Cofeco y Cofemer impiden que tequileros vuelvan marca el agave y excluyan a mezcladores tradicionales

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Dilo Tú

Difusión Cencos México D.F., 3 de febrero de 2012

Boletín de Prensa
El Poder del Consumidor / Grupo de Estudios Ambientales

  • Permanece amenaza a productores tradicionales y consumidores con iniciativa de NOM presentada por Secretaría de Economía y PROFECO

La Comisión Federal de Competencia envió una opinión vinculatoria al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para que se abstenga de expedir el anteproyecto en el que se establecería la palabra Agave como marca exclusiva de uso de los tequilas, mezcales y bacanoras que están dentro de las denominaciones de origen (DO) de estas bebidas. La COFECO ha señalado que esto impediría que los productos que se elaboran a partir de Agave fuera de la DO pudieran referir que están elaborados a partir de ella. Esto excluiría a los productores de mezcal que han sido ya excluidos de utilizar la palabra mezcal, de señalar que su bebida está elaborada con Agave, así como a los consumidores de la posibilidad de saber las cualidades de las bebidas que están consumiendo.

En la opinión vinculatoria que envió COFECO al IMPI y que sólo podría ser modificada por el Presidente de la República, se señala: “La Comisión considera que el anteproyecto no cuenta con elementos suficientes para sustentar la emisión de la regulación propuesta. Por el contrario, introduciría o podría introducir serias distorsiones a los mercados de producción, distribución y comercialización de bebidas alcohólicas elaboradas con agave, en contrasentido a lo establecido por la Ley de Propiedad Industrial”.

El IMPI comentó que esperaría el dictamen final de COFEMER. COFEMER emitió este dictamen el día de ayer en el que, al igual que COFECO, también rechaza esta propuesta por considerar que tendría impactos negativos sobre los productores de bebidas que son elaboradas a partir de Agave y que no están en la DO, así como sobre los consumidores que no tendrían derecho a estar informados sobre la verdadera composición de un producto.

En su dictamen final, COFEMER señala: “el anteproyecto impactará negativamente a los productores de Bebidas Genéricas (las bebidas de Agave fuera de la denominación de origen), al obstaculizar la comercialización de sus productos debido a la falta de precisión en su información comercial sobre el insumió con el que efectivamente están elaboradas dichas bebidas, lo cual no sólo afectará a los productores, sino que también puede afectar a los consumidores”.

La amenaza sobre los productores que utilizan el agave y, en especial, sobre los mezcaleros que están fuera de la DO de mezcal, continua ahora con la propuesta de Norma Oficial Mexicana 186 que ha presentado la Secretaría de Economía (SE) junto con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ante COFEMER. Más de 2,000 expertos, organizaciones, productores, comercializadores y “bar-tenders” de diversos países que han expresado su oposición tanto a las iniciativas del IMPI y de SE y PROFECO señalan que la propuesta NOM 186 representa una amenaza más grave a los productores que el propio intento de volver marca el vocablo “Agave”.

En el dictamen final que COFEMER envía al IMPI, al tiempo le rechaza la propuesta de volver el vocablo “Agave” una marca, señala que la propuesta de NOM 185 “resultaría una alternativa viable”. Al respecto, Catarina Illsley, del Grupo de Estudios Ambientales, señaló: “Hemos expresado nuestra oposición a esta NOM ya que establece varias amenazas a los productores y crearía un marco regulatorio anticompetitivo. Con esta NOM los productores de mezcal fuera de la DO, no sólo no podrían llamarle mezcal a su producto sino tampoco “Destilados de Agave” , tendrían que llamarles “Aguardientes o Destilados de agaváceas”, aunque estén elaborados a partir de agaves; no podrían declarar el contenido de azúcares de Agave del que están elaborados, aunque sean 100% Agave; no podrían producir mezcales tradicionales, típicamente elaborados 100% de Agave y con contenido alcohólico entre 40 y 55%, sino bebidas con menor calidad; y aún peor: no podrían elaborarlas con agaves cultivados en sus propios territorios, si es que están dentro de una DO (ej. los mezcaleros de Jalisco no podrían producir sus bebidas con agaves de la región que tiene DO de tequila).

