Nacionalismo revolucionario

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sábado 6 de noviembre de 2010

 

Los nuevos ensayos de nacionalismo revolucionario en América Latina se alimentan de una acumulada conciencia social y experiencia política. Y tienen en su favor la coordinación de sus acciones y el inestimable respaldo de las masas populares.
Jorge Núñez Sánchez / El Telégrafo (Ecuador)
Algo muy interesante está ocurriendo en América Latina, donde varios países han abandonado el neoliberalismo y retomado la antigua senda del nacionalismo revolucionario, que tiene una ya larga y prestigiosa historia en el continente. Lo que ha cambiado es quizás el nombre de este fenómeno, que hoy algunos llaman “socialismo del siglo XXI”, pero que, en esencia, es un proyecto de desarrollo nacional autónomo, que no es antitético del capitalismo.
¿En dónde reside, pues, el carácter renovador de este proyecto de desarrollo nacional? En mi opinión, reside en varios asuntos fundamentales. En primer lugar, en su carácter nacionalista, que lo sitúa en la orilla opuesta de la dependencia internacional y fuera de las manipulaciones y presiones de las grandes transnacionales. En segundo lugar, en su carácter antioligárquico, que lo lleva a enfrentar a los pequeños pero poderosos grupos de poder local, acostumbrados a controlar todos los recursos fundamentales y a que todos los asuntos del país dependan de su voluntad. En tercer lugar, en su voluntad de servicio a las mayorías, que le hace merecer el calificativo de “populista”, término despectivo acuñado para calificar todo gobierno o proyecto que se ocupe de beneficiar al pueblo y no a las grandes familias oligárquicas o empresas extranjeras.
Visto en esa perspectiva, el modelo no es nuevo, puesto que se inspira en una larga zaga de experiencias nacionalistas, que incluyen al peronismo argentino, el varguismo brasileño, el cardenismo mexicano y el torrijismo panameño, así como las reformas de Villarroel, Paz Estenssoro y Juan José Torres en Bolivia, de Velasco Alvarado en Perú, de Rodríguez Lara en Ecuador y de la Revolución Cubana en sus inicios. Salvo el caso de Cuba, obligada por el acoso norteamericano a vincularse al desaparecido campo socialista, ninguno de esos procesos reformistas pretendió eliminar el capitalismo en sus respectivos países. Empero, todos ellos surgieron en medio de graves crisis capitalistas y fueron combatidos a muerte por las fuerzas oligárquicas locales y el poder imperial, que veían en ese reformismo el germen de un desarrollo autónomo, que escapaba a su control tanto económico como político.
Aunque surgieron en diverso tiempo, fueron desiguales en la práctica y se enfrentaron a diferentes circunstancias, bueno es recordar el horizonte general de esos proyectos: modernización del Estado, nacionalización de recursos naturales, plan de industrialización y sustitución de importaciones, ambicioso plan de obras públicas, política social en beneficio de las clases trabajadoras, legislación en favor de las mujeres y trabajadores, respaldo al empresariado nacional, expropiación de empresas monopólicas, reforma agraria y fuerte respaldo a la agricultura, creación de nuevos polos de desarrollo, política exterior independiente.
Los nuevos ensayos de nacionalismo revolucionario en América Latina se alimentan de esa acumulada conciencia social y experiencia política. Y tienen en su favor la coordinación de sus acciones y el inestimable respaldo de las masas populares, que una y otra vez buscan emanciparse por esta vía de sus opresores criollos y sus dominadores extranjeros.

Terror e imperio

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sábado 6 de noviembre de 2010

 

