Asesinato de indígena oponente a minera canadiense provoca protesta en la embajada de Canadá en la Ciudad de México

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Dilo Tú
Difusión Cencos México D.F., 21 de marzo de 2012 
Boletín de prensa
OSC de México y Canadá

Mientras organizaciones mexicanas protestan frente a la embajada de Canadá este miércoles contra el asesinato del líder indígena, organizaciones canadienses llaman a una investigación completa, al respeto de los derechos indígenas y al alto a la impunidad corporativa.
El 15 de marzo, Bernardo Vásquez Sánchez, indígena zapoteca, líder comunitario y miembro de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) en San José del Progreso, Oaxaca, fue asesinado en una emboscada por un grupo de tres pistoleros. Su hermano Álvaro Andrés Vásquez Sánchez y la activista local Rosalinda Vásquez fueron heridos y permanecen hospitalizados. Bernardo era un líder evidente en contra de las operaciones mineras de la empresa basada en Vancouver Fortuna Silver Mines en San José del Progreso, Oaxaca, conocida localmente por el nombre de la subsidiaria Minera Cuzcatlán.
“Un hombre profundamente involucrado en la protesta contra la minera canadiense Fortuna Silver y sus impactos en las fuentes de agua locales fue asesinado,” comenta Maude Barlow, reconocida activista en defensa del agua alrededor del mundo y presidenta del Council of Canadians. “Legislación en Canadá se necesita en forma urgente para que cuando los derechos humanos, ambientales y laborales son violados fuera de nuestro país las personas directamente afectadas tengan un recurso a través del sistema legal canadiense”.
Poco antes de su muerte, Bernardo Vásquez Sánchez habló con el periodista independiente canadiense Dawn Paley. Explicó cómo la oposición surgió en las comunidades. Describió cómo la compañía entró en la comunidad, negociando por separado con los ejidatarios, en vez de en asamblea. Indicó que los ejidatarios carecían de información de los planes de la compañía antes de que iniciaran operaciones.
Bernardo habló de los conflictos acerca de las ideas de qué es en beneficio de la comunidad “El gobierno nos llama pobres, pero vivimos bien. Para nosotros, la idea de desarrollo es una batalla de conceptos… Tenemos tierras, trabajamos, no tenemos efectivo, pero tampoco la compañía está dando dinero, da gallinas, cosas pequeñas, cosas que la gente no necesita”.
Según Paley, sin embargo, estructuras locales de gobierno que no han sido elegidas en asamblea por años han favorecido la entrada de la compañía. Peace Brigades International ha reportado que aquellos que se oponen a la mina han sido objeto de ataques constantes, incluyendo amenazas, arrestos arbitrarios y campañas. A penas hace dos meses, Bernardo Mendez fue asesinado en un episodio de violencia que se ha relacionado con la disputa por la minera.
En enero, hablando afuera de la embajada canadiense en referencia al asesinato de Méndez, Bernardo Vásquez manifestó “Desde 2010, advertimos al gobierno, con fotos y videos, que una asociación civil estaba armada… [Sin embargo mantuvimos] una actitud de diálogo, de mesas de trabajo, de propuestas. A cambio el gobierno municipal mató a nuestro compañero Bernardo…”.
“La violencia en San José de Progreso obliga a una investigación completa,” dice Jen Moore, Coordinadora del Programa para Latino América de MiningWatch Canada. “Esto debiera incluir examinar cómo la compañía entró al área y cómo se puede estar beneficiando, agravando o corrompiendo a las estructuras de gobierno local en detrimento de la población indígena del lugar”.
A las 2:30 (tiempo local), del 21 de marzo, gente de Oaxaca y muchas organizaciones mexicanas protestarán frente a la embajada de Canadá en la Ciudad de México. The Council of CanadiansCommon Frontiers,MiningWatch CanadaPeace Brigades International – Canada y Rights Action se unen en solidaridad y llaman a:
1. Los gobiernos de Oaxaca y de México a llevar a cabo inmediatamente una investigación exhaustiva del asesinato de Bernardo, así como a la violencia previa y llevar a los responsables ante la justicia;
2. Autoridades mexicanas a proveer protección para Álvaro Andrés Vásquez Sánchez, Rosalinda Vásquez y todos los miembros de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán;
3. Respeto a los derechos indígenas de las comunidades zapotecas a la consulta previa, informada y libre de las operaciones actuales y futuras, lo cual incluye el derecho a decir “no”;
4. Un pronunciamiento de la Ministra de Canadá del Estado Consular y de Relaciones Exteriores (Latinoamérica) la Honorable Diane Ablonczy, condenando la violencia y llamando a una investigación exhaustiva, incluyendo conexiones posibles con Fortuna Silver, y por la protección de defensores ambientales de San José del Progreso;
5. El gobierno canadiense a promulgar legislación que obligue a la rendición de cuentas de compañías extractivas canadienses por violaciones a derechos humanos e impactos ambientales de sus prácticas mineras alrededor del mundo.
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Contactos:
Claudia Campero (en México), Blue Planet Project. +52 1 55 3015 6366, claucampero@yahoo.com
Roberto Stefani (en México), Centro Prodh; +52 1 5532061727 desca@centroprodh.org.mx
Octavio Rosas Landa (en México), Asamblea de Afectados Ambientales +52 1 55 54 69 63 56
Jen Moore (en Canadá), MiningWatch. 613-569-3439, jen@miningwatch.ca
Dylan Penner (en Canadá), Media Officer, Council of Canadians. 6137958685, dpenner@canadians.org

