CERIGUA

Radio Uqul Tinamit, una emisora comunitaria que funciona desde hace 15 años en el municipio de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, con 16 trabajadores que brindan un servicio a miles de pobladores en su mayoría de la etnia Achí, fue allanada el pasado 8 de mayo por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil (PNC) y un comunicador que trabajaba en la estación en ese momento, Bryan Espinosa, fue arrestado.

Tras el allanamiento, en el que se confiscó el equipo de la radio, Espinosa fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia Penal y posteriormente trasladado al Centro Preventivo de la localidad; ese día también fue confiscado el equipo de la emisora Jun Toj, que tiene el mismo enfoque que Uqul Tinamit.
Aunque no exista un número exacto de radios comunitarias en Guatemala, se sabe que decenas de emisoras con enfoque comunitario operan de manera ilegal porque no existe en el país una legislación que autorice su funcionamiento.
Varias radios como Uqul Tinamit en Baja Verapaz, Radio Ixchel, en Sacatepéquez o Doble Vía en Quetzaltenango prestan servicios a sus comunidades y son manejadas por voluntarios aunque corren el riesgo de ser cerradas por las autoridades como en el caso de Uqul Tinamit y Jun Toj.
La ausencia de legislación para los medios de comunitarios permite la persecución de las radios, sin embargo las autoridades no han podido probar que los comunicadores cometen el delito de hurto de fluido por el que son perseguidos los trabajadores y allanadas las radios, aseguró Anselmo Xunic, de Radio Ixchel.
En 2006 la radio donde trabajaba Xunic fue allanada y en agosto de 2007 el comunicador compareció en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Medio Ambiente en un juicio que ganó porque el MP no pudo probar el delito de hurto de fluido; el juez lo dejó libre y la comunidad se encargó de comprar un nuevo equipo para la radio.
El delito no existe porque la radio es espectro, no fluido, no se puede robar el espectro, señala Xunic; comúnmente el MP coacciona a los comunicadores comunitarios para que acepten el delito y salgan de la cárcel bajo fianza, agregó.
Ley de Medios de Comunicación Comunitaria estancada en el Congreso
A pesar de las recomendaciones de las Relatorías de Libertad de Expresión, de la CIDH y de la ONU al Estado para promover el acceso de distintos grupos a las frecuencias y licencias de radio y televisión, la iniciativa de ley 4087 de Medios de Comunicación Comunitaria sigue estancada en el Congreso y no se ha discutido en el pleno.
En su último informe anual, en el capítulo sobre Guatemala la Relatoría de la OEA tomó nota del estancamiento del trámite de la ley en el Congreso y reiteró su recomendación de que “el Estado debe promover, en condiciones de igualdad y no discriminación, el acceso de distintos grupos a las frecuencias y licencias de radio y televisión, cualquiera que sea su modalidad tecnológica”.
Las organizaciones y comunidades también han hecho lo suyo desde 1996, cuando se emitió la Ley general de Telecomunicaciones que no reconoció la categoría de radios comunitarias.
En 2010 lograron que la Iniciativa de Ley de Medios de Comunicación Comunitaria recibiera dictamen favorable en el Congreso por la Comisión de Pueblos Indígenas para ser incluida en la agenda del pleno pero la ley se estancó y pese a los cabildeos y actos públicos realizados en diversas ocasiones con diputados no registra ningún avance hasta la fecha.
El 14 de marzo de 2012, la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró de inconstitucionalidad parcial los artículos 1 y 2 de la Ley General de Telecomunicaciones a raíz de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Asociación Sobrevivencia Cultural, por no contemplar el derecho de las comunidades indígenas a que puedan ser sujeto de derecho para obtener el beneficio de usar el espacio radioeléctrico para la difusión de su cultura.
Sobre los artículos 61 y 62 de la misma ley, la Corte resolvió que constituyen un complemento discriminatorio del Estado hacia los pueblos indígenas en el país, por el tema del acceso a las frecuencias por medio de subastas económicas, al tomar en cuenta que las comunidades no cuentan con los recursos para participar en las subastas.
Aunque la Corte dictó sin lugar la acción de inconstitucionalidad de ley, exhortó al Congreso emitir la normativa correspondiente que regule la posibilidad y el acceso de los pueblos indígenas para la obtención y explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para promover su cultura.
De acuerdo con Xunic, el esfuerzo más reciente encaminado hacia la aprobación del proyecto de ley fue la formación de la Mesa Plural para el Desarrollo, que el pasado 2 de mayo entregó públicamente la agenda legislativa a representantes de los tres poderes del Estado.
Se esperaba que llegaran los más alto representantes del Estado, pero el poder Ejecutivo brilló por su ausencia, el Legislativo envió a su vicepresidente y por parte del Organismo Judicial llegó un representante de la Unidad de Asuntos Indígenas, que inició labores en febrero de 2012 dijo Xunic; los funcionarios que nosotros esperábamos que llegaran no lo hicieron, agregó.
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