SIN FRONTERAS – IAP1

El día 12 de enero de 2010 ocurrió en Haití un terremoto de gran magnitud (7.2. grados Richter) que produjo un nivel de devastación severo para la isla del Caribe. Por la tarde, la comunidad haitiana residente en México comenzó a recibir noticias de que un trágico terremoto había sacudió a su país, dejando miles de muertos y cuantiosos daños, creándose un ambiente de incertidumbre y crisis emocional, pues la isla caribeña quedo incomunicada totalmente durante casi 48 horas y, aunque la comunicación se restableció de forma gradual, muchas familias lograron contactar a sus paisanos hasta dos o tres semanas después.

La solidaridad de muchos gobiernos con el pueblo haitiano fue demostrada a lo largo de los meses subsecuentes, nuestro país no fue la excepción, que no solo se avocó a recolectar víveres y enviar ayuda en especie, sino que otorgó facilidades migratorias para que quienes residieran en el país, viajaran a buscar a sus familias, incluyendo autorizaciones para las personas reconocidas como refugiadas, a quienes usualmente se les restringe el regreso a su país por motivos de seguridad o protección. Asimismo, el 2 de marzo, 25 de abril y 2 de junio, del 2010, México otorgó facilidades para llevar a cabo la internación de personas haitianas, y en tres buques ingresó a un total de 511 personas haitianas sobrevivientes del terremoto. Según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM) en Junio de 2010 habían ingresado 1011 nacionales haitianos al país, 511 bajo el esquema de medidas temporales para la internación y estancia, y 500 personas ingresaron por sus propios medios. La expectativa de gran parte de la población haitiana al llegar a México, era encontrar un plan integral de asistencia como parte de las facilidades otorgadas por el gobierno mexicano, sin embargo, las medidas de internación y apoyo concluyeron con la entrega de su documento migratorio para residir en el territorio por un año.
A su arribo, el INM con fundamento en el oficio INM/ 045/ 102, entregó a todas las personas nacionales de Haití, una forma migratoria que les otorgaba la calidad de No migrantes con la característica de visitantes por razones humanitarias o de interés público, permiso que permite a las personas extranjeras realizar cualquier actividad lucrativa o no, siempre que sea lícita y honesta en el país, durante un año (365 días a partir de su expedición). Dentro de estas medidas se les permitió trabajar y estudiar a quienes con anterioridad ya se encontraban residiendo en México en la característica migratoria de Estudiantes3. No obstante, a su arribo, las personas haitianas en México se enfrentaron a la inexistencia de programas sociales para recién llegados. La presencia de diversas problemáticas sociales, económicas, culturales y familiares comenzaron a dificultar su estancia en el país. Aunado a ello, la mayoría de estas personas presentaban afectaciones emocionales después de la experiencia vivida por el desastre en su país, lo cual implicaba también la necesidad de brindar apoyo psicosocial acorde a sus necesidades.
Bajo este contexto, organizaciones de la sociedad civil, como Sin Fronteras IAP, recibimos y atendimos, dentro de las posibilidades institucionales humanas y financieras, parte de esta población haitiana recién llegada a raíz del terremoto. La mayoría expresaba necesidades como alimentación, vivienda, acceso a servicios de salud y aprendizaje del idioma español. A poco más de dos años de este acontecimiento, la falta de programas sociales para la recepción e integración de los sobrevivientes del terremoto, ha generado que muchas personas enfrenten diversas problemáticas económicas, sociales, familiares, culturales, emocionales, entre otras, que han hecho difícil su estadía en el país. Esto, aunado al resto de situaciones a las cuales se enfrenta la población migrante y refugiada en México como es el fuerte nivel de discriminación por su color de piel.
Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, reconoció que a dos años de la tragedia, y pese a que ingresaron en México con visas humanitarias, que teóricamente les permiten trabajar, la realidad es que muchos de sus connacionales no consiguen empleo. “Los haitianos que radican en México son en su mayoría hombres de 25 a 40 años, con instrucción de nivel medio superior, que no dominan el español. Ante la falta de documentación apropiada, muchos de ellos enfrentan discriminación y falta de acceso a fuentes de empleo que les permitan una subsistencia digna, pese a que el Instituto Nacional de Migración (INM) les otorgó los permisos necesarios para trabajar.”4 En este escenario, quedan varias acciones pendientes por parte de autoridades y sociedad civil en beneficio de esta población, si bien su ingresó constituyó un gesto humanitario y plausible, es necesario que antes de llevar a cabo estas acciones se considere las implicaciones sociales, económicas y presupuestales que ello implica puesto que con la apertura de fronteras, debe asumirse el compromiso de acceso y garantía de la población recién llegada a servicios de salud, educación, vivienda, estancia regular y demás servicios encaminados a una integración social. Entre las cuestiones pendientes por resolver en torno a las acciones que el gobierno llevará a cabo están:
• Garantizar las prórrogas de documentación migratoria que les permita seguir residiendo en México de forma regular. Esto, no únicamente como una medida que les permite lograr mejorar su calidad y condiciones de vida en México, buscando dignificarla, sino que además les permite continuar preparándose académica y profesionalmente, y seguir apoyando económicamente a sus familiares que aun continúan viviendo en la isla.
Para ello, también es necesario que el Gobierno extienda el apoyo que en el 2010 decidió ofrecer en aras del interés público o ayuda humanitaria, con menor intensificación que en el momento mismo de la emergencia, pero sí manteniendo algunos beneficios o facilidades a favor de ésta población, por ejemplo a través de establecer criterios como:
– Exentar del pago de derechos a la población que ya cuenta con documento migratorio de regular estancia y desea continuar residiendo en México;
– Aceptar documentación que requiere de validez oficial como documentos de identidad, certificados y diplomas que acrediten capacidad técnica o escolar, con certificación que pueda hacer el consulado de Haití en México sin requerir en todos los casos que se apostille la documentación en el país de origen;
– Continuar autorizándoles a que desempeñen cualquier actividad (lucrativa o no) siempre que ésta sea licita;
– Autorización para que quienes ingresaron como estudiantes puedan continuar desempeñando actividades lucrativas al mismo tiempo.
• Monitorear e implementar medidas en lo concerniente a temas como la discriminación y el racismo pues es sabido que México no se asume como un país multicultural sino como un país mestizo. Incluso, la tercera raíz mexicana, la negra, no es aún reconocida por un amplio sector de la sociedad pues es una población que durante años ha permanecido silenciada en el país.
Inmigrantes de otras nacionalidades como Nigeria, Camerún, Congo, Jamaica y Zimbabwe refieren constantemente eventos de discriminación por parte de personas mexicanas en su vida cotidiana. Si bien, las población haitiana en general tuvo una buena acogida por parte de la sociedad mexicana en su llegada – no olvidemos que después del terremoto del ´85 en México, la sociedad civil de este país está sumamente sensibilizada ante este tipo de catástrofe en particular, y tiende a ofrecer ayuda solidaria rápidamente – algunos ya han comenzado a relatar eventos de racismo en la calle, pero sobre todo, en el ámbito laboral.
• Implementar programas gratuitos de aprendizaje del idioma español. El aprendizaje del idioma español es una de las condiciones que puede hacer la diferencia entre un proceso de integración más fluido y un proceso poco exitoso para las personas migrantes no hispanoparlantes; la falta de acceso a los códigos comunicativos de la comunidad de arribo, no sólo genera demora en la posibilidad de adaptación de las personas, sino que puede derivar incluso en aislamiento y sensaciones de fracaso profundo que afectan el bienestar emocional de las personal a no poder establecer vínculos sociales.
Es importante señalar que, el apoyo que el gobierno brinda a determinado sector de la población, y sobre todo tratándose de personas que reciente arribo, debe hacerse con una perspectiva integral, donde se le pueda otorgar la oportunidad a la persona, de salir adelante y dignificar sus medios de vida, a través de sus propios recursos, pero contando con las bases mas elementales de integración a un mundo nuevo, complejo y muy diverso al que ellos conocían. También es importante reconocer que las secuelas del terremoto aun tienen consecuencias en la población afectada, siendo así necesario continuar con el apoyo que inicialmente se le otorgó, evitando en este momento perjudicarles, por ejemplo, imponiéndoles multas y pagos de derechos5 impagables para ellos, dejándoles en estado irregular en cuanto a su condición migratoria, entre otras. También consideramos apremiante que el gobierno mexicano lance una campaña mediática donde se difunda la necesidad de que las empresas ahora sean “socialmente incluyentes”, es decir, que no se discrimine a la personas extranjeras para poder obtener un trabajo estable, seguridad social. Otorgarles la oportunidad de que continúen con facilidad sus estudios en México, entre otras medidas disponibles y necesarias.
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