 

Cronología del Barca sobre el conflicto en San José del Progreso, Oaxaca

 

Conferecia realizada en día de hoy en el Centro ProDH

 

Minas, mentiras y muerte. Video del CentroProDH sobre muerte de Bernardo

Poco que festejar en el Día Mundial del Agua 2012

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Dilo Tú
Difusión Cencos México D.F., 21 de marzo de 2012

Manifiesto
Comda

  • Este 22 de marzo de 2012, millones de personas en México no podrán ejercer su derecho humano al agua y al saneamiento a pesar de ser ya un derecho constitucional.

Según las datos del gobierno, aún hay 9.5 millones de personas que no tienen acceso a agua y 10.7 millones al alcantarillado. Si a estas personas, que viven sobre todo en zonas rurales y que carecen totalmente de infraestructura, se suman los hogares que no disponen de agua dentro de su vivienda, la cifra llega a 25 millones de personas. Además, el agua de la red, no necesariamente es apta para el consumo humano ni los datos de cobertura consideran la irregularidad en la provisión del líquido. Es claro que el acceso al agua sigue siendo una asignatura pendiente.

En México, la mayor parte de los cuerpos de agua están contaminados: sólo el 5% de los ríos tiene una calidad aceptable para cualquier tipo de uso, mientras casi el 95% tiene algún grado de contaminación, y el 29% presenta altos niveles de contaminación por sustancias químicas, residuos de medicamentos, narcóticos, heces, arsénico y otros metales pesados. No obstante, todos los días se escuchan denuncias de violación a las normas y leyes que no son atendidas, mostrando una extrema omisión gubernamental que antepone los intereses económicos y políticos a los derechos humanos. Casos como el del Río Santiago en Jalisco, que ha provocado pérdidas humanas, o la contaminación por arsénico en la Comarca Lagunera se repiten a lo largo y ancho del territorio. A las fuentes de contaminación tradicionales como las de la actividad petrolera, las maquilas, los corredores industriales, ahora se suma la actividad minera con severos estragos en el medio ambiente y la salud humana.

Por otro lado, la forma en que se ha procurado la extracción y distribución del agua y la lógica de solucionar problemas de abastecimiento a través de megaproyectos mediante la construcción de presas, ha probado tener grandes consecuencias negativas, tanto sociales como ambientales, ignorando la opinión de las comunidades, como es el caso del proyecto de la Presa La Parota en el estado de Guerrero.

México es el primer consumidor de agua embotellada en el mundo, lo cual se debe a que la población desconfía de la calidad del agua o, simplemente, no tiene acceso al agua potable. Anualmente en el mundo se desechan alrededor de 8 mil millones de envases de plástico, que tardan hasta 500 años en degradarse.

La paradoja de que sea la gente pobre la que termina pagando más por el agua es resultado de una política hídrica que prioriza la visión del líquido como un bien económico. Esta política atenta contra el derecho al acceso al agua que tradicionalmente han tenido indígenas y campesinos, dejando en grave estado de indefensión a estos sectores de la sociedad, traduciéndose en la práctica en despojo de manantiales, como lo hace la empresa Coca Cola en el estado de Chiapas.

Además, en un número creciente de ciudades existen procesos de privatización de los sistemas de agua y de plantas de tratamiento, cuya evaluación aún está pendiente. En este proceso es evidente que las empresas trasnacionales han sido las beneficiadas. Incluso ya empiezan a presentarse casos de incumplimiento como ocurre actualmente con la empresa “Tratamiento de Agua de Puebla” que ahora ha demandado al gobierno de ese estado sobre la base de un contrato que otorga todas las ventajas al capital privado.