La intención del IMPI como la de la SE y PROFECO responde a una iniciativa promovida por la gran industria del Tequila que pretende sacar de la competencia, principalmente, a los productores de Mezcal que no se encuentran dentro de la DO. Si bien con la NOM no insisten en registrar una marca Agave, sí mantienen que éste vocablo sólo sea permitido para describir los contenidos de bebidas protegidas por las denominaciones de origen. Las demás tendrán que  usar el genérico agavácea. Los productores perderían así el derecho de informar sobre uno de los aspectos  de distinción más importantes de los mezcales: la especie de agave de la que se elabora. Hay que recordar que el mezcal, que se elabora en 26 estados de México, a partir de 39 especies de plantas de la familia agavácea, es la bebida alcohólica que proviene de mayor diversidad biológica en el mundo. De esas, sólo 7 especies se encuentran protegidas por las denominaciones de origen, que abarcan partes de 6 estados (Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Sonora, Oaxaca, Guanajuato) y los estados completos de Guerrero, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Esta limitación afectará tanto a los productores como a los consumidores que no tendrán información suficiente para decidir su compra.

“No encontramos como COFEMER pueda elaborar un dictamen positivo al anteproyecto de NOM presentado por SE y PROFECO ya que los argumentos para rechazar la propuesta del IMPI para establecer el vocablo “Agave” como marca, se aplican perfectamente para rechazar la propuesta de esta NOM. Sin embargo, COFEMER le ha expresado al IMPI que esta NOM es una “alternativa viable”, una declaración que puede poner en peligro derechos de productores y consumidores”, concluyó el director de El Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo.

Carta de oposición al PROY-NOM-186-SCFI-2011, bebidas alcohólicas elaboradas a opartir de agavacea.5

Para mayor información comunicarse al 53384587 o al 0445523154210

2 de febrero de 2012

Amnistía Internacional llama a las autoridades mexicanas ha proveer una efectiva protección a Norma Andrade

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Dilo Tú

Difusión cencos México D.F., 3 de febrero de 2012

Boletín de Prensa
Norma Andrade

  • Alerta de seguridad sobre Norma Esther Andrade

Amnistía Internacional ha sido informada por medio de los abogados que trabajan con Norma Andrade de Nuestras Hijas de Regreso a Casa que ha sido atacada hoy, 3 de febrero, aproximadamente a las 9 am en su casa en la Ciudad de México. De acuerdo a los reportes, Norma estaba con su nieta cuando un hombre desconocido llamo a la puerta. El hombre la atacó con un cuchillo. Ella se las arreglo para defenderse pero fue herida antes de que el hombre huyera. Está recibiendo tratamiento en el hospital. Aún no sabemos cuál es su condición médica.

El 2 de diciembre de 2011, Norma Andrade fue atacada fuera de su casa en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, por un hombre armado  quien disparo cinco veces. Ella sobrevivió y estuvo internada en el hospital por varios días. El hospital la dio de alta después de recibir amenazas anónimas de que serían asesinados si continuaban proporcionándole tratamiento. Después de ser transferida temporalmente a un hotel, ella se fue de la ciudad por su seguridad y la de su familia. Norma buscó refugio en la Ciudad de México donde se le proporciono alojamiento y alguna protección. El Nuevo ataque parece ser parte de una campaña contra Norma Andrade. Amnistía Internacional cree que esta en inminente peligro y llama a las autoridades mexicanas a  cumplir su deber de proveerle de una efectiva protección que incluya el hospital donde ha comenzado a ser tratada.

