jueves 29 de marzo de 2012

Juan Jované (PANAMAAMERICA)

Una de las características salientes del modelo económico vigente en Panamá es la presencia de la llamada acumulación por desposesión. Esta constituye un proceso en el que por medio del poder estatal se disuelven las formas de producción y de vida comunitarias, se despoja a los productores del uso de las tierras colectivas, se amplía la oferta de fuerza de trabajo asalariado, se presiona hacia abajo la remuneración de los trabajadores, a la vez que se utiliza el sistema tributario, el gasto estatal y la deuda pública como palanca de la acumulación privada de beneficios. El poder concentrado en el Estado se utiliza, entonces, para expropiar bienes y recursos a la población, a la vez que se concentran los recursos expropiados en manos de la clase económicamente dominante.

Entre las recientes manifestaciones del proceso de acumulación por desposesión está, sin duda alguna, el reciente conflicto del gobierno con la población Ngäbe y Buglé. En términos concretos se trata de un conflicto ecológico-distributivo, en el que diversos gobiernos, actuando como representantes de los intereses dominantes, han venido forzando el traspaso del uso de los recursos naturales desde este pueblo originario y los campesinos, quienes los utilizan de manera ambientalmente sostenible, hacia las empresas mineras e hidroeléctricas, que los explotan de manera depredadora. El hecho de que para sectores dominantes el proceso está, adicionalmente, guiado a destruir las relaciones sociales comunitarias queda claro en las recientes reflexiones de un importante miembro de la autodenominada Fundación Libertad para quien resulta urgente la disolución de la propiedad colectiva en la Comarca Ngäbe Buglé, así como la instauración de un régimen de propiedad privada.
Otra manifestación reciente del proceso de acumulación por desposesión se encuentra en la propuesta, plasmada en un proyecto de Ley, en el cual se quiere entregar al sector privado el conjunto de las tierras que constituyen el patrimonio de la Zona Libre de Colón. El contenido de esta acción se puede entender mejor si se tiene en cuenta que se ha venido diciendo que posiblemente esta transacción signifique para el Estado un ingreso de B/. 800 millones, en condiciones que las tierras así enajenadas pueden llegar a un valor real actual de cerca B/. 1,350 millones. En este caso, además, se observa un despojo de la población de la provincia de Colón, a la cual no se le propone un plan de desarrollo integral que resuelva los graves problemas que la aquejan. A la misma apenas se le ofrece un magro fondo fiduciario constituido por el 20% del producto de la venta de dichas tierras.
La presencia de estas y otras manifestaciones del proceso de acumulación por desposesión no son independientes del reforzamiento observado de la capacidad represiva del Estado. La desposesión lleva a la creciente resistencia y el gobierno la enfrenta con mayores niveles de represión. Tratar de entender, como pretenden algunos, que la actual crisis política es independiente de la lógica del modelo económico es una idea estéril, una posición que efectivamente favorece los intereses de los poderosos.
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