México: De fueros, de acuerdos y de agravios

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miércoles 20 de octubre de 2010

 

Teodoro Rentería Arróyave (especial para ARGENPRESS.info)

Imposible sustraerse de continuar abordando el tema de las “alianzas tranzas” como las califica Andrés Manuel López Obrador, porque se siguen dando con todo y el desprecio y los agravios están al orden del día entre las derechas y las izquierdas; está visto que esto poco importa a las cúpulas perredista y panistas pero ellas solas van por el poder y nada más.

Los militares que cometan delitos de desaparición forzada, violación sexual y tortura serán sancionados por el Ministerio Público de la Federación y por juzgados civiles y ya no por la justicia castrense, sin embargo las penas serán compurgadas en prisiones militares.
Este uno de los tres principales compromisos acordados con los coordinadores parlamentarios del Senado de la República y el presidente Felipe Calderón Hinojosa, salvo el del aliancista Carlos Navarrete, líder de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, quien se negó a asistir a la reunión por la simpleza de que no se llevó a cabo en el recinto legislativo, como si Palacio Nacional fuera la casa particular de Calderón o fuera un recinto extraño a la historia misma de los mexicanos
La iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar adecuada a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, fue enviada la misma tarde de este lunes al Senado de la República.
En la misma se resalta que el delito de desaparición forzada tendrá una prescripción de 35 años y no procederá la amnistía, el indulto, beneficios de preliberación ni sustitutivo alguno. Se detalla en el articulado que al servidor público que cometa el delito de desaparición forzada de personas se le impondrá una pena de 20 a 50 años de prisión y de 4 a 8 mil días de salario mínimo de multa.
Con esta reforma, que seguramente se esperaba más amplia, quedará acotado el fuero militar y sobre todo que sus elementos cuando delincan sean sometidos a la justicia civil, una de las viejas luchas de la izquierda, cuya primera conquista fue ajeno el PRD.
Otro de los acuerdos, es el impulso en la Cámara alta a la reforma política, que contempla también acotar el presidencialismo, así como la modificación de los órganos reguladores del estado para asegurarles mayor autonomía como son la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Cofetel, la Comisión Federal de Competencia, Cofeco, y la Comisión Reguladora de Energía, CRE.
Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional retiró su propuesta en torno a reducir el Impuesto al Valor Agregado, IVA, del 16 al 15 por ciento en vista, explicó, de que las condiciones cambiaron en el país por los desastres naturales que requieren recursos para la reconstrucción. Todo esto, también le pasó de noche a la izquierda aliancista.
Mientras tanto, todas las baterías de la derecha están enderezadas contra uno de sus legisladores, a quien en forma por demás indebida lo califican, antes de ser juzgado, como “narcodiputado” En efecto, compareció en el abandono de sus camaradas, ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, el legislador perredista Julio César Godoy Toscano, quien rechazó de nueva cuenta conocer a Servando Gómez Martínez alias “La Tuta”. Asunto éste que ha despertado la necesidad de revisar los alcances del fuero constitucional de funcionarios.
Y para terminar, un agravio más: diputados locales del Partido Acción Nacional interponen ante la Procuraduría capitalina una denuncia de hechos contra asambleístas de izquierda, quienes presuntamente recibieron sobornos de 200 a 800 mil pesos para que votaran a favor de la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Solamente en la política kafkiana de las dirigencias de las derechas y las izquierdas, que quieren a toda costa hacer valer sus intereses personales y de grupo del poder por el poder mismo, caben estas alianzas donde el agravio persiste sin importar estar ajenos a acuerdos tan importantes como acotar los fueros y el ya caduco sistema presidencialista.

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Obama resucitaría a la Contra en Nicaragua, asegura investigador

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miércoles 20 de octubre de 2010

 

Jean-Guy Allard

El presidente norteamericano Barack Obama no solo ha autorizado los planes de golpe de estado en Honduras y en Ecuador sino que ha también permitido la creación de “una nueva generación de contras” para desestabilizar el gobierno nicaragüense, asegura el conocido periodista e investigador norteamericano Wayne Madsden.

Calificado a menudo de “controvertido” en la gran prensa estadounidense que lo califica con una sospechosa constancia, de “teórico de la conspiración”, este ex-analista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), ha sorprendido la opinión más de una vez con sus crónicas donde se atreve regularmente a denunciar a Israel y a CNN, algo poco visto en la conformista prensa del norte.
Esta vez, Madsen informa que estos nuevos contras se activan desde el territorio de Honduras que, “desde la expulsión del presidente Manuel Zelaya” en un golpe manejado “por la CIA y el Mossad”, se transformó “en base de operación segura”, y desde Costa Rica “ahora gobernado por un gobierno de derecha que incluye a un vicepresidente pro-Israeli, Luis Lieberman Ginsburg, quién ha autorizado el Directorado nacional de Inteligencia y Seguridad (DIS) a colaborar con el Mossad “para realizar escuchas telefónicas, analizar el correo electrónico” a favor de los subversivos nicaragüenses.
Según su fuente que sitúa en Costa Rica, Nicaragua presencia un auge de la actividad de tipo “sociedad civil”, notablemente a través de la USAID, la agencia norteamericana “conectada a la CIA”, la National Endowment for Democracy (NED) “y sus componentes” y las ONG del magnate George Soros.
Madsen señala dos contratistas vinculados a la USAID que se encuentren involucrados en estas actividades encubiertas en territorio costarricense, Tetra Tech Internacional y DPK Consulting, está última “tambien activa en Honduras, El Salvador, Guatemala, la República Dominicana, Ecuador, y Venezuela”.
El embajador norteamericano en Honduras, el cubanoamericano Hugo Llorens “es el elemento clave en el apoyo a los neo-Contras” además de asegurarse que la resistencia hondureña no reciba apoyo desde Nicaragua.
El papel de LLorens es similar a él de John Negroponte bajo la administración Reagan, incluso con la creación de escuadrones de la muerte para la eliminación de líderes y de periodistas.
Las actividades encubiertas están dirigidas en Honduras y Nicaragua desde la base aerea de Palmerola y coordenadas por el Coronel Robert W. Swisher, el agregado militar de la embajada US de Tegucigalpa.
En Nicaragua, las operaciones están bajo la responsabilidad del embajador Robert Callahan, “una vieja mano de la CIA cuya carrera empezó con Negroponte”.
Ex-funcionario de la National Security Agency, Wayne Madsden se convirtió en periodista investigador especializado en temas de inteligencia Fue jefe de sección en la revista francesa Intelligence Online y ahora publica lel Wayne Madsen Report, Es un frecuente interlocutor de la televisión rusa internacional Russia Today.

Hace unos meses, Madsden reveló que fuerzas especiales de la Marina de Estados Unidos (SEALS) sabotearon con minas magnéticas a una nave de Corea del Sur con el objetivo de acusar a Corea del Norte de ese ataque.

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Para entender mejor el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba

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miércoles 20 de octubre de 2010

 

Oria de la Cruz
¿Qué es el bloqueo?

