Héctor Miranda (PL)

La huelga de los médicos y trabajadores de la salud pública boliviana sobrepasa su cuarta semana sin que se vislumbre a corto plazo la solución a un conflicto que afecta a millones de personas en todo el país.

Los galenos y el personal auxiliar de los hospitales y clínicas se fueron al paro desde el 28 de marzo pasado en reclamo de la abrogación del Decreto Supremo 1126, el cual establece las ocho horas de trabajo para el sector, y solo en un momento posterior, a principios de abril, se abrió la posibilidad de un acuerdo.
Por unas horas, las directivas de varios de los colegios médicos decidieron volver a las labores habituales, pero las negociaciones se rompieron y la situación volvió a tensarse.
El Gobierno insiste en la aplicación del referido decreto, para cumplir con un pedido expreso de los movimientos sociales durante la Cumbre de Cochabamba, realizada en enero pasado.
Los médicos, por su parte, solo aceptarían trabajar ocho horas si reciben todos los beneficios de la Ley General del Trabajo, aunque esa fue solo la primera alternativa para aceptar el decreto.
A medida que avanzaron los días, creció el número de condicionantes y los huelguistas insertaron otros pedidos: mejoras en las condiciones laborales, aumento de los salarios…
La respuesta gubernamental
El ministerio de Salud y Deportes tuvo claro desde el primer momento que el paro podría extenderse en el tiempo y preparó un destacamento de mil médicos para situaciones de contingencia, que prestaría atención en los nueve departamentos del país.
En algunos lugares, los movilizados trabajarían en sitios fijos y en otros, como en La Paz, lo harían incluso en vehículos habilitados para moverse, con la intención de facilitarle la atención médica a la población.
La cifra, sin embargo, no logró satisfacer la demanda y durante muchos días se ha visto a personas clamar por ayuda especializada frente a hospitales y clínicas, en tanto otros volvieron a recurrir a medios tradicionales, sobre todo en las zonas rurales, para mitigar sus dolencias.
Si bien es cierto que las salas de emergencia de la mayoría de los centros se mantuvieron abiertas, tampoco bastaban para solucionar la demanda.
El titular de Salud y Deportes, el doctor Juan Carlos Calvimontes, mantuvo su posición en defensa de la población y en declaraciones dejó claro que reconocía en el conflicto la presencia de tres escenarios.
Según el ministro, el primer escenario, el de la población y de los movimientos sociales, es el más importante, porque la aplicación del Decreto Supremo 1126, fue un pedido que salió de las masas, de los más necesitados.
“Cuando me reúno con dirigentes, con autoridades, de los movimientos sociales es un escenario favorable, ciento por ciento favorable. Ellos están plenamente de acuerdo y han manifestado su decisión política de acompañarme en este proceso en el sentido de viabilizar esa normativa legal”, aseguró Calvimontes.
El segundo escenario incluye a las autoridades de salud, del Estado, entre ellos los directores departamentales, ejecutivos de la seguridad social, también, según el ministro, en línea con la posición gubernamental, aunque con algunas modificaciones.
“Estos sugieren algunos elementos que van desde el incremento salarial y la recomposición de la carga horaria hasta la necesidad de crear mejores condiciones de trabajo en algunos lugares, lo cual es analizable y negociable”, admitió Calvimontes, quien agregó que “este grupo también es favorable a la aplicación del Decreto 1126”.
Para el ministro, “la mayor resistencia, las posiciones de extrema, se encuentran en los entes gremiales, por mucho el más hostil de los escenarios”.
“Los dirigentes gremiales mantienen una resistencia que va desde el ámbito corporativo-político, porque ellos como dirigentes tienen que oponerse a las medidas, sí o sí, desde el punto de vista político, porque si no perderían el apoyo de sus bases”, recalcó.
Calvimontes se refirió a alianzas entre el Colegio Médico de La Paz, uno de los que mantiene una posición más férrea en contra del Decreto Supremo y de las negociaciones, y elementos de la extrema izquierda boliviana.
“Desde el punto de vista político no nos sorprende, porque Bolivia, a través de toda su historia pasada, ha sufrido ese tipo de alianza, en que la extrema izquierda y la extrema derecha se juntan para desestabilizar a un gobierno progresista, e intentan buscarle un rumbo político al país”.
Una buena señal
Hace más de una semana, sin embargo, muchos de los médicos y trabajadores de la salud vinculados a la huelga participaron en la segunda parte de la campaña de vacunación contra la rubéola y el sarampión.
Luego de 16 días de paro, hicieron un alto en su presión y se sumaron a Vacunaton 2012, el nombre de la campaña que pretende exterminar ambas enfermedades en el país, lo cual agradeció René Lenis, el director nacional de Epidemiología, quien estuvo al frente de esta.
Lenis agradeció la posición de los huelguistas y elogió la participación de todos en la jornada de vacunación, que abarcó 47 municipios de los nueve departamentos del país.
La Vacunaton se extendió desde las capitales departamentales hasta ciudades de más de 50 mil habitantes, con prioridades para los municipios fronterizos o de mucha afluencia de turistas.
La hora del acuerdo
Para la mayoría de los bolivianos, es hora de alcanzar un acuerdo, y en más de uno de los departamentos la población advirtió que tomará medidas en caso de que se prolongue el paro.
En unos casos revelaron cuáles serían las medidas, pero en otros, aunque nadie lo haya dicho abiertamente, quienes conocen la idiosincrasia boliviana se imaginan hasta donde se llegará: bloqueos de las carreteras o de los caminos más importantes del país.
Los llamados al sector para la vuelta al trabajo no solo salieron de la población, de los dirigentes de los movimientos sociales o de la cúpula ministerial, sino incluso del presidente Evo Morales y del vice Alvaro García Linera.
El vicemandatario enfatizó días atrás que negarle la salud al pueblo es un acto criminal y reprochable, en tanto el jefe de Estado insistió en más de una ocasión en la necesidad de trabajar y advirtió que quien no lo haga, no recibirá sus honorarios.
Las palabras del mandatario no sentaron bien entre los dirigentes huelguistas, quienes esperaban cobrar los días de paro.
Por otra parte, Morales lamentó las quejas de los galenos, considerados un sector privilegiado dentro de la sociedad boliviana y puso como ejemplo en más de una oportunidad a muchas personas que trabajan jornadas de más de 15 horas y sin seguridad alguna de que recibirán alguna remuneración a cambio.
Lo cierto es que el conflicto se extiende en el tiempo y solo los más optimistas creen que se llegará a un consenso a corto plazo. Algunos de esos aseguran que no pasará más allá de la próxima semana, para comenzar mayo con total normalidad en la atención sanitaria a la población.
De no ser así, el Gobierno podría pactar con nuevos profesionales y contratar a unos mil galenos para reemplazar al menos a una parte de los parados.
El diputado por el Movimiento Al Socialismo Antonio Molina, presentó a comienzos de semana al Legislativo el proyecto de ley de Defensa del Juramento Hipocrático, el cual, de ser aprobado, legalizaría la contratación de profesionales para el sector.
El legislador argumentó la presentación del referido proyecto de ley impulsado por la irresponsabilidad de los médicos quienes mantienen a la población privada del servicio de salud.
El dictamen pretende autorizar al ministerio de Salud la contratación inmediata de los profesionales, al cual se opone el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Alfonso Barrios, uno de los que se encuentra en huelga de hambre en reclamo por la abrogación del Decreto Supremo 1126.
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