Marcelo Ramal (especial para ARGENPRESS.info)

Para enfrentar el derrumbe de las privatizaciones petroleras, al kirchnerismo no se le ha ocurrido otra cosa que avanzar en una reprivatización. Al anunciar la estatización parcial de YPF, Cristina Kirchner emitió un dictamen lapidario respecto de su propia política. Quedó claro que el rescate kirchnerista de las privatizadas concluyó en el vaciamiento de las reservas de petróleo y de gas, y en importaciones de combustibles que equivalen a la totalidad de la balanza comercial del país. Pero para responder al desastre, el gobierno anunció una asociación estatal-privada en YPF, que conducirá a un nuevo vaciamiento.

No es un secreto que los choques con Repsol comenzaron cuando, a fines del año pasado, el gobierno le exigió que se hiciera cargo de la importación de gas y combustibles. La negativa de Repsol a bancar esa factura desató el proyecto de “expropiación”, pero anticipa también su objetivo inmediato: pagar esas importaciones con los ingresos de YPF. Lo admitió De Vido ante los senadores, al declarar que “la urgencia de dólares fue el detonante de la expropiación”. Esa será la primera implicancia de la “utilidad pública” declarada en la ley presentada al Congreso. La semiestatización, por lo tanto, es otro “manotazo” para zafar de la crisis fiscal y de balanza comercial, a igual título de lo que ocurre con los fondos de la Anses, del Banco Central o del Nación.
Los “modelos” del mundo
El interventor Kicillof denunció a Repsol por “pretender vender petróleo a precios internacionales, y no a su costo”. Pero Petrobras, Sabic y las otras petroleras “mixtas” que el funcionario presentó como el “modelo de gestión” para YPF, se entrelazaron con las petroleras privadas en base a reconocerles ‘precios internacionales’ a los hidrocarburos que extraían. Por esa vía, esas empresas seudoestatales se convirtieron en un canal de remisión de recursos al exterior, desde sus países. Esto, que no es diferente a lo que hacía Repsol, es lo que los ‘nac & pop’ le deparan a YPF. La orientación privatista se advierte también en otro ‘detonante’ de la expropiación: el megayacimiento neuquino de Vaca Muerta, cuyo aprovechamiento requiere, sólo “para empezar”, una inversión de 30.000 millones de dólares. Para ello, la ley enviada al Congreso abre la ‘nueva’ YPF a “fuentes de financiamiento externas e internas y a la concertación de asociaciones estratégicas, uniones transitorias de empresas y todo tipo de acuerdos de asociación y colaboración empresaria con otras empresas nacionales o extranjeras” (art. 17). Según algunos oficialistas, “pican en punta las compañías chinas, (que) no priorizan el giro de dividendos sino el acceso a recursos estratégicos” (BAE, 17/4). O sea que los campeones del ‘autoabastecimiento’ reconocen que las inversiones futuras se dirigirán a las exportaciones, pero por ‘estratégico’ que les resulte el ‘recurso’, los contratistas chinos no dejarán de reclamar para sí utilidades de acuerdo con el precio internacional. La reprivatización y sus “alianzas estratégicas! ” también calzan como un guante en las negociaciones en torno de la cuestión Malvinas y la explotación petrolera en el Atlántico Sur, a cambio de la cual Argentina pretende obtener ingresos fiscales. Una participación de la YPF seudoestatizada legalizaría esa entrega de recursos, a cambio de la cual el kirchnerismo tramita una ficción de soberanía sobre las islas.
Expropiación onerosa
Repsol se apresuró a reclamar más de 10.000 millones de dólares por el 51% de las acciones que les serían ‘expropiadas’. Ello se contrapone con el balance de YPF, con un patrimonio de apenas 4.000 millones para el total de la compañía y, por lo tanto, no más de 2.000 millones para Repsol. Pero la cuenta no incluye los pasivos ambientales, entre otros daños e incumplimientos causados por Repsol. En este caso, el Estado argentino se haría cargo de una compañía cuyo capital ha sido pulverizado, pero asumiendo la deuda ‘fabricada’ por Repsol y Eskenazi, que asciende a 9.000 millones de dólares. Es una variante de rescate de los vaciadores, que hace recordar al caso de Aerolíneas. Pero una expropiación a precio bajo o nulo derrumbaría, al mismo tiempo, las acciones del Estado, de las provincias y del ‘capital flotante’ de YPF, que están en poder de los fondos de inversión. Un ‘pagadiós’ a Repsol, por lo tanto, choca con las necesidades de la compañía mixta, sometida a las exigencias de las Bolsas de valores. La nu
eva YPF también hereda la deuda que contrajo Eskenazi para quedarse con el 25% de la compañía, y que deberán seguir pagando con utilidades si no quieren provocar un derrumbe bursátil (ver artículo en página 4).
