Nicaragua: violencia estatal

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Reporta la CNDH más de 5 mil “extraviados” en este sexenio

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Sin el registro de las causas, el informe no es de mucha utilidad, advierten ONG

Se incluye a las víctimas de secuestro y a los migrantes cuyo paradero se desconoce

Los casos de desapariciones forzadas son distintos y no deben mezclarse: Hijos México

El documento es ambiguo y no nos deja conocer cuál es la magnitud del fenómeno

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Marcha en memoria de los periodistas desaparecidos en el cumplimiento de su labor informativa. Imagen de archivoFoto Notimex
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Domingo 3 de abril de 2011, p. 5

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó ayer que de 2006 a 2011 registró un total de 5 mil 397 expedientes de personas reportadas como extraviadas o ausentes, además de 8 mil 898 de cuerpos que no fueron identificados o cuyas causas de muerte no fueron aclaradas.

Mediante un comunicado de prensa, el organismo dio a conocer que del total de extraviados, 3 mil 457 son hombres, mil 885 mujeres y en 55 casos más no se proporcionaron datos.

Mediante el Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas (SINPEF), la CNDH recaba los datos proporcionados por los familiares de las personas reportadas como víctimas de extravío.

En el documento, el organismo dirigido por Raúl Plascencia Villanueva señaló que las causas de los fallecimientos en cuestión son diversas, y entre ellas figuran los accidentes en la vía pública, los decesos por complicaciones de una enfermedad, y las muertes violentas.

Desde 2009, añadió, el SINPEF incluye también datos relacionados con las víctimas de secuestro y de migrantes cuyo paradero se desconoce.

La CNDH realiza acciones a nivel nacional para contribuir a determinar las causas que propiciaron su ausencia, así como ubicar su destino final, resaltó el boletín.

Esta información se dio a conocer dos días después de que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias le sugiriera al gobierno mexicano que retirara al Ejército de las tareas de seguridad pública, por considerar que no está entrenado para ello y además ha propiciado el aumento de los casos de desapariciones.

Frente a dicho comunicado, Pablo Álvarez, integrante de la organización Hijos México, señaló que a reserva de conocer más detalles, los casos de extravíos y de desapariciones forzadas son distintos, y la CNDH no podría confundirse al respecto o mezclar categorías distintas porque dicho organismo tiene unidades específicas para cada tema.

No habría que meter las dos cifras en el mismo saco. La desaparición forzada se realiza por alguna fuerza gubernamental o paramilitar, que después niega tener retenida a la persona, y los extraviados son gente sin relación política con el Estado, que simplemente se pierden, y sus familiares no tienen sospechas de que se los haya llevado alguien, puntualizó.

José Enrique González Ruiz, miembro de la Comisión de Mediación (Comed) entre el gobierno federal y el Ejército Popular Revolucionario, coincidió en que se trata de asuntos diferentes, y referirse a ambos de manera indistinta es una forma de restarle importancia al asunto de las desapariciones forzadas.

Lo trivializan, (algunos medios) meten las dos en un saco grandote, donde no caben porque la naturaleza de los dos fenómenos es distinta. Eso no quiere decir que los extravíos no sean un caso igualmente doloroso, porque también se trata de seres humanos, y me da tristeza que se refieran a ellos como una cifra anónima, pero hay que distinguir una categoría de la otra.

Las desapariciones como tales, apuntó, son una cosa muy seria, donde el Estado pone en marcha una política de exterminio, y lo otro son reportes de personas que en la cotidianidad se reportan perdidas, y no es lo mismo.

De su lado, Julio Mata Montiel, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem), señaló que al no tener bases de datos específicas y bien armadas, en las cuales se lleve un registro de la cantidad de personas desaparecidas y por qué causas, informes como los de la CNDH no son de mucha utilidad.

En ninguno de los dos casos hay investigaciones. En este documento, que es demasiado ambiguo, se habla de muertes por accidentes y enfermedades, y así no nos deja conocer cuál es la magnitud del fenómeno que se está presentando, consideró.