Es una guerra económica que los Estados Unidos de Norteamérica ha venido imponiendo a Cuba durante más de cinco décadas, sin que hasta el momento haya logrado recuperar su perdida hegemonía sobre el que antes fuera uno de sus enclaves preferidos en el Hemisferio Occidental.

Las medidas adoptadas por el Gobierno Revolucionario cubano, destinadas a recuperar las riquezas del país y a ponerlas al servicio del pueblo, propinaron un golpe mortal a los intereses de los grandes monopolios norteamericanos que durante más de medio siglo saquearon los recursos de la Isla y dominaron a la nación cubana. Esto constituyó el detonante que activó el histórico diferendo entre los dos países.
La respuesta de los Estados Unidos fue rápida y abusiva desde el primer momento. Las sanciones encaminadas a doblegar a la Revolución se sucedieron vertiginosamente convirtiéndose en un bloqueo total.
¿Por qué bloqueo y no embargo?
Las acciones ejercidas contra Cuba por el Gobierno de los Estados Unidos trascienden el concepto de embargo y tipifican un bloqueo al perseguir el aislamiento, la asfixia, la inmovilidad de Cuba, con el propósito de ahogar a su pueblo y llevarlo a claudicar de su decisión de ser soberano e independiente; estos constituyen precisamente elementos cardinales en el concepto de “bloqueo”, que significa cortar, cerrar, incomunicar con el exterior para lograr la rendición del sitiado por la fuerza o por el hambre.
Desde la Conferencia Naval de Londres, de 1909, es un principio aceptado en el derecho internacional que: “el bloqueo es un acto de guerra”, y siendo así, sólo es posible su empleo entre los beligerantes. No existe, por otra parte, norma del derecho internacional que justifique el llamado “bloqueo pacífico”, el cual fue práctica de las potencias coloniales del XIX y de principios del pasado siglo.
Tal como lo define el Derecho Internacional y la propia legislación norteamericana el “embargo” consiste en una orden o proclama, emitida por un Estado en tiempo de guerra, en virtud de la cual son colocados los buques mercantes extranjeros y sus cargamentos, y excepcionalmente otras propiedades extranjeras, bajo el control del Estado, sin destinarlos a ningún uso en su provecho.
¿Cuándo comenzó?
El presidente de los Estados Unidos, J. F. Kennedy, cumpliendo el mandato que le había encomendado el Congreso de los Estados Unidos, mediante la Sección 620A de la Ley de Ayuda Extranjera, de septiembre de 1961, declara el bloqueo total contra Cuba a partir de las 12:01 AM del 7 de febrero de 1962.
Si formalmente el bloqueo se implantó oficialmente desde esa fecha, ya desde 1959 ese país venía aplicando políticas de bloqueo contra Cuba, dirigidas esencialmente a socavar puntos vitales de la defensa y la economía cubanas, tales como la supresión de la cuota azucarera, principal y casi único soporte de la economía y finanzas de la Isla, y el no suministro y refinación de petróleo por parte de las empresas petroleras norteamericanas que monopolizaban la actividad energética; paralizar al país, ese era el propósito que no lograron, así como también un solapado boycot a cualquier compra de piezas de repuesto para la industria cubana, toda ella de factura norteamericana.
¿Qué leyes la sustentan?
A partir de febrero de 1962 el Presidente de Estados Unidos ordenó al Secretario del Tesoro promulgar todas las medidas y regulaciones que fuesen necesarias para hacer efectiva la prohibición de importaciones a los Estados Unidos de todos los productos de origen cubano y todos los importados desde o a través de Cuba. Al mismo tiempo, ordenó al Secretario de Comercio que diera continuidad y reforzara las medidas de prohibición de todas las exportaciones de los Estados Unidos hacia Cuba.
Como consecuencia se aprobaron las Regulaciones para las Importaciones Cubanas de 1962. Semanas después estas disposiciones fueron enmendadas por la Ley de Comercio con el Enemigo.
Entre las primeras normas que se aprobaron para ejecutar lo anterior se encuentran las Regulaciones para las Importaciones Cubanas de 1962. Semanas después estas disposiciones fueron enmendadas por la Ley de Comercio con el Enemigo.
Otro grupo de normativas fue adoptado en 1963 bajo el nombre de Regulaciones para el Control de los Activos Cubanos, entre ellas la prohibición impuesta a los ciudadanos estadounidenses de viajar a Cuba.
En virtud de las prerrogativas de que goza el Presidente en materia de política exterior y la amplia facultad discrecional que concede la Ley de Comercio con el Enemigo al Ejecutivo estadounidense, las sucesivas administraciones modificaron y aprobaron nuevas regulaciones para arreciar el bloqueo.
En 1992 fue aprobado por el Congreso norteamericano un nuevo y sustancial incremento a la compleja madeja de sanciones que comprende el bloqueo: la Ley para la Democracia Cubana o Ley Torricelli.
Cuatro años más tarde, en 1996, quedó promulgada la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, conocida como Ley Helms-Burton.
Otro engendro legislativo es la Sección 211 de la Ley Ómnibus de Asignaciones Presupuestarias de 1999 de los Estados Unidos Introducida como enmienda el 21 de octubre de 1998, esta legislación es parte de una maniobra de los sectores más reaccionarios de la ultraderecha anticubana para que no sean reconocidos en los Estados Unidos los derechos sobre marcas y nombres comerciales relacionados con intereses cubanos.
La más reciente acción de la administración de George W. Bush lleva el nombre de Plan Bush. Mediante este nuevo paquete de medidas, la administración norteamericana se propone aniquilar a la Nación cubana y lo proclama con arrogancia. Se trata de intensificar la guerra económica, la subversión interna, la propaganda anticubana y las presiones sobre el resto del mundo, con el objetivo de crear las condiciones que pudieran conducir a su intervención militar directa para destruir la Revolución, poner fin a la independencia y soberanía, y llevar a cabo la vieja quimera anexionista de apoderarse de la Isla. Son nuevas y brutales medidas contra el pueblo de Cuba y contra los cubanos residentes en Estados Unidos, definidas por sus autores como parte de un plan para provocar “el rápido fin” del Gobierno revolucionario.
¿Cómo afecta el día a día de los cubanos?
Con una enorme cuota de sacrificio, soportando carencias, privaciones e intermitencias en los suministros, la población cubana lucha por conservar su identidad nacional, y a pesar de las onerosas condiciones impuestas por la política de hostilidad de su vecino norteamericano, continúa aún de manera modesta el proceso de recuperación de su economía y su nivel de vida.
Unos 7 millones, de los más de 11 millones que conforman la población cubana, nacieron bajo el estigma del bloqueo, que dura más de cuatro décadas y ha afectado sin distinción de sexo, edad, credo religioso o posición social a la totalidad del pueblo.
Algunos de los numerosos ejemplos de esta afectación cotidiana son:
La carencia de medicamentos, equipos y material gastable en el sector de la salud. El intercambio científico técnico también se ha entorpecido por las trabas y presiones del Gobierno de EE. UU., en detrimento de ambos pueblos. En el período comprendido de 1998 al 2004, el bloqueo ha provocado una afectación económica al sector de la salud ascendente a $2193,3 millones de USD, y en el período del 2004 al 2005 fueron 75,7 millones de USD. Sin cuantificar, por no tener precio, las carencias, el dolor y los sufrimientos que han generado los efectos del bloqueo al pueblo cubano.
Limitaciones en la construcción, mantenimiento y reparación de los centros e instituciones escolares y en la disponibilidad de mobiliario escolar, con afectaciones más sensibles en el caso de los círculos infantiles. Carencias de uniformes y calzado escolar, déficit de medios de higiene y aseo personal, limitaciones en la impresión de libros de texto y bibliografías complementarias.
Limitaciones financieras y energéticas para la producción de materiales, rehabilitación y conservación de viviendas.
Afectaciones a las importaciones de insumos para la producción agropecuaria que repercuten en la capacidad del sector de abastecer el consumo de alimentos de la población y garantizar su seguridad alimentaria.

