Difusión Cencos México D.F., 12 de enero de 2011

Pronunciamiento
OSC de DH

Organizaciones de la sociedad civil celebran aprobación de la Ley de Salud Mental para el Distrito Federal como un avance en la defensa, promoción y protección de los derechos de  las personas con discapacidad mental

Exhortan al Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Salud a crear su Reglamento y a elaborar los planes y programas conducentes

Organizaciones civiles de defensa y promoción de los derechos humanos celebramos la aprobación por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la iniciativa de ley de salud mental el pasado 17 de diciembre de 2010, la cual es un reconocimiento a la salud mental como un valor humano fundamental y a la protección de los derechos de las personas con discapacidad mental como una obligación estatal, y por otra, que se haya dado el primer paso hacia la creación e implementación de políticas, planes y programas en la materia que beneficien a este grupo en especial situación de vulnerabilidad permitiendo mejorar la vida y bienestar mental de los habitantes del Distrito Federal.

Asimismo, elevamos un atento llamado tanto al Gobierno federal como a los gobiernos locales, para que dentro de sus leyes retomen los grandes avances que se han logrado en el ámbito internacional y que se encuentran plasmados en incontables instrumentos internacionales de la materia. Las personas con discapacidad mental son, o pueden ser, particularmente vulnerables  al abuso y a la violación de sus derechos; la legislación que protege a las y los ciudadanos vulnerables, incluyendo a las personas con discapacidad mental o psicosocial, es el reflejo de una sociedad incluyente que respeta y se preocupa por su gente.

