Dilo Tú


Difusión Cencos México D.F., 29 de marzo de 2012

Boletín de prensa
Tlachinollan

  • Recomendación: un triunfo estudiantil que sienta las bases para que se garantice la justicia y la no repetición de los hechos.
  • CNDH da cuenta de la necesidad de que en el particular contexto guerrerense las acciones de protesta se respondan con el diálogo y no con la fuerza.

El 27 de marzo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 1 VG/2012, sobre la investigación especial que realizó por las graves violaciones a derechos humanos ocurridas el pasado 12 de diciembre de 2011 en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, contra estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa Guerrero. Se trata de la primera Recomendación de esta naturaleza que emite la CNDH, en uso de la nueva facultad constitucional que la habilita para conducir investigaciones especiales por graves violaciones a derechos humanos; estamos, por tanto, ante un hecho de trascendencia histórica.

Como han señalado los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos la emisión del informe es una indudable victoria del movimiento estudiantil, pues fueron los propios estudiantes quienes acudieron a la CNDH, acompañados por cientos de organizaciones nacionales e internacionales, así como por personalidades dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos. También porque fueron los propios estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos quienes coadyuvaron activamente en el proceso y mantuvieron un puntual seguimiento confiando al Ombudsman Nacional su testimonio como víctimas y recibiendo al Primer Visitador en Ayotzinapa.

El Informe emitido por la CNDH reconoce la legitimidad de la protesta realizada el 12 de diciembre de 2011 y considera plenamente acreditada la existencia de las violaciones graves a derechos humanos imputables a autoridades federales y estatales como la criminalización de la protesta social; el uso irracional de la fuerza y empleo excesivo de las armas de fuego; la ejecución extrajudicial de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús; la tortura de otro estudiante, en contra de quien se intentó realizar una falsa imputación; las lesiones por disparo de arma de fuego infligidas a tres estudiantes; los tratos crueles y detenciones arbitrarias que se cometieron en contra de otros normalistas y personas ajenas al conflicto; y la inadecuada atención a las víctimas. En este sentido, también surge con claridad del informe del Ombudsman Nacional que la lamentable muerte del señor Gonzalo Rivas no habría ocurrido si las corporaciones policiales hubiesen actuado respetando los protocolos relativos al uso de la fuerza pública en entornos de conflictividad social.

Para el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, resulta fundamental subrayar que el informe de la CNDH apunta a las causas estructurales del conflicto, pues indica que en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos venían prevaleciendo condiciones indignas que limitaban a los estudiantes el acceso a una educación de calidad, así como los derechos a una vivienda digna y a la salud, situación que fue desatendida por negligencia gubernamental y lo que la CNDH calificó como “intolerancia institucional”, propiciando la movilización del 12 de diciembre de 2011.

En cuanto a la atribución de responsabilidades a los servidores públicos involucrados, subrayamos que la CNDH señala que hubo “responsabilidad institucional” del Gobierno del Estado de Guerrero por la indolencia y la intolerancia con que se condujo la interlocución política con los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos antes del 12 de diciembre de 2011 .

Asimismo, el Ombudsman Nacional establece la responsabilidad de la Policía Federal al señalar que sus elementos fueron los primeros en disparar y establecer que los estudiantes detenidos por esa corporación fueron llevados a un cuartel policial donde fueron víctimas de tratos crueles. Para Tlachinollan, la sanción penal y administrativa de los altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, recomendada por la CNDH, cobra especial relevancia pues es público y notorio que dicha Secretaría ha gozado de total impunidad durante este sexenio incluso cuando se ha demostrado que los mandos superiores han incurrido en ilegalidades y violaciones a los derechos humanos.

Del mismo modo, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan destaca que la CNDH determinó la responsabilidad política y jurídica en los hechos de los más altos funcionarios del estado de Guerrero conforme a la cadena de mando, ordenando incluso al Congreso Estatal que se siga juicio político en contra de quienes entonces fungieron como Procurador de Justicia, Secretario de Seguridad Pública y Subsecretario de Seguridad Pública, respectivamente, sin menoscabo del proceso que ya se sigue contra de los policías ministeriales identificados como autores materiales del homicidio de los jóvenes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. La sanción de los altos mandos a través del juicio político abre la puerta a un ejercicio inédito en nuestro estado para responsabilizar a funcionarios de primer nivel jerárquico. Ante ello, Tlachinollan hace un llamado a que el Congreso del Estado cumpla en sus términos y de manera pronta esta toral recomendación.

Finalmente, en cuanto a los puntos recomendatorios, destacamos que la CNDH ordena que se realice un acto público solemne en el que se pidan disculpas a las víctimas -estando éstas presentes- y donde se anuncien las medidas que se adoptarán para la no repetición de los hechos. Asimismo, entre otros aspectos, el Ombudsman Nacional dispuso que se procure y administre justicia con participación de las víctimas; que se desarrolle un programa emergente de atención a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero; y que se repare el daño a las víctimas, cuestión esta última en la que se han presentado importantes avances en los últimos días a través de los diálogos entre el gobierno estatal y la Comisión Civil de Interlocución, cuya intervención en el conflicto ha sido de primera importancia.
Para Tlachinollan, sólo el cumplimiento de todas y cada una de las recomendaciones garantizará que las graves violaciones a derechos humanos cometidas el 12 de diciembre de 2012 no queden en la impunidad, de forma que no pasen a la historia como las masacres de Aguas Blancas o El Charco. Por ello, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña dará puntual seguimiento a las mesas de trabajo donde se aborde el seguimiento a la Recomendación y llama a la opinión pública nacional e internacional a permanecer atentas al proceso.

El conflicto de Ayotzinapa no está resuelto. Como lo señala la CNDH, los gobiernos estatal y federal deben atender las causas estructurales que llevan a los normalistas a tener que defender año con año en las calles su institución, como lo hacen cientos de jóvenes alumnos y alumnas de las normales rurales de todo el país. Solamente de esa forma se garantizará que hechos como los ocurridos el 12 de diciembre de 2011 nunca más vuelvan a suceder; ese será, sin duda, el mejor homenaje para las víctimas.

Jefes/as de Información, periodistas, reporteros/as:

Comunicado de los estudiantes de Ayotzinapa sobre el Informe final de la CDNH

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Para mayor información y entrevistas

Román Hernández
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Chilpancingo, Guerrero a 28 de marzo de 2012.

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