ifusión Cencos México D.F., 23 de junio de 2011

Boletin de Prensa
Testimonio de víctimas

Testimonio: María Herrera Magdaleno

Mesa 2
Sr. Felipe Calderón

Soy María Herrera Magdaleno y he perdido a cuatro hijos en esta guerra que ustedes iniciaron en nuestro nombre pero que nosotros no aceptamos: hace tres años aproximadamente, Jesús y Raúl fueron secuestrados en el Estado de Guerrero. Como muchas otras familias que padecen el mismo dolor y ante la lentitud de las autoridades para actuar, uno de mis hijos, Juan Carlos, venció el miedo y decidió realizar investigaciones por cuenta propia; cumpliendo un trabajo que corresponde al gobierno, entregó pruebas a las autoridades locales, indicó lugares de donde se pensaba tenían a mis hijos, pero el cateo a dicho lugar ocurrió muchos meses después de que informamos y al día de hoy los responsables siguen impunes.

Mis otros dos hijos, Gustavo y Luis Armando, fueron secuestrados en el Estado de Veracruz hace aproximadamente un año. Ellos se comunicaron con mi familia minutos antes de ser detenidos en un retén militar; el pretexto fue que su automóvil traía placas de Michoacán, su estado y el mío, Sr. Calderón. Esa fue la última vez que tuve comunicación con mis hijos, desde entonces no he vuelto a saber nada de ellos.

Mis hijos eran muchachos honestos y trabajadores y fueron víctimas de su guerra. Como ellos existen miles: algunas organizaciones no gubernamentales han documentado más de 3 000 casos.

He platicado con otras personas que tienen familiares desaparecidos. Sus historias son muy parecidas a la mía. Así ocurrió, por ejemplo, en Xalapa, Veracruz donde un comando armado entró a un hogar y se llevó a toda una familia.

Ni qué decirle de los cientos de migrantes que con ánimo de tener una vida mejor salen de sus países rumbo a los Estados Unidos y a su paso por México se encuentran con grupos criminales que, coludidos con autoridades de migración, policías municipales, estatales, federales, además de militares, son secuestrados y sus familiares acosados por un puñado de pesos. Eso ocurre en el mejor de los casos, pues muchos otros terminan en fosas clandestinas en las que aparecen cientos de cuerpos sin que ninguna autoridad haya dado cuenta.

En todas las desapariciones encontramos una constante: grupos criminales, cuerpos de seguridad, gobiernos municipales, estatales y el federal coludidos. Procuradurías ministeriales que se niegan a investigar o que lo hacen lentamente. Autoridades que se niegan a aceptar las investigaciones que nuestras familias hacen, muchas veces dejando sus empleos y arriesgando la propia vida.

Sabemos que aún existen policías honestos; lamentablemente también nos hemos enterado que cuando estos pocos policías se atreven a denunciar a sus jefes desaparecen repentinamente o son misteriosamente asesinados.

Superar el miedo es el primer paso, luego viene superar la humillación ante las autoridades que no hacen caso de las pruebas, arduamente conseguidas, que entregan nuestros familiares.
En muchas ocasiones los ciudadanos nos animamos a denunciar a criminales y políticos, pero lo único que hemos conseguido son vejaciones y maltratos por parte de quienes deberían garantizarnos una justicia digna.
Las políticas de despojo y exclusión implementadas por su gobierno han provocado que amplios sectores de la población encuentren cada vez menos oportunidades de desarrollo o incluso abandonen sus hogares. Por eso son los jóvenes las principales víctimas de esta guerra; son ellos los que mayormente alimentan las cifras de muertos, encarcelados y desaparecidos.

Las únicas opciones que el gobierno deja a nuestros hijos son aquellas que los condenan a morir como resultado de una guerra que no pedimos: ante la falta de oportunidades, los han orillado a sumarse a las filas del crimen organizado o, de manera abierta, ustedes han hecho llamados y han implementado mecanismos –como el acuerdo entre la S.S.P. y la SEP- para tratar de que se enlisten en las filas de los aparatos represivos del Estado.

