martes 10 de abril de 2012

SERPAL

Días pasados conocimos el fallo dividido de la Corte Suprema de Chile que rechazaba los siete recursos interpuestos por pobladores, organizaciones ambientalistas, legisladores y empresarios regionales contra el mega-proyecto hidroeléctrico Hidroaysén, para la construcción de cinco represas en la región patagónica. Tres jueces se pronunciaron contra los recursos, pero otros dos los validaron.

Ahora se reveló que uno de los jueces que rechazaron las objeciones, Pedro Pierry Arrau, tiene 109.840 acciones de la empresa ENDESA accionista mayoritaria del proyecto. La difusión del dato por el presidente del Senado Guido Girardi, del PPD (Partido por la Democracia), reavivó la polémica en torno a este proyecto cuya realización implicaría anegar 6.000 hectáreas de tierra, la mayoría situadas en regiones de glaciares, montañas, lagos y varios parques nacionales y la construcción de una línea de transmisión de energía de más de dos mil kilómetros.
Rechazo ciudadano
El mega proyecto tiene origen en estudios de los años 60 sobre los caudalosos rios Baker y Pascua y su aprovechamiento hidroeléctrico. En el año 2007 Hidroaysén, empresa integrada por Endesa (según datos económicos controlada por la italiana ENEL S.A.) y Colbún S.A. presentó los estudios para construir cinco centrales y una red de distribución. El proyecto atravesó distintas etapas de viabilidad y evaluación ambiental, durante las cuales hubo fuertes críticas sobre el impacto que significaría sobre regiones vírgenes y otras consideradas formidables enclaves naturales. Diversas organizaciones ambientalistas, legisladores, pobladores de regiones implicadas en el proyecto iniciaron su batalla contra Hidroaysén. Algunos estudios sobre el futuro emplazamiento de las centrales y de los recorridos para el transporte de los materiales necesarios para su construcción, el proyecto afectaría 6 reservas nacionales, 26 sitios prioritarios de conservación natural, 16 humedales y 32 áreas protegidas privadas. Seis comunidades mapuches, también denunciaron que serían afectadas por el proyecto.
El EIA (Estudio de Impacto Ambiental) presentado por Hidroaysén, ha sido controvertido y ha tenido una tramitación accidentada. Importantes sectores de la sociedad chilena se han movilizado activamente contra el proyecto, promoviendo numerosas manifestaciones y actos de protesta que fueron duramente reprimidos por carabineros. Pese a ello y a los errores y fallos señalados en el estudio, el proyecto fue aprobado el 9 de mayo del año pasado. En ese momento el rechazo ciudadano según las encuestas, era del 74%. Aún reconociendo la necesidad de preveer un aumento gradual de la capacidad energética, se cuestionaban duramente los costes que provocaría la realización del proyecto.
Gobiernos controlados por grupos económicos
Juan Pablo Orrego, ecólogo y coordinador del Consejo de Defensa de la Patagonia responsabiliza tanto al actual gobierno de Sebastián Piñera, como a la Concertación opositora. Afirma que la mayor parte de la población chilena en forma transversal, considera descabellado, destructivo e innecesario el mega proyecto. Recuerda que “nuestra democracia no es plena, por decir lo menos”. Y añade que “el poder ciudadano ha sido usurpado por la cúspide de la pirámide socioeconómica chilena, y los gobiernos hacen y deshacen, cooptados por clanes, grupos económicos, corporaciones…como quieran llamarlo. Es así como hemos sido testigos de uno de los procesos de evaluación ambiental más “truchos” (falsos) de nuestra historia”. Agrega también que “las falencias e irregularidades en torno a la evaluación de Hidroaysén no son finas, son groseras, son insólitas, la mayoría duramente corroboradas por una comisión de DDHH de la Cámara de Diputados”. A lo largo del proceso numerosos servicios públicos y municipios siguieron alegando su inconformidad, afirma Orrego.
El presidente del Senado, Guido Girardi, refiriéndose a la decisión del alto tribunal chileno, expresa: “lamentamos profundamente el fallo no sólo por el daño ambiental y la intervención sobre la principal fuente de agua dulce del planeta, sino por el comportamiento de un ministro de la Corte Suprema”, en clara referencia a las 109.840 acciones de ENDESA valoradas en unos doscientos mil dólares que el juez Pierry Arrau admitió haber declarado como parte de sus bienes el año pasado. Afirma el legislador que “es una gravísima situación del poder judicial que daña profundamente a una de las principales instituciones del Estado que ya no garantiza ecuanimidad.” Girardi, como muchos ciudadanos chilenos, cree que el juez Pierry debió haberse inhabilitado para pronunciarse en una cuestión tan controvertida, teniendo claramente intereses económicos vinculados con Hidroaysén. El ministro de la Corte admitió la tenencia de esas acciones, pero evitó cualquier valoración ética o moral, y se limitó a expresar que no hay circunstancias legales que justifiquen una recusación.
Las “inversiones” de Hidroaysén
La empresa ha invertido importantes sumas en campañas publicitarias para defender su proyecto afirmando que es vital para asegurar a Chile la energía que necesita para su desarrollo. Ha conseguido que algunos medios dedicaran artículos a favor del proyecto y que minimizaran las denuncias o protestas contra la construcción de las centrales. Su campaña incluyó – por supuesto – el anuncio de que se tomarían todas las prevenciones necesarias para no dañar de forma irreversible espacios naturales. También, la construcción de algunas obras para beneficio social de los pobladores de la región de Aysén.
El vice-presidente de Hidroaysén, Daniel Fernández, dijo que tras el polémico fallo de la Corte Suprema ya no habrá acciones legales que puedan detener el proyecto. Para Orrego, coordinador del Consejo de Defensa de la Patagonia, “la conciencia de la gente está cambiando y las energías renovables están madurando. Sus precios bajan cada dia que pasa. Si seguimos nuestra lucha, afirma, este proyecto caerá por el peso de su propia inviabilidad.” Destacó y agradeció el apoyo de campañas internacionales, principalmente desde Italia, donde más de una decena de organizaciones cuestionan el accionar de la emprea multinacional italiana ENEL en el mundo. (La empresa mayoritaria que controla ENDESA).
“Patagonia Sin Represas”, una de las principales coordinadoras sociales que el año pasado logró reunir 120.000 personas en una marcha de protesta contra el mega proyecto hidroeléctrico, ha convocado una nueva concentración para el próximo miércoles 11 en Santiago de Chile.
La cuestionada imparcialidad del voto del juez Pierry Arrau, poseedor de más de cien mil acciones de la empresa que se beneficiaría con la realización del proyecto, será un estímulo para que los ciudadanos de la capital chilena salgan a las calles para expresar sus propias razones.

Publicado por ARGENPRESS

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