Norma Esther Andrade es fundadora de nuestras Hijas de Regreso a Casa. Junto con el resto de quienes colaboran en la organización, ella y su familia han recibido numerosas amenazas desde junio de 2002. Malú García Andrade su hija y directora de la organización presentó una denuncia formal ante las autoridades federales el 30 de septiembre de 2011 después de haber recibido una llamada telefónica amenazante. Pocos días después un mensaje les fue enviado afirmando que ellas y su familia tenían solo 12 horas para abandonar la ciudad o serian asesinadas. Desde 2008 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicito medidas de protección para cuatro integrantes de NHRC, estas medidas obligan a las autoridades mexicanas a garantizar su seguridad.

Empresa Minera Canadiense Excellones, viola derechos de ejidatarios del Ejido La Sierrita, Durango

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Dilo Tú

Difusión Cencos México D.F., 2 de febrero de 2012
Prodesc

  • Excellon Resources se niega a reconocer los acuerdos previamente firmados con la comunidad.

El pasado lunes 30 de enero del presente año, integrantes del Comisariado Ejidal y un grupo de ejidatarios y ejidatarias del núcleo ejidal “La Sierrita de Galeana” ubicado en el Municipio de Tlahualilo Durango, se reunieron con los representantes de La Minera Canadiense “Excellon S.A. de C.V.”, para comenzar las pláticas de Revisión del Contrato sobre la ocupación temporal de 1,100 hectáreas de Uso Común, ya que a 3 años de su firma La Empresa Minera ha incumplido y violado la mayoría de las clausulas signadas por ambas partes, y las cuales quedaron protocolarizadas ante notario público, con la anuencia de representantes del gobierno del estado de Durango, haciendo caso omiso a los acuerdos de vecindad que se promovieron desde su origen, y que hoy los coloca, de acuerdo a los estipulado en varias de las clausulas -sobre todo en aquellas en donde La Empresa ha caído en violaciones flagrantes-, en serio riesgo de la recisión del contrato y el inicio de una nueva lucha por la defensa de su tierra y territorio.

Desde hace más de tres años la empresa Canadiense Excellon Resources INC, con sede en Toronto Canadá, ha estado realizando trabajos de exploración y explotacion en las 1,100 hectáreas del uso común propiedad del ejido “La Sierrita de Galeana”, sin embargo, a pesar estipular en el contrato cláusulas de responsabilidad social de La Empresa Minera para con las y los ejidatarios, tales como empleo, una planta tratadora para el agua que extrae la mina en el laboreo no contamine y dañe los suelos comunes y parcelados del ejido, así como el ofrecimiento de varias concesiones, entre otras, que ayudarían al mejoramiento de algunos aspectos comunitarios, ninguna se ha logrado cumplir, por lo tanto, se han creado condiciones para que las y los ejidatarios de “La Sierrita”, en pleno uso de su derecho, le solicitaran a “La Empresa” el inicio de un proceso de diálogo para, a partir de la revisión del contrato, establecer los mecanismos de una nueva negociación que pusiera fin a las arbitrariedades de la empresa y renovar el espíritu de los compromisos firmados, así como revisar las insuficiencias que se tienen y por supuesto, las graves violaciones en las que han incurrido y que evidentemente el ejido no pretende dejar pasar ni encubrir.

Ya han pasado más de dos meses después de la primera cita, a través de un oficio, en la que los ejidatarios de “La Sierrita” formalmente iniciaron este proceso de diálogo y negociación e invitaron a que los representantes de la empresa Excellon S.A. de C.V., se dispusieran a sentar para revisar el contrato. Después de una serie de excusas por parte de La Empresa en las que era evidente la intención de aletargar el proceso, finalmente el lunes 30 de enero del 2012 se presentaron en el ejido sólo para demostrar que están dispuestos a tener una abierta confrontación y en consecuencia expresar su negativa para escuchar y negociar sobre sus propios incumplimientos y dejar en claro que las violaciones en las que han incurrido las defenderán bajo su ya sabido abuso de poder.

