LUNES, 7 DE MAYO DE 2012

Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)

Organizaciones civiles nacionales y extranjeras exigieron a Felipe Calderón que vete la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas, por considerar que “obstruye la persecución del delito”, del que cada año son víctimas alrededor de 20 mil niñas y mujeres en México.

En rueda de prensa, Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), llamó al Ejecutivo federal a frenar esta ley recién aprobada porque “legaliza al cliente (consumidor de servicios de víctimas de trata) y a los grandes tratantes”.
La activista, acompañada por representantes del Frente de Mujeres de Noruega y del Colectivo Mujeres y Utopía del estado de Tlaxcala, señaló que es preciso que Calderón vete esta legislación para que regrese al Congreso y sea modificada.
Ulloa explicó que es preferible postergar la publicación de una Ley General de Trata, a que entre en vigor con la disposición de “legalizar el proxenetismo de alto nivel”.
La directora regional de la CATWLAC detalló que en esta legislación, aprobada el pasado 27 de abril en la Cámara de Diputados, se incluyó, en los artículos 19 y 20, la posibilidad de contratar personas para ser explotadas sexualmente por medio de “contratos lícitos”.
Con ello, acusó, se legaliza la explotación sexual comercial en beneficio de las redes de tratantes de personas.
Esa disposición contradice principios establecidos en la misma ley, los cuales señalan que “nadie puede consentir su propia explotación”, por lo que “tampoco nadie podrá contratar, aún siendo lícitamente, a otra persona para explotarla”, indicó la activista.
También expresó su preocupación porque el artículo 35 de la Ley General establece que sólo sancionará a los clientes que sepan que contrataron a víctimas de este delito.
Advirtió que de esa manera se dificultará sancionar a los consumidores de trata, toda vez que -dijo- será casi imposible probar que sabían que las personas contratadas eran víctimas de este delito.
De igual modo denunció que el artículo 18 de la legislación establece una pena a quien organiza el turismo sexual, pero no castiga al turista “con toda la intención de proteger negocios e intereses”.
Estas disposiciones lejos de favorecer la persecución de este delito, la dificultan al regular los “negocios” de los “grandes tratantes” y al obstaculizar la sanción para los consumidores. En este escenario, la Ley General empeoraría la impunidad en la que prevalece la mayoría de los casos de trata de personas en el país.
Ulloa informó que de 2006 a la fecha se localizaron mil siete niñas y mujeres víctimas de este delito, de las cuales 20 fueron asesinadas. Sin embargo, de los casos identificados sólo se emitieron ocho sentencias, y 30 casos están en “vías de consignación”.
Añadió que la Coalición, junto con el gobierno federal y el de Estados Unidos, identificó 15 casos más, los cuales se suman a otros 15 recién ubicados en el Estado de México, Veracruz, Hidalgo y Coahuila.
Ante este panorama, Teresa Ulloa aseguró que si el llamado a Calderón es ignorado se hará “lo imposible” para que las personas autorizadas presenten una acción de inconstitucionalidad contra esta ley, toda vez que violenta Derechos Humanos consagrados en la Carta Magna, explicó.
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