A cuatro años de que Calderón lanzara el ejército a la calle en la “guerra antinarco”, en México la estela de muerte es de 30 mil bajas y los crímenes de lesa humanidad van dejando su huella mortal.
John Saxe-Fernández / LA JORNADA (México)
“Le pagamos a mexicanos para que maten a mexicanos y esta carnicería no afecta ni el suministro de drogas ni los precios”. Éste es el meollo del programa “antidrogas” o “contra el crimen organizado” auspiciado por Estados Unidos bajo la “Iniciativa Mérida” (IM) en México y Centroamérica, según Charles Bowden y Molly Molloy, en un nítido estudio sobre “Quién está detrás de las 25 mil muertes en México?” (The Nation, 23/VII/2010). Con una factura de 1.4 mil millones de dólares, la IM, igual que el Plan Colombia (PC) es un diseño castrense, paramilitar y mercenario, de invasión y ocupación que incluye, de manera ostensible, el control estadunidense de las políticas de seguridad del “Estado-cliente” sobre su jurisdicción territorial, muestra notable de las continuidades entre demócratas y republicanos.
Iniciado por Bill Clinton, el PC se orientó, por medio del terror castrense y paramilitar: 1) al brutal desalojo de campesinos y pequeños y medianos propietarios, de vastos y fértiles territorios ricos en recursos naturales, a favor de latifundistas, agrobusiness y empresas forestales, carboníferas, mineras, petroleras; y 2) a fragilizar el Estado-nación, encargándole el trabajo sucio, bajo supervisión de Estados Unidos, acentuando su dependencia de los instrumentos de proyección y dominio: los Comandos Sur y Norte del Pentágono, la CIA-DEA y el FMI-Banco Mundial/BID. Subrogados a la Casa Blanca por medio del Departamento del Tesoro, estos últimos inducen la privatización/extranjerización de entes públicos, universidades y patrimonio nacional.
Junto a diseños de integración comercial y de inversión, tipo ALCA, Clinton y Bush II ampliaron el PC a las naciones andinas y desde 2007, bajo la IM, a México y Centroamérica. Como es natural el clima de terror y los resultados son semejantes: el jesuita Javier Giraldo calcula que entre 1988 y 1995 más de 60 mil colombianos fueron asesinados, la mayoría a manos del ejército y de cuerpos para-militares o escuadrones de la muerte que operan bajo dirección estatal. Al inicio de 2010 en la aldea La Macarena se descubrió una tumba colectiva, reminiscencia de la era nazi, con al menos 2 mil cadáveres que, según fuentes locales, el ejército acumuló desde 2005. Ahora, dice Giraldo, el procurador general investiga 150 mil “asesinatos extrajudiciales por paramilitares, de 1980 a la fecha”.
A cuatro años de que Calderón lanzara el ejército a la calle en la “guerra antinarco”, en México la estela de muerte (que a decir del encargado del Comando Norte “es la guerra no-convencional” apoyada por la IM, donde “el enemigo está entre los civiles”), es de 30 mil bajas y los crímenes de lesa humanidad van dejando su huella mortal: a mediados de 2010 se descubrió un depósito de 51 cadáveres cerca de Monterrey, mientras, a semejanza de Iraq y Afganistán, se aterroriza a toda la nación y sus morgues se abarrotan con una cauda diaria de muertos, 90 por ciento de los cuales Calderón vincula al narco, aunque, como recuerdan Bowden y Molloy, según el procurador general de la República, en informe confidencial al Senado, “sólo 5 por ciento han sido investigados”, así que nadie sabe “quiénes están siendo ejecutados, quién los está matando y por qué se asesina a la gente”. Se ostenta una fuerza destructora que intimida y aterroriza, lanzando a la población el mensaje del Estado fallido: “no hay Estado que los proteja y los mato con impunidad”, mientras Estados Unidos realiza la ocupación territorial.
Con bases en Colombia, con presencia militar en puertos, fondeaderos y aguas territoriales de Costa Rica, previo endoso del gobierno de Chinchilla (quien “logró” lo que Calderón no pudo al inicio de su sexenio al tratar de abrogar la Ley de Neutralidad). En México el Partido del Trabajo advirtió que se estarían financiando escuadrones de la muerte al tiempo que el presidente de Afganistán dejó saber que Estados Unidos financia “empresas de seguridad” tipo mafia, que matan civiles y realizan otros actos de desestabilización.

Ecuador: Responsables históricos

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sábado 6 de noviembre de 2010

 

Hay suficiente evidencia que demuestra que, conforme transcurrió el día 30 de septiembre, se evolucionó del “cuartelazo” al intento de golpe de Estado y finalmente al intento de matar al Presidente Correa. No debe perderse la consideración sobre la progresiva violencia, ni sobre la evolución de las posturas de la oposición en aquel día.
Juan J. Paz y Miño Cepeda / El Telégrafo (Ecuador)
Al siguiente día de la rebelión policial-militar del 30 de septiembre del 2010, la oposición tenía lista su interpretación: todo es culpa del Presidente Correa, nunca hubo golpe de Estado, jamás existió un intento para matar al Mandatario y el asunto se redujo a la “protesta” policial. Hasta las muertes de aquel día son atribuidas a la “prepotencia” del Presidente. Y el inicio de una serie de procesos judiciales ha servido para hablar de “cacería de brujas”.
Con semejantes argumentos se ha tratado de minimizar lo ocurrido, desviar el problema para proseguir el ataque al Presidente, justificar los hechos y desvirtuar las responsabilidades contra la misma realidad empírica existente.
Desde una perspectiva histórica estricta, el 30 de septiembre actuaron, en forma directa, policías y militares insurrectos. Fueron actores “activos” una serie de personajes ligados a Sociedad Patriótica (SP); los dirigentes y manifestantes del Movimiento Popular Democrático (MPD) y sus grupos aliados (un sector de la FEUE, la UNE y la UGTE); varios dirigentes de Pachakutik, la CONAIE y ciertos sindicatos; un núcleo de activistas políticos “independientes” o ligados a partidos de la oposición; los asambleístas identificados con la misma SP, el Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero y otros aliados. Entre los actores “pasivos” cuenta la extrema derecha; sectores del alto empresariado con intereses oligárquicos; el núcleo hegemónico de medios de comunicación privados anticorreístas; y una más amplia y difusa esfera de clases altas y medias, todos interesados en aprovechar del momento, en que “algo pase” y, sin duda, con el abierto propósito de que “caiga” el Presidente.
Hay suficiente evidencia que demuestra que, conforme transcurrió el día 30 de septiembre, se evolucionó del “cuartelazo” al intento de golpe de Estado y finalmente al intento de matar al Presidente Correa. No debe perderse la consideración sobre la progresiva violencia, ni sobre la evolución de las posturas de la oposición en aquel día.
En un contexto histórico aún más amplio, tampoco caben dudas de que hay sectores y fuerzas no solo nacionales sino extranjeras, interesados en derrumbar los proyectos políticos –y sobre todo económicos- de los gobiernos de la “nueva izquierda” latinoamericana y particularmente los que va encarnando el ALBA. Por supuesto, ahí se introducen los intereses del capital transnacional y de las estrategias geopolíticas y de seguridad de las potencias “imperialistas”.
Los individuos y sectores comprometidos en forma activa o pasiva, y los que estratégicamente ubicaron sus intereses en torno a la posibilidad de la crisis gubernamental en Ecuador, exigen “pruebas” y “nombres”. Aquí está la trampa de su juego de palabras. Porque en ciencias sociales claramente se diferencian las responsabilidades jurídicas de las de tipo histórico y político.
A los jueces corresponderá determinar las responsabilidades legales. Pero los responsables político-históricos del intento de golpe de Estado y del intento de muerte del Presidente, están perfectamente identificados para la historia contemporánea del Ecuador.