Carencia casi absoluta de medios de transporte de pasajeros y de cargas.

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Ecuador: Renegociando el atraco

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miércoles 20 de octubre de 2010

 

Galo F. Benítez

En uno de sus acalorados monólogos el presidente Rafael Correa exhortó a los ecuatorianos “a inflamar de patriotismo los corazones” y a “romper las fuerzas oscurantistas” que, a su juicio, no permiten avanzar en el progreso del país. El Mandatario invitó a los ciudadanos a decir “basta al ultraje y a la codicia de los poderosos”, que quieren “postrar” al Ecuador.”(1)

Cualquier ciudadano con sentido común aquilataría el mensaje cómo un llamado a encender la llama del nacionalismo para recuperar las áreas estratégicas de la economía de los atracadores de siempre, que impiden el desarrollo del país. No obstante, las acciones concretas del régimen apuntan a seguir desmantelando la principal industria del país.
Como aquel insensato padre que en lugar de apoyar a sus hijos elevándoles el autoestima para que elijan crecer y ser cada día mejores, el Presidente se ha dado a la ingrata tarea de satanizar y estigmatizar el trabajo de los técnicos de Petroecuador, a fin de justificar despidos masivos que permitan moldear la empresa que requiere el sector privado para su posterior privatización. La prensa anunció en grandes titulares:
Inician despidos masivos en la estatal Petroecuador
Ayer fueron cancelados 628 empleados de las refinerías, producción, transporte y del área administrativa. Durante el proceso de reestructuración saldrían otros 580.Pástor confirmó que en cuatro meses la petrolera llevará a cabo el proceso, labor que estará a cargo de la compañía De Lloyd Oil Gas.(2) Otro medio impreso publicó la siguiente nota:
En cinco procesos salieron más de 2.000 empleados.
Petroecuador es sometida a reformas permanentes
Petroecuador se someterá a otra reestructuración desde octubre de este año, anunció el ministro de Recursos Naturales, Wilson Pástor. La primera sería la fusión de Petroamazonas con Petroproducción, y la otra de industrialización y comercialización, que reemplazará a las actuales gerencias. Para este trabajo se contará con el apoyo técnico de las compañías Petrobras de Brasil y Enap de Chile.(3)
En efecto, Wilson Pastor aparece como punta de lanza de la privatización, que arrancó con la famosa reestructuración de la estatal a cargo de la empresa gringa Wood McKenzie y, así, dar rienda suelta al despido masivo de trabajadores, luego de que los sindicatos fueron borrados del mapa, por obra y gracia de la revolución ciudadana.
La pregunta: ¿Por qué Correa y Pastor buscan desmantelar la empresa más productiva del país si los resultados demuestran que es eficiente? El Diario Hoy en una reciente publicación dice:
Petrolera estatal de Ecuador alcanza récord de producción diaria
La empresa petrolera pública de Ecuador (Petroecuador-EP) anunció que el pasado miércoles alcanzó un récord de producción diaria, al extraer 140 872 barriles, la mayor cifra en lo que va del año y que rebasó el promedio previsto para julio. Así y todo, la privatización ronda en el sector petrolero. Por un lado, el ministro Pastor no tiene empacho en revelar que la ex Petroproducción va a ser absorbida por Petroamazonas EP (ex OXY). Lo que implica que el modelo de empresa privada será aplicado en todo el área de exploración y producción. Por su parte, el área de la refinación e industrialización, antes a cargo de Petroindustrial, hoy sería delegada a la empresa privada. Un ejemplo dramático se está dando con la Refinería Esmeraldas, la cual -según el analista Fernando Villavicencio- sería entregada a la empresa coreana SK, la misma que tiene a su cargo los estudios para la construcción de la Refinería del Pacífico.
Nuestros abuelos siempre nos aconsejaron que “no es bueno poner todos los huevos en la misma canasta”. En efecto, qué ha cambiado en la política petrolera del gobierno de Correa en comparación con sus predecesores. Veamos: Antes el 75% de las exportaciones de crudo se destinaban a los EE.UU. Hoy el 72% de las exportaciones se ha hipotecado -por la venta anticipada del hidrocarburo- a favor de otro imperio, el de China. De los 182 mil barriles que es la cuota exportable del país, 132.000 barriles – o sea, 11 lotes de 18- van al gigante asiático. Hasta el momento el país ha recibido más de 3500 millones de dólares de préstamos otorgados por Eximbank de China, recursos que entrarían para cubrir el déficit fiscal y/o gasto corriente del gobierno.
Por cierto, lo grave del caso es que Petroecuador no asume la comercialización directa del petróleo, sino que los traders intermediarios como Trafigura, Glencore y Castor Oil son los que amasan fortunas al revender el producto a nombre de terceros.
En otro ámbito, el ministro Wilson Pastor, experto en contratación y rondas petroleras -según se desprende de su dilatada trayectoria en casi todos los gobiernos-, es quien promueve la licitación de nuevos campos a partir del año 2011. Los medios destacaron la noticia en los siguientes términos:
Ecuador prevé licitar campos al sur oriente en abril de 2011
“Hay varias compañías privadas y estatales que desearían desarrollar esos campos (120 millones de barriles de reservas) pero la ley no lo permitía”, dijo Wilson pastor. Pástor indicó que también se prevé licitar zonas que actualmente están adjudicadas a empresas petroleras y que, con la nueva ley, serían revertidas al Estado de no llegar a un entendimiento con ellas para promover la inversión.”(4) Con total desfachatez el ministro declara ante la Prensa: “…las compañías tendrán “la opción de negociar con las autoridades la inversión de capitales nuevos para explorar en las áreas actualmente improductivas y evitar que vuelvan al Estado” ¿A quién sirve este señor?
Mediante Oficio N° DPR-O-10-122 Correa da el ultimátum al viceministro socialcristiano de Recursos Naturales Carlos Pareja Y. y al Presidente de Petroecuador Manuel Zapater (ex cuota política de Gutiérrez). Les conmina a cumplir con ‘la responsabilidad histórica’ que tiene la revolución ciudadana de desarrollar los campos maduros (Shushufindi, Auca, Lago Agrio, Cuyabeno-Sansahuari, etc.) Se lamenta que el único campo que está siendo optimizado es Sacha. Pero a quién pretende engañar el Presidente, si lo que se hizo con Sacha fue privatizar el campo más importante del país, permitiendo que la riqueza nacional sea repartida entre unos cuantos inversionistas privados, falsos socialistas del Siglo XXI. Ahora Correa presiona para que las otras joyas de la corona sean concesionadas, bajo el pretexto de impulsar la recuperación mejorada, mediante la reinyección de gas o agua para extraer más crudo. Dicha tecnología no es nueva, pues ya fue propuesta hace años por los técnicos de Petroecuador. Ahora se busca un pretexto más para adjudicar los campos a cambio de la entrega de parte de la producción incremental a favor de la iniciativa privada.
