sábado 16 de octubre de 2010

Discutir si en los acontecimientos del “30-S” hubo “golpe” o “secuestro” es una trampa: transforma los hechos históricos en abstracto debate jurídico y produce una típica negación de las evidencias.

Juan J. Paz y Miño Cepeda / El Telégrafo (Ecuador)

Desde que en 1979 se inició la fase constitucional más larga en la historia del Ecuador, el presidente León Febres-Cordero fue el primero en afrontar una insurrección de los comandos de Taura (1987) liderados por el general Frank Vargas. Los captores exigieron que el Presidente firmara un documento para atender sus demandas y comprometerse a no juzgarlos. “¿Dónde más tengo que firmar?”, preguntó Febres-Cordero. Concluidos los acontecimientos, los comandos fueron apresados, torturados y dados de baja.
Una década más tarde la inestabilidad estalló. El 6 de febrero de 1997 fue derrocado Abdalá Bucaram y en el Congreso se rebuscó la causal de “incapacidad mental”, para legitimar los hechos. El 21 de enero de 2000 se formó un efímero triunvirato con el general Carlos Mendoza, el líder indio Antonio Vargas y el político Carlos Solórzano. Pero a la mañana siguiente asumió la Presidencia Gustavo Noboa, en tanto el Congreso justificaba la salida de Jamil Mahuad por “abandono del cargo”. Y el 20 de abril de 2005 cayó Lucio Gutiérrez. El Congreso también justificó en el “abandono del cargo” la sucesión del vicepresidente Alfredo Palacio.
En 1987 hubo cierta movilización social en respaldo del “taurazo”. Pero los derrocamientos de Bucaram, Mahuad y Gutiérrez tuvieron por base crecientes procesos de rebelión nacional-popular. Los “golpes de Estado” vinieron de la clase política, que aprovechó de la legítima rebelión social. Así, en la caída de Bucaram, las componendas políticas resolvieron que Rosalía Arteaga, la vicepresidenta, se encargue del poder un fin de semana hasta cuando el Congreso decidió la sucesión “constitucional” a favor del habilísimo Fabián Alarcón. Al claro “golpe de Estado” contra Mahuad, siguió el “contragolpe” de la cúpula de las Fuerzas Armadas, la autoproclamación de Noboa y solo horas más tarde la “legitimación” de lo actuado por el Congreso. Y al retiro del respaldo institucional de las FF.AA. para Gutiérrez, siguió la actuación del Congreso.
El 30 de septiembre de 2010 no hubo una rebelión nacional-popular. El innegable descontento de la tropa policial condujo a un acto de insubordinación. En todo el país se experimentaron los riesgos para la democracia y para la vida del presidente Rafael Correa, quien no cedió, preservando así la dignidad del Ejecutivo y del país. La insurrección despertó una amplia movilización social en su contra y el repudio nacional e internacional.
Discutir si en los acontecimientos del “30-S” hubo “golpe” o “secuestro” es una trampa: transforma los hechos históricos en abstracto debate jurídico y produce una típica negación de las evidencias. Al paso que va la ceguera de la oposición, aquí no ha pasado nada, todos son inocentes, hubo protestas legítimas, nadie quiso tomarse el poder y solo Correa es el “culpable”.
Ni siquiera se admite que cada ecuatoriano estuvo en riesgo con una Policía ausente, que permanecieron cautivas e impedidas de funcionar las instituciones del Estado, que la democracia fue burlada y que la dignidad nacional fue avergonzada. Es decir, delitos mayores que los discutidos, o sea, de carácter preterintencional.