Señor Calderón, todo esto demuestra su incapacidad para garantizar justicia, su falta de interés y la de todos los políticos para garantizarnos seguridad. Porque nosotros, señor presidente, les pagamos sus sueldos, nosotros los hemos llevado a donde ustedes están y hoy la Nación les demanda que hagan su trabajo. Hoy nos hemos organizado y hemos salido a la calle pues no aceptaremos más engaños, mentiras e injusticia.
Venimos aquí a exigirle la presentación inmediata de nuestros familiares desaparecidos y que promueva entre todos los otros poderes del Estado el castigo a los culpables, sean estos políticos, policías, militares, agentes de migración o miembros del crimen organizado. Pedimos que públicamente se comprometa a ser garante de un cese al fuego y la desmilitarización de todo el país en los términos que convenga.

Dada la emergencia nacional, le exigimos que la tarea principal de las policías esté focalizada en garantizar la seguridad de la población, respetando los derechos humanos de todos los mexicanos o migrantes que se encuentren en territorio nacional.
Además, para atender el problema de raíz, es urgente implementar un plan de emergencia nacional de atención a la juventud que garantice el acceso a una educación pública, gratuita y de alto nivel académico para todos; así como empleo digno.

Mi familia y yo sabemos quiénes son los directamente responsables de los delitos contra mis hijos y cómo encontrarlos; lo hemos comunicado a diversas autoridades sin recibir la atención que merecemos. Lo repetiremos las veces que sea necesario; siempre y cuando ustedes se comprometan a actuar en consecuencia. Como ciudadanos hemos cumplido; hoy le toca a usted, sr Calderón.

Testimonio: Norma Ledesma Ortega

Sr Presidente Felipe Calderón

Soy Norma Ledesma Ortega, vengo de Chihuahua soy  coordinadora de la Asociación Civil Justicia para nuestras hijas, y madre de Paloma  Escobar Ledesma  desaparecida y asesinada en marzo del 2002  en la Capital del estado de Chihuahua  Paloma Solo tenía 16 años su femincidio al igual que cientos más  en  Juárez y Chihuahua continua impune .

Como defensora de DH, he conocido la tragedia  de esta guerra tan desigual, como  en todo conflicto armado, las mujeres hemos llevado la peor parte,  con nosotras  acuden las madres, esposas, hermanas e hijas en busca de sus hijos, esposos hermanos etc., que son secuestrados, torturados desaparecidos, por grupos criminales o por agentes del estado, policías o ejército.

Son las mujeres las que son  violadas, las que van a la morgue a buscar a sus difuntos, las que se quedan a cargo de sus hijas e hijos huérfanos en esta guerra inútil.

En más de  9 años en este camino tan doloroso y tan desgastante   he ayudado a entregar restos de mujeres tiradas en el desierto a sus madres, pero nunca imagine que entregaría una madre a sus hijos,  me refiero a mi compañera y defensora de derechos humanos Marisela Escobedo, cuyos hijos y nieta huyeron  al extranjero, como decenas de familias, ante la incapacidad del estado mexicano de proteger su vida.

Marisela vino a México le pidió audiencia  y usted no a recibió, ella ubico al asesino de su hija Rubí en zacatecas y la policía federal lo protegió y lo sigue protegiendo por la involucración de las corporaciones a los grupos  criminales.

En el acompañamiento a las madres de mujeres desaparecidas y asesinadas soy testigo y desde mi experiencia lo afirmo, que  sus vidas se han marchitado, desgastado y acabado en búsqueda de la tan anhelada y lejana Justicia. El delito de trata es tan real como lo es la indiferencia de quienes investigan Hemos presentado casos concretos de Juárez a Siedo,  donde evidentemente el delito es trata y  no  pasado nada. Para ejemplo están los casos de Perla  Aguirre, Yanira Fraire, Adriana Sarmiento, solo por mencionarle algunas.

Nos son solo cifras, son mujeres desaparecidas que tenían una vida por delante, pero  debido a que la impunidad que ampara y protege a los delincuentes, desconocemos el destino de estas jovencita y esto es en toda la República Mexicana.

