martes 10 de abril de 2012

Eduardo Ibarra Aguirre (FORUMENLINEA)

El gobierno de Felipe Calderón, promocionado por sus propagandistas y él mismo, como del estado de derecho, pasará a la historia además de por su obra que, dice él, “Sé que en muchos rubros: salud, educación, infraestructura, hospitales, vivienda, fortaleza macroeconómica, crédito, México es mejor de lo que era hace seis años”, por la violación sistémica de las garantía individuales en la guerra contra el crimen organizado.

Datos duros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, brindados por el tercer visitador Andrés Aguirre a la Agencia Francesa de Prensa, revelan que en 2006, año en que gobernó un mes Calderón Hinojosa pero arrancó la guerra que anunció con estridencia y ahora prefiere llamarle lucha –por la demanda interpuesta en la Corte Penal Internacional y el cercano final de su gobierno–, se presentaron 336 quejas que al ser comprobadas devinieron en recomendaciones de la CNDH por la comisión de tratos crueles, inhumanos y torturas a cargo de elementos del Ejército, la Marina, la entonces Policía Federal Preventiva y cuerpos de seguridad de estados y municipios.
Para el año siguiente, 2007, las recomendaciones repuntaron a 392. Durante 2008 se emitieron 564 dictámenes. Y en 2009 nada menos que mil 55, lo que implicó la casi duplicación. Para fortuna de los que viven bajo la angustia de caer en manos del llamado “Bando de los buenos” o “Somos más los buenos que los malos”, en 2010 la CNDH produjo mil 163 recomendaciones y en 2011 hubo otro repunte al llegar a mil 666 casos.
Observamos un crecimiento sostenido de la violación de los derechos humanos de los ciudadanos que son detenidos y hasta secuestrados por la milicia y los cuerpos policiacos de todos los niveles, y que el tercer visitador explica se cometieron “con incursión de las fuerzas armadas en labores que ordinariamente le corresponden a la policía”.
Ni constitucional ni profesionalmente corresponde al Ejército y la Marina desempeñarse en tareas de seguridad pública, aun bajo el argumento de que no existe otro cuerpo disponible y preparado, pues la prisa del general de cinco estrellas para enviar a las tropas a su autocrática guerra tuvo que ver más con las ansias por legitimarse en Los Pinos, tras la harto polémica elección de julio de 2006, y las exigencias de la Casa Blanca y el Pentágono para que les hicieran el trabajo sucio, amén de avanzar en la subordinación de las fuerzas armadas mexicanas.
Y menos, mucho menos, tiene que ver con las peticiones de gobernadores, como el perredista Lázaro Cárdenas Batel (Calderón dixit), y la exigencia de frenar la violencia criminal que, como es del dominio público menos del grupo gobernante, se multiplicó con la intervención de las fuerzas armadas y los agentes de Genaro García Luna, ingeniero detalladamente exhibido por Anabel Hernández en Los señores del narco, libro de obligada lectura para incursionar en el tema de moda, con todo y que no comparto sus conclusiones centrales.
Con la misma cerrazón que su comandante supremo, Calderón Hinojosa, el vocero de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, niega lo evidente y, por si hiciera falta, documentado por los organismos internacionales defensores y promotores de los derechos humanos, incluido el de Naciones Unidas, “es falso que exista una violación sistemática de las garantías individuales”. Y aduce, cínicamente, que sólo se confirmaron ilícitos en 92 casos, 1.6 por ciento del total.
En el hipotético caso de que los datos del funcionario se correspondieran con la trágica realidad que padecen millones de mexicanos, es un problema inocultable porque se trataría de más de 1.5 atropellos por mes.

Publicado por ARGENPRESS

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