Estados Unidos y el avance de la derecha continental

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sábado 6 de noviembre de 2010

 

La derrota del Partido Demócrata, el ascenso del ala ultraconservadora del Partido Republicano y la crisis capitalista en los Estados Unidos, abren un panorama de desafíos para los gobiernos progresistas de América Latina.
Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica
Mientras Brasil y los gobiernos progresistas de América Latina celebraban todavía la victoria de Dilma Roussef en la reciente elección presidencial, y con ella, seguramente, la continuidad del rumbo integracionista y de fortalecimiento geopolítico de Suramérica; al otro lado del continente, en el norte, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, apenas digería el duro revés sufrido en las elecciones legislativas de medio período, el pasado 2 de noviembre.
Los resultados de estos comicios no podían ser más desastrosos: el Partido Demócrata perdió el control de la Cámara de Representantes y, además, presenció el ascenso vertiginoso del ala ultraconservadora republicana, el Tea Party, un producto perverso de la histeria xenófoba y fascistoide, y vocero de corrientes de opinión que ven fantasmas “socialistas” en torno al presidente Obama, allí donde los únicos espantos que asoman son los de la profunda crisis imperial.
Según se ha informado, se trata de la peor derrota registrada, desde 1948, por cualquiera de las organizaciones políticas del sistema bipartidista de ese país. Una contundente fotografía divulgada por la agencia AP, el día después de las votaciones, mostró al presidente Obama con rostro severamente compungido, derrotado como no se le había visto hasta ahora, sin la sonrisa diseñada por los expertos en marketing político. Su mirada, ahora esquiva de los lentes de las cámaras, parece buscar explicaciones sobre lo ocurrido en las huellas de los pasos perdidos en la Casa Blanca. Tal es el retrato de la situación.
Irónicamente, Obama y el Partido Demócrata debieron enfrentarse no solo al desencanto de los ciudadanos con el cambio que no fue y el mal desempeño de la economía norteamericana, sino también a una oposición que encontró apoyo en la poderosa alianza entre los grandes capitales y los oligopolios mediáticos; entre ellos, el industrial petrolero David H. Koch, y Rupert Murdoch, dueño de las cadenas de televisión Fox y Sky, e influyentes periódicos como The Wall Street Journal, The Sun y Times[1]. Nada más y nada menos que la misma estrategia que emplea la derecha latinoamericana, apoyada –abierta o veladamente- por Washington y sus agencias de “cooperación” (desestabilización).
¿Qué repercusiones tienen estas elecciones para América Latina? Una primera conclusión, de corte político y acaso la más evidente, es la recuperación de la derecha continental, que apuntala posiciones en el poder formal en Estados Unidos, México, prácticamente toda Centroamérica, Colombia, Perú y Chile. Además, ganó espacios en la Asamblea Nacional en Venezuela y obligó a una segunda ronda electoral en Brasil.
No resultaría extraño, entonces, que en el corto o mediano plazo observemos el recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos y países como Cuba, Venezuela, Bolivia o Ecuador, en virtud de la postura histórica – la línea dura– de los republicanos y el nuevo aliento de radicalidad reaccionaria del Tea Party (que ganó un escaño en el Senado por el estado de Florida, con el cubanoamericano Marco Rubio).
Incluso, no podría descartarse el impulso a leyes y políticas hostiles contra los migrantes mexicanos y centroamericanos[2], dado el nuevo equilibrio de fuerzas en la Cámara de Representantes.
En este sentido, Martín Granowsky, analista de Página/12, asegura que “como los republicanos no gobiernan, podrían llegar a formular reclamos más duros que la política desplegada por ellos mismos desde la Casa Blanca con Bush. América Latina, como el Medicare o el aborto, sería un punto más en la puja por erosionar a Obama y evitar su reelección en los comicios de noviembre de 2012”[3].
Una segunda conclusión, ahora de carácter geoestratégico, es la que sugiere que aumentará la “vigilancia” del Departamento de Estado y el Pentágono sobre el curso de los acontecimientos político-económicos en la zona de competencia hegemónica: Brasil, la potencia emergente latinoamericana y, en menor medida, en el eje Argentina-Venezuela; así como el reforzamiento de su presencia en la zona de reserva estratégica inmediata: Mesoamérica (el territorio que va de México hasta Colombia) y el Caribe.
A estas alturas, es claro que la apuesta del presidente Obama por el smart power no logró revertir los grandes ejes de la política exterior imperial impuestos a esta región por los dos gobiernos republicanos de George W. Bush, y que los halcones aún mantienen su cuota de poder en los aparatos militares de seguridad e inteligencia.
Así, como bien lo mencionó un editorial del diario La Jornada de México, “la Casa Blanca sigue promoviendo la ejecución de acuerdos belicistas e injerencistas como el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, factores ambos de una indeseable militarización, de violencia y de descomposición social e institucional”[4].
Para los gobiernos progresistas y los movimientos sociales latinoamericanos, esto significa que no hay otra opción más que pensar y actuar en forma colectiva, para defender lo alcanzado hasta ahora y profundizar, en la medida de lo posible, cada proceso.
Ya no se lucha solo contra grupos hegemónicos u oligarquías antidemocráticas locales, sino contra un enemigo mayor, transregional y transnacional, que recompone y articula nuevamente sus posiciones y estrategias de poder. Es ese mismo enemigo que, por ejemplo, en medio del dolor del pueblo argentino, celebró la muerte del expresidente Néstor Kirchner con el aumento de los precios de las acciones del Grupo Clarín en las bolsas de valores de Nueva York y Londres.
Desde esa perspectiva, las elecciones presidenciales en Argentina, en 2011, y en México y Venezuela en 2012, serán decisivas para proyectar los posibles rumbos de la segunda década del siglo XXI.
Para nuestra América progresista, detenerse ahora sería morir.
NOTAS:
[1] Juan Gelman, “La hora del Tea”, en Página/12, Buenos Aires. 3 de noviembre de 2010. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/156184-50143-2010-11-03.html
[2] David Brooks. “La elección en EU dio liderazgos a políticos hostiles a México y América Latina”, en La Jornada, 5 de noviembre de 2010. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2010/11/05/index.php?section=mundo&article=031n1mun
[3] Martín Granowsky. “Un balde de té frío”, en Página/12, 3 de noviembre de 2012. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/156184-50144-2010-11-03.html )
[4] La Jornada, “EU: el desgaste demócrata” (Editorial), 2 de noviembre de 2010. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2010/11/02/index.php?section=opinion&article=002a1edi ).