El incumplimiento de La sentencia del campo algodonero   que además obliga al  estado mexicano, es la muestra de la política de simulación del gobierno en el tema de los derechos humanos de las mujeres.

El caso  Paloma mi hija, esta es proceso de llegar a la Corte Interamericana de derechos humanos,  ante indolencia  Edo  y  la insensibilidad  a nuestro sufrimiento.

El 28 de junio,  dentro de 5 días,  el Edo Mexicano comparecerá ante la corte interamericana por el incumplimiento de las medidas provisionales  por la desaparición forzada por militares de Nitza Paola, Roció y José Ángel Alvarado, es el primer caso de su gobierno, el primero del operativo conjunto chihuahua,  por el incumplimiento a las medidas provisionales, la familia Alvarado se encuentra escondida por la amenazas de muerte de parte de Autoridades federales.

Ignoro si a usted le queda claro, la realidad del país, la realidad del pueblo Mexicano, En cada hogar que donde nos falta un miembro de nuestra familia asesinado o desaparecido, jamás la vida es igual.

Como puede ver son muchas las necesidades y no le vamos a pedir algo que pueda darnos  Urge Sr presidente, Urge porque el tiempo se nos acaba
La Creación de un banco de información genética de ADN de familiares de Victimas a nivel nacional.

Que la PGR ejercite la facultad de atracción de los casos paradigmáticos que presente la Caravana del Consuelo.

Fiscalías especializadas de feminicidio y delitos e género en cada entidad federativa, entre otras peticiones que  de manera formal le serán presentadas.

A usted Sr Presidente como máxima autoridad de la  Nación, yo le pido en nombre de todas las victimas que me ha tocado representar este día y en nombre de nuestros muert@s y desaparecid@s  su compromiso, publico para el cumplimiento de cada una de las peticiones y su disposición para trabajar por un México mejor.

NO SE PUEDE CONSTRUIR LA JUSTICIA, SEPULTANDO EL PASADO

No dejaremos   de luchar por esta causa, lucharemos   hasta el final, no importa cuántas  batallas  perdamos  y vayamos  perdiendo partes del  corazón, no importa que nuestros  sentimientos se marchiten, lucharémos por esta causa hasta el final.

Norma Leedezma Chihuahua Chi

Testimonio: Araceli Magdalena Rodríguez Nava

Mi nombre es Araceli Magdalena Rodríguez Nava, vengo en nombre de familiares de policías y miembros del ejército a denunciar la injusticia e impunidad que rodea a nuestros procesos.

Soy madre de Luis Ángel León Rodríguez de 24 años de edad, Policía Federal Sargento primero, desaparecido desde el 16 de noviembre de 2009 cuando junto con 6 compañeros pertenecientes al hoy extinto 21 agrupamiento del RAI de fuerzas federales de CONTEL Iztapalapa: Juan Carlos Ruiz Valencia, Pedro Alberto Vázquez Hernández, Jaime Humberto Ugalde Villada, Victor Hugo Gómez Lorenzo, Israel Ramón Usla, Bernardo Israel López Sánchez y el civil Sergio Santoyo al que se le pidió apoyo para el traslado, porque la Policía Federal no entrego viáticos ni vehículos oficiales para el viaje de la Cd. de México a Ciudad de Hidalgo Michoacán, donde fueron enviados a ocupar la Secretaría de Seguridad Pública, destino al que nunca llegaron, después de seis días ninguno de sus superiores nos había informado su ausencia, nos recibieron hasta el 21 de noviembre que los familiares exigimos saber de su paradero.

Tenemos cientos de casos similares como el de Miguel Orlando Muñoz Guzmán, teniente de infantería desaparecido desde el 8 de mayo de 1993, en Ciudad Juárez Chihuahua. Como el del infante de marina Paolo Cesar Antonio Cano Monero desaparecido desde el 28 de octubre de 2010 en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En la Caravana del Consuelo supimos de las viudas de policías estatales de Durango con pensiones miserables, en muchos municipios ni seguro de vida tienen, no son escuchadas por nadie en los casos mencionados, no vemos voluntad política de esclarecer sus desapariciones, ni siquiera porque en el caso de Miguel Orlando existe un informe rendido por la comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El pasado 2 de junio usted celebró el día del Policía y ahí señaló la necesidad que tiene el país de jóvenes que vean en su cargo el ejercicio de un sacerdocio civil al servicio de la comunidad, esa misma convicción de su uniforme y de su misión la tienen los militares, policías federales, policías estatales y municipales quienes mayoritariamente son gente del pueblo que buscan servir a la sociedad.