En otro ámbito, Correa se apresta a celebrar con bombos y platillos la inauguración “del primer campo desarrollado por su gobierno, con tecnología de punta, un modelo de gestión social, ambiental, ecológico, único en Latinoamérica.” Una completa falacia y demagogia. Se trata del Campo Pañacocha, proyecto que fue arrebatado a Petroproducción, cuando estaba listo para desarrollarse, pues tan solo se necesitaba perforar los pozos y construir un oleoducto de 30 km. para conectarlo con la estación de Edén Yuturi. Se prefirió entregar el campo -con reservas descubiertas por 42 millones de barriles- a la Sociedad Anónima Petroamazonas, un esquema privado de empresa pública al servicio del gran capital. Lo cierto es que Pañacocha se privatizó, cuál vaca lechera bien alimentada que se regala al mejor postor, para que sean otros quienes la ordeñen y cobren millonadas por su trabajo.
Por su parte, el Presidente se llena la boca de elogios al destacar la renegociación de los contratos con las petroleras privadas, ignorando los antecedentes que hay detrás del turbio proceso, recordemos:
• Según el Ministerio de Recursos Naturales, las privadas cuentan con apenas 251 millones de barriles de reservas, que se acabarían en tres años al ritmo de producción actual. He aquí una razón poderosa para que las compañías acepten los términos del contrato único de prestación de servicios, a cambio de la entrega de otros campos petroleros que ya entrarán en la subasta el año que entra.
• El régimen ignora -a propósito- la baja de producción petrolera privada por la falta de inversión, que le está causando un perjuicio multimillonario al Estado. No olvidemos que la Ley establece claramente como causal de caducidad de los contratos la baja en la producción y la evasión tributaria.
• El gobierno desconoce -según propias palabras del ministro Pastor- que las privadas están obteniendo una rentabilidad superior al 40%, “lo cual es anormal en la industria hidrocarburífera, en donde las utilidades oscilan entre el 15% y el 20%.”(5)
• Se pasa por alto los juicios tributarios planteados por el SRI -entre 2000 y 2006- por 1184 millones de dólares, que aún no han sido ventilados y que de renegociarse los nuevos contratos pasarían a la cuenta del olvido.
• Se deja en el tintero las glosas pendientes por evasión tributaria que bordean los 600 millones de dólares.
• Se hacen de la vista gorda ante las utilidades de los trabajadores petroleros privados que contabilizadas desde el 2000 suman $ 1.116 millones repartidos entre 2000 trabajadores, a razón de 55 mil dólares por persona al año.
• No se considera los altos costos de producción por barril extraído, que le representa al país el mantener contratos con las petroleras, cuando los costos de Petroecuador son los más bajos.
• Hay una omisión escandalosa en torno a las innumerables irregularidades y violaciones a los contratos por parte de Petrobrás, Repsol, AGIP, que fueron denunciadas en su momento por los organismos de control y que han sido toleradas por el oficialismo, para evitar la caducidad de los contratos, en claro perjuicio a los intereses del país.
Ahora bien, con total hermetismo, el regimen adelanta la renegociación de los llamados grandes contratos con las compañías REPSOL YPF, PETROBRÁS, AGIP, ANDES PETROLEUM Y PETRORIENTAL (ambas de China). Recordemos que las autoridades han querido vender la idea de que con el contrato de prestación de servicios “todo el petróleo pasará a manos de los ecuatorianos y, que a las empresas se les reconocerá una tarifa -precio base- que cubra los costos administrativos, operativos, y ‘una utilidad razonable’, que podría incrementarse conforme aumenten las inversiones en los campos a su cargo.
Los ecuatorianos (as) no somos ignorantes ni estúpidos, sabemos muy bien que lo que menos harán las compañías es invertir, cuando cuentan con campos depletados por la sobreexplotación. A ellas les interesan proyectos nuevos, campos de Petroecuador que aún no han sido desarrollados o que están en plena producción, a fin de aprovechar el crudo liviano y las grandes reservas petroleras estatales.
Vale la pena reproducir la nota que publicó Ecuadorinmediato.com el pasado 15 de julio, para posterior análisis:
Empresas petroleras tienen contratos hasta año 2022 El 99% de los contratos que las compañías petroleras tienen suscritos con el Estado finalizará en más de diez años, según datos de la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH), del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. El contrato con Repsol, campo Tivacuno, termina el 31 de enero de 2012. Andes Petroleum, campo Tarapoa y Agip, que trabaja en el Bloque 10, en el año 2017. Este contrato se extenderá hasta el 2023. En diciembre del año 2018 concluirán los contratos con las compañías Petroriental, operadora de los bloques 14 y 17, y con Repsol, en el Bloque 16 y el Campo Unificado Bogui Capirón. El último contrato en finalizar será en octubre de 2022, con el consorcio Ecuador TLC, operador del Bloque 18 y del Campo Unificado Palo Azul.
En función del tiempo de duración de los contratos es obvio que las compañías no aceptarán otra cosa que la extensión de la vigencia de los mismos y, no conformes con ello, exigirán que se les asigne otros bloques petroleros como condición para invertir. Una vieja táctica que no ha cambiado hasta el día de hoy.
No se puede soslayar un aspecto que es decisivo en el reparto de las ganancias que genera la actividad hidrocarburífera, cuál es el precio base que las petroleras han logrado en anteriores negociaciones. De partida, durante la administración de Galo Chiriboga, las privadas ya consiguieron -en promedio- casi duplicar el beneficio del precio base, de 22 a más de 44 dólares por barril producido. Por ejemplo: La española Repsol en el Bloque 16 tiene una tarifa base de $ 42; la brasileña Petrobras de $45,43 en el bloque 18 y el campo Palo Azul. La china Petroriental tiene uno de $ 52 en el bloque 14 y $ 56 en el 17.