No transcurrió ni una hora de discusión del contrato cuando “La Mesa” se levantó para romper el diálogo y la negociación, no sin antes mostrar su enfado por parte de la comisión ejidal, hacia la poca capacidad de dialogar por parte de La Empresa Excellon, y menos de entender el proceso en el que se está, dejándoles saber que si “La Empresa” expresa su poca capacidad de gestión en los INCUMPLIMIENTOS DE LOS ACUERDOS FIRMADOS HACE TRES AÑOS, EL EJIDO HARÁ lo que corresponde con las violaciones flagrantes en las cuales tienen el derecho de rescindir el contrato y emplazar al paro de las actividades mineras, hasta que la empresa muestre respeto y un clara disposición al diálogo y negociación.

Es evidente que la falta de respeto hacia los y las ejidatarias de La Sierrita, es una muestra de abuso de poder de La Empresa la cual no sólo afecta a las y los integrantes del Ejido, sino que hace tres años, al firmar y protocolarizar su acto en anuencia del gobierno de Durango, también deja ver que tiene una política clara de incumplimiento de la Ley Mexicana, y evidencia una vez mas que su politica de responsabilidad social corporativa, misma que propaga entre sus accionistas y que cita en su página de internet, es solo un acto mas de simulacion.

Hay que estar atentos del proceso de lucha que tienen las y los ejidatarios de “La Sierrita de Galeana” y no olvidemos que La Minería Canadiense en su conjunto está en la agenda pública de su país por la gran cantidad de violaciones en las que está incurriendo.

ATENTAMENTE

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C.

Para mayor informacion:

Valeria Scorza
55-5212-2230
valeria@prodesc.org.mx

Zamora 169 despacho 2B Colonia Condesa, C.P. 06140, México D.F. Tel. 5212 2229 Tel. y Fax 5212 2230
México D.F. a 1 de febrero de 2012

Posicionamiento de ejidatarios La Sierrita frente a las violaciones por parte de la empresa minera Excellon

A tres años de la macro-recomendación del río Santiago: Industria y salud son temas intocables

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Dilo Tú

Difusión Cencos México D.F., 1 de febrero de 2012

Boletín de prensa
VIDA / USDIC / IMDEC / INICABI

A tres años de la emisión de la macro-recomendación 01/2009 sobre la grave contaminación del río Santiago por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), las condiciones de vida para la población que vive en los márgenes del río Santiago no han mejorado y siguen las violaciones a los derechos a la salud y a un medio ambiente sano. Las respuestas proporcionadas a la CEDHJ por parte de las autoridades aludidas demuestran, en general, el incumplimiento de las leyes y normas correspondientes, una falta de voluntad política, con avances limitados en temas muy específicos por parte de algunos organismos gubernamentales, pero sin haber llegado a la implementación de acciones coordinadas que busquen controlar la contaminación del río Santiago ni atender la problemática de salud que ésta conlleva.

En materia de la industria, la única acción que se menciona son la firma de una serie de convenios la Comisión Estatal del Agua (CEA) Jalisco y varios municipios del Alto Santiago, en donde la CEA coadyuva con asesoría técnica en la inspección y vigilancia de industrias que descargan a los sistemas de alcantarillado municipales. Este proceso, hasta la fecha, ha llevado a 33 posibles sanciones a empresas. Exhortamos que la inspección y vigilancia que es competencia de los municipios se transparente y fortalezca con la participación de organizaciones de la sociedad civil y académicos, para proporcionar certeza a la ciudadanía afectada y llevar a las clausuras y sanciones correspondientes a las empresas que incumplen la NOM-002-SEMARNAT-1996.

Más allá de la macro-recomendación, el control de las descargas industriales requiere de la acción contundente de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en la inspección y vigilancia que le compete de los vertidos a aguas nacionales. La CONAGUA es sistemáticamente omisa en aplicar la NOM-001-SEMARNAT-1996 y persiste su ausencia en la zona, así como su discurso de protección a la industria respaldado por las autoridades del estado de Jalisco, es en gran medida lo que permite subsistir la problemática actual.

