GEO 5, América Latina

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sábado 16 de octubre de 2010

El proceso GEO, del PNUMA, deberá trascender la tendencia usual a limitar los temas de la gobernabilidad a lo institucional y lo normativo, para asociarla a la gestión política de los conflictos ambientales que tienden a incrementar su número, frecuencia y complejidad en la región.

Guillermo Castro H. / Especial para CON NUESTRA AMÉRICA
Desde Ciudad de Panamá

El 6 y 7 de septiembre de 2010 tuvo lugar en Panamá un encuentro de funcionarios y expertos de alto nivel en materia ambiental, convocado por la Oficina para América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con el fin de iniciar la elaboración del Capítulo correspondiente a nuestra región en el Quinto Informe sobre el Estado del Ambiente en el planeta (GEO 5).

El encuentro, como era de esperar, expresó las transformaciones en curso en nuestra cultura ambiental. Así, concitó especial interés la necesidad de trascender la tradicional identificación de temas y desafíos fundamentales, para explorar las relaciones que los vinculan entre sí. Tal, por ejemplo, fue el caso del vínculo entre los cambios de orden social, tecnológico y político necesarios para encarar los desafíos relacionados con el deterioro del agua y de la biodiversidad de los ecosistemas que la proveen, en el marco del esfuerzo global de mitigación de los efectos del cambio climático mediante procesos glocales de adaptación a las consecuencias del mismo.
Identificar estos vínculos entre el cambio social que haga viable el cambio ambiental es una condición indispensable para crear las condiciones de gobernabilidad necesarias transformar las relaciones entre nuestra especie y la biosfera, que hoy alcanzan una complejidad sin precedentes en la historia de la Humanidad. Eso permitirá comprender mucho mejor los desafíos que plantea la gestión integrada del conocimiento para la gestión integrada de nuestras relaciones con la biosfera. Aquí, por ejemplo, ya es evidente la necesidad de culminar la ruptura con la noción antes dominante de la ecología como ingeniería de ecosistemas, para transitar hacia un pensamiento capaz de asumir de manera productiva la interdependencia universal de los fenómenos que dan lugar a la crisis que enfrentamos.
En la discusión sobre las seis prioridades identificadas para la región – el agua, la biodiversidad, los suelos, los mares, el cambio climático y la gobernabilidad ambiental – resultó evidente la necesidad de ir de lo sencillo a lo complejo, a través de las relaciones existentes entre los problemas. Así, por ejemplo, cabe entender el cambio climático como un proceso natural que puede ser agravado o mitigado por la calidad de las interacciones entre sistemas sociales y sistemas naturales, cuya expresión es la calidad ambiental. Y, en esta misma perspectiva, cupo entender a la gobernabilidad ambiental como la gestión de los sistemas sociales para la interacción con los sistemas naturales, en cuanto que – siendo el ambiente la expresión de la calidad de las interacciones entre sistemas sociales y sistemas naturales -, si deseamos un ambiente distinto debemos contribuir a la creación de sociedades diferentes.
En suma, el proceso de formación y formulación de GEO 5 deberá atender a las relaciones entre hechos de naturaleza distinta pero interdependiente, en un momento histórico en que el proceso natural del cambio climático acentúa la crisis social de gobernabilidad ambiental. En la América Latina y el Caribe, esto se expresa en una circunstancia caracterizada por un incremento de conflictos ambientales asociados a:
– La tendencia a la transformación masiva de la naturaleza en capital natural, en particular mediante megaproyectos de infraestructura hidráulica, energética y de comunicaciones y transporte.
– La renovación, a una escala tecnológica superior, de la tradición de explotación extensiva de ventajas comparativas, antes que el fomento y explotación intensiva de nuevas ventajas competitivas – asociadas por ejemplo a la promoción de una economía verde.
– Una urbanización desordenada, asociada a demandas sociales masivas de condiciones básicas de vida (agua, saneamiento, descontaminación), que genera una huella ecológica de alcance y complejidad crecientes.
Esta nueva circunstancia permite trascender el conflicto tradicional entre conservación y desarrollo, para concentrarse en cambio en el despilfarro inherente a la explotación extensiva de ventajas comparativas. De este modo, una perspectiva de conservación para el desarrollo sostenible puede expresarse ya en objetivos como los de promover el aprovechamiento sostenible de nuevas ventajas competitivas; fomentar el capital natural mediante el fomento del capital social, y facilitar el desarrollo de nuevas modalidades de organización de los sistemas sociales para estimular formas de interacción de las sociedades con los sistemas naturales que sean innovadoras por lo sostenibles que lleguen a ser.
Lo anterior se relaciona, además, con la necesidad de preservar la credibilidad científica del proceso GEO para garantizar la autoridad política de GEO 5. En efecto, la discusión científica en América Latina tiende cada vez más a incorporar un enfoque sistémico, inspirado en autores como Ilyá Prigogine e Immanuel Wallerstein. Este enfoque contrasta con la tendencia usual en los organismos internacionales a definir los campos de conocimiento por las diferencias antes que por las relaciones entre sus objetos de estudio, lo cual quizás ayude a entender que aún no tengan presencia relevante en el proceso GEO campos emergentes como la ecología política, la economía ecológica y la historia ambiental.
Todo ello crea el riesgo de una influencia decreciente de GEO en el medio académico, que en la región tiene más influencia en materia de políticas de lo que parece a primera vista. Y a esto se agrega, además, que la capacidad de GEO 5 para influir en los procesos regionales y nacionales de formación, formulación y legitimación de políticas ambientales debe ser garantizada en una situación caracterizada por procesos como:
– la incorporación de lo ambiental a la esfera de acción de movimientos sociales de base muy amplia, caracterizados por un intenso cuestionamiento de la institucionalidad generada por el sistema internacional a lo largo de las últimas décadas.
– el agotamiento de las formas de pensamiento, las estructuras y los procedimientos de gestión estatal que caracterizaron al Estado liberal desarrollista en la segunda mitad del siglo XX.
– la consolidación de un neo extractivismo económico como política de Estado asociada a la demanda sostenida de alimentos y materias primas por parte de economías emergentes como las de la región Asia Pacífico.
– la resistencia, en un marco de crisis e incertidumbre, de crecientes sectores empresariales a la internalización de sus costos ambientales.
Hoy, el proceso GEO encara el desafío de garantizar su pertinencia para los nuevos y viejos actores de la política ambiental de la región, para incidir a través de ellos en la política regional. Por lo mismo, deberá trascender la tendencia usual a limitar los temas de la gobernabilidad a lo institucional y lo normativo, para asociarla a la gestión política de los conflictos ambientales que tienden a incrementar su número, frecuencia y complejidad en la región.