En tal sentido, las petroleras no cederán un céntimo de los precios pactados con el gobierno. En torno al tema barajemos cifras: en el caso de Petrobrás, si el precio base a favor de la empresa está en $ 45, quiere decir que el excedente de producción sería 25 dólares, a un precio por barril de +/- $ 70. Según la fórmula del reparto de los excedentes 70-30, restemos el 70% de $ 25 que le corresponde al Estado, estamos hablando de apenas $ 17.5 de utilidad por barril producido, mientras que Petrobrás recibe 52,5 dólares. Y qué pasaría si el costo del barril en el mercado internacional baja a 50 dólares, la respuesta es catastrófica, el Estado recibiría tan solo 5 dólares por barril.
El gobierno se vanagloria de haber incorporado en la malhadada reforma a la Ley de Hidrocarburos la tarifa soberana del 25% de los ingresos petroleros; una minucia si comparamos con otros países que se reservan no menos del 75% de las utilidades del negocio.
Y para colmo de males, a pesar de la falta de información y el secretismo que envuelve la renegociación petrolera, la prensa nos da cuenta de que se ha fijado ya un factor de corrección y/o compensación (Cláusula 18) para mantener el equilibrio de los contratos, ante eventuales cambios en los tributos, tasas, utilidades, normas ambientales, reformas laborales, etc.(6) Un obsequio más de la revolución ciudadana.
El plazo establecido por el regimen para la renegociación de los contratos grandes fenece el 23 de noviembre. Pastor salta en chulla pie, pues según él las compañías han aceptado el 99% de las cláusulas. En la bolsa de 33 contratos por renovarse está el de la compañía Energy Development Company (EDC Machala Power), (Campo de gas Amistad, costa afuera, en la Península) empresa sobre la cual pesa un pedido de caducidad al Ministerio del ramo, formulado por Petroecuador en enero de 2010, por incumplimiento de inversiones mínimas. El petitorio como ya es costumbre, duerme el sueño de los justos.
De la misma manera, en agosto de 2010 a Petroriental se le venció su contrato modificatorio al contrato de participación para la exploración y explotación de crudo -o convenio provisional- del Bloque 17. La vigencia del acuerdo original era por un año, pero el 26 de agosto del año pasado, por consentimiento de las partes, se extendió por otro año más. (7)
Qué a nadie le quede dudas, las petroleras ponen las condiciones, hábilmente ofrecen elevar la producción en un 25%, cuando en realidad bajaron en septiembre a 174.000 barriles, unos 20 mil menos de lo que producían en agosto de 2010.(8)
Sobre los contratos marginales, que de marginales no tienen nada, hay que hacer una precisión:
• La entrega de campos pequeños de Petroecuador desde 1999, llamados marginales, fue totalmente ilegal, por haber violado la Ley de Hidrocarburos al privatizar áreas ubicadas dentro de las instalaciones petroleras estatales; por ceder campos con crudo de alto grado API y no crudo pesado como estipula la Ley; por entregar -a precio de huevo- los activos, instalaciones de superficie y de subsuelo que le costó al Estado cientos de millones de dólares. Fueron 100 millones de barriles los que se entregó a la empresa privada con un perjuicio para el país de 2600 millones de dólares.(9) Así fueron concesionados MDC, Huachito, Biguno, Paraíso a la chilena ENAP SIPEC; Bermejo y Charapa a la argentina TECPEC; Pindo, Palanda y Yuca Sur a PETROSUR – PETRORIVA; Tigüino a la norteamericana PETROBELL. Con Rafael Correa creímos que se había acabado la larga y triste noche neoliberal, pero no fue así. El continuismo ha sido la tónica: el campo Pucuna y Singue fue entregado al CONSORCIO PETROLERO AMAZÓNICO; Armadillo al CONSORCIO GRAN COLOMBIA (Ecuavital); Culebra, Culebra y Anaconda, a PETGAS; Puma al CONSORCIO PEGASO, etc.
Finalmente, el propio ministro Wilson Pastor se escandalizó frente a las ganancias millonarias que le reporta a las privadas el manejo de campos pequeños, pero con altísima rentabilidad. Por cierto, ex sindicalistas como Henry Yánez o el jurista Augusto Tandazo, opinaban que a las compañías no se les debería obligar a que paguen los excedentes petroleros -50-50, 99-1, 70-30- por los altos precios del crudo, arguyendo que sus ganancias son modestas. ¿Será cierto? El periódico digital Ecuadorinmediato publicó sobre el tema lo siguiente:
25-04-10 Ecuadorinmediato
Ecuador denuncia que “contratos marginales” generan “exorbitantes utilidades” a petroleras extranjeras Con una inversión de 1.227.910 dólares, una compañía que opera un campo marginal obtuvo una utilidad neta de 19.326.598 dólares, durante el año anterior. La ganancia de la empresa representa 1574%, advirtió el ministro Pástor. Manifestó que este grupo de empresas, nunca pagó los ingresos extraordinarios.
Utilidades obtenidas en los campos marginales año 2009
Empresa Inversión Utilidades Porcentaje
PETROBELL 3.165.777 5.445.056 172%
PETROSUD-PETRORIVA 1.227.910 19.326.598 1574%
TECPECUADOR 7.117.000 7.350.658 103%
Fuente: Balance General, Estado de resultados y Declaración de impuesto a la renta realizados por las compañías.
Al respecto, cabe explicar el por qué de tan jugosas utilidades. Supongamos que la Cía. X invirtió 1.227.910 millones de dólares en la perforación de un pozo, el cual llega a producir 900 barriles diarios. A un costo de 50 dólares el barril, en 43 días se recupera la inversión, quedando al año una utilidad neta de más de 18 millones de dólares; o su equivalente, un 1574 % de ganancia.
¡Lotería, amigos y amigas!
Las ganancias se multiplican de forma exponencial si consideramos que las petroleras no operan un pozo, sino cientos de pozos, los cuales una vez que entran en producción no requieren otra inversión que no sea el pintar el cabezal, limpiar la maleza que cubra la tubería, contratar a un operador que monitoree la producción o, pagar a un guardia para que cuide que no se roben los equipos de superficie. El resto es rentabilidad total, sin riesgo alguno.
Éste ejemplo se puede aplicar a todas las petroleras sin excepción. El caso de Petrosud nos invita a hacer la siguiente reflexión: con esos 18 millones de dólares cuántas escuelas del milenio se pudo haber construido, si los pozos petroleros no hubiesen sido privatizados y, si continuaran siendo operados por los técnicos estatales.
Los sectores patrióticos, el pueblo en suma, no puede caer en el juego del gobierno. El objetivo de Correa es mantener el balón en su terreno; es decir, llevarnos a discutir los términos de la renegociación en base al modelo único del contrato de prestación de servicios, cuando al país lo que le conviene -desde una posición soberana y digna- es revertir todos los campos a manos del estado y; archivar en el baúl de la historia esos contratos que han marcado -con el atraco y la infamia- la vida petrolera del Ecuador.
Notas:
1) 19-07-10 El Universo
2) 17-09-10 Hoy
3) 05-07-10 El Expreso
4) 14-07-2010 La Hora
5) 27-08-10 El Universo
6) 8-10-10 El Universo
7) 27-08-10 El Universo
8) 13-10-10 El Expreso