Fronteras

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sábado 6 de noviembre de 2010

 

Los sentimientos nacionales son fácilmente manipulables. Atizarlos se ha constituido en todo un arte que recurrentemente se ejercita para desviar la atención de los pueblos de los problemas que sufren: cuando se quiere ocultar algo, pasar por debajo de la mesa entuertos malolientes.
Rafael Cuevas Molina / Presidente AUNA-Costa Rica
rafaelcuevasmolina@hotmail.com
(Fotografía: las disputas fronterizas entre Costa Rica y Nicaragua fueron debatidas en una sesión extraordinaria de la OEA, en Washington)

Las fuerzas que apuntaban a la dispersión o a la unión en el territorio de lo que hoy conocemos como América Latina constituyeron un verdadero campo de fuerzas, turbulento y contradictorio, que se manifestó en los años antes y después de la independencia.
En el Sur del continente, Simón Bolívar intentó vanamente formar “la más grande nación del Mundo”. Durante los tiempos de Bolívar, la idea de la federación o de la unión política fue quizás más realista que nunca después. Efectivamente, la idea de una nación que abarcara a la América Hispana fue expresada claramente por él: “Es una idea grandiosa –dijo- pretender formar de todo el Nuevo Mundo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería, por consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse”.
Sin embargo, a pesar de sus denodados esfuerzos, Bolívar no consiguió crear una sólida superestructura institucional en los estados que fundó, ni fundirlos en una gran confederación americana, debido a que el orden político por él propuesto carecía de una base de sustentación real: invariablemente, cuando los ejércitos bolivarianos se retiraban de una región, las clases dominantes locales se encargaban del poder. Entonces estallaba el conflicto entre el componente local y continental de la gesta emancipadora.
Según Marcos Kaplan, esta habría sido, sin embargo, una integración superficial puesto que se habría sustentado en poblaciones no demasiado numerosas, dispersas, de escasa cultura y gran heterogeneidad, con elites dirigentes que negaron a las mayorías nacionales una participación real.
En Centroamérica, se hicieron intentos por construir una federación sobre los escombros de la Capitanía General de Guatemala. Los intereses, excluyentes y elitistas de los grupos dominantes guatemaltecos, fueron una de las causas principales del fracaso de esos esfuerzos. Nacieron así cinco pequeñas repúblicas que en algún momento, incluso desde ellas mismas, se llegó a cuestionar su viabilidad.
Como en el resto del subcontinente latinoamericano, durante la segunda mitad del siglo XIX se dedicaron a construir sus respectivas “especificidades” nacionales, es decir, a identificar todo aquello que diferenciaba (real o especularmente) a cada uno frente al vecino. Es decir, a construir (¿inventar?) sus identidades “nacionales”.
Como bien se sabe, toda identidad se construye en relación con otro u otros frente a los cuales nos demarcamos o identificamos. Lastimosamente en Centroamérica, como en el resto de América Latina, los referentes negativos de esa alteridad identitaria siempre se buscaron y encontraron en los vecinos más cercanos, y los positivos en referentes lejanos, siempre vinculados con los centros coloniales de los que recién nos habíamos desgajados.
Explica esto una mentalidad colonial firmemente estructurada a través de más de trescientos años y el carácter de los grupos sociales que comandaron ese proceso de construcción identitaria. El resultado fue este enjambre de repúblicas desunidas que conforman hoy este espacio conocido como América Latina, fracturado por fronteras artificiales que responden más a las necesidades e intereses de la vieja administración colonial que ha nuestras propias realidades.
Los estados nacionales se afianzaron y florecieron. Con todo lo que se hable hoy de su caducidad, es evidente que los sentimientos vinculados a ellos siguen teniendo una vigencia extraordinaria que se renueva periódicamente a través de múltiples y disímiles vías. A pesar de las tenencias homogenizadoras de los procesos globalizadores, el “siglo de los nacionalismos” (Hobsbawn dixit) penetra con fuerza en el siglo XXI.