Señor presidente, las familias de las víctimas además de la pena por la desaparición o muerte de nuestros familiares sufrimos acoso, amenaza e indiferencia ante nuestro tragedia.

Sr. Presidente, en su gestión se ha hecho la mayor inversión en la historia reciente de nuestro país para la policía federal, el ejercito y la marina, son presupuestos impresionantes para combatir la delincuencia organizada, sin embargo algo anda muy mal, la droga sigue llegando al mercado consumidor más grande del mundo, los grupos criminales cada día son más insolentes e impunes, miles de ciudadanos son victimas colaterales de una guerra que enluta a miles de familias de policías, militares y civiles . ¿Esas montañas de dinero no debieron usarse mejor en la educación y empleos para los jóvenes? en la edificación de más Universidades y Hospitales?

No pretendemos como familiares de policías militares, cuestionar la lucha contra la delincuencia, pero señor Presidente, los muertos, el luto, la desesperación de las familias por no encontrar a los nuestros, la sufrimos día a día. ¿Por qué empeñarse en una estrategia cuyos saldos son tan negativos?

En otros países esta lucha legítima del gobierno se ha centrado en seguir la ruta del dinero producto de las actividades criminales, ¿Por qué no hacerlo en México? ¿Sabe usted cuántos políticos y empresarios de todo el país están coludidos con el narcotráfico? ¿Por qué ellos son intocables?

No es justo, no es ético, no es cristiano derramar tanta sangre, sembrar tanta desolación a lo largo y ancho del país, en una guerra que deja intactos a los principales beneficiarios económicos de la industria del narcotráfico.

Queremos justicia para nuestras familias, queremos justicia para los hijos, padres, hermanos de policías municipales, estatales, federales, militares y marinos injustamente muertos o desaparecidos en esta guerra.

Se debe combatir frontalmente la corrupción al interior de las fuerzas armadas, la policía federal, las policías estatales y municipales, con salarios dignos, con prestaciones acordes al riesgo asumido, si no es así muchos de los jefes y miembros la jerarquía militar y policial, seguirán trabajando al servicio de los grupos criminales que se dicen combatir.

Con honores se despide a policías y militares caídos en el cumplimiento del deber ¿Cuándo tendremos esos honores para los policías, federales, militares y marinos desaparecidos o asesinados?

Hace unas semanas vimos en una telenovela donde se exaltaba a la policía federal, vimos computadoras, helicópteros, tecnología de punta que existen en el centro de mando de Iztapalapa. ¿Por qué usarlo en una serie de televisa y no para encontrar a nuestros familiares desaparecidos?

Por último señor presidente, le hago entrega de la transcripción de la llamada telefónica recibida en mi casa una semana más tarde de haber denunciado mi caso ante el diario reforma, donde entre otras cosas me dicen: “cómo te verías con la boca cosida por hocicona” los familiares esperamos contar con su atención y protección.

Testimonio:  Salvador campanur Sánchez

Testimonio: SOY SALVADOR CAMPANUR SÁNCHEZ, PERTENEZCO AL PUEBLO INDIGENA PURÉPECHA DE CHERÁN MICHOCAN, NO TOMO LA PALABRA PARA HABLAR SOLO POR MI PUEBLO, SINO POR TODOS MIS HERMAN@S .  SOMOS UNA VOZ DE LOS PUEBLOS, NACIONES Y TRIBUS INDÍGENAS DE NUESTRO PAÍS QUE NOS HEMOS ENCONTRADO EN EL CAMINO DE ESTE MOVIMIENTO POR LA PAZ Y LA JUSTICIA CON DIGNIDAD.