En 2000 la Afadem propuso en la Cámara de Diputados la creación de una base de datos para saber de qué tamaño era el problema de las desapariciones por motivos políticos, o por otros hechos delictivos igualmente graves, como el tráfico de órganos, por ejemplo, pero la iniciativa no prosperó.

La Jornada trató de contactar a Tomás Serrano, director del programa de presuntos desaparecidos de la CNDH, para pedir más detalles con respecto al boletín difundido el sábado, pero dicho funcionario no estuvo disponible.

La OIT y la libertad sindical en México

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Néstor de Buen
M

uy oportuna fue la publicación, en este diario, de la aceptación por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la queja presentada por diversos sindicatos y, en especial, por la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, apoyada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y diversas organizaciones mexicanas, entre las que se encuentran el sindicato minero y el SME.

He tenido oportunidad de leer el documento preparado por el Comité de Libertad Sindical –muy extenso, por cierto–, en el que reproduce los argumentos de las organizaciones quejosas y, lo que es más importante, los argumentos del gobierno que demuestran un cinismo notable.

Los contratos de protección que evidentemente no están regulados por la Ley Federal del Trabajo (LFT): simplemente, los provoca. El artículo 386 sólo exige, para la validez del contrato colectivo de trabajo (CCT), que sea firmado por el sindicato de los trabajadores y por la representación patronal, pero en ninguna parte plantea que en todo caso será necesaria la comprobación de la voluntad de los asalariados. Gracias a ello los patrones y los sindicatos corporativos celebran CCT sin que los trabajadores tengan noticia de ello. Es frecuente, incluso, que ese contrato se firme con una empresa que aún no tiene empleados.

Naturalmente que esa posibilidad alienta la firma de contratos de protección, cuyas características principales son repetir las condiciones básicas de la LFT sin ventaja alguna para los trabajadores. Éstos podrían ingresar a un sindicato para el efecto de reclamar, por la vía de un emplazamiento a huelga, la firma del CCT, pero en ese caso se aplica el artículo 923, que autoriza a los presidentes de las juntas de conciliación y arbitraje a no dar trámite a esos emplazamientos, previa certificación de que ya existe en la empresa un contrato firmado con otro sindicato.

Queda la expectativa de promover un juicio reclamando la titularidad del CCT por representar el sindicato demandante la mayoría de los trabajadores, pero, como se afirma en la resolución del Comité de Libertad Sindical, esa demanda debe cumplir exigencias que ponen en riesgo la estabilidad de los trabajadores.

Llamado al asunto, el gobierno de México expuso razones realmente infundadas: entre otras, hizo un elogio de las juntas de conciliación y arbitraje y afirmó que sus resoluciones se apegan a derecho, lo que es más que falso. Dijo además que las juntas buscan el equilibrio entre los factores de la producción, pero sin explicar en qué consiste dicho equilibrio, que ciertamente se inclina de un solo lado. Alegó también que la Confederación de Trabajadores de México manifiesta que los CCT se celebran cumpliendo lo ordenado por el Convenio 87 de la OIT, lo que la realidad demuestra que es mentira, ya que es fama que los contratos que firma esa central son, en su inmensa mayoría, de protección.

Es importante que el Comité de Libertad Sindical acepte lo irregular de la celebración de los CCT en nuestro país, aunque la solución que propone: un diálogo con todas las organizaciones sindicales que promovieron la queja, no haga despertar esperanza alguna, aun en el supuesto de que se realizaran esas conversaciones. El antisindicalismo es condición permanente de nuestro gobierno.

La única alternativa sería la reforma eficaz de la LFT, que en este momento parece una expectativa imposible. No porque no se vaya a reformar la ley, lo que parece muy posible ante la alianza indecente entre el PRI y el PAN, que han presentado proyectos de notable semejanza. Me temo que en un futuro próximo los principios de nuestra LFT vigente –estabilidad en el empleo, libertad y autonomía sindicales, derecho de huelga y otras instituciones fundamentales–, desaparezcan para dar lugar a un sistema totalmente proteccionista de los empresarios, aliados evidentes de un gobierno que ha perdido la pista de lo que fueron, en tiempos remotos, las bases de un sistema revolucionario y ejemplo evidente para muchos países.

