miércoles 25 de abril de 2012

David Ernesto Pérez (COLATINO)

José Ramón Arita Rosa fue capturado el 16 de septiembre de 1985 por supuestos agentes de la CIA, en coordinación con agentes de seguridad pública de el país. Durante once días recibió violencia física, psicológica, tratos crueles y amenazas.

El caso de Arita Rosa se suma a las denuncias presentadas en la Fiscalía General por Óscar Edmundo Garza, David Córdova Menjívar y Carlos Virgilio Marín Alfaro, quienes se consideran afectados por el accionar estatal en la década de los 80‘s. Garza fue arrestado en 1980, Córdova Menjívar en 1985 y Marín Alfaro en 1988. Todos aseguran haber sufrido torturas por los cuerpos de seguridad del Estado.
Los denunciantes invocan los tratados internacionales suscritos por El Salvador en materia de Derecho Humanos que persiguen los crímenes de lesa humanidad, figura que además contempla la legislación penal.
Asimismo, dichos delitos no prescriben (vigencia se mantiene en el tiempo), por lo que consideran que el Ministerio Público Fiscal debe dar trámite a las denuncias presentadas.
El común denominador presente en las cuatro denuncias es la privación de libertad arbitraria por parte de agentes de seguridad del Estado, proceder que además habría violentado el debido proceso legal y el derecho de defensa, explicó Silvia Cuéllar, abogada del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA). El Salvador es firmante de los Tratados de Nuremberg y los Convenios de Ginebra, instrumentos internacionales que tratan sobre el trato a prisioneros de guerra y los delitos que se pueden cometer en estos períodos bélicos.
Tomando en cuenta lo anterior, Benjamín Cuéllar del IDHUCA argumenta que el país no puede omitir sus compromisos al firmar dichos tratados, que después de rubricados forman parte de la legislación nacional. Por lo que, en palabras del defensor de Derechos Humanos, el Estado no puede alegar que los hechos denunciados hayan perdido vigencia.
“Estamos confiados que con una buena Fiscalía se puede avanzar”, y agrega a la vez: “queremos que se establezca la responsabilidad del Estado y en su momento la reparación a las víctimas”.
El 7 de abril de 2010, Rolando González y Carlos Santos hicieron el mismo procedimiento que las personas anteriormente mencionadas, al considerarse afectados por los cuerpos de seguridad del Estado en el marco del Conflicto Armado.
Sin embargo, sus denuncias no prosperaron. En el caso de González este ya acudió a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para demandar al Estado por la falta de acción en las investigaciones.

Publicado por ARGENPRESS

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