martes 24 de abril de 2012

PL

Activistas de derechos civiles y líderes comunitarios en Estados Unidos señalaron frente al Capitolio, en esta ciudad, que la aplicación de leyes como la SB1070, constituyen un ataque frontal a los derechos de los inmigrantes.

En una conferencia de prensa ofrecida por el segundo aniversario de la controversial ley antimigratoria firmada en Arizona, los representantes comunitarios exigieron que se tomen medidas para frenar la discriminación racial que se deriva del combate contra los indocumentados.
La directora ejecutiva del Centro Nacional de Derechos de Inmigración (NILC por sus siglas en inglés), Marielena Hincapié, subrayó que “al firmar la ley SB1070, la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, abrió una guerra política contra los inmigrantes y desató una crisis económica y humanitaria en el estado”.
Los activistas proinmigrantes reiteraron su pedido de que el Congreso norteamericano corrija el maltrecho sistema de inmigración.
La conferencia de prensa fue organizada en el segundo aniversario de la firma de la SB1070, y en vísperas de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revise su constitucionalidad.
“Si el Tribunal Supremo deja en pie la SB1070, estaría dando licencia para la discriminación de cualquiera que luzca o suene como extranjero en Arizona y eso es inaceptable en un país forjado por inmigrantes”, enfatizó Hincapié.
Los defensores de la aplicación de la ley contra los inmigrantes, en su mayoría grupos ultraconservadores,
acusan al Gobierno federal de no cumplir las leyes de inmigración y permitir que los indocumentados obtengan indebidamente empleos y beneficios.
Por su parte, líderes religiosos se unieron a los llamados contra la aplicación de esta ley, la que ha permitido un aumento de tendencias racistas en la comunidad.
Según la reverenda Luz Santiago, de Arizona, después de la firma de la SB1070 aumentó el éxodo de los inmigrantes, y las escuelas, centros comerciales y edificios de apartamentos se están quedando vacíos.
El Tribunal Supremo norteamericano escuchará los argumentos orales a favor y en contra de la SB1070, y de su decisión en julio, dependerá si las legislaturas estatales puedan imponer nuevas leyes migratorias.

Publicado por ARGENPRESS

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