 

Una conclusión en curso

GEO, como se ha dicho, es un proceso, y no un mero ejercicio de producción periódica de informes especializados. Una parte especialmente relevante de ese proceso consiste en la formación de una intelectualidad global, capaz de encarar las preocupaciones que inspira el deterioro de la biósfera en términos que permitan generar las iniciativas necesarias para encararlas, en la perspectiva de las aspiraciones a un desarrollo humano sostenible que comparte la comunidad internacional.
La atención a los elementos antes indicados, y en particular a la necesidad de preservar la credibilidad científica del proceso GEO para preservar la autoridad política de GEO 5, encontrará sin duda una cálida acogida en la intelectualidad de la región. No puede ser de otra manera, si consideramos que el pensamiento científico de los latinoamericanos sobre la dimensión ambiental del desarrollo encontró ya en 1980 una primera expresión de gran riqueza y complejidad en la antología Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente en América Latina, editada por Osvaldo Sunkel y Nicolo Gligo, y publicada conjuntamente por el Fondo de Cultura Económica y la CEPAL.
De entonces acá, el ambientalismo latinoamericano ha generado valiosos aportes tanto desde las ciencias naturales y las Humanidades, como en la formación y desarrollo de nuevos campos del saber como la ecología política, la economía ecológica y la historia ambiental. Desde esas raíces, y en un momento en que el ambientalismo se ha incorporado de lleno a la vida cultural y política de todas nuestras sociedades, los latinoamericanos podremos sin duda hacer, una vez más, un aporte de gran valor al proceso GEO.

Chile y los pobres de la tierra

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sábado 16 de octubre de 2010

Los treinta y tres mineros de Atacama están a salvo, pero las condiciones estructurales que lanzan a la precariedad laboral a hombres y mujeres chilenas, permanecen intactas.

Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica
“El afortunado
hace vista gorda
y el vilipendiado
carne de la horda”
Silvio Rodríguez
(Carta a Violeta Parra)

Y de pronto, el mundo descubrió a los mineros chilenos: fue necesario un accidente absolutamente previsible -con riesgo de muerte para 33 personas- y un rescate de antología, para que la “opinión pública” se percatara de los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores por la explotación capitalista en las minas, las precarias condiciones de vida de quienes dependen de esta actividad económica, y la corrupción y negligencia de burócratas de agencias estatales y empresas privadas involucrados en el negocio minero.
Víctimas de las masacres perpetradas por la oligarquía -más de una vez- a lo largo de la historia de Chile, ahora los obreros de la mina San José han sido declarados héroes del bicentenario por el gobierno de Sebastián Piñera. Y, además, ofrecidos por la industria del entretenimiento y la comunicación como espectáculo para el consumo global: la operación de rescate, transmitida en directo a todo el mundo por la televisión, fue presenciada por más personas que la final del campeonato mundial de fútbol de Sudáfrica.
Sin duda, es justa la euforia y la alegría por el triunfo del ingenio y la resistencia humana, por la victoria de la vida sobre la muerte. Especialmente para los familiares y compañeros de los mineros. Pero no se puede obviar que hasta antes del accidente muy pocas personas, políticos y medios de comunicación se interesaban por las condiciones en que sobrevivían –o “mal vivían”- los trabajadores en el desierto de Atacama: su pobreza, su cotidiano drama personal y familiar. Hoy se sabe que sólo en la última década han muerto 373 mineros chilenos en accidentes laborales[1].
Por eso, quien lea con detalle los perfiles biográficos de los obreros rescatados de la mina San José, encontrará una metáfora del Chile contemporáneo, de sus paradojas, sus violentas exclusiones y la persistente desigualdad: allí se mezclaron los hijos de sobrevivientes de la dictadura militar de Augusto Pinochet y dirigentes sindicales, con migrantes bolivianos, agricultores y recolectores de frutas; vendedores callejeros, guardias de seguridad, carpinteros y taxistas, con deportistas retirados, mecánicos, jóvenes que abandonaron sus estudios… Todos obligados a internarse en las minas o sufrir hambre y mayores privaciones junto a sus familias.
Cada historia personal de los mineros, primicias por las que los medios de comunicación se lanzaron al desierto, a competir en el mercado de noticias, extrae de las entrañas de los relatos oficiales las profundas contradicciones de una sociedad presentada como “modelo” por los apologetas del neoliberalismo latinoamericano. Pero en la contracara de ese “modelo”, entre sus grietas, emerge una realidad distinta: a pesar de su abundante riqueza mineral y su promocionada apertura al “libre comercio”, el índice de distribución del ingreso por hogar en Chile apenas es similar al de Guatemala y Honduras[2], dos de las naciones más injustas y pobres de Centroamérica.
Y la pobreza, que según la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica aumentó del 13,7% en 2006, al 15,1% en 2009, adquiere aquí características particulares, propias de la “modernización” de una sociedad neoliberal avanzada.
Un artículo de Martín Pascual Arias, publicado recientemente por Le Monde Diplomatique, sostiene que en Chile “a los pobres e indigentes no hay que buscarlos debajo de los puentes y hospederías, allí se encuentra una ínfima minoría. La mayoría de los pobres e indigentes son trabajadores, trabajadoras mayoritariamente, que tienen trabajo precario, inseguro y mal remunerado, o están cesantes por períodos prolongados. (…) El 70% de los pobres tiene empleo, y la mitad de los indigentes también lo tiene, pero el salario que reciben no les alcanza para superar la línea de la pobreza”[3].
Los treinta y tres mineros de Atacama están a salvo, pero las condiciones estructurales que lanzan a la precariedad laboral a hombre y mujeres chilenas, permanecen intactas.
Ese es el rescate mayor que queda pendiente: el de millones de pobres de nuestra América y el mundo, a quienes urge salvar del abismo de la exclusión, del analfabetismo, de las enfermedades, de la desigualdad y la discriminación, de la falta de oportunidades de realización humana, y de un futuro hipotecado a las fuerzas de un sistema económico que sacrifica el medio ambiente en el altar del lucro.
Con ellos y ellas, pobres de la tierra, debemos echar la suerte de este tiempo: con los “explotados y vilipendiados”, “los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia”, de los que nos habla la Segunda Declaración de La Habana. Los protagonistas definitivos de la liberación de nuestros pueblos.