La reprivatización arranca con estas hipotecas, que terminarán siendo pagadas por contribuyentes y trabajadores. Si Repsol se presenta a litigar en los tribunales del Banco Mundial, la expropiación podría demorarse varios años, algo que entusiasma al gobierno. Pero una larga controversia judicial se contrapone con la pretensión de endeudarse y consumar “alianzas estratégicas”. En caso de prolongarse los litigios con accionistas, las garantías a los futuros socios o acreedores provendrán del giro corriente, o sea, de los naftazos.
Injerencia imperialista
La estatización parcial ha desatado una escalada de críticas por parte de los Rajoy, Calderón, la Unión Europea y, más tibiamente, del Departamento de Estado. La injerencia imperialista, que debe ser denunciada sin atenuantes, quiere influir en las condiciones de la expropiación onerosa. Como dijo el ex ucedeísta -y ex kirchnerista- Martín Redrado, “la reacción internacional dependerá del precio de compra de las acciones (a Repsol)”. El kirchnerismo buscará apaciguarlas con nuevas garantías en favor de los pulpos extranjeros y, principalmente, norteamericanos. Mientras fustigaba a Repsol, Kicillof reivindicó el interés de la Exxon en el mercado argentino.
Al lobby internacional en favor de Repsol, se han sumado los seudosocialistas del PSOE español, y hasta la “izquierda unida”, que le ha pedido a Rajoy que defienda al vaciador Repsol, pero “sin prepotencia” (¡!). En oposición a esta injerencia colonial, reivindicamos el derecho a la autodeterminación nacional, sin que ello implique el menor apoyo al gobierno argentino y sus medidas con YPF. Del mismo modo, llamamos a la izquierda española y europea a repudiar los aprietes de los Rajoy o la Unión Europea contra Argentina, y a enlazar ese reclamo con el de la expropiación sin pago de “su” banca y el repudio de las deudas. Los banqueros, que quieren ser rescatados a costa del ajuste más brutal contra las masas europeas, son los mismos que expoliaron a la Argentina a través de Repsol.
Chavismo tardío
La semiestatización ypefiana no altera a las concesiones petroleras en favor de otros grupos privados, que representan el 66 y 75% de la extracción de petróleo y de gas, respectivamente. Tampoco modifica el régimen de ‘federalización’ de los hidrocarburos del menemismo, que entrelazó a los Estados provinciales y sus gobiernos con los privatizadores.
La estatización parcial no es una respuesta organizada al ‘fracaso de las privatizaciones petroleras’, como presumen los kirchneristas. Se arriba a esta ‘salida’, precaria e improvisada, después de una década de rescate de esos privatizadores a costa del presupuesto, de la Anses y de las reservas internacionales. Es una reacción tardía al derrumbe de esa política, y cuando, como resultado de ella, las cajas del Estado están exhaustas. Como alternativa a esa fundición, los K ofrecen una asociación con el capital financiero internacional. Pero esa alianza, en el marco de la crisis mundial capitalista, está más condicionada que nunca a concesiones leoninas. Por caso, el alineamiento de precios internacionales y la libertad para remitir utilidades al exterior. La reprivatización de YPF se integra, por lo tanto, a la sintonía fina del ajuste, y vuelve a coloc! ar sobre el tapete el escenario de un “rodrigazo”.
En oposición a este nuevo vaciamiento, planteamos la nacionalización integral y sin compensación de toda la industria petrolera, bajo control obrero. Para el caso de YPF, el Estado argentino debe reclamar ser resarcido por el desfalco incurrido en la propia privatización, consumada a un precio ínfimo y pagada con deuda externa y el remate de la flota, y de otros activos de la petrolera estatal. Debe considerarse también la destrucción de los activos de la compañía, que remitió fondos al exterior por encima de las utilidades obtenidas, y los daños ambientales cometidos. El mismo procedimiento debe valer para el resto de la industria, a través de una auditoría a cargo de comisiones de obreros y técnicos independientes.

Una nacionalización integral exige, por otra parte, una restructuración económica de fondo. El llamado “ahorro de las empresas” (ganancias acumuladas) alimentó en estos años una fuga de capitales de 80.000 millones de dólares, las que revelan las posibilidades nacionales de superación del marasmo energético, industrial o ferroviario. Los límites para esa superación no son materiales, sino que dependen de la clase social que gestione los recursos disponibles.

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