Los sentimientos nacionales son fácilmente manipulables. Atizarlos se ha constituido en todo un arte que recurrentemente se ejercita para desviar la atención de los pueblos de los problemas que sufren: cuando se quiere ocultar algo, pasar por debajo de la mesa entuertos malolientes.
El “problema” de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua que se ha destapado en estos días tiene mucho de eso.

APG pide perspectiva migratoria con derechos humanos al centro; llevará pronunciamiento a gobiernos del mundo

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 Difusión Cencos México D.F., 5 de noviembre de 2010

Pronunciamiento
AGP

La Acción Global de los Pueblos demanda:

  1. Una perspectiva de la migración y el desarrollo que coloque los derechos humanos en el centro.
  2. Una cooperación intra e inter-regional basada en la reciprocidad.
  3. Seguridad humana.
  4. El derecho a la movilidad.
  5. El derecho al trabajo decente.
  6. El cese de la exclusión y discriminación social con base en el estatus migratorio, raza, etnicidad, género, clase, religión y origen nacional.
  7. Investigación inclusiva para una aproximación integral al fenómeno de la migración.
  8. La democratización del Foro Mundial de Migración y Desarrollo.

La Acción Global de los Pueblos sobre Migración, Desarrollo y Derechos Humanos (AGP) contribuye, con este pronunciamiento, al 4to Foro Mundial de Migración y Desarrollo (FMMD). También ofrecemos recomendaciones para impulsar el proceso de la sociedad civil.

La AGP se estableció en 2007 con el objetivo de hacer escuchar las voces de los migrantes en el Foro Mundial de Migración y Desarrollo. Presentes en México, representamos a más de 200 organizaciones diversas de todo el mundo , incluyendo a organizaciones de diáspora, asociaciones de migrantes, organizaciones de la sociedad civil que promueven un defienden los derechos de migrantes, organizaciones de derechos humanos, y desarrollo; sindicatos y organizaciones de trabajadores, grupos de mujeres, grupos de fé, organizaciones campesinas, académicos, grupos de combate a la pobreza, pueblos originarios y una amplia variedad de movimientos sociales. Nos une el compromiso con los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias. Los Estados tienen la obligación de proteger los derechos fundamentales de todos los seres humanos dentro de su territorio. No obstante, en el 20 aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, se requiere de acción decisiva. Los representantes de gobiernos en todo el mundo que se reúnen en Puerto Vallarta para discutir las políticas de migración y desarrollo deben demostrar un compromiso ostensible con los derechos humanos, por medio de la ratificación e implementación de las convenciones clave de Naciones Unidas y los instrumentos relevantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

México, el país que auspicia el 4to FMMD, es un ejemplo: aunque los flujos de trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos existen desde hace mucho tiempo, su intensificación en las últimas dos décadas se relaciona claramente con la reestructuración de la economía mexicana y las políticas comerciales de los Estados Unidos—particularmente el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica—, que han beneficiado a las grandes corporaciones transnacionales de los EU mientras exprimen a la clase trabajadora mexicana, tanto en áreas urbanas como rurales. En este proceso, los trabajadores mexicanos han perdido cientos de miles de empleos, en la medida en que colapsan las industrias nacionales, y los pequeños agricultores mexicanos deben competir con la agroindustria subsidiada por los EU. En consecuencia, los trabajadores y campesinos mexicanos han visto cómo se deterioran dramáticamente sus salarios y estándares laborales, dejándoles sin empleo e incapaces de ganarse la vida en su propio país. Estos problemas no se han resuelto con la creación de las empresas maquiladoras, que han generado empleos de pésima calidad en los que los trabajadores, principalmente mujeres, son acosadas, e incluso asesinadas, por tratar de crear o unirse a sindicatos independientes. “Irse para el norte” se ha convertido en una cuestión de sobrevivencia, a pesar de los riesgos de arresto arbitrario, extorsión, robo, violación, secuestro y asesinato. Como organizaciones de la sociedad civil, reconocemos la necesidad de seguir trabajando por una legislación migratoria más humana.