TENEMOS DIFERENTES LENGUAS E IDENTIDADES, COMPARTIMOS LOS AGRAVIOS: EL DESPOJO, EL SAQUEO Y LA DESTRUCCIÓN DE NUESTRO TERRITORIO; LA NEGACIÓN DE NUESTRA IDENTIDAD Y LA VIOLENCIA SISTEMÁTICA DE GOBERNANTES, EMPRESAS RAPACES Y CRIMINALES. A NOSOTROS NOS AGREDEN LAS AUTORIDADES QUE DESCONOCEN NUESTRO DERECHO A LA AUTONOMÍA Y LIBRE DETERMINACIÓN, CRIMINALIZAN NUESTRAS LUCHAS, ROBAN NUESTRAS RIQUEZAS Y APLICAN UNA POLÍTICA NACIONAL DE EXTERMINIO CONTRA NOSOTROS. LA AGRESIÓN DEL ESTADO Y SUS CUERPOS REPRESIVOS SE SUMA LA VIOLENCIA IMPUNE DE GRUPOS PARAMILITARES Y DE UNA CRIMINALIDAD QUE CUENTA SIEMPRE CON EL COBIJO DE LAS AUTORIDADES Y LA IMPUNIDAD DEL SISTEMA DE JUSTICIA.

NOSOTROS REAFIRMAMOS LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS COMO EL PUNTO DE PARTIDA PARA EL DESARROLLO DIGNO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MÉXICO; USTEDES, QUIENES DICEN GOBERNAR, ADEMÁS DE FALTAR A LA PALABRA EMPEÑADA, SE HAN PROPUESTO LEGISLAR EN NUESTRA CONTRA Y HAN REFORMADO LA CONSTITUCIÓN CON EL ÚNICO INTERÉS DE NEGARNOS COMO SUJETOS DE DERECHO PUBLICO, PARA QUE NUESTRAS RIQUEZAS PASEN A LAS EMPRESAS PRIVADAS Y TRASNACIONALES.

NOSOTROS CUIDAMOS LOS BOSQUES Y USTEDES PROTEGEN A LOS TALAMONTES; MIENTRAS NOSOTROS CUIDAMOS LA MADRE TIERRA, USTEDES ABREN EL CAMINO A LAS MINERAS TRASNACIONALES QUE DESTRUYEN LOS MONTES Y ENVENENAN EL AGUA, COMO SUCEDE AHORA MISMO EN SAN LUIS POTOSÍ, DURANGO Y GUERRERO ENTRE OTROS ESTADOS, CON ESTO DESTRUYEN EL FUTURO DE NUESTROS HIJOS.

LOS EFECTOS DE LA DEVASTACIÓN ECOLÓGICA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO SON RESPOSABILIDAD DE USTEDES, EL RESULTADO DE ESTAS POLÍTICAS QUE HAN IMPULSADO SE TRADUCE EN EL EXTERMINIO DE PUEBLOS Y ABRE EL CAMINO A LA MIGRACIÓN, A LA DESTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL; LAS INTUTUCIONES Y SUS PROGRAMAS DE DOMINACION GENERAN EL ENFRENTAMIENTO ENTRE PUEBLOS, NACIONES Y TRYBUS.

EN ESTA GUERRA INJUSTA, NOSOTROS COMO PUEBLOS INDÍGENAS NO SÓLO SOMOS VÍCTIMAS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA SINO TAMBIÉN DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL DEL ESTADO MEXICANO, QUIEN NO RECONOCE NUESTROS DERECHOS ANCESTRALES Y NUESTRAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN. POR ELLO EXIGIMOS EL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE TODOS NUESTROS DERECHOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE SAN ANDRES.

CUANDO UNA COMUNIDAD INDÍGENA SE ENFRENTA AL CRIMEN ORGANIZADO NOS TOPAMOS CON LA COMPLICIDAD DEL GOBIERNO Y NO ENCONTRAMOS PROTECCIÓN PARA NUESTROS HERMAN@S QUE VALIENTEMENTE HAN DECIDIDO DENUNCIAR ANTE LAS AUTORIDADES A ESTOS CRIMINALES, PUES NO EXISTE EN EL SISTEMA DE JUSTICIA UN MECANISMO CONCRETO PARA PROTEGER A LAS PERSONAS QUE DENUNCIAMOS.