En el medio urbano el abasto tampoco está garantizado, mostrando con ello que la realidad contradice los discursos oficiales sobre los beneficios de las grandes obras. Las grandes ciudades padecen ya estrés hídrico, al mismo tiempo que sufren constantes inundaciones por falta de una adecuada planeación del desarrollo. Decenas de miles de mujeres en la Ciudad de México gestionan la provisión del agua por medio de pipas o almacenando el líquido que llega tandeado durante las madrugadas. Al igual que las indígenas de los Altos de Chiapas, mujeres iztapalapenses llegan a invertir hasta 30 horas a la semana en conseguir el líquido, exacerbando las desigualdades de género. La sobre-explotación de acuíferos (que alcanza a 105 en el país) ocasiona hundimientos y grietas en el suelo, los cuales ponen en riesgo la vida y el patrimonio de las personas. En el Valle de México, el crecimiento urbano, la sobreexplotación de los acuíferos y la expulsión masiva de aguas provoca el desecamiento de la cuenca, haciendo inviable el suministro de agua para la metrópoli en el mediano plazo.

Es en este contexto, y gracias a la lucha de movimientos mexicanos e internacionales en defensa del agua, que el derecho humano al agua se encuentra expresado ya en el Artículo 4º de nuestra Constitución, estableciendo que “toda persona tiene el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho”. Además establece que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”.

Sin embargo, para que el derecho humano al agua y al saneamiento se convierta en una realidad y no corra el riesgo de convertirse en letra muerta, o en una herramienta al servicio de las empresas y de los intereses de los poderosos, el Estado mexicano está obligado a emitir una nueva Ley General de Aguas, que priorice el carácter de bien común y público del agua, que incorpore la perspectiva social, cultural y espiritual de este elemento vital para la vida, así como la visión de las comunidades campesinas e indígenas, que consideran al agua como indispensable para toda vida y, por lo tanto, como un elemento divino, insustituible y que no tiene precio.

La nueva Ley General de Aguas debe revertir y prohibir las políticas y programas que privatizan, mercantilizan y convierten el agua en un jugoso negocio para la iniciativa privada antes que en un derecho humano, además de garantizar una gestión democrática, sustentable, justa y equitativa del vital liquido.

Una verdadera gestión pública del agua requiere de vigilancia y mecanismos de contraloría social y de planeación de las políticas hídricas que fomenten la participación social y ciudadana. Por lo que demandamos se abran procesos reales de participación social y ciudadana, en donde la voz, necesidades y propuestas de los movimientos y grupos sociales del país sean incorporadas en la nueva ley, políticas y programas hídricos.

Por lo tanto.

  • Afirmamos que el respetar, proteger y garantizar el derecho humano al agua es una obligación del Estado mexicano, reconocido en los artículos 2º, 4º y 27º de la Constitución Mexicana, en diversos tratados internacionales de los que México es parte y en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Agua y el Saneamiento. Además, el derecho al agua es condición para la realización de otros derechos humanos.
  • Nos pronunciamos porque sean las instancias multilaterales las que convoquen a las reuniones mundiales y no los representantes empresariales. Expresamos que las conclusiones y declaraciones que surjan del VI Foro Mundial del Agua en Marsella, Francia, no representan ni a los gobiernos ni a las organizaciones sociales y civiles de México ni del mundo. Denunciamos que el gobierno mexicano no convocó a ninguna reunión pública y no ha dado a conocer de manera formal su posición frente a este Foro. Nos sumamos a las expresiones y eventos alternativos y manifestamos nuestra solidaridad con las luchas de las organizaciones sociales y civiles francesas que se enmarquen en los principios que hemos señalado.
  • Convocamos a las legisladoras y legisladores a emprender un amplio proceso de consulta y discusión sobre la orientación y contenido para la formulación de una nueva Ley General de Aguas a todo lo largo y ancho del país. Asimismo deberán ser congruentes y aprobar los recursos públicos necesarios para reducir el número de mexicanas y mexicanos que no tienen acceso al agua.
  • Exigimos a las instituciones responsables de diseñar y ejecutar las políticas públicas, a revisar sus programas y reorientarlos con el fin de iniciar un proceso de transformación del modelo de gestión del agua que coloque en el centro a la ciudadanía y sus derechos reconocidos claramente por la reciente reforma al artículo 4º Constitucional.
  • Demandamos justicia y equidad en la distribución y acceso a servicios de agua y saneamiento de calidad para todas y todos, garantizando el manejo sustentable.
  • Exigimos detener y revertir los procesos de privatización de los servicios de agua, los cortes y las altas tarifas, situaciones todas que se traducen en violaciones al derecho humano al agua.
  • Llamamos a toda la ciudadanía y a los movimientos por la defensa del agua a exigir que los Congresos locales actúen en el mismo sentido y reformen sus constituciones bajo estos principios.