Por otra parte, la noticia reciente en el sentido de que la planta de tratamiento de Agua Prieta no tratará 2,000 litros por segundo de aguas residuales, por la no construcción del llamado túnel interceptor, es un indicio más de lo parcial del programa de saneamiento de la CEA. Al estar a unos meses del anunciando arranque de la planta de tratamiento El Ahogado, reiteramos nuestra preocupación de que no tratará la totalidad de las aguas residuales de esta cuenca, sino únicamente las aguas domésticas, más no las industriales de esta la zona industrial más importante del estado.

En materia de salud, persiste un círculo vicioso de inacción y la negativa constante de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) de las afectaciones a la salud de la población de El Salto y Juanacatlán. El único estudio realizado por la SSJ, basado en una encuesta, demuestra la renuencia a indagar de manera científica la relación entre contaminación y salud en la zona. Como muestra del incumplimiento de las recomendaciones aceptadas de la macro-recomendación, las escuelas primarias ubicadas en las cercanías de la cascada, El Salto de Juanacatlán, aún no han sido reubicadas.

En materia de monitoreo de aguas, aire y suelo, existen estudios del agua del río Santiago mensuales realizados por parte de la CEA, en su laboratorio que desde hace unas semanas cuenta con la certificación ‘EMA’. Consideramos que esto convierte a la CEA en juez y parte, dejando la incertidumbre a los afectados de la veracidad de los resultados.  Llamamos a la participación de organismos internacionales independientes, ajenos a la administración pública, a realizar estudios de calidad del agua del río Santiago.

En cuestión de aire y suelo, no hay avances en el monitoreo. La Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES) indica haber monitoreado las concentraciones de ácido sulfhídrico y metano en los municipios de El Salto y Juanacatlán, sin embargo, no han dado a conocer los resultados.

Finalmente, las acciones derivadas de la declaratoria de Polígono de Fragilidad Ambiental de la cuenca El Ahogado aún quedan a nivel de estudios y acciones superficiales.

En conclusión, vemos una simulación, respuestas deficientes que apenas cumplen con las formalidades requeridas por la CEDHJ, pero que no llevan a acciones en pro del saneamiento del río ni de la salud de las y los afectados. La industria sigue en la impunidad, a pesar de que sus descargas sean las más tóxicas, aunque sean menores en volumen.

En breve daremos a conocer un informe detallado del cumplimiento de la macro-recomendación, en aras de subrayar los vacíos y motivar la acción coordinada de las instituciones. Así mismo, publicaremos próximamente un informe que analiza la contaminación industrial del río Santiago en la zona de El Salto y Juanacatlán.

Instituto de Valores Integrales y Desarrollo Ambiental, A.C. (VIDA)

Unidad Social para el Desarrollo Integral Comunitario, A.C. (USDIC)

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A. C. (IMDEC)

Instituto de Investigación del Cáncer Biosmedica, A.C. (INICABI)

Informes: IMDEC, A.C.

Tel. 38110714 – 38110944 Ext. 106
Cel. 3311356138

30 de enero de 2012

Ejército se opone a sentencia histórica en materia de derechos humanos, actuando en representación de Felipe Calderón

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Dilo Tú

Difusión Cencos México D.F., 31 de enero de 2012

Boletin de prensa
Tlachinollan

  • El recurso de revisión deberá ser atraído y resuelto por la SCJN
  • La presentación del recurso evidencia que el Gobierno Federal sigue defendiendo la extensión del fuero militar sobre casos de violaciones a derechos humanos

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en representación del Presidente de la República Felipe Calderón, impugnó mediante la presentación de un recurso de revisión, la histórica sentencia del 2 de diciembre de 2011, mediante la cual familiares de Bonfilio Rubio Villegas, indígena naua que en 2009 fue privado arbitrariamente de la vida por elementos del Ejército mexicano, obtuvieron el amparo de la justicia federal en un juicio donde impugnaron la extensión del fuero militar sobre la investigación y el juzgamiento de dicha ejecución extrajudicial.