Con esa nueva ley, que lamentablemente se aprobará en la alianza indecente del PRI con el PAN –que no es la única alianza indecente–, México dejará de ser un modelo de legislación laboral tutelar de los trabajadores y respetuosa de los principios defendidos en el artículo 123 constitucional. Por supuesto que habrá demandas de amparo contra esa ley pero, de acuerdo con los antecedentes recientes, es difícil que la justicia federal conceda esos amparos.

La respuesta final estará en la actitud de los sindicatos, que deberán entender, como en los viejos tiempos, que los derechos de los trabajadores no proceden de la esperanza sino de la lucha de clases, fenómeno cada vez más visible en nuestro país. Eso podrá significar huelgas no llevadas a cabo por las vías legales y permanentes movimientos de resistencia que habrán de afectar, como es lógico que suceda, la productividad. No hay que olvidar que nuestras juntas de conciliación y arbitraje, por su comportamiento, son claros descendientes de la magistratura del trabajo del fascismo italiano y del de España durante el franquismo.

Es indispensable vincular los tribunales de trabajo al Poder Judicial. Hoy dependen en plenitud de los poderes ejecutivos, como en la mejor época de Mussolini y Franco. Y eso no es posible soportarlo.

La gran maniobra de distracción libia

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sábado 2 de abril de 2011

Los defensores de la intervención humanitaria parecen tener un criterio cuantitativo. Si un gobierno mata a diez manifestantes, esto es “normal” o en todo caso sólo es algo digno de una declaración de condena. Si se mata a 10.000, esto ya es criminal, y requiere de una intervención humanitaria. ¿Cuántas personas tienen que morir antes de que lo normal se convierte en criminal?

Immanuele Wallerstein / Rebelion – ZNet

El conflicto libio de este último mes mirado en su totalidad -la guerra civil en Libia, la acción militar contra Gadafi liderada por los Estados Unidos- no tiene que ver con cuestiones humanitarias ni tampoco con el suministro mundial de petroleo en la actualidad. Lo que de hecho constituye es una gran maniobra de distracción -una distracción deliberada- que tiene como objetivo dejar en la penumbra la principal batalla política que se está llevando a cabo en el mundo árabe. Hay algo en lo que tanto Gadafi como los líderes occidentales, independientemente de sus puntos de vista políticos, están totalmente de acuerdo. Todos quieren ralentizar, canalizar, cooptar, limitar la segunda ola revolucionaria árabe y evitar que cambien las realidades políticas fundamentales del mundo árabe y su papel actual en el teatro geopolítico del sistema-mundo.

Para apreciar esto, se tiene que seguir la secuencia cronológica de los acontecimientos. Aunque los rumores políticos en los Estados árabes y los intentos por parte de diversas fuerzas externas de apoyar a unos u otros elementos dentro de ciertos Estados han sido una constante durante largo tiempo, el suicidio de Mohamed Bouazizi el 17 de diciembre de 2010 marcó el inicio de un proceso bien diferente.

Para mí este proceso es la continuación del espíritu de la revolución mundial de 1968. En 1968, al igual que en el mundo árabe durante estos últimos meses el grupo que ha tenido el valor y la voluntad para iniciar las protestas contra los poderes establecidos ha sido la gente joven. Les motivaban muchas cosas: la arbitrariedad, la crueldad, la corrupción de los que están en el poder, su depauperada situación económica, y sobre todo la persecución de su derecho, moral y político, a ser los actores principales que determinen su propio destino cultural y político. Además han protestado contra la estructura general del sistema-mundo y el modo en que sus líderes se han plegado a las presiones exteriores de las grandes potencias. Lea el artículo completo aquí…

La nueva “Banana Republic” de Norteamérica

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sábado 2 de abril de 2011

Las repúblicas bananeras se caracterizan por no tener políticas de desarrollo nacional y depender de los agentes financieros extranjeros. En el caso de EE.UU., sus capitales productivos (que incluyen fuerza de trabajo, tecnología y financiamiento) se están “externalizando”. En otras palabras exportando a China y otros países “emergentes” con políticas de desarrollo.