 

NOTAS
[1]En una década, han muerto en Chile en accidentes 373 mineros; 31, el último año”, La Jornada, 16 de octubre de 2010. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2010/10/16/index.php?section=mundo&article=023n1mun
[2] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010). Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe. Pág. 27. Disponible en: http://www.idhalc-actuarsobreelfuturo.org/site/informe.php
[3] Martín Pascual Arias. “El empleo precario produce pobreza en Chile”, Le Monde Diplomatique-Chile, octubre de 2010. Pp. 6-7.

El “reality show” de los mineros.

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sábado 16 de octubre de 2010

La estrategia comunicativa de los acontecimientos en la mina San José fue la de orientar la atención del público hacia dimensiones distantes de aquellas que, en última instancia, son las verdaderas causantes de la situación que ahí se vivió.

 
Rafael Cuevas Molina / Presidente AUNA-Costa Rica
(Ilustración de Allan Mcdonald)
El cobre, la minería que se utiliza para extraerlo y el movimiento obrero vinculado a su explotación son emblemáticos de Chile. Su nacionalización constituyó un símbolo de las transformaciones que impulsó la Unidad Popular. La Ley de la Nacionalización del Cobre promulgada por el Presidente Salvador Allende, en julio de 1971, comportó el clímax de un largo proceso de lucha de los sectores políticos y del pueblo que siempre reivindicaron como una demanda de soberanía recuperar el cobre para los chilenos. Allende llamó a este hecho “lo más importante después de la Independencia de Chile”.
La mina San José, escenario del “rescate de los mineros”, es de rango medio, por lo que no fue nacionalizada en su momento. Desde el mes de julio de este año, el sindicato había denunciado las precarias condiciones de trabajo, y había alertado sobre la inseguridad que privaba en ella, advirtiendo de la posibilidad de que sucediera algo como lo que, a la postre, sucedió.
Las condiciones de trabajo de los mineros chilenos son precarias, y se han visto deterioradas debido a la implementación de las consabidas políticas neoliberales que han regateado salarios y condiciones de trabajo.
Todo esto quedó opacado y pasó a un segundo plano una vez que los medios de comunicación colectiva, especialmente la televisión, asumieran la cobertura de los acontecimientos que se sucedían en la mina San José. La estrategia comunicativa fue la de orientar la atención del público hacia dimensiones distantes de aquellas que, en última instancia, son las verdaderas causantes de la situación que ahí se vivió.
Los televidentes nos enteramos de los gustos gastronómicos, la cantidad de hijos, primos y tíos de cada uno; hasta de los deslices amorosos de alguno, que se transformaron en la comidilla de todos y llevaron a la señora primera dama de la República de Chile a tomar partido por la esposa “de toda la vida”.
Una cobertura a la altura de la revistas Vanidades y Cosmopolitan, es decir, superficial, light, apta para todo público en horario de máxima audiencia.
Los medios de comunicación masiva se han constituido en los más importantes fabricantes de opinión pública. No hay espacio de la realidad que se les escape para llevar harina para su costal, que es el amplio costal de la enajenación al servicio de los intereses más retrogrados.
A la cabeza de estas estrategias comunicativas se encuentran las grandes cadenas de televisión que, cada vez más, se muestran como puntas de lanza del statu quo neoliberal adosado a los intereses de Washington. Hace un par de semanas, se cebaron con las elecciones venezolanas. En ellas, lograron colocar en la agenda electoral, como eje alrededor del cual girara la discusión, el tema de la seguridad ciudadana, problema agudo en ese país que, sin embargo, le convenía a la oposición que saltara a la palestra en un primer lugar.
Así, contando con un reportaje realizado por una televisora española, CNN montó una campaña casi sin precedentes que la convirtió en un protagonista más de las elecciones en ese país.
Algo parecido sucedió con el intento de golpe de estado perpetrado en Ecuador, que fue reducido a reivindicación salarial de la policía salida de cauce, ocultado las ramificaciones que tuvo hacia la oposición al gobierno de Correa.
Aparte de la noticia a la cual se le da seguimiento deformado in situ, se ejecutan otros niveles de la fabricación de esa visión de mundo afín a sus intereses: aprovechando las celebraciones del bicentenario de la independencia colombiana, Discovery Channel prepara un documental que recrea la marcha libertadora de Bolívar hace 200 años en ese país pero, esta vez, con columnas del ejército colombiano que, a lo lejos, son asediadas por fuerzas guerrilleras que, hoy por hoy, aparecen como el enemigo a derrotar para llegar a la libertad.
La televisión como Caballo de Troya.

