Difusión Cencos México D.F., 28 de marzo de 2012

Boletín de prensa
Sin Fronteras

Como parte de un proyecto conjunto Sin Fronteras y el Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (INCEDES) en Guatemala, presentan el “Estudio Comparativo de la Legislación y Políticas Migratorias en Centroamérica, México y República Dominicana”, cuyo propósito es promover junto con legisladores y parlamentarios centroamericanos, un mejor entendimiento de las migraciones en la región, y con ello, fortalecer la elaboración, revisión, aprobación y vigencia de marcos jurídicos que normen e institucionalicen las políticas públicas de nuestros Estados, así como, abordar con una perspectiva integral, los movimientos internacionales de población.

En ese sentido el presente documento fue elaborado como una contribución para los legisladores de la región en el marco de los esfuerzos realizados por el COPAREM[1], y busca impulsar procesos de armonización normativa y de reforma que favorezcan un desarrollo regional más justo y el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas en la región. Se enfoca en conocer el comportamiento de la migración internacional en tránsito y destino, especialmente aquella que ocurre en situación irregular o no autorizada con base en el marco normativo vigente. El documento recopila y sistematiza los resultados de un estudio de análisis comparativo de las principales características de los procesos migratorios regionales a partir de los marcos legales e institucionales que regulan la migración internacional en ocho países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

Entre los hallazgos principales se observa que regularmente:

  • Los Estados de la región han suscrito y ratificado los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, migración y refugiados;  y sus marcos normativos internos establecen estándares de protección y garantía de derechos similares a estos instrumentos;
  • Sin embargo, Las normas migratorias están centradas fundamentalmente en el control y selección de la migración hacia los países, poseen un alto sentido represivo, con amplios márgenes de discrecionalidad, ambigüedad y carencias normativas sustanciales para responder a la realidad y necesidades de la migración y del propio Estado.
  • Existe una tendencia de los países de la región de transitar hacia esquemas migratorios más equitativos, razonables y congruentes con los estándares de derechos humanos y la realidad migratoria, no obstante son inobservados en la práctica a consecuencia de situaciones no previstas por las normas, que dan pauta a procedimientos diferenciados, discrecionales o arbitrarios; falta de recursos económicos o humanos para responder adecuadamente a la exigencias de la función migratoria;  y una cultura de inobservancia a la ley ante la inefectividad de los medios de denuncia y sanción.

Bajo este contexto, el estudio presenta una amplia gama de recomendaciones, entre las principales se encuentran:

  • Incluir dentro de las normas que rigen el estatuto de las personas extranjeras y migrantes, una regulación clara sobre: a) los principios y fines que deben regir la gestión de flujos migratorios, b) los derechos que poseen las personas extranjeras por el sólo hecho de estar bajo la jurisdicción del estado; c) los principios, aspectos y criterios sociales y migratorios que deben comprender u observarse en la formulación de la política migratoria.
  • Adoptar medidas legislativas tendientes a transitar hacia un esquema migratorio en el que no participen fuerzas armadas, cuerpos encargados del orden social o seguridad en funciones migratorias o bien, delimitar con precisión los supuestos en los que tendrán una participación, así como los principios y parámetros que regirán su actuar.
  • Considerar en la regulación de las sanciones por infracciones a las leyes migratorias la derogación de tipos penales por el ingreso irregular de personas migrantes u otras infracciones a leyes migratorias similares.
  • Armonizar las normas migratorias formales y materiales con los instrumentos internacionales y postulados constitucionales en materia de derechos humanos, en especial, en relación a derechos como: la libertad personal, la no discriminación, la notificación consular, el debido proceso legal en materia administrativa, la protección a la infancia y el acceso efectivo y oportuno a la justicia.
  • Crear marcos normativos que tomen en cuenta, reconozcan y visibilicen a la población migrante para garantizar así el acceso y el disfrute de los derechos a la educación, a la salud, identidad y trabajo con independencia de su situación migratoria.
  • Establecer garantías al debido proceso, que cuando menos aseguren el derecho de la persona a: ser informado de la infracción imputada; permitir la comunicación con persona de confianza; ejercer su derecho a ser oído y presentar argumentos a su favor; contar con la asistencia de un abogado o representante legal en las diligencias que realice frente a la autoridad; no ser obligado a declarar en su contra; ejercer su derecho a la notificación consular; presentar pruebas en un tiempo razonable; acceder a la información bajo la que se sustenta la imputación y el procedimiento migratorio que se le sigue; ser notificado de la resolución que adopte la autoridad; contar con medios y oportunidad para recurrir la resolución que afecte o lesione sus intereses.
  • Enmendar las prácticas discriminatorias o prejuicios en torno a las personas migrantes a través de la adopción de acciones legales afirmativas que tiendan a establecer una cultura inclusiva y no discriminatoria de las personas extranjeras. Ello, acompañado de una asignación presupuestaria que permita un tratamiento consecuente del problema y favorezca la articulación de acciones con actores estatales, civiles, locales e internacionales.
  • Restituir de su verdadero significado y utilidad a la notificación consular a fin de que sea ante todo y nuevamente un derecho de la personas migrante ante la privación de la libertad o actos que puedan afectar sus intereses o derechos.
  • Implementar políticas y mecanismos de detección, atención y protección a grupos particularmente vulnerables: solicitantes de asilo, víctimas de trata de personas, víctimas de otros delitos como el tráfico de personas y el secuestro, y la violencia doméstica, entre otros.
  • Prever en la ley la existencia de los Consejos Consultivos en materia migratoria, así como regular las facultades, composición gubernamental, funciones o tareas que desarrollan. Es recomendable que los mismos incluyan posibiliten la participación de organizaciones académicos u organismos internacionales especializados en el tema.
  • Fomentar normativamente la participación inclusiva de la sociedad civil en las dinámicas migratorias, a partir del reconocimiento institucional de la utilidad social y constructiva de su labor en la atención, defensa y promoción de los derechos humanos.

Sin duda, hay situaciones que han cambiado desde la realización de este estudio, sin embargo,  muchos temas siguen vigentes y este esfuerzo representa una línea de base que permite a la academia, sociedad civil y gobierno dar seguimiento a los cambios en los marcos normativos de la región y la elaboración de nuevas propuestas de trabajo.

[1] El Consejo Parlamentario Regional para las Migraciones (COPAREM) incluye a legisladores / parlamentarios de: El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y del Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la
Fuente de OSC, Migración y Derechos Humanos
México DF, 27 de Marzo de 2012

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

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