Marco A. Gandásegui, h. / ALAI

EEUU se encamina rápidamente en convertirse en una “Banana Republic”, al igual que varios países de Europa. El economista Michael Hudson, antiguo especialista de Wall Street, señala que esta tendencia “se puede ver en marcha en el Estado de Wisconsin. La ciudad más grande de Wisconsin – Milwaukee, hasta hace poco la más rica de EEUU— está entre las cuatro grandes urbes más pobres de EEUU”.

Basta un estudio superficial de la “Ley presupuestaria” de Wisconsin, aprobada a principios de marzo, que incluye la privatización de plantas públicas de generación de energía y un nuevo sistema de contratos públicos sin licitación. Las 37 plantas que el gobernador Scott Walker pretende vender por liquidación producen calefacción y refrigeración a bajo costo para las ciudades, las universidades e, incluso, para las cáceles del estado. La ley presupuestaria pretende vender todos los bienes del estado a precios de liquidación. Se supone que esta política beneficiará a los grandes contribuyentes de la campaña electoral del Partido Republicano, como las industrias de los hermanos Koch. Para cubrir esta transferencia de riquezas a los más ricos, el estado cargaría a perpetuidad la factura de producir esa energía a los contribuyentes de Wisconsin.

Estas son las mismas políticas aplicadas en los últimos 20 años en Panamá, que han empobrecido a los hogares y eliminado empleos productivos. En Chile se hizo lo mismo desde principios de la década de 1980 con Pinochet. Menem en Argentina, Fujimori en Perú, Salinas de Gotari en México, Carlos A. Pérez en Venezuela, siguieron ese camino y lanzaron a sus países a la ruina. En la actualidad, en América latina muchos países han corregido los errores del pasado y tratan de sentar las bases para levantar países más prósperos.

Las repúblicas bananeras se caracterizan por no tener políticas de desarrollo nacional y depender de los agentes financieros extranjeros. En el caso de EEUU, sus capitales productivos (que incluyen fuerza de trabajo, tecnología y financiamiento) se están “externalizando”. En otras palabras exportando a China y otros países “emergentes” con políticas de desarrollo. La clase propietaria de EEUU ha optado por mantener sus niveles de ganancia expropiando los ahorros de los trabajadores y reduciendo sus ingresos.

En el caso de Wisconsin, la ley presupuestaria tiene entres sus planes destruir el Sistema de Jubilación (WRS). El WRS es uno de los sistemas de pensiones públicas más estables, mejor financiados y mejor gestionados de EEUU. Aunque Wisconsin no es un estado muy populoso, el WRS ha llegado a acumular 75 mil millones de dólares en reservas. Esto le ha permitido pagar puntualmente generosas pensiones a sus funcionarios retirados, sin necesidad de subsidios públicos. La ley impulsada por el gobernador Walker está redactada con un lenguaje que acabaría con el sistema. “Es un asalto a sus activos para pagar ulteriores recortes fiscales para los ricos (especialmente los propietarios) y arrojando a los tiburones de Wall Street buena carnaza. Una vez liquidados, los empleados públicos pasarán a los sistemas privados de ahorro para la jubilación, manejados por gestores de dinero que trabajan a comisión”.

En una propuesta separada, el gobernador Walker empezaría el proceso de privatización de los dos campus universitarios, que subvencionan los doctorados de la Universidad de Wisconsin. “Irónicamente, plantea Hudson, las universidades estatales a las que el gobierno federal concedió (a fines del siglo XIX) terrenos públicos para su construcción –entre las que la de Wisconsin descolló— fueron creadas por los republicanos proteccionistas de aquella época marcada por el desarrollo. Estos promovían visiones alternativas a la doctrina desfasada del libre mercado, que dominaba en las prestigiosas universidades de la Ivy League, las ocho grandes universidades privadas del noreste de EEUU, encabezadas por Harvard. Esas universidades estatales públicas establecidas en terrenos federales cedidos a los estados, como sus semejantes en Alemania, enseñaban una nueva política económica de gestión estatal y empresa pública que formó la base del subsiguiente desarrollo norteamericano y alemán”.

