Anayeli García Martínez (CIMAC)

La nueva propuesta de Felipe Calderón para crear tribunales civiles con jueces y magistrados militares que juzguen violaciones a los Derechos Humanos (DH) cometidas por efectivos castrenses, lejos de garantizar el debido proceso perpetúa la impunidad.

De acuerdo con organizaciones civiles que han documentado el tema, la nueva propuesta del Ejecutivo federal no responde a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), y es una “simulación” porque mantiene las facultades de las fuerzas armadas.
En octubre de 2010 Calderón envió una primera iniciativa al Senado para reformar el Código de Justicia Militar y excluir del fuero militar los delitos de desaparición forzada, violación y tortura. Sin embargo en marzo pasado trascendió que presentaría una nueva propuesta.
En el nuevo proyecto, el Ejecutivo busca crear tribunales civiles donde los ministerios públicos, jueces y magistrados tengan conocimientos de la jurisdicción militar, o bien que sean efectivos en retiro quienes juzguen a los miembros de las fuerzas armadas que cometan delitos contra civiles.
En opinión de Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, esta nueva propuesta no es aceptable pues la idea es contar con órganos imparciales, y con esto nuevamente se vuelven a crear tribunales especiales cuando éstos no deben existir.
“Es volver a lo mismo aunque no se diga”, explicó el activista a Cimacnoticias. Afirmó que no se trata de proteger la disciplina militar, sino los DH y, como lo ha señalado en numerosas ocasiones, reiteró que no se pueden otorgar este tipo de prerrogativas a las fuerzas armadas.
Con este argumento coincidió Octavio Amezcua, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organización que obtuvo la primera sentencia de la CoIDH contra el Estado mexicano por la desaparición forzada del líder social Rosendo Radilla, presuntamente a manos del Ejército en 1974.
En entrevista, el abogado señaló que con esta propuesta tampoco se cumple con la resolución de julio de 2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció que los tribunales militares no son competentes para juzgar violaciones a DH cometidas por soldados.
Amezcua consideró que el sexenio que está por concluir se ha caracterizado por la protección que se brinda a los soldados aun cuando cometen los peores crímenes contra la ciudadanía. Por ello alertó de un posible pacto entre legisladores y mandos castrenses para continuar con el fuero militar.
Al respecto, José Francisco Gallardo, general encarcelado por proponer la figura de ombudsman militar en 1993, observó que la nueva propuesta no responde a las demandas de las organizaciones, ni a las recomendaciones de los organismos internacionales que han exhortado al Estado mexicano a derogar el fuero castrense.
A decir de Gallardo, crear tribunales especiales para juzgar a miembros del Ejército que cometan delitos contra civiles es anticonstitucional toda vez que el artículo 13 de la Carta Magna no permite la existencia de tribunales ni leyes especiales.
Indicó que es falso el argumento de que para juzgar a militares se necesita de persona con conocimientos castrenses, toda vez que los jueces deben ser especialistas en Derecho, ya que su deber no es proteger la disciplina militar sino las normas y leyes sin importar la actividad de los acusados.
Agregó que el gobierno federal “escamotea sus respuestas” ante una demanda legítima que pretende regular las relaciones cívico-militares, en un país donde las fuerzas armadas y el secretario de la Defensa tienen más poderes que el propio Presidente de la República.
Por su parte, José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que litigó ante la CoIDH el caso de dos campesinos ecologistas detenidos y torturados por soldados en Guerrero en 1999, lamentó este nuevo intento de no cumplir con las sentencias.
El activista mencionó que en la sentencia contra el Estado mexicano por el caso de los ecologistas, la CoIDH señaló que la propuesta del Ejecutivo de octubre de 2010 no cumplía con los estándares internacionales en la materia.
Marroquín criticó que lejos de ajustarse a tales estándares el gobierno federal se resiste a cumplir.
Indicó que organizaciones civiles han buscado reunirse con los senadores para hacerles llegar sus observaciones sobre la anterior iniciativa, pero destacó que con estas nuevas propuestas de reforma se retrasa el proceso que ya había avanzado en el Senado.
Los defensores de DH coincidieron en que es hora de mantenerse alerta para evitar que el Estado mexicano simule cumplir con sus obligaciones internacionales, y en la práctica continúe con el mismo sistema de justicia, ahora a través de tribunales especiales y faltos de imparcialidad.
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