Contacto:

Brenda Rodríguez Herrera brendtzu27@gmail.com
044 55 29 36 79 85

Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)

Conformada por:

Agua, Trabajo, Servicio y Vida A.C.; Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP); Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL); Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS); Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.”; Centro Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C.; Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara, A.C.”; Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, Copevi A.C.; Colectivo Radar; Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA A.C.); Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota; Desarrollo, Educación y Cultura Autogestionarios, Equipo Pueblo; Enlace Rural Regional, A.C. (ERRAC); Espacio DESC; Food First Information and Action Network- México; Guardianes de los Volcanes, A.C.; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC); Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER); Otros Mundos, A.C.; Red de Género y Medio Ambiente; Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC); Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ); y como Aliado internacional: Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL)

20 de marzo de 2012

Con la firma o sin la firma del gobernador, La Parota no se hará

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6Dilo Tú

Difusión Cencos México D.F., 19 de marzo de 2012

Boletín de prensa
CECOP

  • Es la decisión de a Asamblea General del CECOP
  • La movilización del CECOP opaca el silencio oficial

La invitación del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) al Gobernador del estado de Guerrero a la Asamblea General del 11 de marzo para firmar los Acuerdos de Cacahuatepec tuvo como respuesta el silencio. Como anticipamos, esto es un desafío y falta de respeto para el movimiento. También es una falta de visión política del gobierno del estado. A lo que llamamos, al exigir la cancelación definitiva de la Presa La Parota es a defender al estado de Guerrero de la depredación y el saqueo. Ninguna hidroeléctrica, ninguna mina son desarrollo para el estado ni para el país. Menos aún si son financiadas con capitales extranjeros que se llevan la ganancia, como sería la Presa La Parota o los proyectos mineros canadienses.

Llamamos al Gobernador a ser partícipe de la defensa de las tierras guerrerenses. No quiso, calló. Nosotros sí vamos a defender estas tierras y el agua, pero sobre todo vamos a defender el carácter comunitario de nuestro territorio que es comunal y es indígena. Lo haremos a través de la movilización, profundizando la libre determinación, característica de nuestra resistencia de nueve años contra la imposición, a la fuerza, de ese negocio de los capitales trasnacionales llamado Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota promovido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa paraestatal que fue expulsada de nuestro territorio desde el inicio de nuestro movimiento de resistencia, el 28 de julio de 2003.

La firma de los Acuerdos de Cacahuatepec con el gobierno del estado es solamente un paso más en el sinnúmero de acciones que hemos emprendido para lograr la Cancelación Definitiva de la Presa La Parota. Acciones que van desde nuestras visitas a la Residencia Presidencial de Los Pinos y el Congreso de la Unión hasta la exposición del conflicto en el Comité DESC de la ONU en Ginebra, Suiza, y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.

Sin embargo sigue en pie nuestro emplazamiento al Gobernador para la firma de los Acuerdos. Estos comprenden cinco puntos: gestionar la cancelación definitiva de la Presa La Parota ante el Ejecutivo federal, demanda única del CECOP;  no promover ninguna asamblea fraudulenta más (sobre este asunto y los siguientes se pronunció públicamente el gobernador);  no usar la fuerza pública contra el CECOP ni contra los movimientos sociales; respetar las sentencias del Tribunal Unitario Agrario que declaran nulas las asambleas amañadas con que buscaron el aval para iniciar el proceso expropiatorio; y respaldar las acciones del CECOP por recuperar y recomponer el tejido social destruido por la CFE en nuestras comunidades.

LA MOVILIZACIÓN

1.    Convocamos a movilizarnos el 23 de marzo. En vías hacia la Unidad llamamos a todos los habitantes de los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec a incorporarnos a la Acción Comunitaria por la Unidad y la Paz propuesta por la Iglesia Católica para el viernes 23 de marzo a las 9:00 a.m. que partirá de la Vereda de Amatillo, en San Pedro Cacahuatepec para culminar en Las Parotas.