Los hechos datan del 20 de junio de 2009 cuando Bonfilio Rubio Villegas, fue asesinado por soldados del 93 Batallón de Infantería del Ejército mexicano, quienes minutos antes habían revisado la unidad en la que viajaba el joven naua, junto con otros 40 pasajeros. Luego de la revisión realizada por soldados que integraban un retén ubicado cerca de la ciudad de Huamuxtitlán, Guerrero, el conductor del autobús reemprendió su marcha y desde el retén, los castrenses abrieron fuego indiscriminadamente contra el autobús de pasajeros provocando la muerte de Bonfilio.

Tras los hechos, fueron iniciadas averiguaciones previas tanto en el fuero civil como en el fuero castrense. No obstante, a la postre prevaleció la justicia militar por lo que, al ser notificados, los familiares de Bonfilio Rubio Villegas presentaron una demanda de amparo en la que impugnaron tanto la declinación de competencia por parte de las instancias civiles, como la asunción de competencia de las instancias castrenses, señalando que se habían realizado mediante la aplicación de una norma inconstitucional como lo es el artículo 57 del Código de Justicia Militar.

La demanda dio inicio al Juicio de Amparo 818/2011, inicialmente radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, que con posterioridad conoció el Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en Cholula, Puebla, bajo el Número 614/2011. Este juicio derivó en la emisión de una sentencia inédita a favor de los familiares de Bonfilio Rubio Villegas, en la que por primera ocasión se protegió a las víctimas civiles de la inconstitucional expansión del fuero militar.

Dada la trascendencia del fallo, el propio Consejo de la Judicatura Federal difundió en su momento la nota informativa 48/2011 . Por su parte, los familiares de Bonfilio Rubio Villegas y sus representantes, a través de un Boletín difundido el 12 de diciembre de 2011, calificaron el fallo como “un hito sin precedentes” e instaron a la SEDENA a acatarlo, señalando expresamente que “es de esperarse que el compromiso asumido públicamente por el Presidente Calderón en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, con relación a que giró sus instrucciones para que casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares sean investigadas y juzgadas por las instancias civiles, se traduzca en que el fallo no sea recurrido por las autoridades de la SEDENA” pues “de lo contrario, sería exhibida la insuficiencia de ese compromiso ante la creciente ausencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas”.

Pese a ello, los familiares de Bonfilio Rubio Villegas han sido notificados recientemente de que la SEDENA ha interpuesto el recurso de revisión en contra de la inédita sentencia, actuando en representación legal del propio Presidente de la República.

En el mencionado recurso, a nombre de Felipe Calderón, la SEDENA da claras muestras de no variar su defensa a ultranza del fuero militar y, además de incumplir con las obligaciones jurídicas emanadas del orden constitucional vigente, muestra que el Ejército no se sujeta ni se sujetará al control civil en tanto no se reforme el Código de Justicia Militar, en abierta contravención a lo afirmado por el Presidente de la República el 9 de diciembre de 2011, cuando en el marco de la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos afirmó: “Hoy anuncio que he dado una instrucción fundamental a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina, a fin de que exploren mecanismos para que, sin violentar la ley vigente que nos obliga, en los casos de violaciones a los derechos humanos en que sean acusados integrantes de las Fuerzas Armadas, se busque la manera de poder transferir o declinar la competencia militar en favor de los Ministerios Públicos y de los jueces civiles”.

En efecto, la impugnación de la sentencia, favorable a los familiares de Bonfilio Rubio Villegas, muestra que no sólo no sean explorado los mecanismos sino que incluso en aquellos casos donde existe una orden judicial sobre la remisión de un expediente del fuero civil, el cumplimiento de tales sentencias es eludido por la SEDENA, con la aprobación de la Presidencia de la República.

Más aun, el recurso de revisión presentado por la SEDENA en representación de Felipe Calderón es elocuente sobre la posición del Instituto Castrense frente a las obligaciones internacionales del Estado mexicano.