La globalización corporativa mina los derechos

La migración laboral no es un fenómeno nuevo. Las personas han estado constantemente en movimiento en busca de mejores condiciones económicas, políticas y sociales a lo largo de la historia de la humanidad. Según el informe de desarrollo humano del PNUD 2009, actualmente hay 200 millones de migrantes internacionales, la mitad de los cuales son trabajadores, misma proporción que la de mujeres. Las tendencias recientes han evidenciado que los trabajadores migrantes se concentran, cada vez más en algunos países industrializados, cuya población está envejeciendo.

La migración en busca de empleo está vinculada a la economía global. El rápido incremento en la migración desde principios de los 70 está intrínsecamente vinculado al fracaso de actual modelo de globalización, que no ha podido crear trabajo decente para todas y todos. Al no poder encontrar oportunidades de trabajo en casa, millones de trabajadores se han visto forzados a moverse allende las fronteras, dejando atrás a familias y amigos.

Los países que importan trabajo están ansiosos por dar la bienvenida a personal altamente calificado, mientras que los trabajadores menos calificados son frecuentemente forzados a migrar sin estatus legal, lo cual implica altos niveles de riesgo y explotación. En otros casos, los países de destino han establecido sistemas de migración temporal, que niegan a migrantes derechos básicos indispensables como el poder cambiar de trabajo, tener reuniones familiares y residencia de largo plazo.

La creación de un mercado laboral global es un factor clave de la globalización corporativa. La movilidad de trabajadores del sur para realizar labores en las industrias del norte es un elemento central del mercado laboral global. La importación de trabajadores altamente calificados permite a los países de destino reducir sus propios costos de educación y capacitación. Y actividades como la construcción, la preparación de alimentos, educación, servicios de salud, atención y cuidado, así como trabajo doméstico, son cada vez más dependientes de trabajadores –especialmente trabajadoras, mujeres– del sur.

Desde la década de los 70, ha tenido lugar una profunda reestructura de la economía global conducida por las corporaciones multinacionales, gobiernos con poder y organismos internacionales como el Banco Mundial. Quienes defienden el consenso de Washington proponen que asegura una alta productividad, máxima eficiencia y, en el largo plazo, la disminución de la pobreza en países menos desarrollados. La realidad es muy diferente: un modelo económico basado exclusivamente en la utilidad ha llevado a un incremento en la desigualdad, desempleo endémico y sub-empleo, degradación ambiental y ciclo devastador de picos y depresiones.

Una perspectiva de la migración y el desarrollo que coloque a los derechos humanos en el centro

Hasta la década de los 80, se tomaba por un hecho generalmente aceptado que la migración afecta negativamente el desarrollo en los países de origen, porque implica una transferencia de recursos humanos valiosos al aparato productivo de los países de destino. En años recientes, se ha generalizado la posición de que la migración promueve el desarrollo en los países de origen. Se busca que algunos de los trabajadores más explotados compensen el fracaso de las políticas oficiales de desarrollo.

La posición oficial de los gobiernos de países de destino, muchos países de origen y algunos organismos intergubernamentales es que la migración de países pobres a países ricos beneficia a todas las partes. Un modelo “gana-gana-gana” que beneficia tanto a los migrantes como a los países de origen y destino.

Esto es falso.

Lo cierto es que los migrantes están expuestos a la explotación, el racismo y la discriminación. Las mujeres migrantes frecuentemente se concentran en ciertos tipos de trabajo en los que están particularmente expuestas a la explotación y el abuso. Los migrantes de comunidades indígenas también sufren de formas extremas de exclusión y explotación. Pueden enfrentar el abuso de los empleadores, hacendados y de la policía. Los migrantes no son una categoría genérica, sino que experimentan la migración de manera diferente dependiendo de su status migratorio, raza, etnicidad, género, orientación sexual y país de origen. Las mujeres migrantes que encarnan varias identidades excluidas son particularmente vulnerables. Las mujeres migrantes enfrentan violaciones de sus derechos en su casa, comunidad, lugar de trabajo, durante el tránsito de un lugar a otro, y en sus interacciones con el Estado. Esto incluye violencia sexual, explotación laboral intensiva y separación de las familias, lo que implica una pérdida de atención y cuidado de los niños. En algunos países, a los hijos de padres migrantes se les niega la ciudadanía en el país de nacimiento.