9) El Feriado Petrolero, Ing. Mariano Santos

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Ecuador: Entrevista con Diego Borja, contrario al precepto neoliberal, la política monetaria y crediticia debe ser facultad del poder ejecutivo

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miércoles 20 de octubre de 2010

 

Fernando Arellano Ortiz (especial para ARGENPRESS.info)

El cambio en la función del Banco Central del Ecuador ha sido fundamental para frenar los estragos sociales y económicos que venía causando el nefasto modelo neoliberal, gracias a la nueva Constitución de 2008 que impulsó a través de una Asamblea Constituyente el primer mandatario de este país andino, Rafael Correa Delgado.

“Ya el Banco Central no asume decisiones políticas y no está al servicio de los banqueros” como sucedió durante el periodo neoliberal, señala con vehemencia su presidente, el economista y ex ministro de Finanzas, Diego Borja Cornejo, quien fue expositor en el foro “el rol de la banca central en el desarrollo económico”, que se realizó en el marco del IV Encuentro Internacional de Economía Política y Derechos Humanos organizado por la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo de Buenos Aires, junto a sus colegas de Venezuela, Uruguay y Argentina.
“En Ecuador se viene operando un proceso de cambio en medio de un Estado capitalista y una sociedad burguesa”, explica Borja, y en lo que atañe a la política cambiaria y crediticia, señala que ésta por precepto constitucional es ahora “facultad exclusiva de la función ejecutiva que se instrumenta a través del Banco Central”.
Contra los intereses de la nación
En diálogo con el Observatorio Sociopolítico Latinoamericano http://www.cronicon.net, recuerda que fue precisamente esta entidad financiera estatal la que “secuestró” los ahorros de la población ecuatoriana en beneficio de los banqueros corruptos, algunos fugados a Estados Unidos, y otros, procesados actualmente por la justicia.
Al mismo tiempo, el Banco Central, en los aciagos años neoliberales, agrega, fue el artífice tanto de la sucretización de la deuda privada como de la pérdida de soberanía monetaria.
En efecto, durante el gobierno conservador del conspicuo presidente neoliberal Osvaldo Hurtado Larrea (1981-1984), el Estado ecuatoriano asumió entonces la deuda privada cambiando las obligaciones en dólares por obligaciones en sucres, según la paridad y el tipo de interés fijados a la firma del contrato. Así los actores privados, no tuvieron que soportar el costo del aumento de los tipos de interés y de la devaluación del sucre, la moneda que regía en este país.
Ese proceso, señala Borja, que puede considerarse como un subsidio a solo 95 poderosos beneficiarios (entre personas naturales y jurídicas) le costó al Estado ecuatoriano más de 1.682 millones de dólares. Es decir, se socializó la deuda privada de unos pocos influyentes ciudadanos, lo cual es injusto, ilegal e inmoral.
Por si lo anterior fuera poco, continua Borja, al Banco Central también le cabe responsabilidad en la dolarización de la economía ecuatoriana en enero de 2000, durante el gobierno del derrocado presidente Jamil Mahuad (1998-2000).
“En realidad, la ingenua y temeraria dolarización unilateral ecuatoriana constituyó un absurdo económico y geopolítico, fue tomada de forma apresurada en un momento de grave crisis y confundió torpemente los efectos con las causas de la crisis, ya que, la depreciación de la moneda fue consecuencia de la crisis financiera y no la crisis financiera consecuencia de de la depreciación. Además de lo anterior, en un nuevo atentado a la tan cacareada seguridad jurídica y al Estado de Derecho, la dolarización fue abiertamente inconstitucional ya que la Constitución de la república, de 1998, en su artículo 246 establecía claramente que la moneda nacional era el ‘sucre’, artículo que nunca se tomaron siquiera la molestia de modificar” (1).
Un banco al servicio del pueblo, no es retórica
Para enterrar esa negra y triste experiencia de un Banco Central al servicio de los intereses internacionales y de los banqueros corruptos del Ecuador, se requirió de un cambio constitucional y de la suficiente voluntad política para dar un vuelco de 180 grados en la política financiera y cambiaria del país.
En la actualidad, “es un Banco alternativo al anterior que estaba al servicio de los banqueros y del Fondo Monetario Internacional que ocupaba sus instalaciones sin pagar arriendo. Hoy, en contraste, está al servicio de las organizaciones sociales y de las cooperativas”, sostiene Borja.
Además, recaba que se han adoptado una serie de políticas para modernizarlo y de esta manera cumplir a cabalidad una efectiva función social, entre las cuales destaca la puesta en red con los bancos centrales regionales, la integración al Sistema Único de Compensación Regional (Sucre), impulso de mercados virtuales de liquidez para contribuir en forma eficaz al desarrollo social, creando productos orientados a pequeños y medianos inversionistas.
También se recuperó la reserva internacional con cuyos recursos que se canalizan a través de la banca pública, se están financiando proyectos de desarrollo social para amplios sectores del país.
No obstante la dolarización, “vamos a hacer reformas sociales”, dice Borja y por eso otro de los proyectos en que está comprometido a fondo el Banco Central es el de la reforma agraria, mediante la recuperación del suelo, el mantenimiento de la biodiversidad, el agua, el mejoramiento de infraestructura, para lo cual se requiere amplio acceso al crédito por parte del campesino.
“No hay transformación democrática sin reforma agraria”, explica, y reitera que el Banco Central va a ser determinante en su financiación.
Por el nuevo rol que está cumpliendo esta entidad crediticia central en Ecuador, su Presidente colige: “el Banco hoy está al servicio del pueblo, no es retórica”.
La banca central y su compromiso con los derechos ciudadanos
Borja se mostró de acuerdo con sus colegas de Argentina, Arturo O´Conell; Uruguay, Mario Bergara, y Venezuela, José Félix Rivas; quienes coincidieron en que la función de la banca central en los países debe estar estrechamente vinculada a garantizar las políticas sociales y los derechos ciudadanos.
El Consenso de Washington que impulsó el modelo neoliberal prohibió a los bancos centrales financiar a los gobiernos y limitó su papel a luchar contra la inflación.
Frente a esta limitante, los gobiernos se vieron en la necesidad de reemplazar la emisión monetaria por contratación de deuda.
Los bancos centrales fueron precisamente creados para financiar a los gobiernos. El primer organismo de esta naturaleza, el Banco de Inglaterra, fue fundado con el propósito de darle disponibilidad de recursos a la corona británica para la guerra.
Según la receta neoliberal, la banca central tenía que ser independiente, pero la experiencia demostró que ejercía una independencia en lo interno aunque era obsecuente frente a los requerimientos de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
Con la irrupción de gobiernos progresistas en América Latina, el rol de estas instituciones está cambiando. La visión que tienen estos presidentes de los Bancos Centrales de las naciones suramericanas mencionadas, es que las orientaciones políticas en materia financiera y económica no pueden estar a su cargo.
Por el contrario, explican, su papel es el de estar en consonancia con la política económica que trace el gobierno. La banca central no puede ser otra cabeza de la política económica nacional.
En los países latinoamericanos gobernados por sectores de izquierda y centroizquierda existe la convicción de que la ética de una sociedad se mide en la medida de cómo se trata a la población más desfavorecida, por eso los presidentes de sus Bancos Centrales consideran que tiene una responsabilidad social implícita que implica contribuir a la inclusión social y el acceso de los sectores más débiles a los servicios financieros.
Para beneficio de todos los sectores de la población
Diego Borja explica en esta entrevista los alcances de la nueva misión institucional del Banco Central del Ecuador.
– ¿Cómo ha sido la experiencia del nuevo rol constitucional del Banco Central del Ecuador que ahora hace parte del poder ejecutivo?
– La experiencia es que el Banco Central se ha puesto al servicio de toda la nación y de todo el pueblo. El Banco Central tenía una incomprensión, se veía como el banco de los banqueros y actuó de esa manera. En el año de 1999 el traspaso que hizo de recursos a la banca cerrada, a la banca tramposa, fue inimaginable. Hoy día ha cambiado completamente ese rol, es un Banco que se pone al servicio en cuanto al manejo de la liquidez y del sistema de pagos de todos los actores financieros del país: donde está la banca privada, pero donde están también otros, como las cooperativas, las cooperativas no reguladas, las mutuales, las cajas populares, etc.
– Usted ha señalado que uno de los retos del gobierno del presidente Rafael Correa es la puesta en marcha de una reforma agraria. ¿Qué papel va a jugar en este tema el Banco Central?
– Nosotros creemos que no puede haber tierra sin crédito. Ya tuvimos una experiencia anterior en que se repartió la tierra pero al no tener los campesinos acceso al crédito simplemente fracasó. Ahora creemos que buena parte del ahorro nacional que anteriormente el Banco Central lo canalizaba hacia el exterior debe ser dirigido para crédito directo a los productores agrícolas a través del Banco Nacional de Fomento que es nuestro banco, y que debe ser de los campesinos.
– ¿Cuál es el resultado de haber retirado la reserva ecuatoriana de la banca internacional?
– Excelente, es una experiencia que nos ha permitido financiar con nuestro propio ahorro interno el desarrollo nacional. Está ganando en rentabilidad nueve veces más de lo que estaba ganando afuera y tiene mucha seguridad porque está adentro del país y se puede recuperar con mucha facilidad.
– ¿Cómo es el manejo de la política monetaria teniendo una moneda dolarizada?
– Bueno, la dolarización ha significado una camisa de fuerza pero nosotros no nos hemos quedado en los límites que ella nos impone, sino que, más allá de esto, la hemos utilizado, por ejemplo, para tener estabilidad en el poder adquisitivo, lo cual es bueno, y sobre todo para generar mecanismos de flexibilidad de la liquidez. Lo cierto es que con dolarización o sin dolarización vamos a profundizar esta revolución.
– Usted también ha señalado que en estos momentos en su país se está redefiniendo el rol del Banco Central bajo los nuevos preceptos constitucionales. ¿A que apunta ese nuevo objetivo misional del Banco?
– El rol del Banco Central del Ecuador de acuerdo a la nueva Constitución de 2008 es de ejecutor de política monetaria, financiera y crediticia, ya no es más esa autoridad “autónoma” entre comillas que respondía a intereses extraños como el Fondo Monetario Internacional que estaba instalado en sus edificaciones, sino a los legítimamente definidos por la democracia, las elecciones y la Constitución.
– El gobierno ecuatoriano viene abogando por una nueva arquitectura financiera internacional para América Latina. ¿Por qué?
– Porque la crisis económica ha demostrado con absoluta claridad la bancarrota del sistema de gestión económica internacional. América del Sur tiene que ponerse a un lado frente a lo que han sido las soluciones tradicionales y alejarse de los esquemas económicos tradicionales como el Fondo Monetario Internacional, que sólo profundizan los problemas sociales de las naciones subdesarrolladas. Es lo que ha quedado demostrado con los países europeos como Grecia, que afrontan las dificultades económicas por seguir los dictámenes de esta institución. En este país europeo se están llevando adelante las mismas políticas que el FMI propugnaba hace años y que son fracasadas. América Latina no puede repetir eso, porque de lo contrario profundiza la crisis, profundiza el deterioro económico y social de estas sociedades. Tenemos que trabajar con organismos que no nos condicionen la política económica. Por eso el proyectado Banco del Sur, el Fondo Común de Reservas y el Sistema Único de Compensación Regional (Sucre), son herramientas que nos permiten protegernos de la crisis y, al mismo tiempo, concretar la integración financiera.
– ¿Cómo y en forma definitiva, enterrar en el Ecuador “la larga y triste noche neoliberal”?
– Poco a poco con la luz del día que va apareciendo, porque como se decía en la discusión de la izquierda, la revolución es una sucesión de reformas y la consolidación de esa sucesión de reformas. Eso estamos haciendo, todos los días.