Así, por ejemplo la SEDENA sostiene que “a la fecha, no existe ninguna norma jurídica que establezca […] que cuando un militar cometa un delito en perjuicio de un civil la competencia para conocer del asunto radique en una autoridad judicial del orden común, sino por el contrario, el artículo 57 del Código de Justicia Militar, mismo que a la fecha no ha sido declarado inconstitucional, indica que la competencia en tal caso, radica en los tribunales militares, sin que ello sea antagónico con el artículo 13 Constitucional sino por el contrario, es armónico con la disposición de la Ley Suprema”.

En igual sentido, respecto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH), el Ejército mexicano señala: “es también totalmente falso que la sentencia que se dictó por la CorIDH en el Caso Radilla Pacheco contra el Estado Mexicano, sea jurisprudencia de dicha Corte, toda vez que se trata única y exclusivamente de una sentencia dictada en un caso específico enfocado a resarcir a los ofendidos en dicho juicio, se reitera, sin constituir jurisprudencia[…] Aunado a lo anterior, la sentencia dictada en dicho juicio, no impone reglas de competencia al Estado mexicano para juzgar a militares puesto que ello es únicamente facultad de éste y no de un Tribunal Externo”.

Asimismo, la SEDENA considera ilegal lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Máximo Tribunal del país, respecto del valor que le reconoce a la determinación de la SCJN en el asunto Varios 912/2010 relativo al Caso Radilla y es que en el recurso, la SEDENA afirma: “El mismo es ilegal, porque no derivó de un expediente en revisión que hubiere llegado al más Alto Tribunal del país o por un conflicto competencial, por lo que el mismo, carece de validez, máxime que ninguna norma jurídica faculta al Pleno de la SCJN, para que en un expediente de naturaleza administrativa y no jurisdiccional, haga pronunciamientos de este tipo, a más de que tampoco constituye jurisprudencia ni es tesis de jurisprudencia por lo que su observancia, no es obligatoria”.

Adicionalmente, en su recurso la SEDENA sostiene que la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas no constituye una violación a derechos humanos refiriendo que: “no se trató de una violación a los derechos humanos, toda vez que en ningún momento el Estado ordenó directamente al tercero perjudicado Valentín Alejo Hilario, que privara de la vida al indígena naua. Es decir, como a juicio del Ejército no hubo una orden expresa de que se violaran los derechos de la víctima, no puede considerarse que en su perjuicio se hayan cometido violaciones a derechos humanos.

Ante ello, para el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Monitor Civil de la Policía en la Montaña de Guerrero (MOCIPOL), con la presentación de este recurso queda en evidencia que la SEDENA no está dispuesta a tolerar la limitación del fuero militar ni en razón de las sentencias de la Corte Interamericana; ni en virtud de la resolución de la SCJN en el Caso Radilla; ni mucho menos a partir de las instrucciones que el Presidente de la República emitió el 9 de diciembre de 2011. Por lo que tal situación demuestra la urgente necesidad de que se reforme el Código de Justicia Militar conforme a lo ordenado por la Corte Interamericana en los Casos Rosendo Radilla Pacheco; Inés Fernández Ortega; Valentina Rosendo Cantú; y Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabera García (“Campesinos Ecologistas”).

Finalmente, cabe mencionar que en la actualidad, el recurso de revisión se encuentra radicado en el Segundo Tribunal Colegiado especializado en las materias Penal y Administrativa, del Vigésimo Primer Circuito Judicial, con sede en Acapulco, Guerrero, bajo el Número 39/2012, donde en breve dicho órgano judicial deberá pronunciarse sobre su admisibilidad y, en su caso, sobre la remisión del expediente a la SCJN. En este sentido, el caso de Bonfilio Rubio Villegas pondrá a prueba la aplicación, por parte del Poder Judicial, de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos.

Consulta la Ficha Informativa del Caso de Bonfilio Rubio Villegas aquí.

Tlapa, Guerrero, México a 29 de enero de 2012.