Las remesas no necesariamente ayudan al desarrollo de los países de origen. Los altos costos de envío, la corrupción y las barreras burocráticas consumen gran parte del dinero. Con frecuencia, las repesas se convierten en una nueva forma de dependencia, que obstruye el desarrollo local y nacional. Debido a que los migrantes generalmente trabajan en empleos menos calificados, sus opciones de movilidad se ven reducidas.

La migración de vuelta muchas veces implica que el país de origen debe de tomar la responsabilidad de las pensiones y la seguridad social para los trabajadores que contribuyeron a las economías de los países ricos.

Es un error colocar en los trabajadores migrantes menos calificados la carga de impulsar el desarrollo en los países del Sur a través de sus remesas. Esto condona a los países ricos de su responsabilidad de cumplir con los compromisos de ayuda internacional para el desarrollo, y de crear un ambiente que permita el desarrollo.

La AGP llama a los gobiernos a implementar un acercamiento a la migración y el desarrollo basado en los Derechos Humanos.

Derecho al trabajo digno

Ha habido una proliferación de esquemas de trabajo temporal que niegan los derechos humanos y laborales, y obstaculizan la reunificación familiar. Se estima que hasta 40 millones de migrantes a nivel mundial se ven implicados en situaciones de irregularidad.

La búsqueda de utilidades por parte de las compañías transnacionales incluye el reclutamiento internacional de trabajadores indocumentados con pocos o ningún derecho. Esto garantiza una fuerza de trabajo barata y explotable, a costa de minar los salarios y derechos de todos los trabajadores.

Los empleadores y las élites en los países de destino se benefician, mientras que la población trabajadora enfrenta condiciones laborales precarias y una creciente criminalización. Las demandas internacionales de trabajo dividen a los trabajadores de acuerdo a su raza, etnicidad, género y estatus legal.

La AGP, por lo tanto, demanda: Condiciones decentes de trabajo como establece la Organización Internacional del Trabajo. Un fin a la exclusión social y la discriminación basada en raza, etnicidad, género y país de origen.

Seguridad Humana

Las políticas de supuesto “libre comercio” han beneficiado a las corporaciones transnacionales y los países ricos, mientras que eliminan los empleos en la industria y la agricultura en el Sur. Se requiere de un comercio justo para fortalecer las economías del sur y crear empleos.

Un ejemplo clásico es el TLCAN, que ha inundado a México con granos baratos de EEUU, expulsando a miles de pequeños agricultores de su tierra y hacia EEUU en busca de sustento.

Desde 2001, la política migratoria se ha replanteado como un problema de seguridad nacional, más que como un asunto de derechos. Esto ha conducido a un aumento dramático en la criminalización de los migrantes que conduce a la violación de sus libertades civiles, detención y deportación. De manera eficaz, los países ricos llaman a los migrantes indocumentados para que aporten su trabajo, pero en el proceso se les criminaliza. Hacemos un llamado a la Seguridad Humana- más que a la seguridad nacional y la criminalización.

Investigación incluyente para un acercamiento comprehensivo a la migración

Hasta ahora, ha sido difícil para los gobiernos y la sociedad civil de países de origen cuestionar el paradigma dominante sobre la migración y el desarrollo, porque la producción de información y la investigación ha estado dominada por países de destino y organizaciones internacionales. Este enfoque reduccionista y angosto ha tendido a convertir en invisibles otros asuntos claves. La AGP por lo tanto llama a un análisis inclusivo y comprehensivo de la migración.

En particular, la AGP llama a los gobiernos, las organizaciones internacionales, la comunidad académica y la sociedad civil a unirse con los trabajadores migrantes y con sus aliados para visibilizar todos los factores económicos, sociales y humanos relacionados con la migración y el desarrollo.

Lo que ahora se necesita es un proceso sostenido de investigación participativa que ofrezca un entendimiento comprehensivo de la migración y el desarrollo. Esto debe de conducir a una nueva serie de indicadores, similares al Índice de Desarrollo Humano de la ONU. Esto puede ser una contribución importante al segundo Diálogo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo de la ONU en 2010.

Creando un mayor espacio para la participación de las personas

En años recientes, se ha fortalecido la resistencia ante los modelos explotadores de migración internacional. Los movimientos sociales han respondido. Hay una necesidad urgente de democratización del FMMD a través del reconocimiento del movimiento global autónomo de los pueblos que abogan por los derechos humanos de los migrantes y sus familias. Desde 2007, la AGP se ha convertido en una fuerza de coordinación clave. Perdura la necesidad de fortalecer el movimiento global de los pueblos para impulsar el desarrollo sustentable, la justicia y la equidad para todos. Es momento de un proceso significativamente más democrático y con rendición de cuentas al interior del FMMD.

PRONUNCIAMIENTO FINAL DE LA ACCIÓN GLOBAL DE LOS PUEBLOS SOBRE MIGRACIÓN, DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS
Ciudad de México, 2-5 Noviembre de 2010

Medios ricos, democracia pobre

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viernes 5 de noviembre de 2010

 

Amy Goodman (DEMOCRACY NOW!)

