de redistribución de tierras que retornaría a los campesinos las que les fueron usurpadas por paramilitares. Este planteo sería el principal motivo de fricción entre Santos y el ex presidente Uribe – que ha hecho de su estado natal, Antioquia, un gran latifundio paramilitar. Esto demuestra, sin embargo, la agudeza del conflicto agrario, aunque nada asegure que ese plan de redistribución será efectivo para desarmar la resistencia de los usurpadores. La guerra oficial contra las FARC está vinculada en forma directa a la expropiación de trabajadores agrarios y a la consolidación de grandes haciendas capitalistas.
Además de atizar el conflicto agrario, los éxitos del gobierno contra la guerrilla fomentan el asesinato de sindicalistas y luchadores en las ciudades – que son eliminados muchas veces con acusaciones falsas de relación con la guerrilla. El despojo de sus condiciones de parlamentaria a la conocida mediadora en el canje de prisioneros, la senadora Piedad Córdoba, es una muestra de que la ofensiva contra las FARC forma parte de un plan general contra la seguridad personal de los opositores al gobierno. Los vínculos del partido de Uribe-Santos con los paramilitares han sido probados en sede judicial.

En lugar de caracterizar lo ocurrido como una acentuación de la violencia estatal (lo mismo ocurre en Honduras), la mayor parte de los gobiernos y de la propia OEA han enviado saludos de felicitación al gobierno de Santos – sin mosquearse por el aspecto macabro de congratularse con la muerte de alguien que consagró su vida a una lucha determinada, y que en muchas ocasiones fue interlocutor en las negociaciones con diferentes gobiernos e incluso con la directiva de la Bolsa de Nueva York. La autonomía que habría conquistado América Latina, según diversos charlatanes de moda, como una consecuencia de la “declinación del Imperio”, es una soberana impostura. Más allá de nuestras completas diferencias políticas con las FARC, que no son una expresión del marxismo sino del nacionalismo pequeño burgués y de un militarismo a ultranza, denunciamos que la ejecución de sus dirigentes forman parte de un plan que tiene por dirección al imperialismo, que promete mayor violencia política contra los luchadores y busca una reversión del ascenso de los movimientos populares en América Latina.

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