2.    Llamamos a una gran movilización el mes de mayo por la Cancelación Definitiva de la Presa La Parota.

LA PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD CON LOS MOVIMIENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

El CECOP respalda y participará el 29 de marzo en las acciones que se llevarán a cabo en todo el territorio nacional en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el cobro arbitrario de las altas tarifas de luz y por la represión a los electricistas del SME, a los integrantes de la Red Nacional de Resistencia civil, a la Asamblea Nacional de Usuarios y a los movimientos de resistencia contra los proyectos eólicos y las hidroeléctricas.

El CECOP integra el evento del día de hoy como parte de las acciones del 14 de marzo, Día Internacional de Acción por los Ríos y contra las Presas que se conmemora a nivel mundial.

Nuestro movimiento se une y se solidariza con la resistencia de los compañeros chilenos contra la represa Hidroaysén, con la Marcha Nacional por el Derecho al Agua en Perú, la resistencia del pueblo Ngäbe Buglé en Panamá, la resistencia mesoamericana contra las represas y, desde luego se solidariza y respalda la lucha de Temacapulín contra la presa El Zapotillo en Jalisco, y del Copudever contra el proyecto Paso de la Reyna en Oaxaca.

El CECOP será parte de la Audiencia Ambiental del Tribunal Permanente de los Pueblos.

¡VIVA LA LUCHA Y LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS!

¡LA TIERRA NO SE VENDE!

Aguacaliente,

Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, Acapulco, Gro. México.

CONSEJO DE EJIDOS Y COMUNIDADES OPOSITORES A LA PRESA LA PAROTA

CECOP

218 emisón 14 al 20 de marzo 2012

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Reconoce Anuies difícil panorama laboral para egresados universitarios

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Se reúne en Campeche el Consejo de Universidades Públicas

Reconoce Anuies difícil panorama laboral para egresados universitarios
Laura Poy Solano
Enviada
Periódico La Jornada
Sábado 17 de marzo de 2012, p. 37

Campeche, Camp., 16 de marzo. El secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), Rafael López Castañares, señaló que al menos 40 por ciento de los jóvenes universitarios en el país están en el desempleo o les cuesta mucho trabajo encontrar uno.

Al destacar una de las conclusiones de la segunda parte del estudio Mercado laboral de profesionistas en México: diagnóstico 2000-2009 y prospectiva (2012-2015), presentado durante la 38 sesión ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (Cupia), reconoció que cuatro de cada 10 jóvenes inscritos en instituciones de educación superior son formados por universidades privadas, por lo que, afirmó, tenemos una deuda pendiente, debemos crecer en cobertura y ver de qué manera seguiremos apoyando a las instituciones públicas.

En el encuentro, encabezado por Rodolfo Tuirán Gutiérrez, quien aún acudió como encargado de la Secretaría de Educación Pública, horas antes de que se anunciara el nombramiento de José Ángel Córdova Villalobos como nuevo titular de la dependencia, se entregó el documento de más de 300 cuartillas que será sometido al análisis de los rectores y órganos colegiados de la Anuies, por lo que no se dio a conocer su contenido.

López Castañares señaló que además de someter a un nuevo análisis de la comunidad de rectores el documento con los planteamientos y reformas jurídicas para aplicar presupuestos plurianuales para el sector, también se revisó la aplicación de los fondos extraordinarios para las universidades públicas estatales, que este año distribuyó 950 millones de pesos para el fortalecimiento institucional, reconocimiento de plantilla docente y mejora de equipamiento e infraestructura.

Reconoció que existe una disminución significativa en el monto de los recursos y eso afecta considerablemente a las instituciones, pues agregó que si anteriormente había siete fondos y nos los reducen a cuatro, también los recursos. Se reconoce el esfuerzo de las universidades por alcanzar la calidad, pero los montos siguen disminuyendo.

En tanto, Tuirán Gutiérrez, quien se retiró de forma intempestiva del encuentro cerca de las 13 horas, señaló que al menos 35 por ciento del crecimiento de la cobertura en educación superior en lo que va de sexenio corresponde a universidades privadas, aunque destacó que es en las universidades privadas donde más se ha incrementado el número de programas académicos reconocidos por su buena calidad.

Agregó que pese a los avances en cobertura e incremento en el número de becas para universitarios –este año se apoyará a cerca de 800 mil jóvenes–, quienes enfrentan mayores desventajas económicas tienen 3.7 veces menos posibilidades de cursar una carrera universitaria que aquellos que nacieron en hogares con altos ingresos.