Difusión Cencos México D.F., 17 de abril de 2012

Boletín de prensa
MPJD

En los diálogos con el Poder Legislativo, nuestro Movimiento planteó la urgente necesidad de que el Estado mexicano cumpla con su responsabilidad ante las devastadores consecuencias de la guerra emprendida contra el crimen organizado que ha dejado en el país más de 50 mil muertes y más de diez mil desapariciones. La Ley General de Víctimas que se presentó el día de hoy en el Senado de la República es resultado de un esfuerzo impulsado por Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad desde su surgimiento.

Esta demanda fue retomada en el Punto 1 del Pacto Nacional por la Paz que exige aclarar los asesinatos y la desapariciones, así como nombrar a las víctimas.

Asimismo, la propuesta fue presentada en el Primer Diálogo con el Poder Ejecutivo en el Castillo de Chapultepec, y se discutió a profundidad en la mesa 2, denominada “Nuevo modelo nacional de relación, valoración y justicia a los derechos de las víctimas”, y en seguimiento a la misma. En esa mesa, en el tercer punto se pide: “Crear una Ley de Víctimas que las atienda y las proteja –ley que debe ser creada y aprobada lo más pronto posible por todos los poderes de todas las entidades y generar así una política pública (instituciones, normas y recursos) especializada en el acompañamiento y la protección de las víctimas, mediante un programa que obligue a las autoridades correspondientes a reparar lo que esta guerra y la impunidad está causando en las familias.

Esta exigencia del Movimiento también fue transmitida al poder Legislativo y recogida por muchos ciudadanos y organizaciones civiles y de víctimas en todo el país; “porque la paz implica también justicia y verdad −digimos entonces−, una tarea impostergable que debemos realizar juntos es la redacción de una Ley de Víctimas que contemple el acceso a la justicia, a la reparación del daño y a la atención integral, mediante un programa nacional de atención a la víctimas que además de incluir a los distintos niveles de gobierno incluya también un fondo público para este propósito y de acuerdo con los estándares internacionales y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Asimismo, y contra la opinión del poder que siempre tiene miedo a la verdad y ante la incapacidad del sistema de procuración de justicia y de defensa de los derechos humanos para deslindar responsabilidades en cuanto a las víctimas de esta guerra.

Frente a esta demanda de las víctimas organizadas en el MPJD, el poder, tanto el ejecutivo como el legislativo, iniciaron un proceso de debate en el que se pudo incorporar la diversidad de voces de la sociedad civil tanto de las organizaciones sociales como de la academia. Finalmente el dictamen que se presenta es resultado de ese proceso.

Otra de las demandas planteadas desde el MPJD a el poder ejecutivo y a el legislativo fue la urgente necesidad del Registro Nacional de Víctimas, ya que en medio de esta emergencia nacional que provoca la muerte de decenas de seres humanos cada día, no existen cifras y datos oficiales claros que transparenten a la sociedad mexicana quiénes han muerto en esta guerra, lo que permitiría por lo menos a sus familiares y seres queridos recuperar localizar sus cuerpos y recuperarlos. Asimismo planteamos la necesidad de un fondo de asistencia, el cual se crea como una de las garantías de no repetición, que estarían administrados por el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Asimismo, se plantea que la “reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho punible cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante”.

En el MPJD buscamos poder garantizar la verdad, justicia, memoria y reparación a las víctimas de la violencia de esta guerra, y la iniciativa de ley que ahora está en manos del Senado aprobar contempla “el reconocimiento público del carácter de víctima, de su dignidad, nombre y honor, ante la comunidad y el ofensor; las disculpas públicas; los actos conmemorativos; la construcción de monumentos públicos; la búsqueda de las personas desaparecidas y la identificación de los cuerpos y restos y su inhumación respetando las tradiciones familiares y comunitarias”.

Nosotros estamos convencidos que esta ley no debe enfocarse exclusivamente a la víctimas del delito, sino también a todas y todos aquellos que han sido violentados en sus derechos humanos y por la violencia en general, así esta sea responsabilidad de las autoridades o instituciones públicas. Es de celebrar que este enfoque sea contemplado en la iniciativa que ahora se revisa.

Esta iniciativa representa para el MPJD la posibilidad de que las víctimas de este país sean reconocidas y tratadas con dignidad. Asimismo, su aprobación sentará precedentes para que estas políticas erróneas y de consecuencias trágicas no se vuelvan a repetir; por ello hacemos un llamado también a la Cámara de Diputados en XLI Legislatura a aprobar lo más pronto posible esta Ley, cuya aplicación es urgente frente a la emergencia nacional y para recuperar la paz y la justicia para México.

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, MPJD

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

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