1) Correa, Rafael. Ecuador: de Banana Republic a la No República, Random House Mondadori, enero de 2010.

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Paraguay: ¿Juicio político o juego político?

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miércoles 20 de octubre de 2010

 

Juan Carlos Díaz Guerrero (PL)

La amenaza de sustitución del presidente paraguayo, Fernando Lugo, mediante juicio político se renovó una vez más en ciertos sectores de la derecha parlamentaria, que responsabilizan al mandatario de realizar cambios militares inconstitucionales.

Esta movida resurge con las declaraciones del vicepresidente de la República, Federico Franco, quien considera violatorio de la Carta Magna la decisión del Comandante en Jefe de acometer cambios en ese mando mientras se encontraba en el exterior.
Los reemplazos acontecieron entre el 2 y el 5 de octubre mientras el mandatario se restablecía de una trombosis en la vena cava superior en el hospital Sirio-Libanés, de Sao Paulo, Brasil.
Las expresiones de Franco fueron tomadas al pie de la letra por un pequeño grupo de parlamentarios opositores, al punto de convocarlo a una reunión con la mesa directiva de la Cámara de Diputados para esclarecer los hechos.
Este encuentro derivó en la convocatoria para hoy a una reunión extraordinaria en esa instancia legislativa a fin de debatir el polémico asunto.
Cita similar sostuvieron los comandantes de las tres armas, pero con los miembros de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad y Orden Interno.
Los altos oficiales estuvieron acompañados por el ministro de Defensa, Cecilio Pérez, quien fue autorizado por Lugo como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.
Pérez ratificó que no hubo nada anormal por cuanto se actúo conforme a la Ley 216 y descartó la violación de la Constitución, como quieren hacer ver el vicepresidente y un grupo de diputados.
Explicó que las movidas fueron de cargos menores, una atribución reconocida al Comandante de Fuerzas Militares, y se realizaron por orden verbal del gobernante.
El titular de dicha comisión, diputado Mario Morel, manifestó que los jefes militares cumplieron una orden verbal del presidente y no informaron al vicepresidente por “una cuestión de procedimiento”.
Para el ministro del Interior, Rafael Filizzola, las órdenes verbales están permitidas dentro de los reglamentos y legislación vigentes en las Fuerzas Armadas.
Filizzola entiende que convertir esto en “una crisis política, en una crisis institucional, a nosotros por lo menos en el Consejo de Ministros, nos ha parecido exagerado y sobre todo injustificado”.
En opinión del procurador general, Enrique García, la función de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas “no se delega”, según establece el artículo 238, numeral nueve, de la Constitución, referido a los deberes y atribuciones del presidente.
La ausencia temporaria lo que produce es reemplazo y no involucra la sustitución y la transferencia de prerrogativas presidenciales, según García.
Contradictoriamente, el artículo 227 de la Carta Magna señala que en caso de impedimento, ausencia temporal o vacancia definitiva del Jefe de Estado, el vicepresidente “lo sustituirá de inmediato con todas sus atribuciones”.
Para la analista Milda Rivarola, la amenaza de la sustitución presidencial por medio del juicio político podría extenderse hasta el próximo año.
La también socióloga consideró que, después del último internamiento de Lugo en Brasil, se abandonó ese manejo privado del escenario y se habló públicamente de la sustitución por medio del juicio político.
En entrevista con la agencia IPParaguay, Rivarola señaló que las razones para un juicio político no importan porque existe la causal “de mal desempeño en las funciones”.
Esa tesis, dijo, es política y no importa si existe o no argumento válido, al tratarse de una atribución parlamentaria adjudicada a sí mismo mediante la Constituyente, que echa a un presidente si lo quiere, y si tiene mayoría, procede.