EL GOBIERNO TAMBIÉN EJERCE UNA FORMA DE VIOLENCIA CUANDO CRIMINALIZA NUESTROS SISTEMAS DE AUTODEFENSA Y PERSIGUE A NUESTROS HERMAN@S COMO SI FUERAN DELINCUENTES SIN CONSIDERAR QUE ESA FORMA DE ORGANIZACIÓN ES UNA COSTUMBRE ANCESTRAL QUE HOY MÁS QUE NUNCA TOMA VIGENCIA ANTE LA AUSENCIA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POR PARTE DEL ESTADO MEXICANO. POR ELLO EXIGIMOS EL RECONOCIMIENTO DE NUESTROS SISTEMAS DE AUTODEFENSA Y DE NUESTRAS GUARADIAS COMUNITARIAS.

UNA VIOLENCIA ESPECÍFICA QUE SUFRIMOS LOS PUEBLOS INDÍGENAS ES LA QUE EJERCEN LOS GRUPOS PARAMILITARES, QUE A DIFERENCIA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA SON FINANCIADOS, FOMENTADOS Y PROTEGIDOS POR LAS AUTORIDADES. POR ELLO EXIGIMOS LA DESARTICULACIÓN, EL DESARME Y LA DESMOVILIZACIÓN DE TODOS LOS GRUPOS PARAMILITARES QUE EXISTEN EN NUESTRO PAÍS Y PARTICULARMENTE EN NUESTROS TERRITORIOS.

ANTE TODO ESTO EXIGIMOS COMO UNA MUESTRA MÍNIMA DE QUE HA ESCUCHADO NUESTRA VOZ:

1. CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS SUSCRITOS ENTRE LAS AUTORIDADES FEDERALES Y LA COMUNIDAD INDÍGENA DE CHERÁN EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y JUSTICIA PARA DESMANTELAR A LOS GRUPOS CRIMINALES QUE LA ACECHAN.

2. CUMPLIMIENTO DEL PACTO HAURRA MANAKA FIRMADO EN EL AÑO 2008 PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS LUGARES SAGRADOS DEL PUEBLO WIRRARIKA Y CANCELACIÓN DE LAS 22 CONCESIONES OTORGADAS A LA MINERA FERST MAJESTIC SILVER EN WIRIKUTA.

3. GARANTIZAR EL DERECHO AL AGUA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE MORELOS Y EL RESPETO ABSOLUTO DEL TERRITORIO Y LOS RECURSOS NATURALES DE LOS 13 PUEBLOS QUE SE SURTEN DEL DE LOS MANANTIALES CHIHUAHUITA, EL SALTO, EL ZAPOTE Y SANTA ROSA Y ESCLARECIMIENTO DE LOS ASESINATOS DE LOS INDÍGENAS MORELENSES MIGUEL ANGEL PEREZ CAZALES Y RUBEN FLORES DE LAS COMUNIDADES DE SANTA CATARINA Y COAJOMULCO.

4. ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO DE NUESTRA HERMANA BETY CARIÑO Y NUESTRO HERMANO JYRI JAAKKOLA, DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS ASESINADOS EN LA CARAVANA HUMANITARIA DEL 27 DE ABRIL DE 2010 EN SAN JUAN COPALA Y DESMANTELAMIENTO Y CASTIGO DEL GRUPO PARAMILITAR UBISORT.

5. CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE INÉS FERNÁNDEZ Y VALENTINA ROSENDO, HERMANAS INDÍGENAS VIOLADAS POR MILITARES.

6.  BASTA DE AGRESIONES Y HOSTIGAMIENTOS A LA COMUNIDAD DE OSTULA  MICHOACAN Y A LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS.

MOVIMIENTO POR LA PAZ Y LA JUSTICIA CON DIGNIDAD.
DESDE EL DISTRO FEDERAL  JUNIO DEL 2011