Otras propuestas sugieren la venta de los bosques públicos de Wisconsin, rebosantes de minerales y riqueza maderera. Hudson asegura que las iniciativas de los republicanos de Walker es una declaración de guerra contra los trabajadores. “Es una guerra también contra las instituciones de la era progresista de Wisconsin. Su política amenaza con la pauperización del estado y amenaza darle un golpe de gracia a las instituciones progresistas. Contra la sugerencia de John Keynes, de proceder a la ‘eutanasia del rentista’, a quien se quiere eutanasizar ahora, en toda la América del Norte y en toda Europa, es a la clase media”. Bienvenidos a la nueva república bananera.

Ecuador: Alineaciones políticas

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Para las derechas y opositores recalcitrantes, el rechazo a la consulta popular se resume en el supuesto de que el Presidente quiere quedarse con el poder total. Es decir, se ha revivido el mismo y recurrente argumento que se ha utilizado desde 2006 para combatir no solo a un mandatario, sino a un proyecto político distinto en Ecuador.

Juan J. Paz y Miño / El Telégrafo (Ecuador)

Durante la campaña presidencial de primera vuelta (2006), las confrontaciones políticas se concentraron en torno a 13 candidaturas. La polarización trazó dos lados: uno, con Cynthia Viteri (PSC) y Álvaro Noboa (Prian); otro, con León Roldós (RED-ID) y Rafael Correa (AP). Desde los primeros momentos, Rafael Correa reivindicó la convocatoria a una asamblea constituyente, respaldada en AP y la “revolución ciudadana”. Los otros candidatos se opusieron a ella. 

Para la segunda vuelta la polarización se concentró en Correa y en Noboa. “Todos contra Correa” fue la consigna de la época.

El ascenso del nuevo Presidente y su convocatoria a la Asamblea Constituyente desató la virulenta campaña de los opositores, que incluyó a un sector de los opinadores y editorialistas de los medios de comunicación. Decían que la asamblea era “de Correa”, quien buscaba una Constitución “a su medida”, que los asambleístas eran simples “alzamanos”, que solo se imponía el pensamiento “oficial”, que el país caminaba hacia el “totalitarismo”. Y eso que la Asamblea Constituyente estaba presidida por Alberto Acosta, quien tenía que aclarar todo el tiempo cuántas veces se reunía y con cuántos sectores y organizaciones, para tratar de desvirtuar la campaña anticonstitucionalista.

Meses más tarde, cuando la Constitución estuvo lista para el referéndum, las derechas se alinearon contra ella, bautizándola como el mayor “mamotreto” del país. Repetían, a diario, que esa Constitución estaba destinada a consolidar el “autoritarismo” de Correa y el dominio total de Alianza PAIS.

Después de la elección de la nueva Asamblea Nacional, en la que obtuvieron mayoría los candidatos de AP, las derechas han repetido que los asambleístas se limitan a cumplir las “órdenes” de Correa. Así cubren un frente. El otro frente lo cubren con otros ataques: el Presidente es autoritario, verticalista, no escucha, etc. El tercer frente es la Constitución: ella es la causa de los males institucionales del país. Así lo repiten.

A propósito de la consulta popular, han encontrado un cuarto frente: la defensa de la Función Judicial. Como en ninguna otra época ahora defienden su “independencia”. Sin embargo, la Función Judicial es históricamente la más atrasada en la vida nacional y su modernización es una exigencia para el futuro del país. Para las derechas y opositores recalcitrantes, el rechazo a la consulta popular se resume, en este punto, en el supuesto de que el Presidente quiere quedarse con el poder total. Es decir, se ha revivido el mismo y recurrente argumento que se ha utilizado desde 2006 para combatir no solo a un mandatario, sino a un proyecto político distinto en Ecuador.

Los desencantos y las rupturas, que también han crecido con el tiempo, especialmente aquellas que han pasado a alinearse en las filas de la oposición a las preguntas de la consulta popular, han encantado a las derechas y opositores políticos recalcitrantes, porque han servido para aumentar sus argumentos contra el régimen. Al mismo tiempo, pueden ajustar mejor sus cuentas para intentar revertir todo proyecto que suene a izquierda.

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