La fórmula va más allá de lo jurídico, opinó, porque no importa que haya o no delito, sino que el Parlamento decide si hay mal desempeño y ejecuta la destitución del presidente, remarcó.

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Bolivia: La justicia sigue siendo injusta

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miércoles 20 de octubre de 2010

 

Antonio Peredo Leigue

Leo el artículo 178 de la Constitución Política del Estado: La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.

Ciertos principios no pueden cumplirse por diversas circunstancias. Este es el caso de la celeridad, que no es tal, porque se acumulan numerosos juicios, sin que haya suficientes jueces y menos magistrados. Pero también es cierto que, resguardándose en tal hecho, hay juicios que se prolongan indebidamente por capricho o, peor aún, en función de intereses circunstanciales.
Es difícil hablar de imparcialidad jurídica, porque no se puede pedir a un juez que sea insensible ante un crimen, tenga el mismo interés enjuiciando a un ladrón que robó cerca a su domicilio o lejos de éste. Bastará que el juez no se incline a una u otra parte por favoritismo personal, familiar o de partido. Y, por supuesto, quien resulte perjudicado en un juicio, puede acusar de parcial a un juez, con o sin fundamento.
Pero se cometen abusos inaceptables, como en el tema de la gratuidad. No hablo de los negociados que podrían hacerse o no; hubo jueces que fueron descubiertos recibiendo dinero y alguno hasta fue enjuiciado. Hablo de la rutina diaria en los juzgados, que no es gratuita ni mucho menos. No se trata del pago a los diligencieros a la que están acostumbrados todos quienes tienen la mala suerte de encarar un juicio; el presupuesto de la judicatura no incluye gastos de movilización para estos funcionarios menores. Es un alivio que ya no deba presentarse un escrito en papel sellado, pero los timbres siguen siendo una carga onerosa para el litigante. Y eso no es todo.
Sucede que ahora –o talvez desde antes- hay una tarifa que debe pagarse al actuario para que redacte el acta de cada audiencia y tiene que pagarla el acusado. ¿En qué ley, en qué norma, en qué disposición está inscrito tal costo? Es un abuso, es un acto de corrupción que el Consejo de la Magistratura debe suprimir de inmediato, tomando los recaudos necesarios.
Detengámonos un momento a analizar esta situación. Alguien me acusa y soy citado ante el juzgado. Más adelante expondré el manoseo en las citaciones. Después de tres o cuatro citaciones fallidas por tal o cual motivo, todo se dispone para tomarme declaración. Lo primero que hace el secretario es pedirme casettes y pilas para la grabación. ¿Tengo que pagarlas yo? Supongamos que superamos esa contribución obligatoria y hago la declaración. Al término de la misma me indican que debo pagar tanto para la elaboración del acta. Y ¿si no hay acta?, seguramente tendré que atenerme a las consecuencias. Si el juez no está enterado de tamaña tropelía, es que no se preocupa de su juzgado y, por tanto, menos debe preocuparse de los juicios. Si lo está, entonces debe ser juzgado por corrupción junto con los funcionarios que comparten ese comercio ilegal y, por lo tanto, injusto.
En cuanto a las citaciones, es otra forma de hacer padecer a los litigantes. La citación es fijada por el juez con fecha y hora definida. De pronto no asiste el fiscal que debe acusar y la audiencia se posterga. No hay que esperar que el fiscal sea amonestado por su falta; parece ser algún derecho que tiene para no asistir cuando se le ocurre. Otra cosa distinta es si el acusado no asiste. Lo que le viene encima es un comparendo con orden de aprehensión. Y en tales circunstancias, el desarrollo de la audiencia, cuando menos, es desfavorable sino definitivamente condenatoria del acusado. Es un juego al que están acostumbrados jueces y fiscales pues, si la ausencia es del juez, habrá que sentarse dos, tres, cuatro y más horas para que aparezca Su Señoría; de lo contrario, el acusado puede ser víctima de dictámenes negativos.
El otro tema, tan grave como los anteriores, es la publicidad. Esto quiere decir que, toda la actuación de la justicia, debe ser pública. Si la mayor parte de los juicios se realizan por escrito, es lógico que deba haber libre acceso a los expedientes. Pero no es así. Los funcionarios de todos los juzgados niegan tal acceso incluso a los litigantes; sólo los abogados pueden ejercer este derecho que es de todos los ciudadanos. ¿Quién debe ocuparse de este tema? Bastaría una orden precisa del Tribunal Supremo para que se cumpliese la regla y, por supuesto, dicte las sanciones correspondientes a los funcionarios que manejan los expedientes como si fuesen de su propiedad.
Esa falta contra la publicidad, que es un principio en que debe basarse la justicia, es la base que permite la comisión de varios delitos. Como no hay de fácil acceso y sólo los abogados pueden conocer los expedientes, hay discrecionalidad para cambiar escritos, incluir otros y, en más de un caso, simplemente hacer desaparecer todo el expediente.
Ni qué decir del servicio a la sociedad. Son pocos los jueces que han cumplido con este principio de la justicia. ¿Qué significa? En abstracto, sería un concepto inútil, pues todo juez dirá que falla pensando en el bien social: por eso condenó al criminal, castigó al ladrón y penó al estafador. Pero ¿se trata de algo tan simple? El servicio a la sociedad debe significar algo más ético. Supone, necesariamente que el juez, el magistrado, sean un ejemplo de lo que debe hacerse y de lo que no debe hacerse. ¿Cómo puede fallar en un caso de nulidad de contratos, quien abusa de su calidad para incumplir contratos?, ¿qué valor puede darse al dictamen de un juez que usa su dignidad para cubrir sus vicios? Peor aún: un malentendido espíritu de cuerpo que hay entre jueces, como lo hay en muchos otros gremios, hace que los demás guarden silencio frente a estos hechos.

Estos son groseras distorsiones que no he tomado al azar, pues responden a situaciones concretas ocurridas en las últimas semanas. Tenemos que acabar con ese lastre que todavía arrastramos.

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