miércoles 11 de abril de 2012

Gastón Pardo (especial para ARGENPRESS.info)

Antes de 1938 los campesinos mexicanos que poseían terrenos susceptibles de contener recursos petroleros, aparecían asesinados una mañana con sus cuerpos mutilados, para que con su mano arrancada del cuerpo el homicida estampara su huella digital en un documento que hacía constar una compra venta en favor de una empresa petrolera, la Standard o el Águila (que hoy es nada menos que la depredadora British Petroleum). El difunto aparecía así accediendo a un acto jurídico después de su muerte, a una compraventa a la que jamás habría accedido de manera voluntaria.

La historia se repite. Pero ahora se trata de convencer a los actuales titulares del terreno de que hay por allí archivado, un contrato de compraventa que los antecesores del actual titular del inmueble apetecido por la alta burocracia depredadora panista, firmaron precisamente con Pemex. Claro está que para que se dé la milagrosa aparición del contrato es necesario que haya petróleo en el subsuelo del bien.
Al poseedor legal del terreno ya no se le asesina. Ahora se inventan contratos de compraventa que habrían sido firmados a favor de Pemex, por supuesto, por predecesores ya fallecidos de los actuales propietarios. La falsificación ha sido la característica fundamental de la empresa para captar bienes ajenos. Cuando guste la empresa le haremos el recuento. En 1980 el periodista Fernando Moraga escribió una serie de artículos en los que relata la restauración del crimen por parte de Pemex para conseguir beneficios de ese tipo.
Recuérdese al respecto que la empresa del petróleo nacionalizado sostenía el principio de no adquirir en propiedad terrenos en cuyo subsuelo hubiera hidrocarburos. La empresa nacionalizada por don Lázaro Cárdenas evitaba con la omisión de contratos de esa naturaleza que se perpetuaran las prácticas criminales en agravio de campesinos e indígenas, esas prácticas que el Pemex neoliberal hoy restaura.
Ahora resulta que los contratos de particulares que son los titulares de los terrenos, firmados con la empresa, son de una cuantía mayor que los contratos de uso superficial de los terrenos cuya titularidad no cesa de ejercer el dueño. Son estos segundos contratos los que normalmente ha utilizado Pemex para aprovechar los recursosen bienes de particulares. Peligra, pues, la integridad territorial de las etnias, y los organismos no gubernamentales de derechos humanos tendrán que enfrerntarse más temprano que tarde con los abusos que sufrirán las etnias.
De Pemex se ha puesto al descubierto buena parte de sus actividades ilegales, que van del tráfico de influencias auspiciado por el aparato corruptor del PAN a los grupos narcotraficantes que han invadido la empresa paraestatal. A la gran investigadora Lilia Pérez debemos las indagaciones altamente profesionales que la han llevado a poner al descubierto la presencia de ramas del crimen organizado en la empresa petrolera en todos sus niveles administrativos, una empresa que es el sostén de México.
Así destacan en ese triste papel los últimos dirigentes del PAN y algún secretario de gobernación que hoy sería candidato presidencial panista. Lilia Pérez y Alfredo Jalife han mencionado como figura culminante de la corrupción panista de Pemex al senador petrolero Bueno Torio (¿Torrio?), dedicado a chupar los oleoductos.
Los perros guardianes de Pemex son precisamente los mismos personajilloes de baja ralea que se encargan de indemnizar por los daños causados y a quienes se ha dado la ingrata tarea de amenazar y pagar cantidades irrisorias a los propietarios agravados por la actividad depredadora de Pemex. Para muestra basta un botón. En el lote 57 de pa parcela Poza Rica, Pemex contribuye con su capacidad económica a modernizar la ciudad-municipio que hoy está gobernada por el PRI. Se construye una vialidad alterna para el desahogo de tráfico urbano vehicular en parte dentro de ese predio.
Pues bien, la funcionaria de Pemex que está comisionada para supervisar la construcción de la carretera encomendada a una constructora privada, es la misma que ha anunciado a los propietarios del lote afectado que hay un contrato de los que mencionamos en este artículo.
Pero no sólo es eso. La funcionaria en cuestión fue denunciada por su comportamiento arbitrario ante el “órgano interno”, que no es más que una entidad inútil como esas con que se hace pensar al público que la institución adornada con ella está dispuesta a enmendar cualquier tropelía. Pues no.
La funcionaria autorizó por sus pistolas el inicio de los trabajos de construcción de un tramo dela carretar que pasa por la fracción 57 del lote Poza Rica sin tener derecho a hacerlo. Para el inicio de esa actividad es necesario el protocolo de donación ante la fe de un notario, el cual ha sido postergado inexplicablemente por el ayuntamiento. Pedimos por este conducto la asistencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que investigue los hechos denunciados en este escrito.
Pero hay más. La misma funcionaria de Pemex sin estar autorizada por dos de los tres copropietarios del predio que contiene una apetecida zona petrolera que se extiende a lo largo de una superficie rectangular de cinco hectáreas, comenzó la instalación de un pozo adicional al que lleva el número 260, sin pagar los daños ocasionados. Se ha afectado más de una hectárea de manera definitiva, una superficie que tiene un valor mayor a los dos millones de pesos, pero la oficina de daños evaluó tranquilamente su depredadora actividad en 47 mil pesos. Así se las gasta el Pemex neolibeal. Así se las gastan sus perros guardianes.
Dos de los copropietarios del lote 57 no han sido jamás convocados por Pemex para recibir la indemnización. No obstante la invasión por la empresa panista del mencionado lote en dos de sus partes: una asignada a un tramo de una carretar alterna y otra dedicada a la explotación petrolera en dos pozos vecinos designados con el número 260, los virtuosos engendros de la oficina evaluadora de daños se encargan de violar todo derecho y además de lanzar amenazas de demandar a un ciudadano que se atrevió a denunciar ante el sucio “órgano interno” la invasión ilegal realizada por Pemex de un predio que por lo visto ya considera propio.

Nota. La depredación causada por Pemex en el lote 52 y en el 57 podría catalogarse como atractivos turísticos. Los paseantes que se dirigen a Cazones o al Tajín podrían detenerse a tomar fotos del ya famoso pozo 260 y de la carretera construida mediante violencia moral sobre los propietarios. La amenaza es la base del dialogo de los perros guardianes de Pemex. Deben buscar otro procedimiento de relación con los propietarios de predios que tienen hidrocarburos en el subsuelo.

Publicado por ARGENPRESS

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