Enrique Ahumada (XINHUA)

Las organizaciones sociales que se oponen a la central eléctrica de HidroAysén continuaron hoy con sus acciones de protesta y recursos judiciales, tras el fallo de la Corte Suprema chilena a favor del proyecto.

El plan del gobierno chileno de duplicar su capacidad de energía eléctrica para el año 2025, incluye la creación de la central HidroAysén, en la región de Aysén en el extremo sur del país, el que ha despertado fuertes críticas por la destrucción de una zona que es considerada santuario de la naturaleza.
En plena región de Aysén, o “Patagonia chilena”, existen enormes reservas forestales que serían arrasadas por las cinco represas que levantaría el proyecto. Por esta razón desde el año 2011 se ha producido una importante movilización social en su contra.
HidroAysén es un proyecto que pretende construir cinco represas en los ríos Baker y Pascua, con una potencia instalada de 2.750 megawatts, que empezaría a operar hacia el año 2020, con un presupuesto de 3.200 millones de dólares americanos.
Esto incluye una línea de transmisión de 1.912 kilómetros entre Santiago y Cochrane, por unos 4 mil millones de dólares americanos.
Por ahora, el intento de frenar la construcción de la central por la vía judicial fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia, cuya Tercera Sala falló en contra de un recurso interpuesto por grupos ambientalistas.
Ante esto y apoyándose en el amplio rechazo ciudadano al proyecto hidroeléctrico (diversas encuestas indican que cerca del 80 por ciento de la población se opone a ella), los ecologistas efectuaron hoy una marcha por el centro de Santiago.
Cerca de 500 personas llegaron hasta la Plaza de Armas, en el centro de Santiago, donde intentaron efectuar una marcha no autorizada por el gobierno, por lo que concluyó en desmanes, tal como ocurre frecuentemente en el país desde hace un año, tanto en manifestaciones de ambientalistas, estudiantes o demandas sectoriales.
Mientras los jóvenes bloqueaban la principal avenida de la ciudad, Alameda Bernardo O´higgins, los líderes de las organizaciones sociales planean sus próximos pasos.
De acuerdo a Patricio Rodrigo, dirigente de la organización Patagonia sin Represas, “iniciamos hoy este proceso de rechazo al fallo de la Corte Suprema que aprobó este proyecto, a pesar de que fue dividido, en el que dos de los tres jueces que votaron en contra de la acusación que presentamos, tienen conflictos de intereses”.
Esto en referencia al juez Pedro Pierry, de quien se descubrió que posee 109.804 acciones (menos del 1 por ciento) de la compañía Endesa, quien controla el proyecto.
Pero también a la jueza María Eugenia Sandoval, cuyo hermano, Gerardo Sandoval, es parte del equipo jurídico que asesora a Colbún, la otra empresa socia de la Central HidroAysén.
Esto no sorprende a Rodrigo. “Este es un gran negocio de 1.500 millones de dólares de ingreso al año, hay muchos coludidos detrás del proyecto”, señala.
Pero ya han surgido voces dentro del Senado chileno que piden una investigación por estos dos jueces que debieron haberse inhabilitado para votar debido a su relación con la causa. Incluso se habla de un proyecto legal, “la ley Pierry”, para sancionar este tipo de casos.
El problema de fondo en Chile es que el auge de la industria minera en el país, así como el crecimiento de la industria, hacen necesaria mayor generación de energía para los próximos años, incluso se habla de problemas al corto plazo y posibles apagones para el año 2015.
El gobierno del presidente Sebastián Piñera, incluso defiende el proyecto aduciendo que de lo contrario se tendrían que construir más centrales termoeléctricas (a carbón o petróleo), que son más resistidas por la ciudadanía debido a su alta contaminación.
Pero Rodrigo no está de acuerdo con esta aseveración. “El 80 por ciento de la producción eléctrica de esta central irá dirigida a las mineras del norte, por tanto es irracional destruir esta zona para llevar energía a casi 4 mil kilómetros de distancia”, dice.
De acuerdo a los ecologistas, la solución en el norte es instalar plantas termo-solares, fotovoltaicas y eólicas, además de la posibilidad de la geotérmica. “Queremos un enfoque de política eléctrica distribuida y en función de la demanda”, añade Rodrigo.
Por ahora, su estrategia será continuar con la movilización social, unirse a otros actores sociales y generar mayor apoyo en la ciudadanía. Aunque no descartan continuar con nuevas acciones judiciales, pues a su juicio se han cometido otros ilícitos en el desarrollo del proyecto.
En tanto, para Daniel Fernández, vicepresidente ejecutivo de HidroAysén “todas las señales que he recibido y escuchado de la gente del gobierno, y mucha de la oposición está absolutamente consciente de que HidroAysén es un proyecto necesario”, señaló a la prensa.
Añadió que “nuestro objetivo no es revertir los números de las encuestas, sino que avanzar en la legislación vigente”.
Además advirtió que continuarán enfrentándose a cada nueva acción judicial que se les presente para paralizar el proyecto.
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