Al cierre de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, el mayor ganador aún no ha sido declarado, a saber: los grandes medios de comunicación. El mayor perdedor, mientras tanto, ha sido la democracia. Estas fueron las elecciones legislativas de mitad de mandato más caras en la historia de Estados Unidos: costaron casi cuatro mil millones de dólares, de los cuales tres mil millones se gastaron en publicidad. Me pregunto qué pasaría si el tiempo publicitario para las campañas fuera gratuito. No se oyen debates al respecto, y no se oyen porque las corporaciones que manejan los medios masivos de comunicación obtienen inmensas ganancias con los avisos publicitarios de las campañas políticas. Sin embargo, las ondas radioeléctricas que los medios utilizan para emitir sus señales son públicas.

Esto me recuerda el libro escrito en 1999 por el especialista en medios de comunicación Robert McChesney: “Rich Media, Poor Democracy” (Medios ricos, democracia pobre). En su libro, McChesney escribe: “Los medios tienen poco incentivo para brindar cobertura a los candidatos ya que resulta de su interés forzarlos a publicitar sus campañas.”

El grupo de investigación Wesleyan Media Project de la Universidad Wesleyan, hace un seguimiento de la publicidad política. Tras el reciente fallo de la Corte Suprema en el caso “Citizens United contra la Comisión Federal Electoral” por el cual se autoriza a las grandes corporaciones a destinar sumas ilimitadas de dinero a la campaña publicitaria de los candidatos, el proyecto hace notar que: “El tiempo de aire destinado a publicidad se ha saturado de anuncios relacionados con la Cámara de Representantes y el Senado, que ocupan hasta un 20 y un 79 por ciento respectivamente del total de tiempo de aire”.

Evan Tracey, fundador y presidente del grupo de análisis de campañas publicitarias Campaign Media Analysis Group, predijo el pasado mes de julio en declaraciones para el periódico USA Today que: “Habrá más dinero que espacio de aire que comprar.” Por su parte, John Nichols, del semanario The Nation, comentó que en los amables primeros tiempos de la publicidad política televisiva, los canales de TV nunca habrían emitido el aviso a favor de un candidato a continuación de un aviso publicitario en contra de ese candidato. Pero no están tomando en cuenta el patrimonio ligado a los grandes medios. Bienvenidos al “mundo feliz” de las campañas de miles de millones de dólares.

En el pasado, ha habido intentos de regular el uso de las ondas redioelétricas para que estén al servicio de la población durante las elecciones. En los últimos años, el intento más ambicioso fue el que se conoce como “Reforma del financiamiento de las campañas electorales de McCain-Feingold”. Durante el debate sobre esta histórica legislación, tanto demócratas como republicanos hicieron referencia al problema de las exorbitantes tasas de publicidad televisiva. El Senador por Nevada John Ensign, republicano, se lamentaba: “Las emisoras no querían ni pensar en las campañas electorales porque era el momento del año en que ganaban menos dinero debido a la baja tasa unitaria que existía durante ese período. Ahora es uno de sus momentos preferidos ya que, de hecho, es uno de los momentos del año con más amplio margen de ganancias.” Finalmente, para que el proyecto de ley fuera aprobado, se omitieron las cláusulas referentes al “tiempo público de aire”.

El fallo en el caso de Citizens United neutraliza eficazmente la Reforma del financiamiento de las campañas de McCain-Feingold. Ni imaginemos lo que se gastará en las elecciones presidenciales de 2012. El Senador por Wisconsin Russ Feingold perdió la oportunidad de ser reelegido en su disputa contra el prácticamente auto-financiado multimillonario Ron Johnson. El editorial del periódico Wall Street Journal celebró la esperada derrota de Feingold. El periódico es propiedad de la corporación News Corp. de Rupert Murdoch, que posee además la cadena de televisión Fox y que donó casi dos millones de dólares a la campaña de los republicanos.

“Las elecciones se han convertido en un bien comercial, un centro de ganancias para estas radios y canales de televisión”, me dijo el día de las elecciones Ralph Nader, defensor de los consumidores y ex candidato a presidente. Me dijo además: “Las ondas públicas, como sabemos, pertenecen al pueblo. El pueblo es el propietario y las cadenas de radio y televisión son las titulares de las licencias para usar esas ondas, digamos que son como inquilinos. Sin embargo, para obtener su habilitación anual, no pagan nada a la Comisión Federal de Comunicaciones. Así, resultaría bastante persuasivo, si tuviéramos políticas públicas que impusieran módicas condiciones para obtener la habilitación que permite a estas cadenas de radio y televisión acceder al inmensamente lucrativo control de las ondas públicas 24 horas al día, podríamos decirles que como parte del intercambio por controlar estos bienes comunes, por decirlo de alguna manera, deben destinar cierta cantidad de tiempo, tiempo gratuito, en la radio y la televisión a los candidatos electorales.”

Este tema debería ser puesto en debate en los grandes medios de comunicación, dado que en ellos obtiene información la mayoría de los estadounidense. Pero las emisoras de radio y televisión tienen un profundo conflicto de intereses. En su orden de prioridades, sus ganancias están antes que nuestro proceso democrático. Seguramente no oiremos hablar de este tema en los programas de entrevistas políticas de los domingos por la mañana.

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

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