Un payaso elegido diputado

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jueves 14 de octubre de 2010

Juan Alonso
Uno más en el congreso
Dicen que analfabeto pero gracioso,
sin experiencia en maquinaciones
y quizás recto
Ninguno de sus colegas pudo con su votación:
más de 1,2 millones le dijeron tú
porque te ríes de sus malabarismos doctrinarios
Los honorables lo tendrán frente a sus caras
como una acusación vestida de amarillo con
zapatos enormes
No fue el sol tropical con millones de pobres
o la música mestiza, la selva y el mar
sino la liberación de ponerle una carpa al circo que parlotea
como si en realidad mandara
Sus electores quisieron continuar la payasada
de militares gorilas constitucionalistas
una izquierda que es derecha
magnates ventrílocuos y titiriteros
rebeldes populares que se aficionan al whisky
Fue una bofetada a los ilustres arlequines
que puede errar si el clown se pone serio,
para evitarlo hay que recordarle que ya hubo un rinoceronte electo
de modo que no se pavonee

Día mundial de la Alimentación

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Difusión Cencos México D.F., 16 de octubre de 2010

Boletín de prensa
Observatorio de Política Social y Derechos Humanos

La Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estableció en 1979 el 16 Octubre como el día mundial de la alimentación. Al igual que el resto de las observancias de la ONU, el día de la alimentación tiene el propósito de concientizar a los países sobre el acceso económico, el abasto y la calidad de la alimentación. En este contexto, el Observatorio de Política Social y Derecho Humanos de INCIDE Social A.C. emite las siguientes reflexiones:

• México tiene dos serios problemas en materia de alimentación. El primero, son los obstáculos económicos que tiene la población para acceder en el mercado a los alimentos. El segundo, es la deficiente calidad de la alimentación que se expresa en los altísimos índices de obesidad infantil y adulta.

• En materia de acceso económico, el 14% de los hogares se encuentra en situación de pobreza alimentaria. Es decir, ni destinando todo su ingreso pueden adquirir una canasta básica de alimentos.

• En la realidad, la pobreza derivada de carencias económicas puede ejemplificarse con los siguientes datos: El 40% de los hogares tiene una dieta basada en una muy poca variedad de alimentos, en el 12.5% hubo personas que sintieron hambre pero no comieron y en el 9% los integrantes se quedaron sin comida .

• El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), calcula –conforme a la (Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria, EMSA) que el 8.8% de la población tiene un grado severo de inseguridad alimentaria .

• El país enfrenta una crisis de calidad de la alimentación que requiere intervenciones urgentes. El 30% de las personas de 5 a 11 años tiene sobre peso u obesidad, este porcentaje se eleva a 70% en las personas de 40 a 59 años.

• La ausencia del reconocimiento constitucional del derecho humano a la alimentación es un obstáculo para generar legislación secundaria que otorgue responsabilidades en materia de producción y regulación de la alimentación en el país.

• Hay una ruptura del sistema espontáneo de trasmisión de saberes para la buena alimentación y nutrición a partir de los cambios en la organización de las familias producto de la vida moderna y altamente urbanizada. Esta ruptura nunca ha sido asumida como una nueva necesidad de entrega de conocimientos por parte del sistema educativo. En cambio, los medios de comunicación han ganado terreno en la construcción, sesgada, de los hábitos alimentarios.

• La obesidad y el sobrepeso son una construcción social, económica y cultural que potencia los riesgos desde lo biológico. Siendo así, el Estado puede realizar intervenciones en lo social, económico y cultural que reduzcan la proclividad de las personas a padecer ambos males.

• El Estado tiene la obligación de proteger a las personas de (1) la calidad y la sanidad de los alimentos que pude comprar en el mercado, (2) la veracidad y suficiencia de información que los productores tienen que darle al consumidor cuando compra o consume alimentos en establecimientos comerciales.