Para mayor información y gestión de entrevistas:
Román Hernández
Área de Comunicación Tlachinollan

Tel:  01 (757) 476 37 04- 476 12 20
Fax: 01 (757) 476 1200
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Luto improbable por la muerte de un torturador

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Dilo Tú

Difusión Cencos México D.F., 30 de enero de 2012

Boletin de prensa
H.I.J.O.S. México

  • La muerte de un torturador
  • Un torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo.
    Mario Benedetti

Cuando una persona imprescindible muere, el mundo se pone de luto. El torturador Miguel Nazar Haro murió hace unos días y el improbable luto es completamente distinto: él no era imprescindible, pero era imprescindible que no muriera.

Miguel Nazar Haro fue uno de los más terribles torturadores de nuestra historia. Entrenado por la CIA. Financiado por el narco. Pieza clave en la estrategia gubernamental de asesinato, desaparición forzada y violación sistemática de los derechos humanos de disidentes politicos. Asesor de Zedillo contra el EZLN y las comunidades zapatistas. Robacoches de cuello blanco. Entrenador de torturadores expertos en violar derechos constitucionales. Sus historias lo hacen ver como uno más en la lista del pozolero o el mochaorejas; sin embargo Nazar Haro era más siniestro: él era un servidor público.

Pese a haber cometido innumerables crímenes de lesa humanidad, no enfrentó ningún proceso judicial efectivo. Hubo uno en Estados Unidos, acusado por haber organizado y coordinado una banda de ladrones de coches en ambos lados de la frontera. Para él, el enriquecimiento a partir de actividades ilícitas gracias al manto de impunidad que le cubría, fue más que una costumbre. Hubo dos procesos judiciales en México por la desaparición forzada de disidentes políticos. Valdría la pena preguntarse por qué fracasaron estos jucios.

Nazar Haro no estaba solo: era una pieza más en el esquema de violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país. No era un loco que actuaba aisladamente: recibió entrenamiento para ello y era parte de una estrategia generalizada para eliminar a la oposición política. No actuó solo: había subordinados y también había gente encima de él. Sin ir más lejos, los secretarios de gobernación y el presidente de la república. Los que gobernaban cuando él operaba y los que le siguieron que supieron todo y construyeron estrategias legales para mantenerlo impune.

Sin duda podríamos decir que hoy el mundo está más seguro sin él, sin embargo la impunidad que prevalece se traduce en una inseguridad al cuadrado. Al delito de la desaparición forzada –que no prescribe- y la tortura, se suma la complicidad de los jueces y el gobierno corrupto que trafica con nuestros derechos como si fueran de su propiedad. De la cadena de autoridades y funcionarios públicos, no hay quien se salve. Desde los torturadores hasta los diputados y senadores que modificaron las leyes para que los criminales y torturadores como él pasaran las farsas de procesos judiciales en su casa. Violación de los derechos humanos al cuadrado por cada una de las víctimas. ¿Cuántos años de prisión sería eso?

A Nazar Haro hay que condenarlo todas y todos, y hay que condenar también a los jueces que lo dejaron libre y a los gobiernos que consumaron su impunidad: desde los jueces en Monterrey Guillermo Vazquez Martinez y Jose Manuel de la Fuente Perez, hasta la SCJN. ¿Por qué si sabe que en sus manos está la última palabra de la justicia, elige mirar hacia otro lado?

Hoy se da un luto improbable porque este peligroso criminal murió sin haber enfrentado un castigo justo. Ante esto las mexicanas y mexicanos nos quedamos en un clima de indefensión. Sin embargo, el episodio no está cerrado: la tarea será lograr que el juicio de la historia imponga esa condena ejemplar para que casos como éste no vuelvan a tener un lugar en nuestro país.

H.I.J.O.S. México
No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos.
Juicio y castigo a los culpables y sus cómplices.
Los desaparecidos nos faltan a todos.

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Quién fue Miguel Nazar Haro?

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