Si bien la nueva Ley de Salud Mental para el Distrito Federal retoma ciertos de los elementos mínimos en materia de derechos humanos que toda legislación integral debe contener -como definiciones inclusivas con utilización de términos adecuados en su mayoría, también se prevén diversos derechos de los usuarios de los servicios de salud mental como la confidencialidad; el derecho a la información; el abordaje interdisciplinario; las cualificaciones del personal que atiende los trastornos mentales así como su capacitación y actualización en el tema; el trato imparcial, equitativo y humanitario; la inclusión del ámbito público, privado y social; que prevé la creación de planes y programas en la materia; que se establecen campañas educativas para concientizar y sensibilizar a la población; la creación de módulos de atención en salud mental; la presentación de informes anuales de las instituciones que participen en programas y acciones en  materia de salud mental; la intervención de la psicología y la psicoterapia como parte del tratamiento a los trastornos mentales; la importancia del seguimiento a los tratamientos; la creación del Consejo de Salud Mental del Distrito Federal como órgano consultor; la creación del Sistema de Información, Vigilancia y Evaluación en Salud Mental que llevará a cabo estudios científicos en salud mental; la reinserción social; un presupuesto específico, etc.-, existen disposiciones que son contrarias o simplemente omisas de los estándares internacionales, en particular los establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Entre las normas que se deben modificar y las que faltan por adicionar, mencionamos: el caso de la utilización del término enfermedad en vez de discapacidad mental o psicosocial y el término  paciente en vez de usuario o usuaria; que la capacitación del personal docente incluya también secundarias, preparatorias y universidades públicas y privadas y que dentro de la educación que se  imparta a los alumnos se incluya educación en salud mental; que se incluyan disposiciones  relativas a los seguros médicos que se contraten en el DF para que cubran la atención a la salud mental de manera amplia y por periodos extensos respetando el principio de accesibilidad; que no se les impongan a las familias “obligaciones” que competen al Estado, teniendo como presupuesto, el apoyo que necesitan y asegurando que los miembros de la familia y las personas a cargo se involucren en el desarrollo de la legislación y las políticas de salud mental, como también en el planeamiento de los servicios de salud mental; que la autonomía, la libertad de decisión, la libertad de acción y el ambiente sean restringidos en la menor medida posible; que las personas sean alentadas, en la mayor medida posible, a vivir una vida digna en la comunidad; que las opiniones y las decisiones de las personas usuarias de los servicios de salud mental sean respetadas; que se adopten medidas para que dichas personas sean, en la mayor medida posible, autosuficientes en cuestiones relativas a sus asuntos personales, domésticos y financieros, y se vean protegidas del abandono, abuso y explotación; modificar las disposiciones que dependen de la buena voluntad de las autoridades estableciendo en cambio su obligatoriedad; establecer que uno de los objetivos principales además de la atención comunitaria es y debe ser la desinstitucionalización y la reinserción social de las personas con discapacidad psicosocial, entendiendo que la infraestructura cuya construcción está prevista, se refiera a centros de atención a la salud mental basados en la comunidad y no a la construcción de hospitales psiquiátricos; prever que las intervenciones de salud mental sean a través de la atención primaria bajo el principio de igualdad y no discriminación, como el entorno favorable para el bienestar, la autoestima, la dignidad, la intimidad, privacidad y la autonomía de la persona; que el consentimiento sea libre e informado; prever que existen zonas en las que no hay personal médico especializado y por ende en esos casos un médico general capacitado o inclusive enfermeras psiquiátricas con experiencia puedan prescribir los psicotrópicos necesarios para los usuarios; la prohibición y en dado caso sanción, de tratos inhumanos y degradantes; se deben proveer protecciones procedimentales específicas para las personas internadas involuntariamente, como el derecho a la revisión y a la apelación de las decisiones de internación o tratamiento compulsivo así como una disposición que ordene la revisión regular y periódica de las internaciones involuntarias y cuestionamientos a la capacidad jurídica por parte de un órgano de revisión independiente (tribunal o corte) respetando las garantías del debido proceso y con asistencia jurídica gratuita; establecer que ninguna persona sea sujeta a hospitalización involuntaria cuando exista cualquier alternativa posible y que se regule la creación y desarrollo de tales servicios alternativos de atención a la salud mental; establecer fechas específicas para la presentación  de informes por parte de las instituciones e instancias que prestan servicios de salud mental; se debe establecer que las personas discapacidad psicosocial tienen el derecho de recibir tratamiento de la misma calidad y estándares que las personas que reciban otro tipo de tratamientos médicos y en sus comunidades locales; se debe asegurar que ninguna persona o autoridad clasificará a una persona como “enferma mental” o indicará de otro modo que presenta una “enfermedad mental” salvo para fines estricta y directamente relacionados con el trastorno mental o con las consecuencias de éste; prever los derechos de las y los usuarios de los servicios de salud mental que “no se oponen”; también se debe prever el derecho a no ser objeto de investigaciones clínicas ni de tratamientos experimentales o psicoquirúrgicos, u otros tratamientos irreversibles que afecten o modifiquen la integridad de la persona, entre otros. Por último, consideramos que se debe evitar asociar a las personas o grupos que presentan trastornos mentales con grupos adversos a las normas sociales o que alteran la estabilidad social, pues además de incurrir en el riesgo de faltar a la verdad, estos juicios contribuyen a perpetuar los estigmas sociales y la discriminación de que aquéllas han sido y siguen siendo objeto.

Consideramos que una Ley en Salud Mental acorde con los estándares internacionales es trascendental para la actualización de nuestro país en la materia y representará un logro más  en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, siendo que México fue el principal promotor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

Las organizaciones abajo firmantes exhortamos a los legisladores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a dirigir sus esfuerzos y seguir impulsando en sus respectivas agendas los derechos de las personas con discapacidad psicosocial cuyos derechos se seguirán viendo conculcados hasta en tanto no se cumpla cabalmente con estos estándares. En este sentido, también exhortamos a que el Gobierno federal elabore una normativa marco en la materia que sirva de referencia para el resto de las legislaturas estatales, quienes a su vez deberán contar con su propio cuerpo normativo que promueva y proteja los derechos fundamentales de este sector de la población.

Organziaciones firmantes:

Asociación de Familiares y Amigos de Personas Esquizofrénicas A.C. AFAPE
Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C.
CAM Integrante de Espacio DESC
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro A.C. Centro Prodh
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. CMDPDH
DECA Equipo Pueblo A.C. Integrante de Espacio DESC
FIAN International – México Integrante de Espacio DESC
Litiga Organización de Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. Litiga OLE
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos A.C. Red TDT (conformada por 70 organizaciones)

11 de enero de 2011

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

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