El día mundial de la alimentación lleva a pensar en la urgencia que tiene el país de contar con una Política Nacional de Alimentación que recupere el concepto de cadena alimentaria que incluye desde la producción, las importaciones, el acopio, el almacenamiento, la distribución, la industrialización y el consumo de alimentos.

www.observatoriopoliticasocial.org

Contacto:
Sara Eny Curiel Ochoa
Sucoordinadora de Comunicación
Observatorio de Política Social y Derechos Humanos
OF 55908754/ 55797413
CEL 0445537073893

Para la justicia de Obama, masacrar a 16 presos políticos no es motivo de expulsión

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viernes 15 de octubre de 2010

Jean-Guy Allard

Masacrar a 16 presos políticos no es motivo suficiente para extraditar con urgencia a su país de origen que lo reclama el autor de tan horroroso crimen. Ocho meses después de su arresto en Miami donde prosperaba vendiendo sus servicios al Pentágono, el teniente de navío argentino Roberto Guillermo “El Ñato“ Bravo, sigue libre bajo fianza esperando la decisión de un juez conocido por sus vínculos con la mafia cubanoamericana.

Según el Nuevo Herald de Miami, el caso del “Monstruo de Trelew”, beneficiado con un proceso judicial dilatorio que se proseguía ayer – no es más que un “espinoso debate judicial en torno al castigo o el perdón” de los crímenes cometidos por militares argentinos.
La Masacre de Trelew, ocurrió el 22 de agosto de 1972 en la base naval Almirante Zar y Bravo fue identificado por tres sobrevivientes no solo como el oficial que tomo la iniciativa del crimen sino como quién dio los tiros de gracia a las víctimas. Unos meses después de la Masacre, “El Ñato” se apareció con su cómplice, el capitán Luis Emilio Sosa, encargo de la instalación militar al momento de los hechos crimen, en la Agregaduría Naval Argentina en Washington.
En una audiencia anterior, hace unos días, el abogado defensor, Neal Sonnet, argumentó que la masacre “no fue otra cosa que un tiroteo entre los militares y un grupo de guerrilleros que había tratado de escapar”, reporta la prensa mafiosa.
Sonnet se encontró un testigo a medida en la persona del argentino Alfredo Solari, profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires cuya evicción del centro de estudios es reclamada por defensores de los Derechos Humanos.
Antes del caso Bravo, Solari ha defendido de la misma manera a varios otros militares acusados de delitos de lesa humanidad, entre los cuales Ricardo Miguel Cavallo, alias Serpico, acusado de violaciones de los derechos humanos -torturas y desapariciones- durante la dictadura y arrestado por INTERPOL en el 2008 en España.
“Bravo actuó apropiadamente al encarar una circunstancia muy difícil en la que debía cumplir su misión como líder de la guardia responsable de defenderse de los detenidos fanáticamente peligrosos”, afirmó el abogado fascista, reportado por el Herald.
El “show” judicial de Bravo comenzó en febrero de este año cuando la justicia argentina, tras enterarse por la prensa de la presencia de Bravo Miami, reclamó al ex militar de 67 años.
Desde su arresto, Bravo ha recibido los mismos privilegios judiciales regalados al agente CIA y terrorista internacional Luis Posada Carriles cuyo juicio, después de años de procedimientos, no llega a arrancar.
El juez Robert Dube que maneja su caso es bien conocido en Miami como un socio firme de la fauna cubanoamericana.
Dube fue entre otras cosas quién “resolvió” el caso de los “activistas anticastristas” Santiago Álvarez y Osvaldo Mitat cuando fueron acusados, en diciembre del 2005, de siete cargos por posesión ilegal de un enorme arsenal de armas y explosivos.
Increíblemente, después de su arresto, Bravo pidió un plazo en las audiencias porque tuvo que viajar a Guantánamo como jefe de la Fuerza de Tareas sobre Tratamiento de Enemigos Combatientes de la American Bar Association.
Miami alberga una verdadera colonia de ex cómplices de todos los regímenes de ultraderecha del continente.
Ayer mismo, se supo que la justicia boliviana determinará en los próximos días, in ausencia, la sentencia del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado en su país de genocidio junto a otros de sus colaboradores, y que sigue hospedado por Estados Unidos a pesar de las reiteradas solicitudes de las autoridades bolivianas.
Hace poco, el terrorista venezolano Raúl Díaz Peña, fue acogido en Miami después de fugarse de Venezuela aprovechando un permiso de salida de la prisión.

Entretanto el ex teniente de la Guardia Nacional venezolana José Antonio Colina, prófugo de la Justicia de su país por ser responsable de ataques terroristas, lanzó desde esta ciudad llamamientos subversivos con la complicidad del mismo Nuevo Herald, diario de Miami vinculado a la mafia terrorista cubanoamericana.

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